Pioquinto: por la violencia han cerrado en dos años 250 bares y restaurantes en la capital

El local de venta de cervezas Michelinos con el cuerpo del policía retirado que murió en un ataque al lugar ubicado frente a la sede principal de la UPN?en el centro de la capital del estado, y que ya anunció su cierre tras ese hecho Foto: Lenin Ocampo Torres / archivo

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Después de un ataque armado el 21 de julio, en el que un policía estatal murió en su día de franquicia y otro parroquiano resultó herido, el martes pasado anunció su cierre definitivo el bar Michelinos de Chilpancingo luego de 13 años de su apertura.
El dirigente empresarial Pioquinto Damián Huato, informó que por la violencia y la impunidad más de 250 establecimientos, en su mayoría bares y restaurantes, han cerrado en los últimos dos años en la capital.
Mediante su cuenta de Facebook, el propietario del bar Michelinos, Marcelino Salgado Palacios, anunció a sus clientes y amigos: “Por medio de esta red social queremos informarles que su lugar favorito Michelinos cerrará sus puertas al público en general. No sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ser parte de este proyecto”.
“Muchas gracias Chilpancingo y sus alrededores que fueron parte de Michelinos. De verdad no saben cómo duele lo sucedido y dejar todo lo que has hecho poco a poco en 13 años. Con lágrimas en los ojos se despide con mucho amor y cariño su amigo el de las ricas y exquisitas micheladas. Atentamente: Marcelino Salgado Palacios y familia”.
El 21 de julio, ese bar que estaba ubicado en la esquina de las calles prolongación Raymundo Abarca Alarcón y 18 de Marzo, frente a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), en el centro de Chilpancingo, fue atacado a balazos.
En la agresión a tiros murió Rafael, uno de los clientes y policía estatal que estaba en su día de descanso, en tanto que Mario Alberto, otro parroquiano, resultó herido.
Consultado por teléfono el empresario de Chilpancingo, Pioquinto Damián Huato informó que en los últimos dos años han cerrado sus puertas por la violencia y la impunidad, más de 250 negocios, sobre todo restaurantes y bares en la capital.
Aunque reconoció que hubo una tapa más difícil para los comerciantes y empresarios de Chilpancingo, que fue del 2005 a 2012 cuando, según él, casi la mitad de los comerciantes y empresarios se fueron por la violencia.
“Pero en este momento la información que tenemos es que ya deben ir unos 250 negocios que han cerrado por la violencia.
Informó que algunos cierran y se van definitivamente de la ciudad porque no aguantan la presión por las extorsiones y otros por los ataques armados que sufren.
“Imagínate, sales de tu casa y te vas a tu negocio a trabajar en santa paz y de pronto llegan unos tipos y te rafaguean con armas de grueso calibre”.
El empresario criticó que lo que “incentiva”, “estimula” y “alienta” a los delincuentes para actuar es la impunidad, derivado de que no se investigan los casos y mucho menos se detiene a los delincuentes, “y mientras no se acabe esa impunidad va a ser muy difícil que haya tranquilidad y paz en Chilpancingo y en Guerrero”.
Damián Huato dijo que el argumento es que la violencia es en todo el país, pero aplicó el dicho: “mal de muchos consuelo de tontos”.
Explicó que la gente y sobre todo los empresarios de la capital están temerosos por lo que está pasando y que esperan que este viernes, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) se comprometió a dar un informe de las investigaciones del asesinato del empresario José Fuentes Brito y su hijo José Fuentes Calvo, en vez de informar de avances, presenten a los homicidas para terminar con la impunidad.
“Más que adelantos de las investigaciones queremos detenciones, que los asesinos caigan sean quienes sean. Chilpancingo no puede ser tierra de nadie. Ese (la violencia) es un problema que tenemos vivo”, dijo.
Informó que derivado de la impunidad y la inacción de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, incluso hay mucha gente que sólo se hace pasar como miembros de la delincuencia y por la sicosis que vive la población la gente cae en el engaño.
De acuerdo al empresario, los delincuentes se van más contra los restaurantes y los bares y son los que más han cerrado en los últimos dos años, sobre todo por las extorsiones, aunque luego aclaró: “pero ahorita ya no perdonan a nadie, van contra lo que se les atraviesa”.
El martes, también el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Chilpancingo, Iván Salgado Ramírez, declaró a medios de comunicación el incremento de las extorsiones en los últimos días.
Aseguró que en el último mes en promedio tres negocios al día son extorsionados en la capital.
Solicitó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que considere un espacio para que los empresarios participen en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y tengan la oportunidad de exponer el problema.

 

Cerraron centros de salud de cuatro municipios debido a la violencia, informa el sindicato

La diputada federal y secretaria del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, Beatriz Vélez Núñez informó que dos médicos han solicitado su cambio de adscripción por la violencia en los municipios de Chilapa y Zitlala, y que incluso hay centros de salud en otras regiones que no están funcionando ante esa situación.
En declaraciones luego de entregar estímulos a trabajadores de la Salud en Acapulco, comentó que hicieron una revisión de los 3 mil 600 trabajadores junto con autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa), y que “habrá una baja de 35 trabajadores”.
Comentó que hay algunos centro de salud que no están funcionando, “pero si a caso estamos hablando de unos seis centros de salud en el estado de Guerrero, el resto está trabajando de manera normal, en los hospitales y en las jurisdicciones sanitarias”.
Abundó que los centros de salud cerrados están en Teloloapan, Zirándaro, La Unión y otro más en el municipio de Zitlala, “esos compañeros que estaban en esos centros de salud están concentrados en las cabeceras municipales”, expresó.
“Atendí a unos compañeros de Chilapa y Zitlala, (y) me han solicitado que los mueva a algunos de ellos, sin embargo, ya lo están atendiendo las autoridades de la Secretaría de Salud, tengo confianza en que esto se va a mejorar”, dijo al tiempo que informó que se trata de dos médicos.
Explicó que serán las autoridades de la Ssa quienes decidirán sobre los cambios de adscripción.
Dijo que con los 260 millones de pesos que aprobaron diputados para formalizar a 3 mil trabajadores de la Ssa, con categorías de médicos, enfermeras, químicos, odontólogos, psicólogos y administrativos, “se resuelve casi el 100 por ciento (de las demandas), porque tenemos 3 mil 600, es decir que 600 estarían pendientes por resolver”.
La diputada dijo que junto con autoridades de Salud hicieron una revisión de los trabajadores y son pocos los que no trabajan, “efectivamente habrá una baja de 35 trabajadores del total de 3 mil 600, pero es por su falta de responsabilidad”.
Aclaró que de los 3 mil 600 trabajadores, 600 ingresaron mediante el sindicato, “al resto lo metió la autoridad, de esos 600, el 96 por ciento son médicos y enfermeras, el sindicato se ha conducido con honestidad”, y recordó que a las anteriores administraciones estatales se les advirtió que estaban contratando más administrativos que enfermeras, pero nunca hicieron caso.
La líder sindical dijo que, en Guerrero se necesitan anestesiólogos, “porque tenemos mucho más gente con el Seguro Popular, tenemos una cobertura mayor”.
Se le preguntó si formalizarán a los vectores que están en paro, y respondió que, “vamos a formalizar a todos los que trabajan, a los que cumplen. Ellos verán si trabajan o no trabajan, mi compromiso es con la gente que sí cumple y que sí trabaja”, expresó la también diputada.

Son 19 centros de salud los que están cerrados informa el secretario de Salud

El secretario de Salud del estado, Carlos de la Peña Pintos declaró que no hay cambios de adscripción de trabajadores de la Secretaría de Salud (Ssa) hasta que se haga un estudio completo de los recursos humanos, y dijo que son 19 centros de salud los que están cerrados por la inseguridad, y que por ello están funcionando las unidades móviles.
Después de entregar estímulos a la calidad del desempeño en Acapulco a 390 trabajadores de Salud, el funcionario comentó que en la revisión que la secretaría hizo de los trabajadores que fueron contratados sin techo presupuestal, se ha detectado “gente que gana como médico y no es, (tiene) otra profesión”.
Agregó que, “ahorita no está autorizado ningún cambio de adscripción” y explicó que los casos que se llegaran a presentar se analizarán de manera conjunta con el sindicato, y “vamos a ver que estrategias implementamos para que el servicio no falte”.
Aunque dijo que cuentan con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para restablecer el servicio en esos centros.
Asimismo, dijo que el déficit financiero de 5 mil millones de pesos de la dependencia lo canalizaron a la Contraloría General del Estado, y que la Ssa se deslindó porque puede haber personas que trabajen como médico y no lo son.
Explicó que la Ssa trabaja de forma coordinada con el sindicato para evaluar a los trabajadores en cada centro.
En su mensaje, el funcionario comentó que trabajará con el sindicato para que los trabajadores reciban más estímulos, y dijo que éstos pertenecen a un programa de la Secretaría de Hacienda que beneficia también a otras instituciones.
Reveló que se iniciará un programa para la atención de infartos, e invitó a los presentes a que acudieran al Foro de Salud para el Plan de Desarrollo Estatal.
Se informó que son 500 los trabajadores de la salud los que se inscribieron al programa de estímulos a la calidad del desempeño, pero sólo fueron beneficiados 390, entre ellos médicos, trabajadores sociales, dentistas y enfermeras de Acapulco, Ometepec, Tlapa, Taxco y Ayutla. Mientras que los trabajadores de Iguala, Chilpancingo y Zihuatanejo no participaron.
Por otra parte, informó que Guerrero cerró el año con mil 711 casos de chikungunya y mil 600 de dengue.

Renuncian 22 policías municipales de Zitlala ante la violencia; sólo quedan 14

En Zitlala, municipio en la entrada a la Montaña, ya nadie quiere ser policía municipal, y tampoco hay vigilancia de ninguna corporación.
De 36 agentes con los que contaba la Dirección de Seguridad Pública municipal, ayer sólo quedaban 14. El resto renunció de manera voluntaria como una medida para resguardar su integridad física.
A raíz de la incesante violencia por la disputa entre grupos de la delincuencia, desde hace poco más de un año Chilapa y su vecino Zitlala se han convertido en un campo de batalla en el que la población ha quedado en medio y ha sufrido sus disputas por el territorio.
Desde el lunes, un día después de que fuera ejecutado el director de Tránsito, Filiberto Corraltitlán Yectli y cuatro jóvenes, fueron encontrados degollados en el camino a Tonalapa. Hay un módulo de seguridad instalado en la entrada principal a la cabecera municipal, pero está abandonado.
Antes, solo, un policía municipal hacía guardia ahí.
Sin contar los esporádicos recorridos de soldados del Ejército, de fuerzas estatales o federales o cuando se presentan a recoger cadáveres, la única corporación de seguridad es la Policía Municipal, que es la que se queda sin elementos debido a la violencia.
El lunes pasado el alcalde priista de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro dijo que por la inseguridad 10 policías preventivos habían renunciado, y sólo quedaban 36.
Ayer se constató que de esos 26 policías sólo quedaban 14, pues los ataques contra ciudadanos del lunes aceleraron la desbandada de policías municipales.
“Ya nadie le quiere entrar (a ser policía municipal) por la situación que hay… y pagan barato, por eso pues”, dijo uno de los pocos agentes que quedan en la corporación y que resguardan como protocolo los actos oficiales del gobierno municipal.
Los policías municipales están conscientes de su inferioridad, en número y equipamiento frente a los grupos que luchan por el control de la región, además de que saben que sólo pueden hacer labores de prevención y de contención.
Tanto los policías como los funcionarios o empleados del gobierno municipal han optado por no entrar a las zonas de conflicto, como Tlaltempanapa, donde los pobladores que quedan formaron un grupo de autodefensa.
En esa comunidad no se han reanudado labores en el centro preescolar, las dos escuelas primarias y la telesecundaria desde hace dos meses y medio.
Según vecinos, esa comunidad ha sufrido un éxodo de la mitad de su población, de los cerca de 400 habitantes, ahora quedan unos 200.