Etiqueta: Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa

Reporta el padre Solalinde la desaparición de los líderes de la OPIM Obtilia e Hilario

Los dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM) de Ayutla, Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro habrían sido levantados la mañana de ayer martes en la carretera de Tierra Colorada a El Ocotito, según denunció en su cuenta de Twitter el sacerdote Alejandro Solalinde.
Denunció a las 10 de la noche que los activistas se encontraban desaparecidos desde las 7:40 de la mañana, e hizo un llamado a las autoridades para su localización y presentación con vida.
En un primer mensaje el padre Solalinde escribió: “La activista Obtilia Eugenio Manuel y el compañero Hilario Cornelio Castro fueron levantados hoy, a las 7:40 de la mañana en el tramo carretero Tierra Colorada-El Ocotito rumbo a Chilpancingo. Ambos son de la Organización de Pueblos Indígenas Me Phaa. Los queremos vivos. ¡ya!”.
Minutos después subió a su cuenta otro mensaje: “Hago un llamado urgente a las autoridades correspondientes para buscar de inmediato a los activistas Obtilia Eugenio Manuel y a Hilario Cornelio Castro, fueron levantados hoy. Son de la Organización de Pueblos Indígenas Me Phaa de Ayutla de los Libres. Ya antes habían sido amenazados”.
Hasta la media noche las autoridades y la dirigencia de la agrupación indígena no habían confirmado oficialmente la desaparición de Obtilia e Hilario, quienes la mañana de ayer se dirigían de Ayutla a Chilpancingo.
En noviembre pasado Obtilia Eugenio denunció amenazas de muerte vía telefónica en contra de ella y de dos integrantes del Concejo Municipal de Ayutla, del que ella forma parte como integrante de la Comisión de Justicia.
Esa vez denunció a El Sur que desconocidos la amenazaron vía telefónica.
Le dijeron que la tenían vigilada y le exigieron que le entregara a dos integrantes del Concejo Municipal.
Desde 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó medidas cautelares para la líder indígena debido a las constantes amenazas que había recibido, derivado de sus denuncias por las violaciones de soldados del Ejército contra Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, en febrero y marzo de 2002, en los municipios de Ayutla de los Libres y Acatepec. (Redacción).

 

No investiga la FGE las amenazas de muerte contra integrantes del Concejo de Ayutla: OPIM

 

El secretario de La Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha investigado las amenazas contra integrantes del Concejo Municipal de Ayutla, entre estos su esposa la presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel.
Informó que los agraviados presentaron la denuncia ante el Ministerio Público pero no hay ninguna investigación al respecto.
Mientras tanto integrantes del Concejo Municipal informaron que existen sospechas de que quienes los están amenazando son los ex alcaldes Hortensia Aldaco y Severo Castro, y policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
El 19 de noviembre Obtilia Eugenio Manuel, integrante del nuevo órgano de gobierno de Ayutla, representado por el Concejo Municipal Comunitario y presidenta de la OPIM, denunció amenazas de muerte en su contra y en contra de dos integrantes del concejo, al parecer por la delincuencia organizada.
Mediante un escrito Eugenio Manuel denunció que la amenaza de muerte fue vía telefónica, y que le exigieron que entregara a dos de sus compañeros del Concejo Municipal Comunitario.
Ayer Cuauhtémoc Ramírez denunció que a pesar de que presentaron la denuncia ante el Ministerio Público la Fiscalía no investiga para dar con los responsables.
Informó que la carpeta de investigación es la 12180730100178131118 y que la denuncia fue presentada por los integrantes del Concejo Municipal, Taurino Santiago Fernández, Miguel Ocampo Álvarez y Obtulia Eugenio por amenazas y en contra de quien resulte responsable.
En su denuncia Eugenio Manuel expuso que el 12 de noviembre alrededor de las 2 de la tarde cuando se encontraba en el segundo nivel de lo que ahora es la Casa de los Pueblos (antes Palacio Municipal), recibió una llamada telefónica de un hombre que primero le dijo que se llamaba Raymundo Méndez García, comandante de la Policía Estatal, y después que era el Comandante R-6 del Cártel de Jalisco.
Dijo que el tipo le dio señas por teléfono de cómo estaba vestida para confirmarle que la estaba vigilando.
Enseguida le llamó, la amenazó de muerte y le dijo: “tú vas a responder por todos los del Concejo, te estoy mirando, tienes una blusa blanca y pantalón azul, traes huaraches de color negro, ya viste que te tengo bien vigilada hija de tu perra madre, ahora vas a entregarme a dos de tus compañeros que están contigo, el de camisa blanca y el de camisa cuadrada, los que están al lado del escritorio donde estas sentada”.
Los integrantes del Concejo responsabilizaron de estas amenazas a los ex alcaldes Hortensia Aldaco y su esposo, el también ex alcalde Severo Castro e integrantes de la Policía Ciudadana de la UPOEG, en represalia porque en esos días los integrantes del Concejo advirtieron que presentarían una denuncia en contra de Aldaco por irregularidades en el proceso de la entrega-recepción.
Cuauhtémoc Ramírez demandó ayer que la FGE investigue para saber quiénes son los responsables de las amenazas, y se les aplique la ley porque lo que pretenden es frenar el trabajo del nuevo órgano de gobierno de ese municipio, que fue electo mediante usos y costumbres de los pueblos indígenas.

Cierra la OPIM una calle en Chilpancingo; exige justicia en una muerte por negligencia médica

Integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM), bloquearon este lunes 5 horas la avenida de los gobernadores frente a la puerta 3 de Casa Guerrero, y exigieron el cumplimiento de la recomendación 43/2014 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que establece la reparación del daño a los familiares de la indígena Brígida Campos García, quien falleció por negligencia médica en el hospital de Copala.
La CNDH emitió la recomendación desde el 25 de septiembre del 2014 y recomienda, asimismo, la sanción al personal responsable de la negligencia.
Los manifestantes exigieron una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores porque denunciaron que el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame y el de Salud, Carlos de la Peña Pintos encargados de atender el caso, no les han dado una respuesta satisfactoria.
En su protesta denunciaron la falta de médicos y medicamentos en los centros de salud de la región Costa Chica.
La dirigente de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel denunció que ya tiene 2 años y medio que la CNDH emitió la recomendación que establece que se tiene que reparar el daño a los familiares de la víctima Brígida Campos, sin que el Gobierno estatal le haya dado cumplimiento a pesar de que fue aceptada.
Explicó que a pesar de que no existe una ley que establezca cómo y cuánto debe ser la reparación del daño, hay reglas establecidas en la Ley Federal del Trabajo y en este caso están pidiendo que la Secretaría de Salud se apegue a ese reglamento.
Denunció que la Secretaría de Salud, mediante su representante Javier Guerra, les ha informado que la dependencia ya dispuso cuánto es lo que van a pagar como reparación del daño a la familia, pero que el secretario de Gobierno no ha autorizado el trámite.
“Nosotros decimos que una vida no se compra, que no hay un precio, pero los empleados de salud que provocaron su muerte (de Brígida Campos), arruinaron el proyecto de vida que tenía con Jesús Victoriano, su esposo y el hijo de ambos, quien también murió porque no hicieron nada para salvarle la vida en el hospital. Sus vidas, sus aspiraciones y su proyecto de vida que empezaron a construir no vale dinero, su valor no tiene precio, y estos empleados de gobierno no lo entienden, piensan que con unos cuantos pesos pueden callar el reclamo de justicia”, denunciaron en un volante distribuido durante la protesta.
Eugenio Manuel dijo que piden hablar directamente con el gobernador para que cumpla la recomendación que emitió la CNDH, específicamente la reparación del daño a los familiares.
Informó que también han pedido al senado de la República que intervenga para que pida al Gobierno estatal una explicación, de por qué no ha cumplido la recomendación.
Brígida Campos era una mujer indígena na savi del municipio de Ayutla, quien murió el 21 de Marzo de 2014 a los 20 años de edad en el hospital de Copala, según sus familiares por falta de atención médica.
A raíz de ese caso el 25 de septiembre de 2014 la CNDH emitió la recomendación 43/2014 dirigida al gobernador del estado, en ese entonces recién había solicitado licencia el gobernador Ángel Aguirre Rivero a raíz del ataque a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala y la desaparición de 43 de ellos, pero todavía no tomaba posesión el interino Rogelio Ortega Martínez.
“A tres años de la muerte de Brígida y a dos y medio de la recomendación de la CNDH, el gobierno del estado se ha negado sistemáticamente a reparar el daño a los familiares de Brígida y su hijo”, denunció la OPIM en su volante.
La agrupación se quejó que De la Peña Pintos, “de mala fe ha tratado de hacer una reparación de daño que no corresponde como lo marca la ley”.
“Por esta razón, como familiares de Brígida, hemos solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de acuerdo al derecho que nos asiste y a la recomendación, que por su conducto pida a la Cámara de Senadores la comparecencia de Héctor Astudillo Flores, gobernador del Estado, y explique las razones por las cuales se ha negado a cumplir la recomendación”, se agrega en el escrito.
Durante la protesta demandaron un nuevo centro de salud en el municipio de Ayutla y denunciaron la falta de médicos y medicamentos en los centros hospitalarios de la región Costa Chica.
Eugenio Manuel informó que en junio del año pasado integrantes de esa organización se reunieron con el gobernador Astudillo Flores y el secretario de Salud de la Peña Pintos, a quienes les pidieron la construcción de un nuevo centro de salud en Ayutla porque el que está no se da abasto, además de que no hay medicamentos.
Un grupo de vecinos de la comunidad de Tres Cruces, municipio de Acatepec que colinda con Ayutla, vino a demandar una ambulancia para el traslado de sus enfermos a Ayutla, porque su centro de salud no tiene médico ni medicamentos.
También vinieron habitantes de las comunidades de El Camalote y Barranca Tecoani, quienes solicitaron el envío de medicamentos a sus comunidades, “si en la cabecera municipal no hay medicamentos, menos habrá en las comunidades”, dijo Obtilia Eugenio.
Los más de 50 indígenas encabezados por Ángela García Victoriano, madre de Brígida y la presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, llegaron a las 10 de la mañana a la puerta 3 de Casa Guerrero en donde se mantuvieron en plantón, bloqueando la avenida hasta las tres de la tarde cuando salió a platicar con ellos César Armenta Adame, secretario particular del gobernador Héctor Astudillo Flores.
El funcionario les dijo que el gobernador los recibirá en audiencia el 24 de abril.
El secretario de la OPIM, Cuauhtémoc Ramírez advirtió que ese día podrían volver a instalarse en plantón en caso de que no sean recibidos.