Etiqueta: Queja

No reconstruyó las casas el gobierno federal a tres años de un sismo en Petatlán, se quejan damnificados

Brenda Escobar

Zihuatanejo

A tres años del sismo de 7.2 grados en escala de Richter del 18 de abril de 2014, los damnificados de Petatlán lamentaron que el gobierno nunca cumplió la reconstrucción de sus viviendas.
Uno de los damnificados y comerciante de ropa y huaraches, Rafael Abarca Fernández manifestó que son más de 300 familias sólo de la cabecera municipal de Petatlán las que tuvieron afectaciones en sus casas, y que el gobierno federal mediante la entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, prometió que los apoyaría, pero “ni siquiera un grano de arena nos dieron”.
Aseguró que las familias afectadas por el temblor fueron censadas en dos ocasiones por brigadistas de la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero nunca cumplieron la reconstrucción de las viviendas.
El movimiento telúrico dejó afectaciones  principalmente en casas de las colonias Centro, Barrio de la Hoja, Emiliano Zapata, Benito Juárez y Vicente Guerrero; así como en comunidades rurales como Juluchuca, Alpuyeque, Chaveta, La Molonga, Coyuquilla Norte, La Barrita.
Este martes, se cumplieron tres años de que ocurrió el sismo, Abarca Fernández aseveró que las casas están ahí, muchas de ellas inhabitables y las familias tuvieron que irse por temor a que las paredes se les vengan encima.
Agregó que el gobierno federal sólo mintió a los afectados, “supimos que en ese entonces hicieron llegar ayuda para la reconstrucción de algunas de las casas pero no fue directamente a los damnificados sino se la dieron al Ayuntamiento, y quienes estaban de gobierno le dieron el apoyo a quienes quisieron, incluso a gente que ni siquiera fue afectada”.
La parroquia San Pedro Apóstol, santuario del Padre Jesús de Petatlán, resultó severamente dañada, principalmente el campanario, el cual fue completamente reparado a los pocos meses luego de la aportación de casi 2 millones de pesos del gobierno el estado, encabezado por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, mientras que más de 700 damnificados sólo se quedaron con una calcomanía pegada en la puerta de su casa como prueba de que fueron censadas, pero la ayuda nunca les llegó.

Niega Ssa que en el Semefo capitalino haya cuerpos con gusanos; repararán la cámara frigorífica

 

El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Carlos de la Peña Pintos, negó que haya cuerpos con gusanos en el Servicio Médico Forense (Semefo) en Chilpancingo y aseguró que esta semana se reparará la cámara frigorífica que trabajadores denunciaron que está descompuesta.
Además, afirmó que ya habló con los trabajadores que se manifestaron contra su cambio de adscripción y agregó que tienen esta quincena para presentarse a laborar en su nuevo centro de trabajo y si no lo hacen serán dados de baja, “no podemos pagarle a quien no se presenta”.
El viernes 31 de marzo, trabajadores del Semefo de Chilpancingo se quejaron porque laboran en malas condiciones, detallaron que cuando hacen la necropsia a los cuerpos algunos cadáveres desprenden malos olores y se agusanan porque una cámara frigorífica no funciona.
En declaraciones después del inicio de la primera Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue, Chikungunya y Zika, que se llevará a cabo del 3 al 7 de abril, De la Peña Pintos dijo que ya se le está dando mantenimiento a la cámara y que no había cuerpos con gusanos, “hice una investigación y son restos muy viejos que tienen como ocho años que ya se han macerado y no requieren refrigeración”.
El funcionario estatal dijo que ya habló con los trabajadores del hospital Donato G. Alarcón, que están inconformes por el cambio de adscripción y que lo acusaron de cubrir a los dirigentes sindicales, que fueron los que escogieron a los trabajadores para moverlos de lugar de trabajo.
Dijo que les recomendó que acudan a los centros de trabajo que les fueron asignados, “desde ahí, de manera institucional plantear sus inconformidades a través de las instancias gubernamentales”.
Aseguró que espera que acepten la recomendación, porque los centros de trabajo requieren ser ocupados y en caso de que no se presenten a los trabajadores inconformes se les aplicará sanciones.
Manifestó que los cambios de adscripción se hicieron de acuerdo con el área de Recursos Humanos y el sindicato, y que él no participó.
El secretario estatal insistió que ya pidió a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, para que investiguen el suministro de medicamentos sin registro sanitario a pacientes del Instituto Estatal de Cancerología Arturo Beltrán Ortega (Iecan).
El 29 de marzo, se transmitió un reportaje en del noticiero Primero Noticias de Televisa, en el que se denunció que un menor murió a consecuencia de que le aplicaron medicamentos sin registro en el Iecan, y que cuatro más y una mujer adulta estuvieron en riesgo de perder la vida.
De la Peña Pintos dijo que le corresponde a la Cofepris así como la Comisión de Arbitraje Médico analizar el expediente y tendrán que dar una opinión, un dictamen y llamar a las personas que sean necesarias.
Además, aseguró que el director del Iecan, Jorge Eblem Azar Silvera, ya entregó todos los documentos que requiere de acuerdo con la ley del Decreto de Formación del instituto, y el nombramiento del gobernador, “llena todos los requisitos”.

 

Presentan los policías estatales paristas 32 quejas ante la Codehum contra Almazán Cervantes

Luego de cumplir más de tres meses en plantón en el Palacio de Gobierno, los policías estatales que fueron dados de baja en julio, presentaron 32 quejas ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) en contra del secretario de Seguridad Pública, el general brigadier, Pedro Almazán Cervantes por violación a sus derechos humanos, abuso de poder y despido injustificado.
El 20 de julio 32 policías iniciaron un paro laboral en las instalaciones del Centro de Control, Comando y Cómputo (C4), y desde el 22 de ese mes instalaron un campamento afuera del Palacio de Gobierno en demanda de la destitución del secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, un bono de riesgo de 4 mil pesos autorizado por el Sistema Nacional de Seguridad, homologación de salarios, equipo y uniformes.
Asimismo, de acuerdo con un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el 4 de agosto, la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos informó que los 32 policías paristas fueron cesados.
Los policías estatales mantienen su plantón en la entrada del Palacio de
Gobierno, donde colocaron una lona negra para cubrirse del sol y la lluvia.
Un de los policías, quien se reservó su nombre, dijo que desde que inició la movilización para exigir su reinstalación han presentado 32 quejas ante la Coddehum en contra del general Pedro Almazán Cervantes por violación a sus derechos humanos, abuso de poder, despido injustificado y pago de salarios.
Dijo que en los más de tres meses de lucha no han tenido apoyo de la comisión ni del gobierno estatal para buscar la manera de reinstalarlos.
Agregó que también presentaron demandas laborales ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y que a la fecha no han tenido resolución para su problema laboral.
Señaló que al concluir su mandato Rogelio Ortega Martínez, “dejó en claro su postura, que no podía reinstalarnos porque no podía hacerlo”.
Dijo que han solicitado por medio de documentos una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores para saber su situación laboral, “estamos en espera de que nos dé respuesta para atender nuestras peticiones”.
Señaló que gente cercana a Almazán Cervantes, “nos comentaron que él nos va reventar bien o mal, porque no quiere que estemos ahí en el plantón, el argumento es que ya le tocamos su orgullo”.
Los agentes estatales pidieron al gobernador Héctor Astudillo que intervenga en su situación laboral para que sean reinstalados en la corporación porque tienen más de tres meses sin empleo y sin recibir un salario.

Presenta una queja un maestro de Ciencias de la Comunicación en contra del STAUAG por difamación

El maestro de la Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Elino Villanueva González, presentó una queja en la Defensoría de Derechos Humanos y Universitarios, en contra del secretario de la delegación sindical, Samuel Bautista Nava, y del coordinador académico de la licenciatura, Ángel Carrillo Chora, por difamación, hostigamiento laboral y acoso a los estudiantes.
Elino Villanueva imparte las materias Arte y cultura en el mundo contemporáneo y Habilidades para la comunicación de las ideas, en la escuela de Comunicación, y el lunes pasado recibió el premio al mérito ecológico, por el proyecto Granja Amojileca, que impulsó con el grupo cultural La iguana verde y se creó en la institución.
Elino Villanueva es uno de los ocho trabajadores de la UAG que aparecen en la denuncia, que presentó el representante y apoderado legal de la universidad, Pablo Valdez Guerrero, ante la Procuraduría General de la República (PGR), delegación Guerrero, por presunta falsificación y fraude, en mayo de este año, situación que según el académico “se resolverá en las instancias correspondientes”.
Derivado de la denuncia, el 4 de septiembre, la delegación sindical de la escuela de Comunicación se reunió y los maestros Samuel Bautista, Ángel Carrillo, Gonzalo Castañón Arcos, Leticia Tello Divicino, Jesús Chávez García, Luis Raúl Vélez Carbajal, Grabriela Arcos Mastache, Iván Gallardo Bernal y Faradis Cabrera Moreno, firmaron un acuerdo en el que solicitaron la destitución de Elino Villanueva, además de que se repartieron la carga laboral que le correspondía.
Además, de acuerdo con Elino Villanueva, los maestros que firmaron el acuerdo iniciaron una campaña en la escuela de Comuncación, para desprestigiarlo ante los estudiantes, difamándolo y señalándolo como un académico “patito”, entre otros insultos, y también le advieron a los jóvenes que se quedarían sin calificación, porque al docente lo meterían a la cárcel.
Por la tarde, se llevó a cabo una comparecencia ante la encarga del área de Defensoría de Derechos Humanos y Universitarios, Leticia González Peralta, a la cual asisitieron Elino Villanueva, Samuel Bautista y Ángel Carrillo, durante la cual el afectado señaló que es grave que un representante del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG) haya violado sus derechos.
En declaraciones posteriores a la comparecencia, Elino Villanueva indicó que su cédula es la número 9589585 y que estudió la licenciatura en Lengua y literatura en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, además de que la denuncia que lo señala no es un asunto que le competa a la delegación sindical de la escuela de Comunicación, por lo que pidió que el caso se lleve ante la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario, de manera que se le respete y cesen el hostigamiento hacia su persona.

Presentan estudiantes de Ayotzinapa una queja ante la Coddehum contra la SEG

Daniel Velázquez Olea

La Sociedad de Alumnos Ricardo Flores Magón de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa presentó una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) porque el secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero no cumplió la minuta que se firmó el 5 de octubre de 2005.
La molestia de los estudiantes es porque la SEG se comprometió a publicar el 6 de marzo la convocatoria para los aspirantes a ingresar a la normal y más de un mes no se ha dado a conocer.
Durante una visita a la redacción de El Sur Andrés Manuel Cisneros Nava y Érick Santiago Peña mostraron copias de la minuta que se firmó en octubre, en las que se demuestra que fue un acuerdo entre las autoridades de la SEG y Ayotzinapa.
El apartado seis de la minuta señala: “Solicitamos la publicación oportuna de la convocatoria de nuevo ingreso para el ciclo escolar (2006-2007) a mas tardar el día 6 de marzo de 2006”.
Las autoridades educativas dijeron sobre ese punto: “La SEG se compromete a publicar el 6 de marzo la convocatoria de nuevo ingreso. Se autorizan 140 matrículas de nuevo ingreso par la licenciatura en Educación Primaria para el ciclo escolar 2006-2007, respetando los criterios de la publicación de la convocatoria anterior”.
También asume el compromiso para iniciar foros y conferencias para el análisis y valoración de la situación actual de la normal con la finalidad de reorientar la oferta educativa, así como la enseñanza aprendizaje de las lenguas nahualt, mixteco, tlapaneco y amuzgo como parte del perfil de la formación del maestro rural”.
El documento fue firmado por el secretario de Educación José Luis González; el entonces subsecretario de Educación Media Superior, Rogelio Ortega Martínez; la coordinadora general de Asesores, Silvia Ojeda Jiménez; el director de la escuela, José Luis Hernández Rivera y los alumnos José Ángel Román Espinoza, Crisóforo García Castro, Armando Campos Ochoa, Víctor Hernández y Julio César García Cortes.
Pero según la queja presentada ante Derechos Humanos el pasado 24 de abril, los estudiantes se quejaron de que en una reunión reciente con el secretario de Educación, les dijo que sí había firmado la minuta pero que no cumpliría el acuerdo.
En el mismo documento los alumnos manifiestan que las autoridades de la SEG está “provocándolos” porque les ha dicho que si no están de acuerdo con las “evasivas” que se manifiesten en la calle.
“Ante esta situación intuimos que lo que trata la referida autoridad es de provocarnos y de esa manera poder fincarnos responsabilidades o delitos, siendo que ella es la responsable por no cumplir con lo que las leyes le mandatan ya que es una obligación del estado proporcionar educación gratuita”, dijo Cisneros Nava.

Se queja vecina de Costa Azul de mal olor a causa de la fosa séptica de una vecina

Rocío Luna C.

La vecina del fraccionamiento Costa Azul, María Magda Ruiz de Trujillo, denunció que desde enero Irma Rodríguez Martínez instaló respiraderos a una fosa séptica que van a dar a su predio, los cuales causan contaminación y mal olor.

En una llamada a El Sur, la inconforme señaló que a pesar de que ya se quejó ante la Dirección de Ecología “no ha solucionado el problema porque la propietaria de la vivienda trabaja en el Ayuntamiento”.

Magda Ruiz explicó que en la privada de Castillo Bretón varias casas no tienen drenaje sino fosas sépticas que se limpian periódicamente, pero la vecina Irma Rodríguez tiene “una cisterna donde se acumula materia fecal y como está rota colocó un tubo respiradero pegado a la barda de mi casa”.

Añadió que “el tubo llega justo donde tengo la mesa para comer, se percibe un olor horrible, incomodísimo, al abrir las ventanas llega el tufo”.

Aseguró que a finales de enero acudió a la CAPAMA para reportar el problema, a lo que le respondieron “que no estaba dentro de sus atribuciones el recibir mi queja, no aceptaron mi escrito y me dijeron que hiciera uno a la Dirección de Ecología”.

Dijo que presentó un escrito al director de Ecología municipal, Raúl López López, con copia para el regidor del Partido Verde Ecologista, Luis Edgardo Palacios Diez, y al director de Salud municipal, Mario Raúl Martínez Mondragón, donde solicita que se retiren los respiraderos y le brinden asesoría técnica a la propietaria.

Magda Ruiz aseguró que algunos vecinos ya son afectados por los gérmenes que emanan del respiradero, “a mí y a otras vecinas nos han salido erupciones en la piel, es muy peligroso para todos ese tubo”.

Apuntó que han ido inspectores de Salud y Ecología a la casa de Irma Rodríguez pero “como es propiedad privada no han tenido acceso”, e indicó que la orden de verificación sanitaria 02014 “reportó que si hay contaminación por la fosa séptica y detectó las erupciones en la piel de algunos vecinos”.

Agregó que Raúl López nunca atendió la queja “porque siempre me decían que estaba comisionado en la ciudad de México, pero el subdirector de Ecología (Reynaldo Ortiz Reza) me informó que no estaban facultados para retirar dichos respiraderos, y lo único que podrían hacer era dejar citatorio para que la propietaria asistiera a la Dirección de Ecología y de no hacerlo se le aplicaría una multa”.

Según Magda Ruiz eso es incongruente “porque en el artículo 34 del reglamento de ecología (y protección al medio ambiente) dice que compete a la dependencia las fosas sépticas que causan contaminación”.

El artículo 34 del reglamento dice textualmente: “para los casos de fosas sépticas que se encuentran generando problemas de contaminación por filtración o vertimiento de aguas residuales hacia terrenos colindantes y vía pública, los propietarios deberán limpiar y acondicionar la cámara sanitaria para aquellos lugares donde no haya drenaje”.

La inconforme señaló que la solución que le dio Ecología fue “una multa de 50 salarios mínimos contra Irma Rodríguez, pero con esto no se soluciona el problema, además la señora trabaja en el Ayuntamiento, creo que en Panteones y le van a perdonar la multa; lo que queremos es que se retire el respiradero”.

Pide César Flores que Convergencia respete el fallo del Trife a su queja

Magdalena Cisneros


El ex candidato del PRD a la diputación federal por el distrito 09, César Flores Maldonado criticó que el representante titular de Convergencia en la Coordinación Nacional de la coalición Por el Bien de Todos, Alejandro Chanona Burguete, haya “despreciado” al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) al afirmar que ya no hay marcha atrás respecto a esta candidatura.

En llamada telefónica a la redacción de El Sur desde la ciudad de México, Flores Maldonado dijo que le llamó la atención que Chanona desestimara la impugnación que presentó porque le retiraron la candidatura y se la otorgaron a Manuel Jorrín, de Convergencia.

Agregó: “Hay un desconocimiento o ignorancia de las leyes, le reclamo en una forma de correligionario, de la misma lucha política, que respete a la máxima autoridad la resolución que emita del juicio y que aceptemos resultado”.

Llamó a integrantes de los partidos que integran la Coalición para que “en aras de una institucionalidad que se requiere nos apeguemos a la ley, nadie puede desdeñar ninguna demanda”.

Reiteró que mientras el Trife no resuelva su queja “no hay ninguna candidatura segura” y ejemplificó lo que sucedió con el PRI donde el organismo electoral dictaminó que se hicieran cambios en varias fórmulas de candidatos.

Asimismo, dijo que el Trife ya recibió la demanda del juicio de protección de derechos políticos que presentó en el Instituto Federal Electoral (IFE) y que en los próximos días se turnará a un magistrado para que comience su curso legal.

Presentan una queja ante la Codehum los normalistas desalojados por los judiciales

Responsabilizan al titular de la SEG, Daniel Pano y al subsecretario Esteban Espinoza. Dan testimonio de la golpiza a dos alumnos y un maestro. Se ignora el paradero de dos alumnos detenidos

Zacarías Cervantes Chilpancingo

Maestros de la       Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) y estudiantes de la escuela normal Rafael Ramírez, presentaron ayer su queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) por el desalojo violento de agentes judiciales el martes pasado en las oficinas de las Subcoordinación de Servicios Educativos de la Región Centro.

En ambas quejas, maestros y estudiantes normalistas, denunciaron que la violencia se originó por parte de los agentes de la Policía Judicial del estado, “quienes entraron de manera violenta y arbitraria” a las oficinas administrativas de la SEG, lo que dejó un saldo de cuando menos 15 personas lesionadas y tres estudiantes detenidos.

En un mitin que improvisaron afuera de la Codehum, durante la presentación de su denuncia, el secretario general de la delegación D-III-16-02, Humberto García Zamudio, responsabilizó directamente al subsecretario de educación media superior y superior de la SEG, Esteban Espinoza Peza, quien, según denunció, fue el que llamó a la Policía Judicial del Estado argumentando que lo tenían secuestrado, “lo cual es falso, ya que efectivamente una comisión de estudiantes se encontraba en sus oficinas, pero estaban pidiendo que no se redujera la matrícula de las Normales públicas”.

García Zamudio rechazó que los estudiantes normalistas hayan comenzado la agresión, porque desde un día antes habían empezado las negociaciones con los funcionarios de la SEG, “y precisamente estaban negociando con Esteban Espinoza cuando se inició la agresión por parte de la Policía Judicial, concluyó”, recordó.

Mientras tanto, en su denuncia ante la Coddehum, los maestros señalaron que debido a la acción de los policías, son tres los trabajadores de las oficinas centrales que se encuentran heridos de gravedad y que están hospitalizados en la clínica del ISSSTE; Raúl Hernández Damián, Horacio Trigo y Edmundo Hernández Alcántara. Además, como resultado del operativo policiaco, están consignados en el Cereso los dos alumnos normalistas, Eric Acevedo Lorenzo y Josué López Valadés.

La denuncia fue presentada por los profesores Bulmaro Muñiz Olmedo, José Angel Díaz de León Hernández, en representación de Edmundo Hernández Alcántara, Raúl Hernández Damián, y Horacio Trigo, trabajadores de la SEG, así como en representación de los estudiantes Erick Acevedo Lorenzo y Josué López Valadés, de la Escuela Normal Federal Rafael Ramírez.

Se deslinda de los hechos el subsecretario Espinoza

En el documento narraron los acontecimientos que se suscitaron en las instalaciones que se conoce como ex INEBAN y denuncian que a raíz de la golpiza que recibieron de los agentes Edmundo Hernández se encuentra hospitalizado en el ISSSTE con tres costillas rotas. Raúl Hernández, tiene golpes en el cráneo que le provocaron una hemorragia en el oído izquierdo y golpes en diferentes partes del cuerpo, mientras que de Horacio Trigo denuncian que presenta una herida interna en la boca y que los médicos le hicieron una saturación de doce puntadas, en tanto que Bulmaro Muñiz recibió golpes en diferentes partes del cuerpo. Indicaron también que fueron testigos de la detención arbitraria de los estudiantes Erick Acevedo Lorenzo y Josué López Valdez, “a quienes se los llevaron con lujo de violencia y que hasta ahora se ignora su paradero”.

De los hechos responsabilizaron, además de Espinoza Peza, al secretario de educación, Daniel Pano Cruz. Dicen que él autorizó la agresión a los trabajadores y maestros en las oficinas de la SEG y señalaron como testigos a los estudiantes Roberto Vázquez Sosa, Miriam Sánchez Huerta y al profesor José Luis Aponte Astudillo.

En los mismos términos presentaron su denuncia ante la Coddehum los dirigentes de la Coordinación para la Reivindicación de los Principios de la CETEG, encabezados por Nicolás Chávez Adame. Los integrantes de esta expresión también responsabilizaron al secretario de Educación, Daniel Pano.

Mientras tanto, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEG Esteban Espinoza Peza se deslindó de los hechos, pues señaló que su área atiende los casos académicos y no legales.

El funcionario explicó que de acuerdo a la información proporcionada por las instancias legales, la detención de los estudiantes normalistas se derivó “de una ampliación” de lo que corresponde a la demanda interpuesta en contra de los normalistas. “Se comenta que el pasado 20 de mayo hubo una actuación similar a éste y ahora fue una ampliación, según las instancias legales”, dijo. Explicó que la situación legal del problema, corresponde a la dirección de Asuntos Jurídicos, “la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior atiende la situación educativa, plenamente dedicado a ellas; lo otro es un área que está fuera de su competencia”, insistió.

Aseguró que en el momento de la intervención policiaca, él se encontraba en otro lugar atendiendo una mesa de trabajo con maestros de la UPN de Tlapa, “hasta ahí me llegó la información de lo que estaba aconteciendo en el ex Ineban, estas situaciones no corresponde a un área como es la mía, que únicamente observa la situación educativa”.

Con respecto a la demanda de los normalistas en el sentido de que no se reduzca la matrícula escolar, dijo que las autoridades educativas siguen ofreciendo su propuesta en el sentido de que se tenga el mismo número de estudiantes “únicamente diversificando la oferta educativa, que son 40 matrículas para educación Primaria y 20 para la licenciatura en educación Secundaria”.

Presentan Sabino Palma y su esposa una queja ante la Codehum en Chilpancingo

Denuncian detención arbitraria, lesiones e incomunicación en contra del gobernador René Juárez, el titular de Seguridad, Arturo Lima y otros funcionarios

 

Zacarías Cervantes

 

Chilpancigo

 

El señor César Sabino Palma Salinas y su esposa, Alma América Peláes Galeana, presentaron este viernes una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos en contra del gobernador, Rene Juárez, el procurador de Justicia, Jesús Ramírez y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima Gómez por su detención arbitraria, lesiones e incomunicación que sufrieron el 19 de abril pasado.

La denuncia de la pareja la recibió la directora de Orientación Asesoría y Quejas del organismo, Adelaida Memije Martínez.

En su denuncia, Palma Salinas responsabilizó al gobernador Rene Juárez en su carácter de representante del Gobierno estatal, de pretender despojarlo de su terreno ubicado en Loma del Veladero en Punta Diamante.

Dijo que el inmueble tiene un costo valuado en 700 millones de pesos “y para el gobernador es más fácil desaparecerme que pagarme ese dinero”.

Al procurador de Justicia del estado, Ramírez Guerrero lo acusó de ser el responsable de ordenar a los agentes de la Policía Judicial del estado y a policías de Seguridad Pública vestidos de civil de detenerlos el 19 de abril pasado a él, a su esposa y a su hermano Pedro Palma, y dejarlos incomunicados más de 24 horas.

Recordó que ese día esperaban el paso del presidente Vicente Fox, quien se encontraba de visita en Acapulco y del que sabían que visitaría el Hotel Quinta Real para asistir a una comida.

Lo esperaban para entregarle un documento en el que le piden su intervención en el caso de su terreno que pretende quitarles el Gobierno estatal, mediante un decreto expropiatorio, cuando unos 50 policías judiciales y de seguridad pública, vestidos de civil se los llevaron detenidos con violencia.

Sabino Palma informó que con su detención las autoridades estatales pretendieron evitar que se entrevistara con el presidente para plantearle el conflicto que tiene con el Gobierno estatal por su terreno.

Informó que después de su detención se los llevaron a la comandancia de la Policía Judicial ubicada en Villamar y que en el trayecto lo fueron pateando y golpeando, situación que continuó en la comandancia en donde fueron mantenidos incomunicados hasta el día siguiente que fueron localizados por sus familiares.

Palma Salinas denunció que en la organización de las acciones para su detención también participó el secretario de Seguridad Pública, Arturo Lima Gómez contra quien también presentó la queja, que fue ratificada por su esposa, Alma América Peláez.

La pareja entregó a la Codehum, un video que fue tomado por un aficionado al momento de su detención con el que, según dijo Sabino Palma, se comprueba que los policías que lo detuvieron actuaron con violencia.

La pareja denunció que teme que estos hechos de represión en su contra continúen por parte de las autoridades estatales, por lo que demandaron la intervención del organismo al que piden que se haga un exhorto al gobernador Rene Juárez para que sus actuaciones se ajusten a derecho.

Por su parte, Memije Martínez señaló que la Codehum investigará los hechos para deslindar las responsabilidades de los mismos y que en su momento emitirá la recomendación correspondiente.

Condóminos de la Torre Médica Papagayo llevan su queja ante el alcalde López Rosas

 * Caso de la obra que invade áreas comunes

 El alcalde Alberto López Rosas recibió ayer a condóminos de la Torre Médica Papagayo, quienes le manifestaron su inconformidad sobre la construcción de otra torre médica a un costado del edificio, la cual ocupa áreas comunes para el avance de su obra, sin su autorización.

El pasado 4 de marzo, los condóminos del edificio denunciaron –en conferencia de prensa– que el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jorge Juárez Soto, protege al empresario Otilio Alcaraz Rodríguez, al permitir que continúen diversas irregularidades en la obra. Allí solicitaron los planos del edificio.

En la conferencia los acompañó el presidente del Comisión de Desarrollo Urbano, el regidor José Luis Morales.

En su momento, Juárez Soto declaró que él construyó el edificio hace más de cuatro años y el estacionamiento, de acuerdo con el Plan Director de Desarrollo Urbano y al Reglamento de Construcciones, y “no había anomalías”.

De acuerdo con un boletín de prensa del Ayuntamiento, los representantes de los condóminos, Javit Kuri Guinto, José Ramón Comás y Antonio Elías, denunciaron que el constructor utiliza los cajones de estacionamiento como bodegas, y que se hacen modificaciones no permitidas ni por los condóminos ni presuntamente por los permisos de construcción.

López Rosas dio instrucciones al director y subdirector de Obras Públicas, Orlando Soberanis Vargas y Domitilo Soto, respectivamente, para que realicen una inspección sobre la construcción.

Señaló que la licencia de construcción no se autorizó en su administración, pero corresponde al gobierno municipal supervisar si cumplen con todos los lineamientos.

El alcalde agregó que los ocupantes de la Torre Médica Papagayo están regidos por la Ley de Condóminos, y en ese sentido éstos deben efectuar una asamblea para analizar todas las inconformidades y de esa manera se demande por la vía civil, pues no corresponde al Ayuntamiento clausurar la obra si no hay irregularidades, pero para eso se investigará cómo se lleva a cabo.

En la audiencia estuvo presente el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.