Hay expertos en asuntos religiosos que consideran que el voto católico en México no define una elección, por la dispersión de sus afinidades políticas y actitudes superficiales o coyunturales, además de que la predominante Iglesia Católica –8 de cada 10 mexicanos, según el Inegi, son católicos– no opera de manera corporativa induciendo el voto. Hay experiencias en México, sin embargo, que en momentos determinados, por razones claras y de fondo, apuntan en otro sentido.
La de mayor rispidez y enfrentamiento que se ha tenido en la interminable transición democrática mexicana sucedió en Chihuahua en 1985, cuando el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, ejecutó lo que llamó “fraude patriótico” para arrebatar la gubernatura ganada en las urnas al panista Francisco Barrio, que provocó una rebelión en la Iglesia Católica que produjo homilías denunciándolo y un conflicto diplomático con El Vaticano, que tuvo que intervenir para aplacar la insurgencia religiosa y que las iglesias no fueran cerradas indefinidamente, como se había hecho para apagar el foco de conflicto e imponer al priista Fernando Baeza como gobernador.
Chihuahua fue la primera vez donde claramente los católicos se volcaron por el PAN, aunque en elecciones posteriores fueron alternando sus votaciones con el PRI. Las posturas liberales y a favor de la despenalización del aborto no generaron gran entusiasmo por el PRD, pese a sus políticas sociales, aunque la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la dirigencia del partido fue cambiando las cosas. Como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, López Obrador trabajó a favor del cardenal Norberto Rivera para sepultar en el Congreso local una ley para despenalizar el aborto, que había sido iniciativa de ese partido y que solo pudo ser aprobada hasta que Marcelo Ebrard entró al relevo.
López Obrador ha sido el primer presidente que antepone en ocasiones sus creencias a políticas públicas, que invoca constantemente a Dios, y con un discurso profundamente religioso ve el mundo en el choque entre buenos y malos, fieles e infieles, o lleva su narrativa a la lucha de clases entre ricos y pobres, los privilegiados y los marginados. Su comportamiento no es evangelizador, como a veces quisiera proyectarse, ni de pastor. Se asemeja más a los ayatolas iraníes, donde la teología fundamentalista guía la política.
Su actitud llevó a que al surgir Morena en 2015, hubiera un mensaje político ambivalente y vago en temas como el aborto y los derechos de homosexuales, observó Alejandro Díaz Domínguez, politólogo y profesor del Tecnológico de Monterrey, en un análisis publicado por el CIDE en 2020. Esa estrategia, deliberada o inconscientemente, agregó, parece haber tenido éxito atrayendo a numerosos votantes religiosos a favor de López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018. Tomando como base una encuesta postelectoral de la Confederación de Escuelas Particulares, Díaz Domínguez encontró que el apoyo de los católicos que asistieron ese año a misa subió en 52 puntos.
El análisis no se mete –porque no era el tema que exploraba– al porqué se dio ese apoyo tan significativo entre quienes iban a misa regularmente, aunque podría argumentarse que tenía relación con el tipo de homilías o mensajes que estaban escuchando y que se alineaban con “las continuas referencias religiosas de López Obrador”, como apuntó Díaz Domínguez, que “enfatizan su interpretación del amor cristiano, que equipara a la justicia”. El discurso del presidente no ha cambiado, pero se ha agotado y entrado en tensiones y contradicciones.
Varios jerarcas de la Iglesia Católica han dicho en tono de queja cómo López Obrador no quiso reunirse con ellos, hasta recientemente, y cómo privilegiaba el apoyo a un sector de evangélicos por sobre los católicos. Otro mensaje que vieron negativo fue cuando nombró a su cercano César Yáñez al frente de la relación con las iglesias en la Secretaría de Gobernación, que en su primer encuentro con ellas reunió a todas a la vez y ante la extrañeza de los católicos por ello, les dijo que porqué tendría que reunirse con ellos aparte “si son nuestros enemigos”.
López Obrador así los ha tratado. Su conflicto con los jesuitas por la violencia en Chihuahua y el Caso Ayotzinapa es la mejor prueba de ello, donde la falta de resultados, e incluso de interés, tuvieron consecuencias. Desde el primer tercio de su sexenio, una comisión de obispos viaja regularmente a El Vaticano a informar sobre el estado de la inseguridad en México, que ha sido la motivación de algunos mensajes del papa Francisco. La entrega de las comunidades más vulnerables al crimen organizado por el abandono de una política de seguridad, ha modificado el apoyo que en algún momento tuvo López Obrador de los padres y jerarcas católicos.
Sus inclinaciones fuertemente populistas provocaron que desde hace varios meses se formara un grupo de trabajo en una de las principales diócesis del país, desde donde sale semanalmente un documento a los 92 mil padres con las líneas generales que incluyan en sus homilías, pero no como una instrucción local, sino como una política marcada desde El Vaticano. Los intentos de López Obrador por invitar a Francisco a México se han topado con un muro.
En las últimas semanas la Iglesia católica se volvió más vocal, y se expresó en las lecturas en misa enfocadas al proceso electoral en curso, que escaló este fin de semana con un comunicado donde la Conferencia del Episcopado Mexicano señaló su deseo de que las elecciones tengan una nutrida participación ciudadana para evitar “cualquier retroceso democrático”.
En un contexto donde la política de López Obrador ha llevado a la pérdida de la salud democrática nacional por sus tendencias autoritarias, las palabras de la jerarquía eclesiástica pueden interpretarse como un posicionamiento contra los objetivos políticos del presidente. Por ese mismo entorno, la frase donde afirma que “la democracia electoral mezclada con la delincuencia es un binomio totalmente inaceptable”, también permite ver que la Iglesia católica no está en paz con López Obrador, ni con su legado prometido. Ahora, que este rechazo se traduzca en votos, está por verse.

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No se puede decir que el arranque de campaña de la oficialista Claudia Sheinbaum el viernes en el Zócalo de la Ciudad de México resultara sin mácula. Todo lo contrario. Forcejeó en el templete ante la vista de miles con la candidata sucesora en la capital, Clara Brugada, por la forma invasiva y atrabancada para pedirle que se dieran un beso, las amenazas del sindicalista preferido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pedro Haces, en contra del secretario del Partido Verde, Jesús Sesma, y un lapsus, quizás por los nervios, donde por poco concluye la proclama de “sigue la corrupción”, en lugar de la transformación.
Tampoco se puede decir que el atropellado inicio será la marca de su campaña. Lo que sí se puede decir es que su campaña no le pertenece. La estrategia electoral le pertenece a López Obrador, que está diseñando la organización de sus giras durante los tres meses de veda para promover a Sheinbaum y que voten por ella, y que sea él quien prenda la maquinaria electoral de Morena mientras la candidata no se aparte del guión que le escribió.
Para ello –y para protegerlo– envió a Cesar Yáñez a su campaña. Yáñez fue marginado durante todo el sexenio por López Obrador por la forma como presumió su boda en la revista ¡Hola!, pero no lo dejó a la deriva. Lo tuvo en la nómina de la Presidencia y luego le permitió apoyar a Adán Augusto López en la Secretaría de Gobernación, cuando pretendió quitarle la candidatura a Sheinbaum. El presidente lo volvió a recuperar y lo envió a la campaña de la oficialista para que fuera el enlace y operador entre los equipos para coordinar el plan de López Obrador para arrastrar a su sucesora.
López Obrador quiere que en las giras que hará durante la campaña presidencial tengan un contenido simbólico, que servirá de parapeto. El presidente irá abriéndole brecha a Sheinbaum y hablará con los gobernadores de Morena para exigirles la movilización de los electores, sin permitirles bajar la guardia o brazos caídos.
Yáñez estará trabajando en coordinación con Alejandro Esquer, secretario particular de López Obrador, y tendrá que alinear la agenda y giras de Sheinbaum con las del presidente, así como también los mensajes, de tal forma que lo que diga él lo repita ella. Los matices que llegó a plantear de continuidad con cambio no le gustaron a López Obrador, y desaparecerán de su discurso, como perfiló al anunciar sus 100 propuestas, una calca de sus dichos, programas, sueños, promesas, filias y fobias. El problema no será el contenido, pues los discursos son casi idénticos. De lo que se trata es de empatar el momento en que los digan.
López Obrador será el rompehielos que irá al frente de la campaña para que ella pueda navegar en aguas tranquilas, sin tener que negociar con las fuerzas políticas en los estados morenos a donde vaya, porque esa tarea la hará él. Con esto existirá en los hechos una dirección estratégica vertical desde Palacio Nacional, con operadores del presidente en el equipo de Sheinbaum para que no se crucen en el camino y afecten su diseño electoral.
López Obrador desprecia y no tiene confianza en varios de los colaboradores de la candidata. Por ejemplo, el presidente cree que fue la actitud del equipo de Sheinbaum lo que provocó que Brugada y su equipo no tengan buena comunicación con ella, y no que la candidata fuera quien instruyó congelarla. López Obrador no quiere ver o no tiene la información correcta sobre lo que está sucediendo entre ellas, cuyas fricciones deberían ser la alerta más seria en el arranque de las campañas.
Sheinbaum no olvida que Brugada fue usada por los puros del lopezobradorismo para impedir que Omar García Harfuch fuera su sucesor en la Ciudad de México. En la visión de los cercanos de Sheinbaum, los responsables de esa insurrección contra la candidata fueron el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, y el jefe de Gobierno interino en la capital, Martí Batres, que se están expresando en la mala relación que existe entre las dos candidatas.
El episodio del viernes en el Zócalo, cuando Brugada trató a abrazarla y decirle que le diera un beso –como se escucha en algunos videos que circulan en las redes sociales–, que causó la reacción brusca y distante de Sheinbaum que impidió el abrazo y mucho menos el contacto, puede ser interpretada como un síntoma público de lo que está pasando intramuros. Esta fractura no es menor, porque ha estado acompañada de la creciente percepción que el candidato de la oposición, Santiago Taboada, se está acercando en preferencias electorales a Brugada con una tendencia al cruce y a un escenario donde pueda derrotarla.
Pese a que la campaña será una calca programática del presidente, hay mensajes cruzados tras bambalinas. En el equipo de Sheinbaum comentan que hay algunos temas de los cuales quisiera separarse la candidata pues resultan tóxicos para ella, como el caso de la etiqueta de #NarcoPresidente, que ha tenido el acompañamiento negativo para ella de otro hashtag, #NarcoCandidata.
Hay información de que esto no fue una decisión que surgiera de manera natural, sino como respuesta al desdén con el que la trataron cuando se acercó por ayuda a Palacio Nacional para el control de daños por incorporarla en las etiquetas ominosas, y los colaboradores más cercanos de López Obrador le dijeron que buscara que Morena la defendiera, pues no disponían de tiempo para ella.
Lo que sucedió en el mitin del viernes y la estrategia impuesta por López Obrador en la campaña de la candidata, revela desavenencias y falta de cohesión, que quizás el presidente minimiza y todavía no prenden las alertas en el cuarto de guerra de Sheinbaum, pero son síntomas de una descomposición interna que no se había visto hasta ahora, cuando la candidata tiene que mostrarse cómo es, no un mero apéndice de su mentor, donde el costo de no resolverlas rápidamente, puede generarle, cuando menos, un susto el día de las elecciones.

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Finalmente hoy arrancarán las campañas presidenciales y toda una cascada de contiendas en más de 20 mil puestos de elección popular que estarán en juego. Son las más grandes en la historia mexicana, pero también pueden ser vistas como las más críticas que hemos vivido, al ponerse en juego un modelo de nación que nos definirá en los años por venir.
La candidata oficialista a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, repite la frase de su jefe político, Andrés Manuel López Obrador, de que es la cuarta transformación; Xóchitl Gálvez, la candidata de la oposición, es la voz de los muchos que piensan que es una lucha por la democracia contra la dictadura. En ambos casos se exagera. Ni hay una transformación como lo fueron la Independencia o la Revolución, ni se resolverá en las urnas el dilema entre democracia y dictadura.
Lo que puede proponerse como la disyuntiva de fondo, es cómo quieren los mexicanos que los gobiernen: el poder concentrado en una persona, o pesos y contrapesos que eviten abusos y excesos, con mecanismos de rendición de cuentas. Trasladado a categorías políticas, el primer caso entra en el casillero de los autócratas, que ejercen el poder de manera suprema, para lo cual van destruyendo, colonizando o neutralizando las instituciones democráticas (se les llama demócratas iliberales), y el segundo en los demócratas (liberales), que apuntalan un estado de Derecho y libertades.
La democracia es un sistema que sangra fuertemente por una herida causada por la insatisfacción de la gente con los resultados prometidos hace poco más de 30 años, de una sociedad más justa, con menos pobres y mayor bienestar, que no se concretaron. Un informe de la Fundación Banco Santander sobre “la Crisis de las Democracias Liberales”, encontró que en 2022, un total de 42 países, que representaban al 43 por ciento de la población mundial, tenían regímenes autócratas, y el 28 por ciento de la población vivía en autocracias cerradas –cerca del umbral de la dictadura–, contra 13 por ciento de la población que aún vivía bajo democracias liberales.
El choque de modelo de gobierno y de organización de la sociedad, no es un desafío que solo enfrente México en 2024. Este año habrá 76 elecciones que movilizarán al 51 por ciento de la población mundial –poco más de cuatro mil millones de personas–, en donde las más importantes, Estados Unidos, India, Rusia, Turquía y Venezuela, definirán qué tipo de gobernante quieren. En dos de las tres elecciones ya celebradas este año, donde el dilema está planteado, ganaron los autócratas, Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, reelecto abrumadoramente porque los votantes prefirieron que violara derechos humanos a cambio de que puedan caminar sin miedo en las calles, y Prabowo Subianto, con un pasado de violador de derechos humanos, que se impuso en Indonesia.
Donald Trump, Narendra Modi, Vladimir Putin, Recep Erdo?an y Nicolás Maduro tienen altas probabilidades de gobernar sus países el próximo año, como en México Sheinbaum, si las encuestas están midiendo bien el apoyo a la candidata oficialista y no es una respuesta espejo de la popularidad de López Obrador, y Gálvez fracasa en su campaña para revertir la desventaja. Sheinbaum, como el presidente, sostienen que México se encuentra en su mejor momento de la democracia, aunque las acciones de López Obrador y el compromiso de la candidata por seguir a pie juntillas lo que le marque, preconfiguran más una democracia iliberal que una liberal.
La pregunta de qué es lo que preferirán los mexicanos será respondida en las urnas el 2 de junio. Sin embargo, hay algunas señales sobre lo que podríamos esperar. Un estudio que publicó esta semana el Pew Research Center de Washington sobre la salud de la democracia en 24 países, revela que en muchos de ellos se ha deteriorado en los últimos seis años. En promedio, el 59 por ciento de las personas que fueron encuestadas para este informe se dijeron insatisfechas por la forma como su democracia está funcionando, el 42 por ciento señalaron que ningún partido político en su país representa sus puntos de vista, y el 74 por ciento piensa que a los funcionarios electos en las urnas no les interesa lo que piensa la gente de ellos.
Para quienes creen en la democracia, los resultados del estudio se ponen peor. México, entre toda esa veintena de naciones, es donde se ha deteriorado con mayor velocidad, y figura junto a otros seis países –Alemania, Argentina, Brasil, Corea del Sur, India, Kenia y Polonia-– donde el respaldo a un líder de mano dura se incrementó. Sin embargo, la mayor degradación de la democracia como sistema de organización social y política fue aquí, en México, donde el aval a un líder democrático cayó de 67 a 48 por ciento entre 2017 y 2023, y el respaldo a la mano dura subió de 27 a 48 por ciento.
México también encabezó la lista de las 24 naciones entre quienes piensan que un líder no electo es mejor que uno que es electo, cuya pérdida de confianza pasó de 41 por ciento en 2017 a 25 por ciento en 2023, mientras que la creencia de que a los funcionarios que llegaron mediante el voto popular no les interesa la gente, está arraigada en 8 de cada 10 mexicanos. Si López Obrador es el arquetipo de un autócrata –con Sheinbaum como copia al carbón–, la sociedad mexicana está mostrando que eso es lo que quiere.
Su antídoto estaría en las urnas. Como escribió Milan Svolik, politólogo de Yale, en un ensayo en 2019, “los votantes en las democracias tienen a su disposición un instrumento esencial de la autodefensa de la democracia: las elecciones. Ellos pueden parar a los políticos con ambiciones autoritarias simplemente votando contra ellos”. Pero, ¿qué puede fallar?
“En electorados altamente polarizados, aún los votantes que valoran la democracia estarían dispuestos a sacrificar una competencia democrática justa y elegir a quienes defiendan sus intereses”, respondió. “Cuando castigar las tendencias autoritarias de un líder requiere votar por una plataforma, un partido o una persona que sus seguidores detestan, muchos considerarán que es un precio demasiado alto a pagar”.
¿Nos encontramos en ese punto? Hoy, todo apunta a que sí.

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La demanda de Pío López Obrador, hermano del presidente contra Carlos Loret, porque, alega, le provocó un daño moral y por lo cual exige una reparación de 200 millones de pesos, no va a llegar a ningún lado. Para que triunfara, tendría que convencer al juez de que la difusión de dos videos donde está recibiendo dinero en efectivo para campañas políticas de su hermano Andrés Manuel, le afectó la vida y que el periodista actuó con dolo. Pío se declaró muy contento al terminar la audiencia, tras la cual le dijo a la prensa que probó su inocencia. No dijo nada más, ni tampoco le preguntaron de qué diablos estaba hablando.
Las diligencias se dieron por la demanda que interpuso en 2022 por la difusión de los vi-deos dos años antes. Ni era el juicio, ni era el lugar para que respondiera sobre el destino del dinero que le dieron. Tampoco era el acusado, sino el acusador. Loret dijo que Pío admitió que sí era quien aparecía en los videos y que sí recibió el dinero que publicó, lo que tiene solo relevancia para el periodista, que con ello demuestra que lo difundido era cierto. Sin embargo, esa declaración tiene una gran trascendencia y enormes alas para volar, en perjuicio del hermano del presidente.
Si este país fuera de leyes, Loret y Latinus, el medio para el cual trabaja, tendrían que estar tranquilos, porque el fallo casi en automático tendría que salir a su favor. El daño moral no aplica. Por ejemplo, la denuncia del PAN y el PRI ante la Fiscalía de Delitos Electorales, no procedió porque no se pudo documentar que el millón y medio que recibió Pío en un restaurante y en su casa, fueran para financiar campañas de López Obrador.
Tampoco le afectó su negocio forestal, como declaró a Joaquín López Dóriga en una entrevista en octubre de 2022. Más aún, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, asignó 89 millones de pesos para renovar el estadio del equipo de beisbol Las Guacamayas de Palenque, del cual Pío fue fundador y es directivo. A su hermano el presidente, todo le hizo lo que el viento a Juárez.
Sin embargo, si este país fuera de leyes, Pío debería de ir a la cárcel junto con David León, quien le entregó el millón y medio de pesos en dos bolsas de papel estraza. León, que fue el director de Protección Civil al inicio del gobierno de López Obrador, en 2015, el año en el que se realizaron los videos, era un operador político del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien por razones de seguridad y para documentar que entregaba el dinero que le daban del erario con fines políticos –aunque fuera algo irregular e ilegal–, grababa de manera subrepticia las entregas de recursos, que es parte de la queja original de Pío, por haber dado a conocer “indebidamente” imágenes e información obtenidas mediante una intervención privada.
En los videos León no le puso una pistola en la cabeza a Pío para que recibiera el dinero, ni tampoco se apreciaba tensión en sus encuentros, sino todo lo contrario. Incluso, Pío le decía que su hermano estaba al tanto del dinero que le enviaba Velasco. No está claro porqué también lo incorporó en la demanda contra Loret y Latinus, salvo que lo hiciera responsable de la fuga de los videos –de la caja fuerte de una de sus oficinas– y su entrega a la prensa para hacerle daño a él y a su hermano. Sin embargo, como se explicó líneas arriba, no hubo daño moral.
Lo que sí se dio –de ahí lo importante de lo que mencionó Loret del testimonio de Pío–, es su reconocimiento que recibió dinero en efectivo de procedencia desconocida, que pudiera entrar en la comisión de delito contemplada en el Artículo 400 Bis del Código Penal, que tiene penas de 5 a 15 años de prisión y multas equivalentes a mil a cinco mil días de salario mínimo. El presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no se persiguió porque nunca se hizo la denuncia correspondiente en la Fiscalía General, ni esta abrió una carpeta de investigación de oficio, que se circunscribió al campo electoral. Sin embargo, la prescripción del delito es de 10 años, por lo que todavía hay tiempo para proceder judicialmente.
Es ingenuo pensar que el fiscal Alejandro Gertz Manero actuará conforme a derecho, y desde que se dieron a conocer los videos, se ha buscado encubrir cualquier delito en el que pudiera haber incurrido Pío. Eso es lo que sucedió con una investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, aún bajo la dirección de Santiago Nieto, que encontró que no tenía ninguna actividad profesional ni estaba registrado en el SAT, lo que no le impedía administrar el equipo de beisbol y sostener económicamente a su hijo, que estudiaba en Canadá.
La UIF también descubrió que su esposa tenía ingresos derivados de actividades agropecuarias y forestales, pero no los declaró durante tres años, lo que generó inconsistencias en el SAT, que tampoco aclaró. Esa investigación no encontró transferencias a Pío, que todo el tiempo se manejaba con dinero en efectivo de procedencia sospechosa. Pese a las redes de vínculos y la información existente sobre sus movimientos financieros, Nieto cerró la investigación y lo exoneró.
La demanda de Pío, sin embargo, abre varias puertas al infierno hacia delante. El presidente López Obrador, que dijo ayer que la demanda era una pérdida de tiempo porque Loret, al que volvió a difamar, estaba protegido por los jueces, a quienes volvió a insultar, podría ser llamado a declarar, como en algún momento consideró Pío, para que diga qué destino tuvo el dinero que recibió, lo que también podría servir para denunciarlo en otro tribunal por el presunto delito de uso de recursos de procedencia ilícita. Pero esto tampoco sucederá, porque en este país la ley es laxa y se aplica de manera discrecional.

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Quien conoce a Eduardo Fernández* sabe de su inteligencia y mente perversa. También de su soberbia y explosividad. Pero fueron pocos quienes no se sorprendieron por la forma como buscó obtener 250 millones de pesos de Televisa, a cambio de su silencio para no divulgar públicamente lo que llamó sus “prácticas corruptas” empresariales, que dejó por escrito en una carta de seis hojas, más propia de un secuestrador que de un abogado entrenado en finanzas.
Esa carta enviada a los ejecutivos de Televisa el 14 de marzo de 2023, base de la denuncia por extorsión que interpuso la empresa dos semanas después en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tiene un “anexo” con dos puntos, la “contraprestación” exigida y la “logística en caso de arreglo”. No tiene desperdicio.
La “contraprestación” de 250 millones de pesos, indicó, debería ser entregada en billetes “de la más alta denominación posible o el equivalente en USD en billetes de 100, o una combinación”. Una vez que juntaran el dinero en efectivo, “personal de ustedes me traerá los paquetes en un vehículo de carga apropiado, sin logos, de no más de 2.20 metros de altura total, 2.10 metros de ancho total y máximo 7.6 metros de largo.
“Dicho personal estacionará el vehículo en la cochera del edificio cuya dirección se especifica enseguida y entregará el o los juegos de llaves en la pequeña recepción de la misma planta baja”. La dirección que proporcionó en Ejército Nacional, era la de su oficina, y probablemente las dimensiones del vehículo tienen que ver con el elevador de automóviles de tiene el edificio donde se ubica.
Las instrucciones eran precisas. El dinero tendría que ser entregado el miércoles 29 de marzo de 2023 a las 7 de la mañana, y el vehículo sería devuelto el 31 de marzo a las cinco de la tarde en Goethe, una calle aledaña a su oficina. Las llaves las recogerían en la planta baja del edificio donde está su oficina. Su mentalidad al momento de escribir el anexo parecía más la de un criminal que la de un financiero, aunque no se entiende que alguien conocedor pidiera dinero en efectivo, conociendo las dificultades para bancarizarlo.
Fernández es una persona que conoce perfectamente las regulaciones bancarias y financieras, aunque también sus lagunas legales. Durante seis años fue el terror de los empresarios, como presidente de la Comisión Bancaria y de Valores (CNBV) en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, donde tuvo más poder de lo que hoy en día podrían sumar el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Protegido por el entonces secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, Fernández era el arma financiera del gobierno. Su herramienta, a diferencia de lo que hacen hoy el SAT y la UIF, no era la elaboración de listas negras para perseguir judicialmente a sus objetivos, sino la opinión previa de delito, que era el requisito indispensable para que la Secretaría de Hacienda pudiera querellarse por delitos bancarios, bursátiles y financieros. El poder de Fernández radicaba en que era él quien perdonaba libertades, quemaba en leña verde a empresarios y banqueros, o los llevaba a la cárcel.
Fernández tenía dos brazos ejecutores, Pedro Zamora, vicepresidente jurídico, y Octavio Sosa León, director de Delitos y Sanciones, que nombró por fuera de la ley. La Vicepresidencia Jurídica fue creada ex profeso por él, y cuando la Suprema Corte de Justicia revisó el procedimiento, determinó que era inconstitucional y que al no haber sido establecida por decreto presidencial, todo lo actuado por ella era nulo. Peor aún, Sosa León, que firmaba las opiniones de delito, no se había recibido de abogado en ese momento ni tenía cédula profesional. “Es decir –como opinó un abogado que los padeció–, el feudo que creó Eduardo Fernández estaba basado en una presidencia ilegal y un usurpador de profesión”.
Empresarios y abogados que padecieron sus años en la CNBV recuerdan que eran convocados a reuniones secretas en la sede de la Comisión en Plaza Inn por las noches, en un piso vacío donde había una gran sala de juntas con el logotipo de la dependencia, donde discutían la posibilidad de emitir opiniones de no delito a cambio de dinero. Nunca hubo denuncias por miedo, y cuando algún empresario no aceptó el arreglo propuesto y se atrevió a dar un paso adelante, terminó detenido en el Campo Militar Número 1, del cual salió por órdenes directas de Zedillo.
Fernández vivió tiempos turbulentos cuando dejó el cargo. Arrastra haber sido el operador de Fobaproa, por el cual los mexicanos seguimos pagando su deuda, y estuvo bajo arraigo acusado por presuntamente haber vendido al PRI en 25 millones de pesos información bancaria secreta sobre Amigos de Fox, el grupo que llevó a Vicente Fox a la Presidencia. Tiempo después de librarse de la cárcel, fundó en Nueva York una pequeña casa de bolsa que, ante su insistencia, manejó durante tres años algunas cuentas personales de ejecutivos de Televisa.
Su negoció quebró y sus deudas crecieron. Pidió ayuda a los ejecutivos de Televisa hace unos tres años, que se la ofrecieron, pero no en dinero. Como reacción, Fernández recicló una denuncia contra la empresa en la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos, pese a que en 2016 la exoneró, amparándose en el sistema de recompensas para whistleblowers del Acta Dood-Frank. Su denuncia no prosperó y tampoco lo gratificaron. Un año y medio después, escaló las presiones contra los ejecutivos de Televisa que respondieron con la denuncia de extorsión en su contra, por lo que hoy está preso en España.

* Para efectos de transparencia, aclaro que soy conductor de un noticiero en Foro TV y miembro del panel de Tercer Grado en Televisa. Por otra parte, demandé a la empresa que edita el diario 24 Horas, donde Eduardo Fernández es uno de los socios, y gané el caso, donde el juez, por razones que no están claras, tiene detenida la ejecución del fallo y no ha establecido la pena económica a esa empresa.

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Eduardo Fernández, que no ha dejado de estar en las noticias y en problemas legales desde hace dos décadas, fue detenido por la Interpol el viernes pasado al llegar al aeropuerto de Madrid procedente de Miami. Había una ficha roja (“red notice”) para su captura desde el pasado 24 de enero, que se ejecutó cuando las autoridades estadunidenses registraron que se iba a fugar a España para evitar lo que parecía su inminente detención en Florida, y alertaron a las españolas. Su aprehensión es resultado de una acusación por el presunto delito de extorsión agravada que presentó Televisa ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Televisa denunció a Fernández* porque a cambio de no hacer públicas sus “prácticas corruptas”, exigía 250 millones de pesos. Esas acciones, precisó Fernández, las había denunciado en octubre de 2022 en la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos (SEC), que a su vez dio vista al Departamento de Justicia (DOJ). En un ultimátum hace casi dos años, quien fue la figura más temida durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo como jefe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pintó un Armagedón empresarial e individual para Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa, y sus copresidentes Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, si no le daban el dinero.
Era una suma “mínima” frente a las pérdidas que tendrían si abría la boca, les dijo. “Mejor la paz”, les propuso. Televisa lo acusó de una extorsión que se fue construyendo en cámara lenta desde finales de 2020, en reuniones con Gómez y Angoitia, cuando les pidió 40 millones de pesos de ayuda, y a través de siete cartas que fueron configurando el delito. La última, base de la denuncia de extorsión, fue entregada en las oficinas ejecutivas de Televisa por la secretaria de Fernández, contra quien también hay una orden de aprehensión. Su contenido fue determinante para que un juez le negara la fianza a Fernández, que se quedó en Soto del Real, la prisión madrileña en donde están ilustres corruptos españoles.
La denuncia que presentó en la SEC, según él mismo lo dijo en un video difundido el sábado, retoma los puntos centrales de una denuncia anónima investigada por esa dependencia y el DOJ en 2016, por el presunto fraude de mil millones de dólares, del cual Televisa y sus ejecutivos fueron exonerados. La empresa, sin embargo, pidió una investigación espejo a la entonces Procuraduría General de la República, que llamó a declarar a más de 60 testigos, entre ellos Fernández, que había sido su agente financiero de 2009 a 2012.
En su declaración, cuatro años después de haber dejado de tenerlos como clientes, afirmó que nunca recibió dinero en efectivo –la parte sustanciosa del anónimo– para realizar pagos o guardarlo, que no sabía de que tuvieran empresas fantasmas o de pantalla, y que nunca supo que se beneficiaran de esos recursos los ejecutivos de Televisa, ni de actos de uso o desvío de patrimonio de la empresa.
Esta historia cambió ocho años después, cuando restableció el contacto con “los televisos”, como los llama, y les empezó a pedir dinero. Al no obtener lo que pedía, empezó a amenazarlos y les dijo que diría que lo que había declarado en la PGR, había sido bajo presión y amenazas. Para cuando les hizo esa advertencia, que significaba cambiar su declaración jurada incurriendo en un delito, estaba jugando a la segura porque ese delito, de configurarse, ya habría prescrito.
Fernández fue escalando las presiones a través de las cartas. La que sustentó la denuncia de extorsión fue entregada el 14 de marzo de 2023, dirigida a “Bernardo y Alfonso”, donde les dice que los había denunciado –junto con Azcárraga– ante la SEC y el DOJ por “delitos cometidos” en Estados Unidos, retomando el caso cerrado en 2016. “Si hago del conocimiento público la denuncia penal”, advirtió, “sufrirán una verdadera catástrofe”.
“¿Por qué el acercamiento?”, preguntó preguntando. “Simplemente por México. Como muchos, estoy realmente preocupado por lo que está sucediendo en el país… no quiero coadyuvar a que AMLO acumule más poder para destruir a México”.
Párrafos abajo dice que “no obstante este acercamiento por México, sin duda ni titubeos, de no haber arreglo, estallo la noticia en The Wall Street Journal. A estas alturas de mi vida todo, absolutamente todo, está subordinado al bienestar de los míos”. Dijo tener problemas financieros personales agravados en los dos últimos años, por lo cual “una vez que por México tomé la decisión de enterarlos de mi denuncia penal, no hay más que dos alternativas: se arreglan conmigo y me compensan algo, o estallo la noticia”.
“Una vez materializado el arreglo”, ofreció: “a) nunca hacer pública la existencia de la denuncia penal, ni su contenido, y b) nunca hacer del conocimiento público las investigaciones de la SEC y el DOJ. Únicamente así tendrán espacio para operar una estrategia de control de daños. Sería definitivo el arreglo conmigo, cumpliré mi palabra, actuaré siempre de buena fe, y guardaré estricta confidencialidad”.
“La falta de arreglo, cualquier intento de afectar a mi familia o a mí, física o ‘legalmente’, intimidaciones, amenazas, seguimientos, intervenir comunicaciones, dispositivos ocultos, mencionar mi nombre o este acercamiento en sus pesquisas o gestiones, o en general actuar deslealmente en US o México, detonará inmediatamente la noticia en el WSJ”.
Televisa actuó. El 28 de marzo de 2023 lo denunció ante la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto. El Wall Street Journal nunca “detonó” nada. Fernández huyó a Miami y se quedó sin la increíble contraprestación que exigía, que será detallada en una próxima columna.

* Para efectos de transparencia, aclaro que soy conductor de un noticiero en Foro TV y miembro del panel de Tercer Grado en Televisa. Por otra parte, demandé a la empresa que edita el diario 24 Horas, donde Eduardo Fernández es uno de los socios, y gané el caso, donde el juez, por razones que no están claras, tiene detenida la ejecución del fallo y no ha establecido la pena económica a esa empresa.

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Memorable y extraordinaria. Así fue la mañanera de Andrés Manuel López Obrador del viernes pasado. El presidente se presentó como un ser supremo por encima de la ley, salivando rabia contra medios y periodistas, y continuando con el descontrol de casi cuatro semanas por las imputaciones de que él, sus hijos y sus colaboradores, recibieron dinero del Cártel de Sinaloa para financiar las campañas presidenciales de 2006 y 2018, sin que nadie en Palacio Nacional pueda contenerlo.
La mañanera comenzó con una frase harto extraña: “Buenos días su señoría. Matatero tero lá. ¿De qué trata el día de hoy la conferencia? Matatero tero lá”. Trató de varias cosas, pero ninguna tan preocupante y amenazante en palabras de un jefe de Estado electo democráticamente, como su racional mesiánica y déspota. No son estos calificativos, sino una descripción de su actitud.
La mejor manera de analizar la mecánica de su mente es su intercambio con Jésica Zermeño, corresponsal de Univisión en México. Este es un fragmento, editado por razones de espacio, de las preguntas respetuosas y la insistencia profesional de Zermeño, que aguantó las provocaciones de López Obrador, y los insultos, infundios y falsedades con los cuales pretendió avasallarla.
JZ: El día de ayer (jueves), cuando presentó (la) carta que le envía la jefa de la corresponsalía del New York Times para este reportaje, da a conocer su número telefónico, en un país donde han fallecido, al menos en este sexenio, 43 periodistas.
LO: Con todo respeto, quienes hacen un periodismo… faccioso, porque nada más se inclinan en favor de grupos de intereses creados, no hacen un periodismo para todos. Están demasiado cercanos al poder económico y al poder político… Se sienten bordados a mano, como una casta divina, privilegiada. Pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros… y no los puede uno tocar ni con el pétalo de una rosa.
JZ: El teléfono que dio a conocer es el teléfono personal.
LO: Sí, sí. ¿Y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando y me está acusando?
(La corresponsal del Times, Natalie Kitroeff, envió una carta al vocero presidencial en busca de réplica del presidente sobre investigaciones del Departamento de Justicia que se cerraron por motivos políticos, en un texto que firmó con el corresponsal para asuntos judiciales, Alan Feuer).
JZ: Hay una ley que impide esto en este país, señor presidente.
LO: Cómo no. Cómo no. Pero también la calumnia. Me está vinculando a mí, a mi familia, con el narcotráfico, sin pruebas.
JZ: Hay una ley que impide que usted dé a conocer este teléfono.
LO: Sí, pero antes de eso… no son capaces de una autocrítica para revisar el tipo de periodismo, si se puede llamar periodismo a lo que hacen.
JZ: ¿No cree que fue un error?
LO: No, no, porque este es un espacio público y nosotros estamos aquí aplicando un principio de la transparencia.
(La mañanera no es un espacio público sino de gobierno. Se realiza en Palacio Nacional y no se puede entrar ahí sin autorización).
JZ: Pero eso la pone en riesgo a ella. Cualquiera la puede amenazar y le puede decir…
LO: No, no, no pasa nada; no pasa absolutamente nada.
JZ: Sí pasa en este país.
LO: No, no, no… Ustedes son los más tenaces informadores, o mejor dicho desinformadores, los más tenaces manipuladores.
JZ: Pero… le dio el teléfono a todo el mundo.
LO: Sí, pero es que aquí la vida pública es cada vez más pública.
(Revelar el teléfono de la corresponsal violó la Ley General de Datos Personales, que establece una pena de tres meses a tres años de prisión al que estando autorizado para tratar datos personales, con ánimo de lucro, provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia).
JZ: ¿Volvería a presentar un teléfono privado de uno de nosotros?
LO: Claro, claro, claro, cuando se trata de un asunto donde está de por medio la dignidad del presidente de México.
(La noche del mismo día que hizo público el teléfono de la corresponsal, circuló en las redes el teléfono de su hijo José Ramón. No le gustó. “Es realmente vergonzoso”, afirmó).
JZ: ¿Y qué hacemos con la Ley de Transparencia, señor presidente?
LO: Por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política. Y yo represento a un país y… a un pueblo que merece respeto. No va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes (y) tenemos autoridad moral… que porque es del New York Times… nos va a sentar en el banquillo de los acusados.
(El 4 de julio de 2018, tres días después de ganar la elección presidencial, López Obrador dijo en una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial: “Nadie por encima de la ley, ni nadie al margen de la ley”. El viernes fue todo lo contrario. Nadie por encima de él).
JZ: Si le pasa algo (a la corresponsal estadunidense), ¿a quién hacemos responsable?
LO: No exagere. Si la compañera está preocupada porque se dio a conocer aquí su teléfono…  que cambie su teléfono.
El intercambio fue largo. López Obrador cayó en galimatías y ejemplos sin contexto, o mentía –como en el caso de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, al decir que ningún medio lo respaldó–, o que en Estados Unidos no había libertad de prensa. El presidente también acusó a los periodistas en general, de mercenarios y prepotentes.
Fue muy insistente en la defensa de sus hijos, y el daño que le podrían causar si aparecen sus nombres ligados al narcotráfico. En su alegato hay un cierto olor a golpe preventivo, enfatizando en la descalificación del mensajero para restarle credibilidad ante la eventualidad de que se publique más información similar, repitiendo el modus operandi aplicado a críticos en México.
La condena a su actitud en el mundo y una llamada de atención de la Casa Blanca por la divulgación del teléfono de una ciudadana estadunidense, no le importan. López Obrador mantuvo este fin de semana la misma conducta y no parará. ¡Abróchense los cinturones!

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A escasos siete meses del cambio de gobierno, el almirante secretario de la Marina, Rafael Ojeda, ya se embarcó en la preparación de su sucesión, porque es crucial, para él, que quien quede al frente de la institución sea un incondicional. No parece haber otro camino, al tener varios frentes abiertos que pudieran causarle dolores de cabeza y penurias transexenales, porque no ha sido cuidadoso ni en lo personal ni en lo político.
La parte más delicada, porque tiene que ver con el futuro mediato, fue haber apostado por Marcelo Ebrard para la candidatura de Morena a la Presidencia, que no sólo se limitó a apoyo político sino, de acuerdo con personas con conocimiento de primera mano de lo que sucedió, también recursos. Ojeda y Ebrard son más que amigos, y el almirante le tiene un particular agradecimiento, al haber sido él quien lo recomendó con el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser el titular de la Marina, pese a la opinión contraria del ex secretario, Vidal Soberón.
La información a la que se ha tenido acceso muestra que los apoyos a Ebrard durante la contienda por la candidatura, llegaron a través de Octavio Pérez, un ingeniero naval sinaloense retirado que incursionó en el negocio del gas y entró también a realizarlos en Aduanas y Puertos, que están bajo el control de la Marina desde mediados de 2020. El activismo político de Ebrard, respaldado desde la oficina del secretario de la Marina, para desgracia de Ojeda, fue conocido por la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, dijeron personas que forman parte de su equipo de campaña.
Las señales que ha enviado su equipo, preparándose ante la eventualidad de que se convierta en presidenta, es que no quieren trabajar con el almirante Ojeda. Sin embargo, el problema del secretario no se circunscribe a la mala disposición que tendría Sheinbaum hacia él, una vez que ganara las elecciones, únicamente por su activismo a favor de Ebrard, sino que la posibilidad de que se le inicien carpetas de investigación por presuntos actos de corrupción, es amplia.
La presunta corrupción en torno al secretario Ojeda se ha denunciado en la prensa desde hace más de dos años, enfocada en sus sobrinos políticos por supuestos negocios en la Marina, Aduanas y Puertos, lo que sería irregular en sí mismo, a lo que se le suma que son parte de la institución, lo que significa un conflicto de interés. Los dos sobrinos denunciados son los vicealmirantes Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna –este último recién nombrado jefe de las 12ª Zona Naval en Puerto Vallarta–, hijos de su cuñada, que tienen una gran ascendencia con su tía, la esposa del secretario, quien en los últimos cinco años ha generado un muy mal ambiente en torno a su persona por la forma como se comporta.
Ojeda ha vivido un sexenio agridulce con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde por una parte lo empodera con responsabilidades que ha quitado a los civiles, y por la otra lo margina en presupuesto y confianza frente al general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, con quien ha tenido una relación tirante durante el gobierno. Internamente, el secretario también ha provocado fisuras, y en algunos casos existen ya fracturas con almirantes, porque a algunos los ha maltratado y mandado al ostracismo, mientras que a otros les ha cobrado viejas facturas, y a unos más con rango y jerarquía, los ha dejado de lado para nombrar a oficiales de su confianza en puestos clave en Aduanas y Puertos.
No obstante, y aunque no le tiene mucha confianza porque considera que la Marina ha estado muy vinculada a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, López Obrador le mantiene el respaldo. No ha actuado en ningún momento para conocer si tienen sustento los señalamientos de corrupción, y cuando el fiscal que investigó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa acusó a los marinos de haber formado parte de plantar pruebas y de encubrir el crimen, mantuvo al almirante Ojeda blindado de cualquier señalamiento, pese a que era el jefe de la Zona Naval en Acapulco en el tiempo del ataque a los estudiantes.
La protección no será transexenal y el almirante Ojeda ha dado señales que así lo cree. Su sucesión, por tanto, es probablemente el proyecto estratégico más importante que tenga este año. Aunque no está claro por quién se decantaría en la sucesión y propondría como cabeza de terna a la próxima presidenta, tiene una inclinación por el subsecretario José Luis Arellano. Pero Ojeda ya vio en carne propia que las recomendaciones del titular pueden ser ignoradas por el presidente, como lo hizo López Obrador en su caso. Frente a ello, lo que está haciendo es neutralizar a las dos figuras mas importantes que podrían sustituirlo, a quienes ha maltratado y perseguido políticamente durante su gestión.
Uno es el almirante José Luis Vergara, muy cercano al ex secretario Soberón, y que era la primera opción para ser nombrado secretario de la Marina, aunque López Obrador rechazó la propuesta. El otro es el almirante Marco Antonio Ortega Siu, el jefe de la Unidad de Fuerzas Especiales que persiguió y capturó a Joaquín El Chapo Guzmán en 2015.
Ojeda no quiere cerca al almirante Vergara y lo envió como agregado naval a la India. A Ortega Siu le tiene miedo. El secretario lo tiene atravesado y quiere neutralizarlo. De manera casi secreta está investigándolo junto con elementos de la Fiscalía General por una presunta desaparición forzada en Guanajuato en 2018, y hay un seguimiento contra él –aparentemente también contra otros almirantes– por parte de la Unidad de Inteligencia Naval, mediante la intercepción ilegal de sus comunicaciones electrónicas.
La relación de él con Ojeda en la Secretaría de la Marina fue difícil, y Ortega Siu, más que Vergara, está en todos los sentidos, en las antípodas del secretario. El secretario está en su tormenta sucesoria, y aunque Ortega Siu es su principal adversario, definitivamente, no es el único.

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El presidente sigue viéndose al ombligo y no está mirando el país que va a dejar. Estamos viviendo un proceso de disolución social, no en el sentido que establece el Código Penal, sino por el desmantelamiento del contrato social que establece las reglas que rigen nuestro comportamiento político dentro de una sociedad, mientras él, agobiado porque el legado histórico que tanto persigue, se está grabando con fuego la palabra “narcopresidente”, como lo llaman en las redes sociales.
Mientras solo se observa en el espejo y rechaza el hashtag que le pusieron encima, las negociaciones que está haciendo la Iglesia católica en diversas partes del país con narcotraficantes y criminales para lograr una pacificación, están acelerando la ruptura de la sociedad, donde la responsabilidad central de los estados modernos, proveer la seguridad, se está trasladando del gobierno –que por esa razón nacieron–, a los cárteles de las drogas y a las pandillas más violentas. Es nuestra incipiente sociedad distópica, Hobbes en su peor dimensión.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no puede salir de la trampa de su etiqueta en las redes sociales y se revuelca en acusaciones contra sus opositores, en la paranoia de una conspiración internacional para perjudicarlo. Son molinos de viento reciclados los que embiste, mientras que la salud del país se está deteriorando aceleradamente por su incapacidad para enfrentar la crisis de seguridad y la expansión incontenible del crimen organizado en todo el país ante lo laxo, negligente y displicente de su actitud frente a la delincuencia organizada.
En Palacio Nacional responden como siempre, a su interés particular, no nacional. Todo el aparato del gobierno busca quitarle las manchas. La vocería presidencial, con la maquinaria de propaganda para restarle fuerza al hashtag y la Fiscalía General, en el absurdo absoluto, va en busca de un líder criminal, pero no para encerrarlo por lo que debe, sino para ver si ratifica que Los Zetas también financiaron su campaña presidencial, como lo declaró a la prensa. ¿Parece una locura? Lo es.
El país está inerme ante su delirio. El vacío que ha dejado lo está ocupando la Iglesia católica, que ante la inacción gubernamental y la expansión criminal, no encontró más vía que hablar con los delincuentes y pedirles que se arreglen entre ellos, que negocien y que paren la violencia porque afecta a la gente. En los últimos días, la mediación de obispos en Guerrero logró una tregua entre las dos grandes bandas criminales, Los Tlacos y Los Ardillos, para que se repartan el negocio del transporte del servicio público de Chilpancingo y se restablezca. Antes, en la Tierra Caliente de Michoacán se buscó un cese al fuego y eso está haciendo la diócesis de Toluca para que La Familia Michoacana establezca la paz en el sur del estado de México.
El ejemplo cunde. La Arquidiócesis de México, la más importante del país, afirmó a través de una opinión editorial en el semanario Desde la Fe, que “ante el terror evidente que ha surgido en Guerrero, cancelando la oportunidad de vivir normalmente de los ciudadanos de ese estado, los obispos locales decidieron presentarse ante los líderes de las principales organizaciones delictivas para buscar acuerdos y pacificar la zona”.
No se trata de una negociación que busque promover delitos, aclaró, sino de una negociación en la que los hermanos puedan reconocerse entre hermanos. “En un clima de violencia en el que se pierde de vista al ser humano, priorizando las ganancias, las venganzas, o el orgullo, salen perdiendo todos”, agregó el editorial, “parece que surgió la esperanza de reducir la violencia y recuperar las actividades normales de los ciudadanos, lo cual sería el primer paso en un proceso de conversión que Dios desea hacer fructificar en los corazones de todos”.
Noble propósito, pero utópico. Para los criminales no hay punto de retorno ni reconversión cristiana. Tampoco remordimiento. No creen en Dios sino en Malverde. Es comprensible que los sacerdotes busquen dar tranquilidad a sus fieles, aunque sea una solución inmediatista y de corto plazo que jamás resolverá el problema de fondo. Se equivocan quienes recuerdan el papel de los sacerdotes en negociaciones entre gobiernos y guerrillas para acabar una guerra civil, pues mientras los primeros tienen como motivación el dinero, los segundos luchan por una causa social. Los primeros nunca se reintegrarán a la sociedad; para los segundos, la reinserción es una vía que lleve al cambio.
López Obrador, que tiene estos cables cruzados, se alegró que los obispos de Guerrero pactaran con los criminales, señalando que todos deben contribuir a la pacificación del país. Es una sandez política que explica los disparates de su gobierno, como la búsqueda de la Fiscalía General del jefe de Los Ardillos solo para que limpie el buen nombre del presidente.
Sin embargo, está claro que López Obrador no ve con malos ojos una negociación con los criminales, que sería una vía alterna a lo que ha sucedido en el sexenio, mirar para el lado contrario de donde opera uno de los grandes cárteles para que avance sobre sus enemigos y vaya controlando cada vez más territorio. Si hay una sola gran organización criminal en México, habrá quien lo considere de esta manera, su incentivo para ampliar sus negocios ilegales es que no haya violencia.
El costo bajará en sangre, pero repercutirá en la fortaleza del Estado Mexicano, donde el poder no lo tendrá el gobierno, sino los criminales. Este es el camino que ha construido el presidente con su estrategia de seguridad, que ha funcionado mejor para los cárteles que para los ciudadanos.
Ceder a los grupos criminales el poder para cambiar las cosas, que es lo que significan las negociaciones para la pacificación, es permitirles que controlen el destino de ciudades y regiones, por ahora, y posteriormente de estados y el país entero. Aplaudir esas iniciativas, como lo hace López Obrador, es una aberración, como se apuntó en este espacio hace unos días, y será el legado más infame que deje al país y a su propia historia política.

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Claudia Sheinbaum se ve nerviosa, vulnerable y torpe. Deben tener prendidos los semáforos rojos en su cuarto de guerra por haber cometido el domingo un error estratégico al atacar a decenas de miles de personas que realizaron un nutrido mitin por la democracia, y acusarlos de “falsos” e “hipócritas”, que en su momento promovieron fraudes electorales, en lugar de enfocarse a su planteamiento político tras registrarse como candidata presidencial, arropada por toda la maquinaria de Morena. Sus palabras sonaron huecas y la retórica solo hizo eco del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sin su legitimidad ni carisma.
Sheinbaum quiso restar protagonismo a quienes desafiaron a López Obrador en la Ciudad de México y una decena de ciudades en el país, y solo se lo quitó a ella misma, confirmando además que la convocatoria que lograron los defensores de la democracia le preocupa a ella y al presidente. La secuela del resbalón el domingo de la candidata oficialista que ofrece la continuidad por seis años más, ratificó que no emociona, aunque ahora se le agrega que tampoco convence a López Obrador.
De hecho, se puede argumentar que existen condiciones objetivas para que la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, pueda darle un susto. No tiene que ver únicamente si realiza una campaña territorial profesional y eficiente –que aún no tiene–, sino por las desavenencias crecientes que está teniendo el presidente con Sheinbaum, donde ella quiere tener mejores márgenes de maniobra y López Obrador insiste en cerrárselos.
Uno de los problemas que se han discutido en Palacio Nacional con el presidente, es que pese a que el discurso de Sheinbaum ha sido de apoyo total a las reformas propuestas por López Obrador, la realidad es que no ha designado a nadie para estar en contacto con el equipo presidencial y darle seguimiento al curso de las iniciativas, diseñadas no tanto para que se aprueben –López Obrador gana si se votan a su favor y también si las rechazan, porque le serviría a su narrativa contra la oposición–, sino para fijarle la agenda del primer año del eventual gobierno de Sheinbaum. No le gusta al presidente que lo desobedezca.
Desde Palacio Nacional ya le instruyeron que nombre al equipo que hará esa tarea, y que tiene que reportarle al vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, el Caballo de Troya explícito en el cuarto de guerra de Sheinbaum, al ser uno de los más importantes e influyentes líderes de los puros del lopezobradorismo, que están opuestos a la estrategia de Sheinbaum de integrar en su equipo a personas que consideran oportunistas y sin arraigo dentro de la cuatroté. Es una humillación para Sheinbaum que tenga que subordinarse a Ramírez Cuevas.
El vocero presidencial encabezó la rebelión de los morenistas más dogmáticos que la derrotaron cuando impulsó a Omar García Harfuch como candidato al Gobierno de la Ciudad de México, y le repitieron la dosis cuando buscó la ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía capitalina. Ahora, con la usual sevicia presidencial, tendrá que alinear a su equipo bajo las órdenes del vocero para que entiendan, y no se desvíen, del proyecto vital de López Obrador, no por los resultados que podrían alcanzarse en el mediano plazo, sino porque será el mapa de navegación que tendrá que seguir Sheinbaum durante el primer año de gobierno, al menos.
Ramírez Cuevas es un problema real para la candidata por la creciente delegación de responsabilidades que le ha dado el presidente para que sea su principal interlocutor con la candidata, hable con ella y sea la correa de transmisión de sus órdenes, malestares y regaños.
Recientemente le expresó a través de Ramírez Cuevas su molestia por haber incorporado en su equipo a Roberto Valdovinos, que fue destituido como director del Instituto de Mexicanos en el Exterior en 2020 tras una serie de acusaciones de acoso sexual. El año pasado Sheinbaum nombró a Valdovinos, que tiene el respaldo del padre Alejandro Solalinde, como uno de los organizadores de los llamados Diálogos por la Transformación, y cuando Ramírez Cuevas le transmitió el extrañamiento, la candidata respondió que no había estado al tanto de ese nombramiento y lo relevaría, reforzando la observación de López Obrador de que no está prestando atención a los detalles de su campaña.
La imposición más seria, porque tiene alcance en el campo electoral, es el rechazo tajante que dio López Obrador a la idea que externó en una reunión con gobernadores de Morena de que si bien se apegaría a las líneas que ha señalado el presidente de forma incondicional, quería hacer modificaciones y no solo arroparse en el radicalismo de la cuatroté, para buscar el apoyo de organizaciones de la sociedad civil que aunque pudieran tener posiciones críticas al gobierno, no se encuentran en el ala de los más radicales, por lo que pensaba que habría posibilidades para sumarlos a su proyecto.
El presidente, que no quiere saber nada de la sociedad civil y es profundamente intolerante a cualquier crítica contra él y su gestión, rechazó las ideas de Sheinbaum cuando se las comentaron. No se sabe qué hará la candidata, pero la desautorización le impediría acercarse a esos grupos e individuos para sumarlos. La postura radical de López Obrador excluye a organizaciones, periodistas e intelectuales y sectores de las clases medias a quienes potencialmente quería reclutar, lo que explicaría su declaración el domingo, que va en línea con lo que piensa el presidente pero es contrario a lo que ella deseaba.
La subordinación de Sheinbaum ante las instrucciones, deseos o caprichos del presidente, limitan sus posibilidades de acción y favorece a la oposición. Sin embargo, aunque la información que sale de la campaña y Palacio Nacional sobre cómo están crujiendo los maderos en el barco cuatroté, no es suficiente para que la campaña de Gálvez sea competitiva. La opositora necesita hacer cosas que saquen provecho de las contradicciones y fricciones del presidente con la candidata, y capitalice la debilidad que muestra Sheinbaum con esos reveses ante gobernadores y líderes de Morena, al quitarle autoridad.

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