Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
En su segundo informe del estado que guarda la administración pública estatal, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda reconoció que en materia de seguridad “tenemos mucho que hacer”, pero destacó la reducción en delitos como homicidios dolosos, el robo de vehículos, robo a comercio, feminicidios y trata de personas.
En el informe entregado el domingo al Congreso local se señala que de acuerdo con los reportes con corte a julio pasado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “los homicidios dolosos se han reducido en un 37.4 por ciento; el robo de vehículos disminuyó en 51.4 por ciento; el robo a comercio bajó 68.9 por ciento; el feminicidio se redujo en 50 por ciento; y en un 25 por ciento se logró bajar el delito de trata de personas”.
Sin embargo, se reconoce que en esta materia “tenemos mucho que hacer”, pero Salgado Pineda señala que “nuestro compromiso está firme y no tengo duda de que las familias guerrerenses deben tener más y mejores resultados, y vamos a seguir dándoselos”.
La gobernadora señala en su informe que en su administración son conscientes “de la importancia del combate a la inseguridad desde sus raíces” y de generar las condiciones para que los guerrerenses vivan en paz, y señala que la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de Paz, es un espacio desde el cual, diseñan “la estrategia multidisciplinar para combatir desde sus orígenes la inseguridad y así reducir los índices delictivos”.
Resultados de los operativos
Se informa que con el Operativo Refuerzo Guerrero, en los municipios de mayor incidencia delictiva que son Chilpancingo, Acapulco e Iguala detuvieron a 94 personas por delitos del fuero común y federal, el decomiso de 48 armas de fuego, 94 cargadores, 4 mil 376 cartuchos, ocho chalecos tácticos, dos placas balísticas, 25 celulares, 35 vehículos y ocho motocicletas recuperadas con reporte de robo, 34 vehículos, 25 motocicletas relacionados con diversos delitos; y mil 440 kilogramos de enervantes así como 369 dosis de estupefacientes.
Mientras que con el operativo Código Rojo en Chilpancingo, Acapulco, Iguala y Zihuatanejo, en los anillos de seguridad móviles y fijos, así como con el reforzamiento de grupos de reacción inmediata y la participación de las fuerzas federales, detuvieron a 39 personas por delitos del fuero común y federal, el decomiso de 47 armas de fuego y la recuperación de diez vehículos con reporte de robo.
Mientras que la policía estatal, en coordinación la Guardia Nacional, detuvieron a 18 personas por delitos del fuero común y federal, decomisaron 73 armas de fuego, 40 cargadores, 962 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, siete placas balísticas y se obtuvo el aseguramiento de cinco kilogramos y 125 dosis de estupefacientes, así como de 23 vehículos y la recuperación de dos motocicletas con reporte de robo.
Disminución de la pobreza
En la presentación de su informe, Evelyn Salgado destaca que en “tan sólo dos años de gobierno” se detuvo “la tendencia creciente de la pobreza sino la disminuimos”, esto de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval): “los resultados son contundentes e históricos: más de 189 mil personas salieron de la pobreza, lo que representó una disminución del 6 por ciento, niveles nunca vistos en todas las mediciones”, se lee en el documento.
En el apartado denominado “gestión que da resultados” se destaca el programa de Becas Ignacio Manuel Altamirano, que atienden a estudiantes sin otro tipo de apoyo; el fortalecimiento del Programa Pensión Guerrero, del cual se triplicó el número de beneficiarios respecto al último año del sexenio anterior; y la complementación de la Pensión Universal a Personas con Discapacidad, que cuenta con la contraparte del 50 por ciento de recursos presupuestales del estado.
También se menciona la coordinación para ejecutar programas federales como el de fertilizantes gratuitos y el de infraestructura en caminos rurales.
Del Protocolo Violeta se destaca en el informe que, como una política pública transversal, es único en el país, y que se han tenido “resultados contundentes”, en el cual también se implementó el componente Asistencia Violeta. Con la Alerta Violeta se señala “se han localizado 324 mujeres guerrerenses desaparecidas”, sin embargo, no se señala a cuántas no se han encontrado.
Se menciona también al Transporte Violeta en el que se realizó la credencialización, cursos en perspectiva de género, y evaluaciones de control y confianza “que aseguran que más de 200 choferes de transporte público se encuentren en las condiciones adecuadas para prestar un servicio integro y de calidad donde las mujeres se sientan seguras”.
También se señala que en este rubro, tienen la meta de llegar a las ocho regiones “mediante la intervención de calles, barrios, senderos, parques, escuelas y espacios públicos estratégicos para generar polígonos de confianza y seguridad en donde deberá existir mayor iluminación y botones de pánico conectados con el C4 y C5 pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública y videovigilancia”. Y se afirma también que la Alameda Central Francisco Granados Maldonado, lo convertirán “en territorio seguro y libre de violencia” contra las mujeres.
Atención a familias desplazadas
Ya en el apartado de “Recuperación del Estado de Derecho y Fortalecimiento de la Gobernanza Democrática”, se habla de la atención a familias desplazadas, para lo cual se destaca que el gobierno estatal ha trabajado coordinado con organismos internacionales especializados en la materia, que capacitaron a 90 servidores públicos de 15 dependencias del gobierno del estado y de la fiscalía
Sobre estas comunidades desplazadas por la violencia de los grupos de la delincuencia organizada, se apunta que su administración “se ha caracterizado por ofrecer soluciones a través del diálogo y la concertación con los diversos actores de este fenómeno, a efecto de ofrecer alternativas duraderas que permitan abonar a la solución de la problemática que presentan algunas comunidades desplazadas en el estado”.
Y destaca que se logró el retorno y asentamiento de comunidades como La Laguna, de Coyuca de Catalán que después de 12 años de permanecer desplazados, “se logró el reasentamiento de un grupo de familias de esta comunidad en la localidad de La Tondonicua, municipio de Petatlán”; de Zihuaquio, también de Coyuca de Catalán que tras cuatro años de establecerse provisionalmente en Vallecitos de Zaragoza, municipio de Zihuatanejo, “se logró el retorno a su comunidad de origen”.
De Tlaltempanapa, de Zitlala, de dónde “se logró el reasentamiento de la localidad después de cuatro años en la cabecera municipal de Copalillo”; de Los Bayados de Ajuchitlán del Progreso que tras dos meses “de haberse establecido” en la comunidad de El Súchil en Tecpan, “los habitantes fueron retornados a su comunidad de origen ofreciéndoles todas las garantías de seguridad necesarias”; y de San Antonio de las Tejas, también de Coyuca de Catalán de dónde los habitantes desplazados se establecieron provisionalmente en la cabecera municipal de Tecpan pero posteriormente regresaron a su lugar de origen.
En el caso de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, el 10 de diciembre del año pasado “el Gobierno del Estado realizó acciones inmediatas para contener el desplazamiento de esta comunidad. Esta visita contó con la participación de las siguientes dependencias: Secretaría General de Gobierno, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Salud, Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero”.
En la atención a estas comunidades desplazadas, se informa de una serie de apoyos “para mejorar sus condiciones de bienestar y calidad de vida, esto les permitió lograr su reintegración a la vida social y productiva del estado”.
En el rubro de Atención de demandas político-sociales se señala que en el segundo año de gobierno han “dado cobertura” a mil 319 movilizaciones y justifican que estas son generadas por demandas históricas de maestros, burócratas, pensionados, jubilados, emanadas de distintas peticiones, como salarios y prestaciones devengadas, la solicitud de servicios públicos e infraestructura educativa, de las cuales mil 057 son de competencia estatal, 90 federal y 172 municipal. Este seguimiento se ha dado siempre bajo premisa del respeto y el diálogo.