El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en Acapulco, contra la Policía Federal, que lo detuvo el 14 de mayo en Chilpancingo.
Chávez Adame fue atendido por el coordinador de las oficinas de la CNDH Guerrero, Hipólito Lugo Cortés, y turnado con el abogado en turno para interponer la queja contra la Policía Federal ministerial por violación a los derechos humanos.
El dirigente de la APPG dijo que la queja quedará como precedente para cualquier otra detención y que no se violen los derechos humanos de los luchadores sociales.
Indicó que la queja formal ante la CNDH fue presentada ante la burla y maltrato de la Policía Federal ministerial que violó derechos humanos durante el trasladado de Chilpancingo a Acapulco, al juez de Control.
Chávez Adame dijo que ayer entregaría los documentos que solicitó el juez de Control, constancia de trabajo, social y de radicación.
Contó que, en su caso, el lunes pasado los agentes de la PGR lo detuvieron sin una orden de aprehensión ni presentación y sin vestir el uniforme.
El 14 de mayo, Chávez Adame fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) y trasladado a un juzgado federal en Acapulco, porque participó en la toma de las instalaciones de Prospera en enero del año pasado, contra el despido injustificado de trabajadores de esa dependencia.
Etiqueta: Queja
Agreden al hombre que denunció maltrato a su esposa en el hospital general de Chilpancingo
El familiar de una paciente del hospital general Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, Fernando Díaz Ángeles denunció que continúan los malos tratos a su esposa, y ahora lo agredieron a él físicamente y lo retuvieron sin ningún motivo, además de que continúa comprando gasas porque en el nosocomio no hay.
En una llamada a la redacción de El Sur, Fernando Díaz informó que es derechohabiente del Seguro Popular, y que este jueves nuevamente recibió malos tratos en el hospital general, donde guardias de seguridad lo retuvieron y lo agredieron físicamente.
“No sé si el hostigamiento y la agresión sean por la denuncia que hice de que a mi esposa no la intervinieron quirúrgicamente el martes, porque no había anestesiólogos”, dijo. Detalló que después de la cirugía a la que su esposa fue sometida, este miércoles las enfermeras le pidieron que comprara vendas para curación y pañales para contener el sangrado; cuando iba a salir a hacer la compra, lo retuvieron en la recepción “aludiendo a que se había perdido un bebé y que después algo, papeles u objetos, y que eran órdenes superiores, la retención”.
Dijo que la recepcionista se molestó cuando él le empezó a reclamar sus derechos, porque perjudicaba la salud de su esposa ya que estaba sangrando y necesitaba los pañales; además tenía que recibir una pieza quirúrgica, pero como estaba retenido no podía acudir.
Recriminó que, al intentar irse de la recepción, un hombre, al parecer trabajador del hospital, lo golpeó, y acudieron cuatro guardias de seguridad, pero en lugar de detener al agresor, lo detuvieron a él.
Dijo que tiene que pagar los estudios, porque no hay patólogos en el hospital general, y que si lo hacen en el hospital tendrán los resultados después de un mes.
Destacó que, “no sé si el gobernador, Héctor Astudillo Flores sabe lo que está haciendo el director del hospital (Víctor Hugo Garzón Barrientos) y si sabe que el presupuesto es para contratar seguridad privada que agrede a los derechohabientes”, cuestionó. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Autoridades de pueblos nahuas se quejan en la Codehum por la contaminación del Balsas
Autoridades agrarias y municipales de los pueblos nahuas del Alto Balsas presentaron este martes una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en contra del secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, y contra dependencias federales y estatales, por la omisión para atender la contaminación del río.
Asimismo, pidieron a la Codehum asesoría para presentar una “demanda de acción colectiva” en contra de los responsables de la contaminación del agua, así como para la presentación de un amparo para garantizar la reparación del daño causado por la contaminación del Balsas.
Las autoridades fueron atendidas por el segundo visitador general de la Codehum Fernando Esteban Ramírez, y la encargada de la dirección de asesoría, quejas y gestión, Cecilia Narciso Gaytán.
Asistieron los presidentes de los comisariados de bienes comunales, Melquiades García Ríos, de San Juan Totolcintla y de Tula del Río, Rogelio Vicario Barrera, del municipio de Mártir de Cuilapan. También el de San Francisco Ozomatlán, municipio de Huitzuco, Basilio Celestino Ojeda. Además del comisario municipal de Tula del Río, Hermilo Celestino Díaz y el comisario municipal de San Aguistín Oxtotipan, Bernardino Morales Emigdio.
Acompañaron a las autoridades los líderes naturales de la región Victórico Ríos Mundo y Guillermo Álvarez Nicanor.
De entrada, los representantes de las comunidades denunciaron la omisión de las autoridades estatales y federales para atender el grave problema de la contaminación del río Balsas. García Ríos informó que desde el 15 de marzo pasado observaron que el agua del río cambió de color azul a verde y que vecinos de San Juan Totolcintla vieron algunas tortugas y peces muertos, en tanto que en Tula del Río hubo personas que se enfermaron del estómago después de comer pescado.
Agregó que el 21 de marzo una comisión de vecinos de las comunidades vinieron a la Secretaría de Salud y entregaron muestras del agua para que se realizaran los estudios y también dejaron un oficio para el secretario Carlos de la Peña Pintos para que se realizara una investigación del caso.
Informó que el 23 de marzo personal de la dependencia fue al río y se trajo otras muestras y que el lunes pasado nuevamente fueron esta vez de la Jurisdicción Sanitaria 03 de Chilpancingo y se trajeron más muestras, pero han pasado más de 15 días y la Secretaría de Salud no les ha dado a conocer los resultados y ni siquiera les ha dado una explicación del cambio de color del agua.
“Estamos viendo que hay una omisión deliberada de parte de autoridades de los tres niveles de gobierno”, se quejó Guillermo Álvarez Nicanor, originario de San Miguel Tecuiciapan, municipio de Tepecoacuilco.
Agregó que les están violando sus derechos ambientales y el derecho a la salud y que ninguna dependencia está interviniendo. Citó entre ellas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) estatal.
Recordó que el secretario de Salud solamente en los medios de comunicación ha reconocido que el agua está contaminada de heces fecales y arsénico y que ha tratado de responsabilizar a las comunidades por descargar su drenaje a la cuenca del río, pero aclaró que las responsables son las autoridades que permiten esas obras porque los habitantes se han opuesto y que han pedido letrinas secas para no contaminar el río, porque la mayoría de la gente se dedica a la pesca o a la agricultura y utilizan el agua.
Otro de los dirigentes, Victórico Ríos Mundo, mencionó que las autoridades saben qué está pasando y quién está contaminando, pero que no quieren intervenir para no afectar intereses de alguien, pero luego exigió: “si no nos dan proyectos productivos, por lo menos que no nos contaminen el agua”.
Tras la exposición general del problema las autoridades agrarias y municipales presentaron la queja en contra de la Conagua, Profepa, Semarnat, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), contra el secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos, la Semaren y la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero (Propeg),
La queja también fue presentada en contra de las autoridades municipales de Tepecoacuilco, Mártir de Cuilapan, Huitzuco y Eduardo Neri.
La queja fue presentada “por violaciones a nuestros derechos humanos, violaciones a los derechos de la protección a la salud, a la conservación del medio ambiente, y el derecho al agua potable.
Las autoridades agrarias y municipales se quejaron de que las autoridades federales, estatales y municipales están violando además la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
En un boletín de prensa, la Codehum informó que las autoridades de estos pueblos denunciaron la contaminación del río que viene desde el 2016 y que desde entonces las autoridades de los tres órdenes de gobierno han sido omisas.
Se informó que pidieron la intervención del organismo ante las instituciones gubernamentales correspondientes para instalar las mesas de trabajo necesarias con el fin de generar medidas que coadyuven a la solución del problema de contaminación, así como gestionar apoyos que beneficien a los mismos, además de proyectos productivos.
“Es importante señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4o párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, que señala “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”, dice el boletín.
Agregó que en lo que respecta al derecho a la salud, “toda persona tiene como condición innata, el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado para la preservación de su salud, el acceso a una atención integral de salud, el respeto a su concepto del proceso salud–enfermedad y a su cosmovisión”.
En el boletín se estableció que la Comisión dará puntual seguimiento a la queja que será remitida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por cuanto hace a las autoridades federales, “y se dejará desglose para que esta Comisión investigue respecto a las autoridades locales, brindando el acompañamiento y asesoría legal respetando sus derechos fundamentales”.
Las autoridades agrarias y municipales tenían programada una reunión en la Jurisdicción Sanitaria 03, pero la cancelaron y dieron prioridad a la presentación de la queja.
No reconstruyó las casas el gobierno federal a tres años de un sismo en Petatlán, se quejan damnificados
Brenda Escobar
Zihuatanejo
A tres años del sismo de 7.2 grados en escala de Richter del 18 de abril de 2014, los damnificados de Petatlán lamentaron que el gobierno nunca cumplió la reconstrucción de sus viviendas.
Uno de los damnificados y comerciante de ropa y huaraches, Rafael Abarca Fernández manifestó que son más de 300 familias sólo de la cabecera municipal de Petatlán las que tuvieron afectaciones en sus casas, y que el gobierno federal mediante la entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, prometió que los apoyaría, pero “ni siquiera un grano de arena nos dieron”.
Aseguró que las familias afectadas por el temblor fueron censadas en dos ocasiones por brigadistas de la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero nunca cumplieron la reconstrucción de las viviendas.
El movimiento telúrico dejó afectaciones principalmente en casas de las colonias Centro, Barrio de la Hoja, Emiliano Zapata, Benito Juárez y Vicente Guerrero; así como en comunidades rurales como Juluchuca, Alpuyeque, Chaveta, La Molonga, Coyuquilla Norte, La Barrita.
Este martes, se cumplieron tres años de que ocurrió el sismo, Abarca Fernández aseveró que las casas están ahí, muchas de ellas inhabitables y las familias tuvieron que irse por temor a que las paredes se les vengan encima.
Agregó que el gobierno federal sólo mintió a los afectados, “supimos que en ese entonces hicieron llegar ayuda para la reconstrucción de algunas de las casas pero no fue directamente a los damnificados sino se la dieron al Ayuntamiento, y quienes estaban de gobierno le dieron el apoyo a quienes quisieron, incluso a gente que ni siquiera fue afectada”.
La parroquia San Pedro Apóstol, santuario del Padre Jesús de Petatlán, resultó severamente dañada, principalmente el campanario, el cual fue completamente reparado a los pocos meses luego de la aportación de casi 2 millones de pesos del gobierno el estado, encabezado por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, mientras que más de 700 damnificados sólo se quedaron con una calcomanía pegada en la puerta de su casa como prueba de que fueron censadas, pero la ayuda nunca les llegó.
Niega Ssa que en el Semefo capitalino haya cuerpos con gusanos; repararán la cámara frigorífica
El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Carlos de la Peña Pintos, negó que haya cuerpos con gusanos en el Servicio Médico Forense (Semefo) en Chilpancingo y aseguró que esta semana se reparará la cámara frigorífica que trabajadores denunciaron que está descompuesta.
Además, afirmó que ya habló con los trabajadores que se manifestaron contra su cambio de adscripción y agregó que tienen esta quincena para presentarse a laborar en su nuevo centro de trabajo y si no lo hacen serán dados de baja, “no podemos pagarle a quien no se presenta”.
El viernes 31 de marzo, trabajadores del Semefo de Chilpancingo se quejaron porque laboran en malas condiciones, detallaron que cuando hacen la necropsia a los cuerpos algunos cadáveres desprenden malos olores y se agusanan porque una cámara frigorífica no funciona.
En declaraciones después del inicio de la primera Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue, Chikungunya y Zika, que se llevará a cabo del 3 al 7 de abril, De la Peña Pintos dijo que ya se le está dando mantenimiento a la cámara y que no había cuerpos con gusanos, “hice una investigación y son restos muy viejos que tienen como ocho años que ya se han macerado y no requieren refrigeración”.
El funcionario estatal dijo que ya habló con los trabajadores del hospital Donato G. Alarcón, que están inconformes por el cambio de adscripción y que lo acusaron de cubrir a los dirigentes sindicales, que fueron los que escogieron a los trabajadores para moverlos de lugar de trabajo.
Dijo que les recomendó que acudan a los centros de trabajo que les fueron asignados, “desde ahí, de manera institucional plantear sus inconformidades a través de las instancias gubernamentales”.
Aseguró que espera que acepten la recomendación, porque los centros de trabajo requieren ser ocupados y en caso de que no se presenten a los trabajadores inconformes se les aplicará sanciones.
Manifestó que los cambios de adscripción se hicieron de acuerdo con el área de Recursos Humanos y el sindicato, y que él no participó.
El secretario estatal insistió que ya pidió a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, para que investiguen el suministro de medicamentos sin registro sanitario a pacientes del Instituto Estatal de Cancerología Arturo Beltrán Ortega (Iecan).
El 29 de marzo, se transmitió un reportaje en del noticiero Primero Noticias de Televisa, en el que se denunció que un menor murió a consecuencia de que le aplicaron medicamentos sin registro en el Iecan, y que cuatro más y una mujer adulta estuvieron en riesgo de perder la vida.
De la Peña Pintos dijo que le corresponde a la Cofepris así como la Comisión de Arbitraje Médico analizar el expediente y tendrán que dar una opinión, un dictamen y llamar a las personas que sean necesarias.
Además, aseguró que el director del Iecan, Jorge Eblem Azar Silvera, ya entregó todos los documentos que requiere de acuerdo con la ley del Decreto de Formación del instituto, y el nombramiento del gobernador, “llena todos los requisitos”.
Presentan los policías estatales paristas 32 quejas ante la Codehum contra Almazán Cervantes
Luego de cumplir más de tres meses en plantón en el Palacio de Gobierno, los policías estatales que fueron dados de baja en julio, presentaron 32 quejas ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) en contra del secretario de Seguridad Pública, el general brigadier, Pedro Almazán Cervantes por violación a sus derechos humanos, abuso de poder y despido injustificado.
El 20 de julio 32 policías iniciaron un paro laboral en las instalaciones del Centro de Control, Comando y Cómputo (C4), y desde el 22 de ese mes instalaron un campamento afuera del Palacio de Gobierno en demanda de la destitución del secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, un bono de riesgo de 4 mil pesos autorizado por el Sistema Nacional de Seguridad, homologación de salarios, equipo y uniformes.
Asimismo, de acuerdo con un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el 4 de agosto, la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos informó que los 32 policías paristas fueron cesados.
Los policías estatales mantienen su plantón en la entrada del Palacio de
Gobierno, donde colocaron una lona negra para cubrirse del sol y la lluvia.
Un de los policías, quien se reservó su nombre, dijo que desde que inició la movilización para exigir su reinstalación han presentado 32 quejas ante la Coddehum en contra del general Pedro Almazán Cervantes por violación a sus derechos humanos, abuso de poder, despido injustificado y pago de salarios.
Dijo que en los más de tres meses de lucha no han tenido apoyo de la comisión ni del gobierno estatal para buscar la manera de reinstalarlos.
Agregó que también presentaron demandas laborales ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y que a la fecha no han tenido resolución para su problema laboral.
Señaló que al concluir su mandato Rogelio Ortega Martínez, “dejó en claro su postura, que no podía reinstalarnos porque no podía hacerlo”.
Dijo que han solicitado por medio de documentos una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores para saber su situación laboral, “estamos en espera de que nos dé respuesta para atender nuestras peticiones”.
Señaló que gente cercana a Almazán Cervantes, “nos comentaron que él nos va reventar bien o mal, porque no quiere que estemos ahí en el plantón, el argumento es que ya le tocamos su orgullo”.
Los agentes estatales pidieron al gobernador Héctor Astudillo que intervenga en su situación laboral para que sean reinstalados en la corporación porque tienen más de tres meses sin empleo y sin recibir un salario.
Presenta una queja un maestro de Ciencias de la Comunicación en contra del STAUAG por difamación
El maestro de la Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Elino Villanueva González, presentó una queja en la Defensoría de Derechos Humanos y Universitarios, en contra del secretario de la delegación sindical, Samuel Bautista Nava, y del coordinador académico de la licenciatura, Ángel Carrillo Chora, por difamación, hostigamiento laboral y acoso a los estudiantes.
Elino Villanueva imparte las materias Arte y cultura en el mundo contemporáneo y Habilidades para la comunicación de las ideas, en la escuela de Comunicación, y el lunes pasado recibió el premio al mérito ecológico, por el proyecto Granja Amojileca, que impulsó con el grupo cultural La iguana verde y se creó en la institución.
Elino Villanueva es uno de los ocho trabajadores de la UAG que aparecen en la denuncia, que presentó el representante y apoderado legal de la universidad, Pablo Valdez Guerrero, ante la Procuraduría General de la República (PGR), delegación Guerrero, por presunta falsificación y fraude, en mayo de este año, situación que según el académico “se resolverá en las instancias correspondientes”.
Derivado de la denuncia, el 4 de septiembre, la delegación sindical de la escuela de Comunicación se reunió y los maestros Samuel Bautista, Ángel Carrillo, Gonzalo Castañón Arcos, Leticia Tello Divicino, Jesús Chávez García, Luis Raúl Vélez Carbajal, Grabriela Arcos Mastache, Iván Gallardo Bernal y Faradis Cabrera Moreno, firmaron un acuerdo en el que solicitaron la destitución de Elino Villanueva, además de que se repartieron la carga laboral que le correspondía.
Además, de acuerdo con Elino Villanueva, los maestros que firmaron el acuerdo iniciaron una campaña en la escuela de Comuncación, para desprestigiarlo ante los estudiantes, difamándolo y señalándolo como un académico “patito”, entre otros insultos, y también le advieron a los jóvenes que se quedarían sin calificación, porque al docente lo meterían a la cárcel.
Por la tarde, se llevó a cabo una comparecencia ante la encarga del área de Defensoría de Derechos Humanos y Universitarios, Leticia González Peralta, a la cual asisitieron Elino Villanueva, Samuel Bautista y Ángel Carrillo, durante la cual el afectado señaló que es grave que un representante del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG) haya violado sus derechos.
En declaraciones posteriores a la comparecencia, Elino Villanueva indicó que su cédula es la número 9589585 y que estudió la licenciatura en Lengua y literatura en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, además de que la denuncia que lo señala no es un asunto que le competa a la delegación sindical de la escuela de Comunicación, por lo que pidió que el caso se lleve ante la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario, de manera que se le respete y cesen el hostigamiento hacia su persona.
Presentan estudiantes de Ayotzinapa una queja ante la Coddehum contra la SEG
Daniel Velázquez Olea
La Sociedad de Alumnos Ricardo Flores Magón de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa presentó una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) porque el secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero no cumplió la minuta que se firmó el 5 de octubre de 2005.
La molestia de los estudiantes es porque la SEG se comprometió a publicar el 6 de marzo la convocatoria para los aspirantes a ingresar a la normal y más de un mes no se ha dado a conocer.
Durante una visita a la redacción de El Sur Andrés Manuel Cisneros Nava y Érick Santiago Peña mostraron copias de la minuta que se firmó en octubre, en las que se demuestra que fue un acuerdo entre las autoridades de la SEG y Ayotzinapa.
El apartado seis de la minuta señala: “Solicitamos la publicación oportuna de la convocatoria de nuevo ingreso para el ciclo escolar (2006-2007) a mas tardar el día 6 de marzo de 2006”.
Las autoridades educativas dijeron sobre ese punto: “La SEG se compromete a publicar el 6 de marzo la convocatoria de nuevo ingreso. Se autorizan 140 matrículas de nuevo ingreso par la licenciatura en Educación Primaria para el ciclo escolar 2006-2007, respetando los criterios de la publicación de la convocatoria anterior”.
También asume el compromiso para iniciar foros y conferencias para el análisis y valoración de la situación actual de la normal con la finalidad de reorientar la oferta educativa, así como la enseñanza aprendizaje de las lenguas nahualt, mixteco, tlapaneco y amuzgo como parte del perfil de la formación del maestro rural”.
El documento fue firmado por el secretario de Educación José Luis González; el entonces subsecretario de Educación Media Superior, Rogelio Ortega Martínez; la coordinadora general de Asesores, Silvia Ojeda Jiménez; el director de la escuela, José Luis Hernández Rivera y los alumnos José Ángel Román Espinoza, Crisóforo García Castro, Armando Campos Ochoa, Víctor Hernández y Julio César García Cortes.
Pero según la queja presentada ante Derechos Humanos el pasado 24 de abril, los estudiantes se quejaron de que en una reunión reciente con el secretario de Educación, les dijo que sí había firmado la minuta pero que no cumpliría el acuerdo.
En el mismo documento los alumnos manifiestan que las autoridades de la SEG está “provocándolos” porque les ha dicho que si no están de acuerdo con las “evasivas” que se manifiesten en la calle.
“Ante esta situación intuimos que lo que trata la referida autoridad es de provocarnos y de esa manera poder fincarnos responsabilidades o delitos, siendo que ella es la responsable por no cumplir con lo que las leyes le mandatan ya que es una obligación del estado proporcionar educación gratuita”, dijo Cisneros Nava.
Se queja vecina de Costa Azul de mal olor a causa de la fosa séptica de una vecina
Rocío Luna C.
La vecina del fraccionamiento Costa Azul, María Magda Ruiz de Trujillo, denunció que desde enero Irma Rodríguez Martínez instaló respiraderos a una fosa séptica que van a dar a su predio, los cuales causan contaminación y mal olor.
En una llamada a El Sur, la inconforme señaló que a pesar de que ya se quejó ante la Dirección de Ecología “no ha solucionado el problema porque la propietaria de la vivienda trabaja en el Ayuntamiento”.
Magda Ruiz explicó que en la privada de Castillo Bretón varias casas no tienen drenaje sino fosas sépticas que se limpian periódicamente, pero la vecina Irma Rodríguez tiene “una cisterna donde se acumula materia fecal y como está rota colocó un tubo respiradero pegado a la barda de mi casa”.
Añadió que “el tubo llega justo donde tengo la mesa para comer, se percibe un olor horrible, incomodísimo, al abrir las ventanas llega el tufo”.
Aseguró que a finales de enero acudió a la CAPAMA para reportar el problema, a lo que le respondieron “que no estaba dentro de sus atribuciones el recibir mi queja, no aceptaron mi escrito y me dijeron que hiciera uno a la Dirección de Ecología”.
Dijo que presentó un escrito al director de Ecología municipal, Raúl López López, con copia para el regidor del Partido Verde Ecologista, Luis Edgardo Palacios Diez, y al director de Salud municipal, Mario Raúl Martínez Mondragón, donde solicita que se retiren los respiraderos y le brinden asesoría técnica a la propietaria.
Magda Ruiz aseguró que algunos vecinos ya son afectados por los gérmenes que emanan del respiradero, “a mí y a otras vecinas nos han salido erupciones en la piel, es muy peligroso para todos ese tubo”.
Apuntó que han ido inspectores de Salud y Ecología a la casa de Irma Rodríguez pero “como es propiedad privada no han tenido acceso”, e indicó que la orden de verificación sanitaria 02014 “reportó que si hay contaminación por la fosa séptica y detectó las erupciones en la piel de algunos vecinos”.
Agregó que Raúl López nunca atendió la queja “porque siempre me decían que estaba comisionado en la ciudad de México, pero el subdirector de Ecología (Reynaldo Ortiz Reza) me informó que no estaban facultados para retirar dichos respiraderos, y lo único que podrían hacer era dejar citatorio para que la propietaria asistiera a la Dirección de Ecología y de no hacerlo se le aplicaría una multa”.
Según Magda Ruiz eso es incongruente “porque en el artículo 34 del reglamento de ecología (y protección al medio ambiente) dice que compete a la dependencia las fosas sépticas que causan contaminación”.
El artículo 34 del reglamento dice textualmente: “para los casos de fosas sépticas que se encuentran generando problemas de contaminación por filtración o vertimiento de aguas residuales hacia terrenos colindantes y vía pública, los propietarios deberán limpiar y acondicionar la cámara sanitaria para aquellos lugares donde no haya drenaje”.
La inconforme señaló que la solución que le dio Ecología fue “una multa de 50 salarios mínimos contra Irma Rodríguez, pero con esto no se soluciona el problema, además la señora trabaja en el Ayuntamiento, creo que en Panteones y le van a perdonar la multa; lo que queremos es que se retire el respiradero”.
Pide César Flores que Convergencia respete el fallo del Trife a su queja
Magdalena Cisneros
El ex candidato del PRD a la diputación federal por el distrito 09, César Flores Maldonado criticó que el representante titular de Convergencia en la Coordinación Nacional de la coalición Por el Bien de Todos, Alejandro Chanona Burguete, haya “despreciado” al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) al afirmar que ya no hay marcha atrás respecto a esta candidatura.
En llamada telefónica a la redacción de El Sur desde la ciudad de México, Flores Maldonado dijo que le llamó la atención que Chanona desestimara la impugnación que presentó porque le retiraron la candidatura y se la otorgaron a Manuel Jorrín, de Convergencia.
Agregó: “Hay un desconocimiento o ignorancia de las leyes, le reclamo en una forma de correligionario, de la misma lucha política, que respete a la máxima autoridad la resolución que emita del juicio y que aceptemos resultado”.
Llamó a integrantes de los partidos que integran la Coalición para que “en aras de una institucionalidad que se requiere nos apeguemos a la ley, nadie puede desdeñar ninguna demanda”.
Reiteró que mientras el Trife no resuelva su queja “no hay ninguna candidatura segura” y ejemplificó lo que sucedió con el PRI donde el organismo electoral dictaminó que se hicieran cambios en varias fórmulas de candidatos.
Asimismo, dijo que el Trife ya recibió la demanda del juicio de protección de derechos políticos que presentó en el Instituto Federal Electoral (IFE) y que en los próximos días se turnará a un magistrado para que comience su curso legal.