Garantías de seguridad, la clave para que una empresa tenga éxito, dice la OIT

El director en México de la Organización Internacional del Trabajo en México y Cuba, Thomas Wissing, dijo que para el éxito de una empresa se debe contar con garantías de seguridad.
“El tema de la seguridad no es el tema de la productividad en las empresas (…) una empresa que opera exitosamente necesita condiciones de seguridad para seguir operando”, expresó en conferencia de prensa convocada por la Coparmex Acapulco, para informar que una decena de empresas guerrerenses formarán parte de un programa enfocado su fortalecimiento mediante estrategias interinstitucionales.
“Ninguna productividad del mundo te va a permitir mejorar una empresa al grado de pagar las extorsiones que alguien indebidamente paga”, respondió cuando un reportero preguntó si el proyecto ayudaría a las empresas amenazadas por grupos del crimen organizado.
Y argumentó que la iniciativa busca consolidar la base financiera de las empresas, la capacidad de sus trabajadores a mediano plazo. “El tema de seguridad es un tema que nos compete a todos, hay una responsabilidad compartida pero el tema central aquí es dar a conocer de qué forma estamos operando esa forma de proyecto productivo para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas”, eludió.
Thomas Wissing dijo que un “área de oportunidad” para trabajarlo en la entidad es la generación de empleos formales, pues el 85 por ciento de los trabajos que se ofrecen son informales, por lo que los trabajadores carecen de prestaciones laborales.
“Creemos que es necesario que se generen más empleos formales pues hay una gran necesidad de promover empresas que tienen inversión”, comentó.
Dijo que el proyecto “Iniciativa para el desarrollo del sur; construyendo el desarrollo empleo y trabajo decente para Chiapas, Guerrero y Oaxaca”, busca generar una visión de cómo resolver los problemas a los que se enfrenta una empresa pero bajo estrictos criterios de inversión y productividad, por lo que el factor inseguridad al que se enfrentan las empresas en Acapulco y la entidad no forma parte de los criterios del proyecto.
La capacitación, los esfuerzos conjuntos, el diseño y desarrollo de metas productivas, la mejora en condiciones de trabajo, son algunos de los factores evaluados en las empresas de servicios como hoteles y restaurantes que participan en Acapulco.
Wissing expuso que el proyecto de desarrollo sostenible busca el fortalecimiento de la capacidad institucional de los gobiernos federal y locales, de las organizaciones empresariales y los organismos sindicales, pues la propuesta de la federación fue enfocar los trabajos en las “zonas prioritarias” de las cuales forman parte las entidades antes mencionadas.
“Es una iniciativa que fomenta la inversión en zonas económicas especiales en los estos tres estados y en la parte laboral, en el desarrollo del mercado laboral, del desarrollo del trabajo, del desarrollo de las empresas en Guerrero estamos dando un ejemplo de que es posible generar este desarrollo positivo a través de un esfuerzo conjunto de las empresas, con los trabajadores, con los gobiernos, con el apoyo de las instituciones educativas y de la academia a través de la capacitación y la formación para el trabajo”, argumentó.
Thomas Wissing adelantó que buscarán impulsar una segunda etapa del proyecto para que se sumen más empresarios, fundamentalmente jóvenes, para que existan nuevas fuentes de empleo, pues buscan tener condiciones de empleo dignas, con prestaciones sociales desde el esquema de la formalidad.
Justificó que como organismo internacional no llegaron a “inventar el hilo negro” sino a sumarse a un esfuerzo nacional con la experiencia propia en los sectores agrícola y turístico.
El proyecto, explicó, nació como parte del desarrollo de los tres estados del sur que son zonas económicas especiales, en colaboración con la Secretaría del Trabajo federal y las autoridades de las entidades participantes, para impulsar un modelo de cooperación de las empresas que mejoren la incidencia de productividad que beneficien al trabajador.
En abril o en mayo, detalló, se darán a conocer los resultados de la implementación de estas estrategias en las empresas acapulqueñas, de las cuales cinco de ellas están dirigidas por mujeres.
El presidente de la Coparmex, Fidel Serrato Valdés, admitió que el tema de inseguridad es uno de los obstáculos a los que se enfrentan en Acapulco. “Es un problema del que no podemos evitar hablar (…) pero se están haciendo cosas buenas, vamos a abrir esta convocatoria para otras cámaras empresariales y para otros empresarios e incluso que no estén afiliados que puedan tomar esto para mejorar sus servicios producir más y con calidad”.
La queja, continuó durante su intervención, “era la seguridad pero ustedes han visto que hemos tenido fines de semana interesantes en materia turística ya lo ha dicho la propia autoridad estatal hemos tenido una buena afluencia turística”.
“Han ocurrido situaciones de violencia que a todos nos preocupa y debe de ocupar a las autoridades, que se deben atender. Independiente que sean o no afiliados a Coparmex (los negocios atacados) se les debe apoyar por las autoridades y porque ellos también son empresarios exitosos y también generan fuentes de trabajo”, dijo.
El representante de 200 empresas asentadas principalmente en la Costera, agregó: “no podemos hablar de seguir adelante sin la seguridad, estamos trabajando en cuanto a mejorar nuestros servicios, productos, pero también la autoridad tiene que hacer su parte”.

Sin embargo en el estado se pretende homologar con el Código Penal Federal los castigos por explotación sexual infantil, dice estudio de la OIT y la STPS

El turismo sexual no está tipificado como delito en el código penal de Guerrero

El Código Penal de Guerrero no considera como delito la práctica del turismo sexual, en comparación del Código Penal Federal que lo tipifica en el artículo 201 bis 3, pero sí es uno de los estados que ha pretendido homologar con ese código los castigos a quienes incurren a la explotación sexual-comercial infantil.

La Organización Internacional del Trabajo y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), dieron a conocer esa información en el documento titulado Los medios de comunicación y su participación en la prevención y denuncia de la explotación sexual comercial infantil, que forma parte del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil.

En el documento se comparan las tareas legislativas en los estados de Guerrero, Baja California y Jalisco.

Así, en base en la legislación federal, el objetivo es establecer un modelo en los estados para la tipificación y penalización de los delitos de la explotación sexual-comercial infantil tomando como referencia el Código Penal Federal.

La meta es reducir “la impunidad y una mayor capacidad de coordinación entre las autoridades de los estados”.

Sin embargo todavía hay temas rezagados en materia de legislación. Tal es el caso del turismo sexual que no está considerado en Guerrero, Baja California y Jalisco.

En el Código Penal Federal el turismo sexual se castiga, según se apunta en el artículo 201 bis 3, con una penalidad de cinco a 14 años de prisión, y de 100 a dos mil días de salario mínimo de multa.

Al turismo sexual infantil se le considera a la explotación sexual de los menores de edad por personas que viajan fuera de su país o región, para iniciar actividades sexuales con los menores, esto, implica alguna forma de paga, ya sea en dinero o en especie.

En otros delitos existe un mayor avance. En corrupción de menores, Guerrero, en el artículo 217, considera una penalidad similar, pero de 800 a mil 800 días de salario de multa, que se encuentra por encima de los castigos de los códigos penales de Jalisco, y Baja California.

El Código Penal Federal determina una penalidad de cinco a diez años de prisión, y de 50 a dos mil días de salario de multa.

En el rubro de la pornografía infantil, el Código Penal de Guerrero es muy similar al castigo tipificado en el Código Penal Federal, pues considera un castigo de dos años más de prisión en la penalización, es decir, al infractor se le pueden dar de nueve a 14 años de prisión, y de mil 500 a dos mil 300 días de salario de multa.

En términos legislativos, la pornografía infantil está definida como la creación de cualquier material visual o audiovisual que muestre a un niño en un contexto sexual: imágenes de niños en conductas sexuales explícitas, real o estimulada, o la exhibición de genitales con fines sexuales.

Pero en la prostitución infantil (el uso sexual de niñas y niños para relaciones sexuales, a cambio de dinero, bienes, normalmente organizada por intermediarios), la penalidad federal es de ocho a 12 años de prisión, y de 100 a mil días de sueldo de multa. En este caso la ley guerrerense considera de siete a 12 años de prisión, y registra un incremento de días de multa al ir de mil a 2 mil día de salario.

Pero con las reservas de que si la víctima es menor de 12 años, entonces, las penas se aumentan hasta una mitad; y si la víctima es menor de los 16 años, las penas se incrementan a una tercera parte. También este rubro es el más avanzado.

El objetivo es castigar a los victimarios y no a las víctimas

La OIT como la STPS aseguran que el problema de la explotación sexual surge de la demanda de los servicios que provienen de clientes explotadores nacionales y extranjeros. Por eso, eximen de responsabilidad a los menores de edad que viven en la calle y que están inmiscuidos en está práctica ilegal.

Este fenómeno social es generado en una sociedad utilitarista e individualista que considera a mujeres, niñas, niños y adolescentes en objetos sexuales “que se pueden comprar”, aseguran ambas organizaciones.

Entre los factores que fomentan la explotación sexual-comercial infantil consideran el cambio de los valores éticos de las personas, la inadecuada educación de la sexualidad del hombre, y el crecimiento de redes de crimen organizado.

Eso se suma la violencia infrafamiliar y el abandono de los menores de edad, incluso la tolerancia social hacia estas actividades y abusos, y las insuficientes acciones legales, de control y de atención al problema.

La atención a un menor de edad explotado sexualmente requiere de una atención integral, debido a los daños físicos, psicológicos, espirituales y sociales. Además son vulnerables a enfermedades como el VIH, embarazos no deseados y por consecuencias a abortos, mortalidad materna, desnutrición, drogadicción, alcoholismo.

Las organizaciones también mencionan la participación de los gobiernos para fomentar las redes o grupos que manejan la explotación sexual-comercial en menores de edad. Aseguran que “algunos funcionarios abusan de su poder y colaboran o son permisivos con estos grupos delictivos”, por consecuencia, aumenta la influencia de las redes criminales sobre el cumplimiento de la ley y sobre el gobierno, y se bloquea la legislación necesaria para combatirlos.