Presentan una queja ante la Codehum los normalistas desalojados por los judiciales

Responsabilizan al titular de la SEG, Daniel Pano y al subsecretario Esteban Espinoza. Dan testimonio de la golpiza a dos alumnos y un maestro. Se ignora el paradero de dos alumnos detenidos

Zacarías Cervantes Chilpancingo

Maestros de la       Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) y estudiantes de la escuela normal Rafael Ramírez, presentaron ayer su queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) por el desalojo violento de agentes judiciales el martes pasado en las oficinas de las Subcoordinación de Servicios Educativos de la Región Centro.

En ambas quejas, maestros y estudiantes normalistas, denunciaron que la violencia se originó por parte de los agentes de la Policía Judicial del estado, “quienes entraron de manera violenta y arbitraria” a las oficinas administrativas de la SEG, lo que dejó un saldo de cuando menos 15 personas lesionadas y tres estudiantes detenidos.

En un mitin que improvisaron afuera de la Codehum, durante la presentación de su denuncia, el secretario general de la delegación D-III-16-02, Humberto García Zamudio, responsabilizó directamente al subsecretario de educación media superior y superior de la SEG, Esteban Espinoza Peza, quien, según denunció, fue el que llamó a la Policía Judicial del Estado argumentando que lo tenían secuestrado, “lo cual es falso, ya que efectivamente una comisión de estudiantes se encontraba en sus oficinas, pero estaban pidiendo que no se redujera la matrícula de las Normales públicas”.

García Zamudio rechazó que los estudiantes normalistas hayan comenzado la agresión, porque desde un día antes habían empezado las negociaciones con los funcionarios de la SEG, “y precisamente estaban negociando con Esteban Espinoza cuando se inició la agresión por parte de la Policía Judicial, concluyó”, recordó.

Mientras tanto, en su denuncia ante la Coddehum, los maestros señalaron que debido a la acción de los policías, son tres los trabajadores de las oficinas centrales que se encuentran heridos de gravedad y que están hospitalizados en la clínica del ISSSTE; Raúl Hernández Damián, Horacio Trigo y Edmundo Hernández Alcántara. Además, como resultado del operativo policiaco, están consignados en el Cereso los dos alumnos normalistas, Eric Acevedo Lorenzo y Josué López Valadés.

La denuncia fue presentada por los profesores Bulmaro Muñiz Olmedo, José Angel Díaz de León Hernández, en representación de Edmundo Hernández Alcántara, Raúl Hernández Damián, y Horacio Trigo, trabajadores de la SEG, así como en representación de los estudiantes Erick Acevedo Lorenzo y Josué López Valadés, de la Escuela Normal Federal Rafael Ramírez.

Se deslinda de los hechos el subsecretario Espinoza

En el documento narraron los acontecimientos que se suscitaron en las instalaciones que se conoce como ex INEBAN y denuncian que a raíz de la golpiza que recibieron de los agentes Edmundo Hernández se encuentra hospitalizado en el ISSSTE con tres costillas rotas. Raúl Hernández, tiene golpes en el cráneo que le provocaron una hemorragia en el oído izquierdo y golpes en diferentes partes del cuerpo, mientras que de Horacio Trigo denuncian que presenta una herida interna en la boca y que los médicos le hicieron una saturación de doce puntadas, en tanto que Bulmaro Muñiz recibió golpes en diferentes partes del cuerpo. Indicaron también que fueron testigos de la detención arbitraria de los estudiantes Erick Acevedo Lorenzo y Josué López Valdez, “a quienes se los llevaron con lujo de violencia y que hasta ahora se ignora su paradero”.

De los hechos responsabilizaron, además de Espinoza Peza, al secretario de educación, Daniel Pano Cruz. Dicen que él autorizó la agresión a los trabajadores y maestros en las oficinas de la SEG y señalaron como testigos a los estudiantes Roberto Vázquez Sosa, Miriam Sánchez Huerta y al profesor José Luis Aponte Astudillo.

En los mismos términos presentaron su denuncia ante la Coddehum los dirigentes de la Coordinación para la Reivindicación de los Principios de la CETEG, encabezados por Nicolás Chávez Adame. Los integrantes de esta expresión también responsabilizaron al secretario de Educación, Daniel Pano.

Mientras tanto, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEG Esteban Espinoza Peza se deslindó de los hechos, pues señaló que su área atiende los casos académicos y no legales.

El funcionario explicó que de acuerdo a la información proporcionada por las instancias legales, la detención de los estudiantes normalistas se derivó “de una ampliación” de lo que corresponde a la demanda interpuesta en contra de los normalistas. “Se comenta que el pasado 20 de mayo hubo una actuación similar a éste y ahora fue una ampliación, según las instancias legales”, dijo. Explicó que la situación legal del problema, corresponde a la dirección de Asuntos Jurídicos, “la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior atiende la situación educativa, plenamente dedicado a ellas; lo otro es un área que está fuera de su competencia”, insistió.

Aseguró que en el momento de la intervención policiaca, él se encontraba en otro lugar atendiendo una mesa de trabajo con maestros de la UPN de Tlapa, “hasta ahí me llegó la información de lo que estaba aconteciendo en el ex Ineban, estas situaciones no corresponde a un área como es la mía, que únicamente observa la situación educativa”.

Con respecto a la demanda de los normalistas en el sentido de que no se reduzca la matrícula escolar, dijo que las autoridades educativas siguen ofreciendo su propuesta en el sentido de que se tenga el mismo número de estudiantes “únicamente diversificando la oferta educativa, que son 40 matrículas para educación Primaria y 20 para la licenciatura en educación Secundaria”.

Presentan Sabino Palma y su esposa una queja ante la Codehum en Chilpancingo

Denuncian detención arbitraria, lesiones e incomunicación en contra del gobernador René Juárez, el titular de Seguridad, Arturo Lima y otros funcionarios

 

Zacarías Cervantes

 

Chilpancigo

 

El señor César Sabino Palma Salinas y su esposa, Alma América Peláes Galeana, presentaron este viernes una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos en contra del gobernador, Rene Juárez, el procurador de Justicia, Jesús Ramírez y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima Gómez por su detención arbitraria, lesiones e incomunicación que sufrieron el 19 de abril pasado.

La denuncia de la pareja la recibió la directora de Orientación Asesoría y Quejas del organismo, Adelaida Memije Martínez.

En su denuncia, Palma Salinas responsabilizó al gobernador Rene Juárez en su carácter de representante del Gobierno estatal, de pretender despojarlo de su terreno ubicado en Loma del Veladero en Punta Diamante.

Dijo que el inmueble tiene un costo valuado en 700 millones de pesos “y para el gobernador es más fácil desaparecerme que pagarme ese dinero”.

Al procurador de Justicia del estado, Ramírez Guerrero lo acusó de ser el responsable de ordenar a los agentes de la Policía Judicial del estado y a policías de Seguridad Pública vestidos de civil de detenerlos el 19 de abril pasado a él, a su esposa y a su hermano Pedro Palma, y dejarlos incomunicados más de 24 horas.

Recordó que ese día esperaban el paso del presidente Vicente Fox, quien se encontraba de visita en Acapulco y del que sabían que visitaría el Hotel Quinta Real para asistir a una comida.

Lo esperaban para entregarle un documento en el que le piden su intervención en el caso de su terreno que pretende quitarles el Gobierno estatal, mediante un decreto expropiatorio, cuando unos 50 policías judiciales y de seguridad pública, vestidos de civil se los llevaron detenidos con violencia.

Sabino Palma informó que con su detención las autoridades estatales pretendieron evitar que se entrevistara con el presidente para plantearle el conflicto que tiene con el Gobierno estatal por su terreno.

Informó que después de su detención se los llevaron a la comandancia de la Policía Judicial ubicada en Villamar y que en el trayecto lo fueron pateando y golpeando, situación que continuó en la comandancia en donde fueron mantenidos incomunicados hasta el día siguiente que fueron localizados por sus familiares.

Palma Salinas denunció que en la organización de las acciones para su detención también participó el secretario de Seguridad Pública, Arturo Lima Gómez contra quien también presentó la queja, que fue ratificada por su esposa, Alma América Peláez.

La pareja entregó a la Codehum, un video que fue tomado por un aficionado al momento de su detención con el que, según dijo Sabino Palma, se comprueba que los policías que lo detuvieron actuaron con violencia.

La pareja denunció que teme que estos hechos de represión en su contra continúen por parte de las autoridades estatales, por lo que demandaron la intervención del organismo al que piden que se haga un exhorto al gobernador Rene Juárez para que sus actuaciones se ajusten a derecho.

Por su parte, Memije Martínez señaló que la Codehum investigará los hechos para deslindar las responsabilidades de los mismos y que en su momento emitirá la recomendación correspondiente.

Condóminos de la Torre Médica Papagayo llevan su queja ante el alcalde López Rosas

 * Caso de la obra que invade áreas comunes

 El alcalde Alberto López Rosas recibió ayer a condóminos de la Torre Médica Papagayo, quienes le manifestaron su inconformidad sobre la construcción de otra torre médica a un costado del edificio, la cual ocupa áreas comunes para el avance de su obra, sin su autorización.

El pasado 4 de marzo, los condóminos del edificio denunciaron –en conferencia de prensa– que el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jorge Juárez Soto, protege al empresario Otilio Alcaraz Rodríguez, al permitir que continúen diversas irregularidades en la obra. Allí solicitaron los planos del edificio.

En la conferencia los acompañó el presidente del Comisión de Desarrollo Urbano, el regidor José Luis Morales.

En su momento, Juárez Soto declaró que él construyó el edificio hace más de cuatro años y el estacionamiento, de acuerdo con el Plan Director de Desarrollo Urbano y al Reglamento de Construcciones, y “no había anomalías”.

De acuerdo con un boletín de prensa del Ayuntamiento, los representantes de los condóminos, Javit Kuri Guinto, José Ramón Comás y Antonio Elías, denunciaron que el constructor utiliza los cajones de estacionamiento como bodegas, y que se hacen modificaciones no permitidas ni por los condóminos ni presuntamente por los permisos de construcción.

López Rosas dio instrucciones al director y subdirector de Obras Públicas, Orlando Soberanis Vargas y Domitilo Soto, respectivamente, para que realicen una inspección sobre la construcción.

Señaló que la licencia de construcción no se autorizó en su administración, pero corresponde al gobierno municipal supervisar si cumplen con todos los lineamientos.

El alcalde agregó que los ocupantes de la Torre Médica Papagayo están regidos por la Ley de Condóminos, y en ese sentido éstos deben efectuar una asamblea para analizar todas las inconformidades y de esa manera se demande por la vía civil, pues no corresponde al Ayuntamiento clausurar la obra si no hay irregularidades, pero para eso se investigará cómo se lleva a cabo.

En la audiencia estuvo presente el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.