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PRD: que Zeferino exija a la PGR resultados de las investigaciones sobre las ejecuciones

Hugo Pacheco León Chilpancingo

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez pidió al gobernador Zeferino Torreblanca que exija a la Procuraduría General de la República (PGR) que presente resultados sobre las investigaciones de los hechos violentos ocurridos en el estado

Además dijo que se le hace “sospechoso” que los ataques y asesinatos por el narcotráfico ocurran en municipios perredistas, como afirmó el alcalde porteño Félix Salgado y luego que el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca afirmara que el narcotráfico pretende desestabilizar y crear conflictos en las campañas políticas.

Sobre el ataque del lunes en contra de Antonio, hermano del diputado local de su partido, Bernardo Ortega Jiménez, aseguró que no existe ninguna relación del PRD con el agredido, porque no es militante de ese partido.

Entrevistado antes de la conferencia de prensa del candidato a senador, David Jiménez Rumbo, el dirigente perredista dijo que en su partido hay preocupación porque “la violencia está rebasando la tolerancia y es importante que el gobierno de estado asuma la responsabilidad de una exigencia al gobierno federal para frenar los actos de violencia”.

Se refirió a los asesinatos en Pungarabato, Teloloapan, Zihuatanejo, Tecpan y Acapulco, “se hace necesario que el gobierno del estado tome el asunto en sus manos y exija a la PGR resultados en las investigaciones y contrarrestar las acciones de violencia en Guerrero, porque es una situación que preocupa”.

Afirmó que se debe promover una estrategia de denuncia en contra de los actos de violencia, “porque se puede dar el caso de que quienes opinamos sobre el asunto podemos ser blanco de agresiones, y estas agresiones pueden llegar a nuestros candidatos en Guerrero”.

No obstante, consideró que no es necesario que el gobierno de estado les asigne seguridad, porque implica un gasto y en ese sentido es mejor que se ahorre para combate a la pobreza.

–Pero el gobernador sigue insistiendo que Guerrero es seguro ¿Es incongruente con los hechos?

–Creo que debe reconocer que hay un grave problema de violencia en Guerrero, para poder exigir que haya una participación del gobierno federal, aunque creo que no es necesario que haya patrullajes en las calles de parte de Ejército Mexicano, como diferentes opiniones los señalan, pero sí creo que debe verse el papel que está jugando el programa México Seguro, porque no se le ve futuro porque sigo viendo muertes, acribillados con armas de alto poder de fuego y no veo los resultados de México Seguro.

–El atentado contra el hermano del diputado Bernardo Ortega de nombre Antonio, donde murió su hijo de tres años ¿Tiene algo que ver con el PRD?

–En absoluto, es un asunto totalmente deslindado del partido, fuera del partido, porque (Antonio Ortega Jiménez) es un ciudadano que tiene que responder por sus acciones y no es un miembro de este partido, no es político, no hace política, el político es su hermano el ex alcalde de Quechultenango y ahora diputado local, Bernardo Ortega, y no creo que se tenga que estar relacionando e involucrando a su hermano con el partido.

–El alcalde de Acapulco Félix Salgado Macedonio dijo que le parece sospechoso que todos los hechos de violencia sean en municipios gobernados por el PRD ¿Así se percibe en el partido?

–He dicho en declaraciones que me preocupa que hay un mensaje un poco difícil cuando el procurador general de la República señala que las campañas pueden estar infiltradas por el narcotráfico para financiarlas y deja el mensaje allí, de manera muy irresponsable, y atando cabos en Guerrero donde han ocurrido estos hechos de violencia, fundamentalmente ha sido en municipios gobernados por el PRD, el procurador deja ese mensaje a medias es irresponsable y se me hace sospechoso.

“Por eso encuentro mensajes muy difíciles, mensajes sospechosos en ese sentido, lo quiero dejar en ese nivel porque sí esta ocurriendo, esta situación sólo en municipios gobernados por el PRD, excepto lo de ayer en esta ciudad (donde gobierna el PRI)”.

En respuesta a opiniones como la del diputado federal panista, Ángel Pasta de que se debe pactar con el narcotráfico para acabar con la violencia, De la Rosa dijo que se opone a ello, “porque pactar con ellos es establecer una paz ficticia, como ya ocurría con el renejuarismo, quienes por declaraciones del ex procurador y de ex agentes judiciales detenidos, denunciaron la infiltración de las policías por parte de los narcotraficantes, y eso lo denuncié en su momento cuando era diputado local”.

Descartó que los hechos de violencia repercutan en la elección del 2 de julio, “porque la gente acudirá a votar porque con eso se demuestra que no quiere violencia de ninguna índole en Guerrero”.

Los agentes de la AFI desaparecidos estaban en casa de los detenidos, dice nuevo testigo

 Prevé el delegado estatal de la PGR, José Alberto Rodríguez, una operación en Coyuca de Catalán para saber a cuántas personas más arrestarán. Por las investigaciones se ha ubicado un lugar afuera de la comunidad de Santa María del Sur, llamado La Compuerta, donde hay una mina de arena y grava y podrían estar los dos cadáveres, indica

 Teresa de la Cruz Chilpancingo

El delegado estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), José Alberto Rodríguez Calderón, informó que en el caso de los dos policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) desaparecidos en San Miguel Totolapan, la investigación dio otro “testigo clave”, quien asegura “haber visto que uno de los detenidos, Pablo Macedo Morales, tenía en su casa a los dos agentes”.

Durante su conferencia mensual, ayer, Rodríguez Calderón relató cómo fue la detención de Pablo Macedo Morales y Adelfo Macedo Bernal, en la comunidad de Santa María del Sur, y consignados en el penal de Iguala por el delito de portación de arma de fuero sin licencia y por daños contra la salud al encontrarles semillas de mariguana y amapola.

Precisó que en las investigaciones por la desaparición de los agentes de la AFI “hoy tenemos un testigo en la zona de Coyuca de Catalán, quien afirma haber visto que los Macedo tenían detenidos a los dos agentes”.

Dijo que por esta situación “se prevé una operación en Coyuca de Catalán para tener una definición mucho más certera y saber a cuántas personas más podremos detener, y si hay posibilidades legales de hacerlo o en su defecto solicitar las órdenes de aprehensión”.

Mencionó que las investigaciones también han ubicado un lugar afuera de la comunidad de Santa María del Sur, llamado La Compuerta; “hay una mina de arena y grava y en ese lugar tenemos conocimiento de que podrían estar los dos cadáveres de los compañeros”.

“Hay resultados relevantes”: PGR

En su informe mensual, el delegado estatal de PGR señaló que esa dependencia ha tenido “resultados relevantes en el combate a las drogas”, de ahí que por el Programa de Narcomenudeo la AFI detuvo en mayo a 11 personas en Acapulco y Zihuatanejo.

Referente al decomiso de drogas, Rodríguez Calderón dijo que el Ejército Mexicano detuvo a cuatro personas con una tonelada 915 kilos de de mariguana; un kilo 665 gramos de goma de opio; 33 kilos de terrones de goma de opio; 800 gramos de semilla de mariguana y 500 de semilla de amapola.

Indicó que la Policía Preventiva del Estado detuvo a una persona con 6 gramos de cocaína, en tanto que la Policía Ministerial aprehendió a 10 personas con 5 kilos de marihuana; la Policía Preventiva Municipal detuvo a 19 personas con 294       gramos de mariguana.

Rodríguez Calderón mencionó que hubo decomiso por parte de la AFI, y se arrestó a tres personas con 197 kilos de mariguana, 9 kilos de goma de opio, 9 kilos de semilla de mariguana y 933 gramos de semilla de amapola.

Sobre los mandatos judiciales cumplidos por la AFI, Rodríguez Calderón expuso que se ejecutaron 15 órdenes de aprehensión y cinco de reaprehensión por delitos como portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, contra la salud y por ataques a las vías de comunicación.

Indicó que se detuvo a 20 personas con armas, por los cuales se comenzaron 19 averiguaciones previas. En cuanto al Programa de Piratería, dijo que en lo que va del año se han decomisado 120 mil 582 productos, de ellos 24 mil 777 se recogieron en mayo, en ciudades como Chilpancingo, Acapulco, Buena Vista de Cuéllar, Huitzuco y Taxco.

Las autoridades sólo informan sobre los secuestros ante el Congreso: Javier Ibáñez

 

 “No tiene caso, lo importante es que hagan cumplir las sentencias”, opina el vicepresidente del Consejo Estatal de Participación Ciudadana

 Teresa de la Cruz Chilpancingo

El vicepresidente del Consejo Estatal de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República (PGR), Javier Ibáñez Reyes opinó ayer que “no tiene caso” que comparezcan ante el Congreso estatal, las autoridades encargadas de la seguridad pública y de la procuración de justicia, para “dar únicamente información sobre secuestros, porque lo importante es hacer que se aplique la ley”.

El martes, los diputados perredistas Víctor Buenrostro Marín y René Lobato Ramírez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, durante sus intervenciones en tribuna, en relación a las bandas delictivas de secuestradores que “operan” en la entidad, consideraron “necesario” que comparezcan ante comisiones unidas el secretario de Seguridad Pública, Artuto Lima Gómez así como el Procurador de Justicia del Estado, Jesús Ramírez Guerrero.

El objetivo de la comparecencia sería según Lobato Ramírez para que “informen” sobre las acciones que esas dependencias llevan a cabo para revertir los índices delictivos en el estado.

Sin embargo, Ibáñez Reyes consultado luego de la conferencia mensual del delegado de la PGR, opinó que “no tiene caso” la comparecencia de las autoridades seguridad pública y de procuración de justicia, por que “únicamente van a dar información sobre los secuestros”.

Ibáñez Reyes, cuyo hermano Oscar, fue secuestrado por la banda de Pedro Barragán, opinó que “lo importante sería que las autoridades verdaderamente apliquen la ley, que hagan cumplir las sentencias”.

Señaló que si los diputados “hablan de que existen bandas organizadas, habría que ver de qué bandas hablan, porque si alguien habla es porque tiene las pruebas de que existen éstas”.

Precisó que hasta donde llegaron las investigaciones “que hizo mi padre –Javier Ibáñez Sandoval quien fue asesinado en marzo del 2002– la única banda era la de Pedro Barragán y esa está desmembrada, la prueba es que en el penal de Chilpancingo se encuentra su mamá, así como los medios hermanos”.

Por las investigaciones que hizo su padre, Ibáñez Reyes dice que su familia aún tiene miedo porque han dado seguimiento al proceso: “Estamos pendientes para que se aplique la ley, no buscamos venganza, sólo que dicten sentencia condenatoria a los 10 detenidos” unos implicados en el secuestro de su hermano y otros por el asesinato de su padre.

Mencionó que para el Consejo Estatal de Participación Ciudadana el índice de inseguridad ha “disminuido, y si las acciones que hoy hacen los encargados de la seguridad a favor de la población (se hubieran aplicado en ese tiempo), mi padre no estuviera muerto”.

Ratifican ejidatarios en la PGR la denuncia contra la magistrada López Díaz

 

 Karina Contreras

 Autoridades ejidales ratificaron su denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR) contra la magistrada del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, Luz Mercedes del Carmen López Díaz, por los delitos contra la administración de la justicia, al desviar el contenido de la ley para favorecer a empresarios.

En la ratificación de la denuncia en la PGR, estuvo el abogado Humberto Sevilla García; el comisario de El Cayacos, Pablo Ávila González; el de El Podrido, Eloy Benítez Zúñiga.

Las autoridades ejidales, que exigen la salida de la magistrada López Díaz, interpusieron, la semana pasada, una denuncia contra la representante del Tribunal  Superior Agrario, la cual fue recibida por el por el subdelegado de la PGR, Francisco Laja Saldaña.

Los argumentos de las autoridades ejidales inconformes de El Podrido, El Cayacos e Icacos son que la magistrada con sus actuaciones, al dar sus resoluciones en la materia, perjudicó gravemente a los ejidos, pues éstas están llenas de irregularidades.

Podrían dos detenidos dar pistas de policías de la AFI asesinados en 2001: PGR

 

 Teresa de la Cruz Chilpancingo

El delegado estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), José Alberto Rodríguez Calderón, informó que los dos detenidos el jueves en San Miguel Totolapan, Pablo Macedo Morales y Adelfo Macedo Bernal, por portación de arma de fuego sin licencia y por delitos contra la salud, “pueden ayudar” a ubicar los cuerpos de los dos agentes de la AFI que fueron “asesinados” en esa zona hace tres años.

Rodríguez Calderón, consultado en sus oficinas, expuso que luego de las investigaciones internas y tras ubicar en Santa María del Sur –municipio de San Miguel Totolapan– a dos personas que tenían orden de aprehensión por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, el Ministerio Público Federal de Coyuca autorizó a la AFI y al Ejército Mexicano catear viviendas.

Indicó que durante la movilización, la mañana del jueves detuvieron a Pablo Macedo Morales y a Adelfo Macedo Bernal, quienes tenían una orden de aprehensión por el delito de portación de armas de fuego sin licencia.

Dijo que en el domicilio de Pablo Macedo Morales encontraron “un rifle calibre 22, con un cargador y seis cartucho útiles, así como dos bolsas con 933 gramos semilla de amapola”, mientras que en la casa de Adelfo Macedo Bernal hallaron también un rifle calibre 22 y 8 kilos 600 gramos de semilla de mariguana.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal y remitidos al penal de Iguala, de lo cual se integró la averiguación previa 38/CC/2004, señaló Rodríguez Calderón.

Mencionó que el arresto también está ligado con el caso de los dos agentes de la AFI que fueron “asesinados” en esa zona hace tres años; “ellos podrían ayudarnos a ubicar de manera más rápida y directa los cuerpos”.

“No podemos afirmar que hayan sido los autores intelectuales o materiales, estamos en el comienzo de la acciones y no podemos adelantar nada ni decir las líneas de investigación. Vamos a esperar que termine la operación, el proceso de rescate derivado de las posibles exhumaciones, y cuando se tenga todo bien determinado jurídicamente estamos en posibilidad de dar una versión oficial definitiva”, explicó.

Rodríguez Calderón agregó que los agentes del AFI, Gilberto Flores Alemán y Gerardo Pérez Montoya, en noviembre de 2001 subieron a la comunidad de Santa María del Sur para entregar una notificación de una orden de comparecencia que el Ministerio Público Federal tenía que practicar, “pero ya no regresaron”

Insistió en que “ellos sólo iban a notificar la orden de comparecencia, pero la gente tomó otras medidas y suponemos que de ahí se deriva la desaparición y la posible muerte de los compañeros, pues a tres años de que desaparecieron hay indicios que nos hacen pensar que fueron asesinados en esa zona”,

Expusó que de las investigaciones de la AFI en esa zona “tenemos suficiente información que nos ha hecho generar una convicción legal de que en ese lugar probablemente podamos encontrar los restos de los compañeros, aunque no podemos asegurarlo, todo depende de las condiciones físicas del lugar”.

El delegado estatal agregó que actualmente agentes de la AFI de la ciudad de México y de la en Guerrero, así como el Grupo de Rescate en Terreno Agreste de la Cruz Roja Mexicana –grupo más especializado y con más experiencia en el rescate de cadáveres en el país– siguen las indagaciones “con el objetivo de encontrar los cadáveres de los dos compañeros”.

El decomiso de droga en Tlacotepec, el más importante de los últimos años: PGR

 

 Incineran ayer 43 kilos 900 gramos de goma de opio, 11 kilos 960 gramos de cocaína, 199 kilos de mariguana, 500 gramos de semilla de amapola y 500 gramos de semilla de mariguana

 Teresa de la Cruz Chipancingo  

La Procuraduría General de la República (PGR) incineró ayer el decomiso de droga “más importante” que esa dependencia ha hecho en Guerrero y en el país en los últimos años, aseguró el delegado estatal José Alberto Rodríguez Calderón.

Precisó que en los campos del 41 Batallón de Infantería de la 35 Zona militar fueron quemados 199 kilos de mariguana, 43 kilos 900 gramos de goma de opio, 500 gramos de semilla de amapola y 500 gramos de semilla de mariguana, mientras que de cocaína fueron 11 kilos 960 gramos.

Ante unos 300 estudiantes de secundaria y autoridades militares, Rodríguez Calderón expuso que con las cantidades de cicotrópicos que ayer se incineraron se destruyen millones de dosis de heroína que “ya no estarán en el mercado, y con las que muchísimas personas dejarán de ser envenenadas”.

Por su parte, el comandante de la Novena Región Militar, Mario López Gutiérrez, informó que en lo que va del año el Ejército Mexicano ha decomisado 352 kilos de goma de opio, así como 58.7 toneladas de mariguana.

El viernes, en la sierra de Tlacotepec, municipio de Heliodoro Castillo, con la operación sorpresa Marabunta, soldados del Ejército Mexicano, policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y policías judiciales decomisaron la droga; ahí detuvieron a 16 presuntos narcotraficantes.

Rodríguez Calderón explicó que el decomiso de droga de Tlacotepec “es uno de los más importantes”, y es que la goma de opio es la base para producir la heroína, una de las “drogas más fuertes y dañinas que puede existir, pues según datos de los químicos que trabajan para la PGR se requieren 10 kilos de goma de opio para producir un kilo de heroína y solo 100 gramos de heroína permiten obtener medio millón de dosis de heroína”.

El comandante López Gutiérrez resaltó que el problema del narcotráfico en Guerrero se ha incrementado a tal grado, que en lo que va del año el Ejército Mexicano ha destruido mil 463 hectáreas de plantíos de mariguana, y cuatro mil 64 hectáreas de amapola.

Mencionó que los “golpes” al narcotráfico se ha hecho en coordinación con la PGR, ello porque “preocupa” que los traficantes de estupefacientes sigan “provocando un daño grave” a la población.

Asimismo, resaltó que en lo que va del año el Ejército Mexicano ha decomisado 352 kilos de goma de opio y 58.7 toneladas de mariguana, como sucedió recientemente en Tlacotepec.

Además de los estudiantes, al acto acudió personal del Centro Infantil de Recreación Ciencia y Cultura (Circyc), así como el comandante de la 35 Zona Militar, Audomaro Martínez.

Empiezan Ayuntamiento y PGR programa contra la venta de artículos piratas

Se busca orientar a comerciantes establecidos y ambulantes que vender esos productos es un delito tipificado como grave, advierten Larequi y el delegado de la PGR

El Ayuntamiento y la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) anunciaron ayer el comienzo de un programa contra la venta de artículos pirata.

El anuncio lo dieron a conocer, en conferencia de prensa, el secretario general del Ayuntamiento, Francisco Larequi Radilla y el delegado en el estado de la PGR, José Alberto Rodríguez Calderón.

Francisco Larequi indicó que con esta colaboración el Ayuntamiento busca “orientar” a los comerciantes regulares y a los ambulantes, porque dijo que vender estos productos esta tipificado como delito grave.

Y es que José Alberto Rodríguez expresó que vender, producir o distribuir artículos piratas, como discos compactos, películas en formato VHS, ropa, bebidas, cigarros, casetes y vídeo-juegos, no alcanza el beneficio de libertad bajo fianza, la penalidad va de 3 a 10 años de prisión.

El funcionario justificó que en este caso, la PGR actúa contra esta actividad porque el problema es “grave y no porque protejan” a las compañías disqueras.

Cuando el delegado de la PGR expresó lo anterior, Francisco Larequi intervino para agregar que esta actividad perjudica a esas compañías generadoras de empleos. Expusó que el Ayuntamiento busca “orientar” a los comerciantes a que cambien de giro. Explicó que empezara una campaña con anuncios sobre decomisos y planean repartir volantes en los mercados para que evitar esa actividad.

El delegado de la PGR indicó que ellos proporcionaran información a los ayuntamientos de los municipios donde se da esta actividad.

Larequi Radilla añadió que la colaboración del Ayuntamiento con la PGR, en el combate de esta actividad, será quitar los permisos a los establecimientos regularizados que vendan artículos piratas. En el caso de los ambulantes, opinó que serán retirados o, en su caso, detenidos por los policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

En la conferencia de prensa que tuvo lugar en el salón Papagayo del Ayuntamiento, acompañaron a los funcionarios el director de Gobernación municipal, Federico Miranda Castañeda; el director de Vía Pública, Uriel Leal Ramírez; el Subdelegado de la PGR en esta ciudad, Federico Lara y el comandante de la AFI, José Luis Sánchez.

En la conferencia, José Alberto Rodríguez explicó que en 2003, la delegación Guerrero de la PGR puso como meta decomisar 200 mil productos, pero que la cifra la rebasaron al decomisar 240 mil.

Autoridades ejidales llevan a la PGR denuncia contra la magistrada López Díaz

Desvía la ley para ayudar a empresarios, afirman

 

 Karina Contreras Las autoridades de los ejidos de El Podrido, El Cayaco y la Estación presentaron denuncias de hechos que pueden derivar en ilícitos en la Procuraduría General de la República (PGR) contra la magistrada del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, Luz Mercedes del Carmen López Díaz, por incurrir en delitos contra la administración de la justicia, al desviar el contenido de la ley para favorecer a empresarios.

Por otro parte, los ejidatarios instalaron un campamento afuera del TUA 41 para insistir en la salida de la magistrada, pues el representante del Tribunal Superior Agrario (TSA), les pidió que se trasladarán a la ciudad de México para ver el problema.

El abogado de los denunciantes, Humberto Sevilla García, manifestó que no irán, pues no quieren escuchar más “falacias de las autoridades agrarias”.

También ayer los ejidatarios que fueron demandados por la magistrada López Díaz por el delito de obstrucción a la justicia, se presentaron a declarar ante el agente del MP federal, Alfonso González Zamora, atendiendo así la denuncia en su contra que está registrada bajo la averiguación previa 43/AcadII/2004 contra 12 personas, entre ellas el asesor jurídico de El Podrido, Humberto Sevilla García; los presidentes ejidales de El Podrido y El Cayacos, Eloy Benítez Zúñiga y Pablo Ávila González; los dirigentes Alberto Ávila González,                                   Genaro Marín Hernández, Balbino Carrada Pérez, Gerardo Hernández Moreno.

La denuncia

Las denuncias de los ejidatarios contra la magistrada fue recibida por el subdelegado de la PGR, Francisco Laja Saldaña. El abogado Humberto Sevilla García, antes de presentar las acusaciones contra la funcionaria informó que las demandas de los tres ejidos es por las actuaciones que ha llevado a cabo López Díaz, las cuales han estado llena de irregularidades.

Precisó que con esas denuncias es para pedir a la PGR analice la actuación de la magistrada al frente del TUA, quien a actuado de una manera dañina contra los ejidos.

El abogado calificó como denuncias inventadas la demanda de la magistrada contra los ejidatarios, pues nunca se obstruyó la acción de la justicia agraria; agregó que la magistrada respondió con perversidad con la intención de desvirtuar el movimiento de protesta, demostrando una falta de madurez y cerrada a la crítica.

Dijo Sevilla García que consideran delictuosos la actitud de la magistrada, pues actúa contra la administración de justicia desviando el contenido de la ley en perjuicio de los ejidos. Agregó el abogado que esperan que, así como sucedió con la denuncia de la magistrada, se dé agilidad a su denuncia y que la magistrada también sea citada inmediatamente ante esa instancia.

En el TUA mucho expedientes rezagados

El sub procurador de Defensa de los Campesinos del gobierno del estado, Santiago Salazar Bautista, dijo que hay un cúmulo de expedientes de casos agrarios, que lejos de resolverse, estos están retrazados y empolvados en el TUA.

Salazar Bautista fue entrevistado en las instalaciones de la PGR cuando acudió a brindar asesoría a los ejidatarios que se presentaron a declarar por la denuncia de la magistrada; y a quién al principio personal de la PGR no le permitió la entrada para escuchar las declaraciones de los ejidatarios.

En declaraciones a la prensa el funcionario estatal informó que hay un cúmulo de expedientes que no se han resuelto, y por lo cual le han pedido al gobierno federal ponga atención y dé una atención expedita de los conflictos, pues al final ellos (el estado) son los que tienen que vivir con el problema que luego se convierte en focos rojos, y donde al final se le hecha la culpa a los campesinos.

El funcionario dijo que aunque ellos han buscado la soluciones por la vía de la conciliación, a veces tienen que mandarlo a los tribunales donde se van rezagando, lo que hace que vuelva la inconformidad de los ejidatarios.

Para el subprocurador de la defensa de los campesinos,                                   los ejidatarios no incurrieron en ningún delito, pues a pesar del plantón afuera del TUA, éste siguió trabajando y nunca se suspendieron sus labores.

Dijo que en este caso estará al pendiente de que se respete el derecho y las garantías de los campesinos, pues no va a permitir que se trate de acusar a quien reclama un derecho con respecto a la prontitud de justicia, pues se tiene que recordar que hay términos para dar solución a los conflictos agrarios, y el retardar la resolución de los mismos es “obstrucción de la impartición de justicia”.

Autoridades ejidales llevan a la PGR denuncia contra la magistrada López Díaz

Desvía la ley para ayudar a empresarios, afirman

 Karina Contreras Las autoridades de los ejidos de El Podrido, El Cayaco y la Estación presentaron denuncias de hechos que pueden derivar en ilícitos en la Procuraduría General de la República (PGR) contra la magistrada del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, Luz Mercedes del Carmen López Díaz, por incurrir en delitos contra la administración de la justicia, al desviar el contenido de la ley para favorecer a empresarios.

Por otro parte, los ejidatarios instalaron un campamento afuera del TUA 41 para insistir en la salida de la magistrada, pues el representante del Tribunal Superior Agrario (TSA), les pidió que se trasladarán a la ciudad de México para ver el problema.

El abogado de los denunciantes, Humberto Sevilla García, manifestó que no irán, pues no quieren escuchar más “falacias de las autoridades agrarias”.

También ayer los ejidatarios que fueron demandados por la magistrada López Díaz por el delito de obstrucción a la justicia, se presentaron a declarar ante el agente del MP federal, Alfonso González Zamora, atendiendo así la denuncia en su contra que está registrada bajo la averiguación previa 43/AcadII/2004 contra 12 personas, entre ellas el asesor jurídico de El Podrido, Humberto Sevilla García; los presidentes ejidales de El Podrido y El Cayacos, Eloy Benítez Zúñiga y Pablo Ávila González; los dirigentes Alberto Ávila González, Genaro Marín Hernández, Balbino Carrada Pérez, Gerardo Hernández Moreno.

La denuncia

Las denuncias de los ejidatarios contra la magistrada fue recibida por el subdelegado de la PGR, Francisco Laja Saldaña. El abogado Humberto Sevilla García, antes de presentar las acusaciones contra la funcionaria informó que las demandas de los tres ejidos es por las actuaciones que ha llevado a cabo López Díaz, las cuales han estado llena de irregularidades.

Precisó que con esas denuncias es para pedir a la PGR analice la actuación de la magistrada al frente del TUA, quien a actuado de una manera dañina contra los ejidos.

El abogado calificó como denuncias inventadas la demanda de la magistrada contra los ejidatarios, pues nunca se obstruyó la acción de la justicia agraria; agregó que la magistrada respondió con perversidad con la intención de desvirtuar el movimiento de protesta, demostrando una falta de madurez y cerrada a la crítica.

Dijo Sevilla García que consideran delictuosos la actitud de la magistrada, pues actúa contra la administración de justicia desviando el contenido de la ley en perjuicio de los ejidos. Agregó el abogado que esperan que, así como sucedió con la denuncia de la magistrada, se dé agilidad a su denuncia y que la magistrada también sea citada inmediatamente ante esa instancia.

En el TUA mucho expedientes rezagados

El sub procurador de Defensa de los Campesinos del gobierno del estado, Santiago Salazar Bautista, dijo que hay un cúmulo de expedientes de casos agrarios, que lejos de resolverse, estos están retrazados y empolvados en el TUA.

Salazar Bautista fue entrevistado en las instalaciones de la PGR cuando acudió a brindar asesoría a los ejidatarios que se presentaron a declarar por la denuncia de la magistrada; y a quién al principio personal de la PGR no le permitió la entrada para escuchar las declaraciones de los ejidatarios.

En declaraciones a la prensa el funcionario estatal informó que hay un cúmulo de expedientes que no se han resuelto, y por lo cual le han pedido al gobierno federal ponga atención y dé una atención expedita de los conflictos, pues al final ellos (el estado) son los que tienen que vivir con el problema que luego se convierte en focos rojos, y donde al final se le hecha la culpa a los campesinos.

El funcionario dijo que aunque ellos han buscado la soluciones por la vía de la conciliación, a veces tienen que mandarlo a los tribunales donde se van rezagando, lo que hace que vuelva la inconformidad de los ejidatarios.

Para el subprocurador de la defensa de los campesinos,  los ejidatarios no incurrieron en ningún delito, pues a pesar del plantón afuera del TUA, éste siguió trabajando y nunca se suspendieron sus labores.

Dijo que en este caso estará al pendiente de que se respete el derecho y las garantías de los campesinos, pues no va a permitir que se trate de acusar a quien reclama un derecho con respecto a la prontitud de justicia, pues se tiene que recordar que hay términos para dar solución a los conflictos agrarios, y el retardar la resolución de los mismos es “obstrucción de la impartición de justicia”.

Empiezan Ayuntamiento y PGR programa contra la venta de artículos piratas

 

 Se busca orientar a comerciantes establecidos y ambulantes que vender esos productos es un delito tipificado como grave, advierten Larequi y el delegado de la PGR

 El Ayuntamiento y la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) anunciaron ayer el comienzo de un programa contra la venta de artículos pirata.

El anuncio lo dieron a conocer, en conferencia de prensa, el secretario general del Ayuntamiento, Francisco Larequi Radilla y el delegado en el estado de la PGR, José Alberto Rodríguez Calderón.

Francisco Larequi indicó que con esta colaboración el Ayuntamiento busca “orientar” a los comerciantes regulares y a los ambulantes, porque dijo que vender estos productos esta tipificado como delito grave.

Y es que José Alberto Rodríguez expresó que vender, producir o distribuir artículos piratas, como discos compactos, películas en formato VHS, ropa, bebidas, cigarros, casetes y vídeo-juegos, no alcanza el beneficio de libertad bajo fianza, la penalidad va de 3 a 10 años de prisión.

El funcionario justificó que en este caso, la PGR actúa contra esta actividad porque el problema es “grave y no porque protejan” a las compañías disqueras.

Cuando el delegado de la PGR expresó lo anterior, Francisco Larequi intervino para agregar que esta actividad perjudica a esas compañías generadoras de empleos. Expusó que el Ayuntamiento busca “orientar” a los comerciantes a que cambien de giro. Explicó que empezara una campaña con anuncios sobre decomisos y planean repartir volantes en los mercados para que evitar esa actividad.

El delegado de la PGR indicó que ellos proporcionaran información a los ayuntamientos de los municipios donde se da esta actividad.

Larequi Radilla añadió que la colaboración del Ayuntamiento con la PGR, en el combate de esta actividad, será quitar los permisos a los establecimientos regularizados que vendan artículos piratas. En el caso de los ambulantes, opinó que serán retirados o, en su caso, detenidos por los policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

En la conferencia de prensa que tuvo lugar en el salón Papagayo del Ayuntamiento, acompañaron a los funcionarios el director de Gobernación municipal, Federico Miranda Castañeda; el director de Vía Pública, Uriel Leal Ramírez; el Subdelegado de la PGR en esta ciudad, Federico Lara y el comandante de la AFI, José Luis Sánchez.

En la conferencia, José Alberto Rodríguez explicó que en 2003, la delegación Guerrero de la PGR puso como meta decomisar 200 mil productos, pero que la cifra la rebasaron al decomisar 240 mil.