La historia la cuentan los vencedores, dijo George Orwell en 1944, a lo que se le podría añadir “casi sin excepción”. En esta categoría se puede incluir a Andrés Manuel López Obrador, quien por más de 30 años de lucha política y décadas de sinsabores, aun cuando ha sido derrotado en las batallas, ha triunfado en imponer su narrativa. ¡Gracias!, su último libro, recorre en 555 páginas todos esos momentos donde imprime los énfasis a lo que quiere dejar como la historia de su vida. Pero no es una memoria sino un recorrido desde su niñez, que refleja cómo su tesón y terquedad indómita fueron los motores para alcanzar lo que buscó afanosamente desde mediados de los 90, el poder.
El libro, editado por Planeta, es una obra compartida y nutrida por su segunda esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, que hace poco más de dos años le llevó la idea para que se contara la “epopeya” de su vida. Gutiérrez Müller reclutó para el proyecto a dos decenas de especialistas que redactaron las partes troncales de sus 20 capítulos, en donde se ven claramente los acentos puestos por López Obrador y los párrafos e ideas que fue incorporando en sus páginas. También reflejan sus sueños de grandeza y deseo que sea comparado con Hidalgo, Morelos y Madero, grabando su nombre y tallando su cara junto a las de ellos.
El libro no aporta mucho en sustancia, porque mucho lo ha dicho López Obrador por décadas, aunque planteado como una historia de éxito personal de la mano del hacha vengativa que ha utilizado durante el sexenio. Es notable el desprecio que tiene por Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los presidentes “neoliberales”. Aunque no es nuevo, sí sorprenden los epítetos que les lanza, que lo pintan como un pendenciero, no como estadista.
No es que le importe mucho que lo vean como un hombre de Estado, sino que lo reconozcan y le reconozcan sus méritos. Este ha sido, dicen quienes los conocen desde joven, su mayor trauma. López Obrador quiere influir en los jóvenes, a quienes les dedica el libro, en quienes apuesta por ese reconocimiento, al inundar su cabeza e imaginación con historias fragmentadas, verdades y mentiras, omisiones y tergiversaciones, para que lo vean como el ingenioso hidalgo que salió de Macuspana y enfrentó a los políticos corruptos, que son casi todos los que lo precedieron, y a los empresarios, que son sus enemigos históricos, hasta doblegarlos y vencerlos.
El libro no es como una mañanera ampliada. Aunque hay cartabones y frases trilladas de las más de dos mil conferencias matutinas de López Obrador, es mucho más que eso. Y quizás lo más relevante, porque explica los claroscuros de su vida, es lo que no aparece por ningún lado en el mamotreto. Parte fundamental, porque tiene que ver con su formación, es lo que le hizo a Diego Rosique, el empresario ganadero que junto con el gobernador de Tabasco Manuel Mora, lo protegieron a él y a su familia en Veracruz tras su tragedia en 1969 cuando su hermano José Ramón murió de un balazo, y que pasados los años, ya López Obrador líder social, fue el de Rosique el primer rancho que invadió.
Las experiencias en Tabasco hablan mucho del López Obrador actual. Por eso resalta otra gran omisión, el papel que jugó Zedillo en su construcción como político nacional. Zedillo, a quien maltrata, lo apoyó cuando perdió la gubernatura ante Roberto Madrazo, y si no se concretó que se anulara la elección, fue porque el entonces secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma –hoy embajador en Washington–, realizó una operación política tan torpe que la intención del entonces presidente se frustró. Zedillo también canceló órdenes de aprehensión contra él por invadir pozos petroleros –episodio ausente en el libro–, y frenó la denuncia del PRI sobre su falta de residencia en la Ciudad de México para aspirar a gobernarla, con lo que le permitió contender y ganar la elección.
Zedillo no es de quien más mal habla. Utiliza la sevicia para referirse a Fox y el odio al hablar de Calderón, a quien no le perdona que le ganara la elección en 2006, a la cual le dedica mucho espacio reiterando la impugnación que hizo y que no caminó porque nunca presentó pruebas documentales que probaran el fraude electoral que aún reclama. Igual dice que lo hubo en la elección de 2012 que perdió ante Peña Nieto, sin abordar, salvo en unas cuantas palabras, el proceso de selección de candidato de la izquierda, donde amenazó con romper con todos si Marcelo Ebrard no le cedía la candidatura que en la ponderación de encuestas, le había ganado.
Aunque el libro muestra el desorden de sus monólogos mañaneros y va y viene 600 años en la historia, está bastante bien escrito, aunque se ven varias manos en su hechura, como en un capítulo donde utiliza el autor una cita en formato APA, que no se repite en el resto, o donde hay referencias a poetas y pintores, o politólogos a los cuales nunca se había referido el presidente. La huella de López Obrador se ve claramente en errores importantes, como reproducir dos fragmentos de la declaración ministerial de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, violando la ley al ser una investigación abierta, o mostrando el interés coyuntural del libro en la denostación de Xóchitl Gálvez y presumir la forma como organizó el proceso de sucesión en Morena.
¡Gracias! no es una obra para la reflexión futura sobre sus acciones y decisiones, como Mis Tiempos de José López Portillo, o México, un paso difícil a la modernidad de Salinas. Es una épica de su vida política que tendrá quizás más adelante una revisión contrafactual de todo lo que dice, y en función de los resultados de su sexenio, ver si su legado es efímero o duradero, y si el pedestal en el cual quiere estar, no se vuelve un hoyo del que no pueda salir.

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Hasta hace no mucho, cuando Carlos Slim hablaba, el país aguantaba el respiro. Con la chequera más grande del país y una de las principales fortunas del mundo, sus opiniones y críticas obligaban a escuchar a quien era capaz de mover el producto interno bruto de México. Presidentes y secretarios de Hacienda atendían sus observaciones aunque no las compartieran, y el magnate se convertía muchas veces en la voz de las mayorías a quienes nadie hacía caso en la cima del poder. Esa imagen, sin embargo, quedó en el pasado. En el actual gobierno, ha sido un legitimador poderoso de las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador a cambio de haber sido el empresario más beneficiado en lo que va del sexenio, lo que no ha pasado desapercibido.
Slim dio acuse de recibo este lunes, cuando después de más de dos años de haber estado alejado de los medios, convocó a una maratónica conferencia de prensa (de 3 horas con 45 minutos), para hacer una defensa de él, decir que tiene diferencias con López Obrador, que Telmex no es negocio, y que no entiende –sin decirlo textualmente así– porqué lo consideran como un benefactor del gobierno cuando en realidad él es el que más ha dado al país. Su deslinde es pura palabrería.
Los datos duros indican que, en efecto, es el empresario mexicano que más ha ganado durante el gobierno de López Obrador, aunque el presidente, que ayer le tiró un salvavidas político, eludió las preguntas que le hicieron sobre los beneficios económicos a Slim y justificó su notable incremento de riqueza en los cinco últimos años señalándolo como un buen empresario y dentro de la lógica de dinero llama a dinero. Como la negativa de Slim de trato preferencial, tampoco la simplista explicación presidencial resiste el análisis.
En este mismo espacio se publicó hace dos semanas que la relación, funcional y estructurada, que tuvo Slim con anteriores presidentes pareció romperse con la llegada de López Obrador a la Presidencia, con quien pese a conocerlo bien y haber hecho negocios cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, chocó cuando canceló el aeropuerto en Texcoco de una forma tan beligerante, que frases despectivas y amenazantes del presidente contra él en privado, auguraban una noche de pesadilla sexenal. Pero no fue así porque Slim, entendiendo que en una lucha de poder, el águila siempre gana, reculó y restableció sus nexos con López Obrador.
Es decir, como señaló un reportaje en el sitio elceo.com en vísperas de la conferencia de prensa, la relación entre ambos pasó de la confrontación a la complicidad, que se tradujo en la firma de dos mil 530 contratos por los que Slim ganó casi 61 mil millones de pesos. Tras el desencuentro por el aeropuerto, el gobierno le dio contratos por nueve mil 281 millones en 2019, 20 mil 194 en 2022 y 23 mil 423 en 2021, el año en que se dio la tragedia del colapso de una trabe de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México que provocó la muerte de 26 personas y dejó heridas a un centenar. Mediante un acuerdo de indemnización de 400 mil a seis millones de pesos por víctima, reveló el diario El País en 2022, se exoneró a la empresa de toda responsabilidad y futuras demandas.
En su conferencia de prensa Slim se refirió a aquél trágico accidente y dijo que no había sido consecuencia de una mala construcción, deslindando a la constructora de su grupo que hizo ese tramo de la Línea 12, sino del mantenimiento, con lo cual trasladó la responsabilidad a la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Lo que hizo el magnate fue una fuga hacia delante, como intentó a lo largo de la conferencia y tratar de neutralizar los señalamientos de que entre él y el presidente hay una especie de matrimonio por conveniencia, o una “complicidad” como calificó elceo.com.
El Sol no puede taparlo nadie con un dedo, aunque se apellide Slim. El gobierno de López Obrador le ha dado contratos para la construcción de uno de los tramos del Tren Maya, en el sector energético y en el campo de las telecomunicaciones, que incluyó uno que el sitio de negocios identificó como uno de los negocios más lucrativos, otorgado mediante adjudicación directa por el Banco del Bienestar a Telmex por mil 794 millones de pesos, para el servicio en su red de sucursales. La negativa de Slim que no es el empresario favorito del presidente no se sostiene.
Oxfam, la confederación internacional de 21 organizaciones no gubernamentales que tienen asociados en 90 países, entregó en enero al Foro Económico Mundial de Davos un documento de trabajo sobre la desigualdad en México, donde afirma que durante el gobierno de López Obrador, las fortunas de Slim y de Germán Larrea, presidente de Grupo México, crecieron 70 por ciento, que equivale a la riqueza total de la mitad de la población de América Latina y el Caribe, de 334 millones de personas.
En números absolutos, Slim tiene más dinero que Larrea y los otros 12 multimillonarios mexicanos juntos. Las 14 personas más ricas de México concentran 8.18 de cada 100 pesos de la riqueza nacional, pero Slim solo, acumula 4.48 pesos de esos 100, y tiene “casi tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mexicana, alrededor de 63.8 millones de personas”. La fortuna del magnate mexicano de origen libanés creció en cinco años casi el doble, superando por primera vez los 100 mil millones de dólares.
En su maratónica plática con periodistas, Slim no desagregó los ingresos que elevaron de manera superlativa su fortuna –dijo que era por las condiciones del mercado–, por lo cual no se puede estimar de fuente directa cuánto de sus ingresos en estos años provino de sus negocios globales, nacionales o de los contratos con el gobierno. Pero lo que no puede negar es que sí es el empresario del régimen, aunque reniegue de una categorización ganada a pulso.

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De todas las reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, no hay grandes sorpresas salvo una, que aunque ya había deslizado hace tiempo, ratificó este lunes: reducir de 40 a 30 por ciento de participantes a la consulta de la revocación de mandato, para hacerla vinculante. Si el voto duro lópezobradorista es superior al 35 por ciento, lo que quiere es que el Congreso le regale una pistola Magnum .357 para colocarla sobre la sien de la próxima jefa del Ejecutivo, para garantizar que quien lo suceda en el cargo consolide su proyecto y profundice lo que pomposamente llama “la cuarta transformación”.
Aunque la iniciativa es general, la destinataria clara de su propuesta es Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena a quien cuidó, promovió y fortaleció desde hace al menos tres años para que lo sucediera. López Obrador está convencido de que Sheinbaum ganará la Presidencia, por lo que ha enfocado sus energías a que su movimiento gane la Ciudad de México y logre que su llamado a las urnas le dé la mayoría calificada en el Congreso en septiembre, el último mes de su administración. El mensaje que le envía es fuerte: tiene que obedecer lo que está diciendo ahora, sin importar que sea ella, no él, quien porte el águila sobre el pecho.
López Obrador quiere tener su cabeza en la guillotina, que no soltará mientras cumpla con el decálogo, que incluye concluir e impulsar sus megaobras, que mantenga al mayor número de secretarias de Estado actuales en sus cargos –un gabinete de continuidad con énfasis en el género–, la expansión de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y en la vida civil nacional, mantener la estrategia de propaganda y mentiras de las mañaneras, y que no reviva el aeropuerto en Texcoco. Lo que quiere es dejar a una presidenta con un plan de gobierno para al menos los dos primeros años, cuando enfrentará también limitaciones presupuestales y presiones sobre las finanzas públicas.
La presidenta más vulnerable a las intenciones de mediano plazo de López Obrador es Sheinbaum, no la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, o el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, quienes a diferencia de ella podrían trabajar más libres con el Congreso y el Senado para acotar la Ley de Revocación de Mandato o, incluso, derogarla, siempre y cuando el resultado de las elecciones legislativas les garantizara cuando menos, la mayoría absoluta. Sheinbaum, en cambio, enfrentaría otras dificultades prácticas, pues la legislatura, sin importar su tamaño, le deberá mayoritariamente las curules y los escaños no a ella, sino al presidente actual.
La Ley Federal de Revocación de Mandato, vigente desde septiembre de 2021 –tras perder Morena la mayoría calificada–, requiere que dentro de los tres primeros años de gobierno al menos 3 por ciento de la lista nominal de electores en por lo menos 17 entidades soliciten la consulta. El artículo 58 establece que la revocación de mandato solo procederá por mayoría absoluta, y si participan al menos el 40 por ciento de la lista, su resultado será vinculatorio, y el presidente en turno tendrá que renunciar.
López Obrador impulsó este ejercicio con la seguridad que no estaría en riesgo, viendo la inercia de su victoria en 2018 y una aprobación un mes antes de la consulta de 62 por ciento. La ley se inauguró el 22 de abril de 2022, con la participación del 17.7 por ciento de la lista, y un respaldo para que siguiera en el cargo del 91.87 por ciento, que equivalieron a unos 15.1 millones de personas.
Sheinbaum no debe estar contenta con esta iniciativa, porque debe pensar que ella es la principal destinataria. Sobre la candidata pesa la creciente percepción de que carece de autonomía, política, programática y operativa, y que no es más que un apéndice de López Obrador. La candidata ha sido tan eficiente y disciplinada en mantener su discurso dentro de los parámetros que tengan al presidente tranquilo y sin sobresaltos ni molestias con ella, que intentar un deslinde sutil y progresivo será cada vez más difícil.
López Obrador ha abierto una puerta tramposa al reconocer en varias ocasiones que seguramente quien lo suceda –o sea, Sheinbaum–, cambiará estilo de gobernar, pero no el rumbo. No dejan de ser meras palabras, porque quien conoce al presidente sabe que no deja espacios para la disidencia amistosa ni es tolerante con quien le lleva la contraria.
El mejor ejemplo de la personalidad abrasiva de López Obrador para con sus colaboradores y su impulso natural por imponer sus deseos, es que la mañanera sea el instrumento de comunicación de su candidata, pese a que el método lo haya inventado él, depurado a partir de prueba y error, y llevado a niveles obscenamente hostiles por su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, en una lógica de polarización y enfrentamiento que ella misma ha estado repitiendo en las reuniones cerradas que ha tenido desde hace meses, modificará.
El contexto y su realidad, la iniciativa de López Obrador para bajar de 40 a 30 por ciento el porcentaje de votos para hacer vinculatoria la revocación de mandato deja inerme a Sheinbam. De acuerdo con las encuestas de Buendía&Márquez, el presidente tiene un voto duro que oscila entre 35 a 40 por ciento, que son quienes lo apoyan “mucho” en las encuestas de aprobación. El apoyo a Morena es aún más alto en la última encuesta sobre segmentos electorales que realizó en noviembre, pero puede argumentarse que son clientelas del presididente, no de la candidata, por lo cual en un escenario de revocación de mandato, si fuera ella presidenta, una molestia de su mentor podría llevar a su destitución.
Sheinbaum debe saber que el presidente no tiene escrúpulos, y que ha sido capaz de llegar a límites insospechados con tal de cuidar su imagen y popularidad. Por lo mismo, de llegar a Palacio Nacional en octubre, sin importar cómo llegue en su relación con López Obrador para entonces, su activismo político, porque resulta casi imposible pensar que realmente se retirará, será un problema político para ella, para su gobierno y para su futuro.

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Con 177 mil 942 homicidios dolosos en 62 meses de gobierno, mucho más que cualquier otro presidente antes que él, Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que México era un país pacífico y que la incidencia delictiva se ha ido reduciendo. El presidente maneja porcentajes, no números absolutos, para ocultar que heredará en 10 meses un país lleno de sangre. En varias ocasiones, como decía el gobierno de Felipe Calderón y él refutaba como opositor, la violencia no se da en todo el país. Pero a diferencia de aquél, la expansión territorial de los cárteles de la droga no tiene precedentes y el sometimiento de gobiernos estatales es cada vez más apabullante. Guerrero es el mejor ejemplo.
Estado con problemas complejos que se cruzan y han aquejado a la población por generaciones, no se había visto, sin embargo, una descomposición tan acelerada como la que se ha experimentado desde que asumió la gubernatura Evelyn Salgado en octubre de 2021. Desde entonces, todo ha ido cuesta abajo. El año pasado Guerrero ocupó el lugar 7 en cuanto a homicidios dolosos, con un total de mil 704, en comparación con el año anterior, cuando estaba en el lugar 10 con mil 404 asesinatos. En un año subió 21 por ciento el número de homicidios dolosos, superado solo por otras entidades morenistas, Morelos, Veracruz, Oaxaca y la Ciudad de México, de acuerdo con la consultora TResearch International.
Un informe que le entregó el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval al presidente a finales del año pasado, establecía que para poder recuperar Guerrero, habría que trabajar 10 años. Esto significa que hoy, sin importar lo que se haga, Guerrero es literalmente un estado fallido en manos de los criminales. En una década, de acuerdo con informes gubernamentales, el número de municipios controlados por el narcotráfico se elevó de 22 a un estimado de al menos 40, dos terceras partes del total de municipios.
Quién controla cuáles, aporta un primer mapa del control delincuencial sobre la vida productiva de Guerrero y qué es lo que está en disputa.
Los Tlacos gobiernan 10 municipios en la zona norte del estado en donde controlan la extorsión de las minas –oro y materiales estratégicos para las industrias militares–, que surgieron como fuerza relevante en el gobierno de Héctor Astudillo, quien autorizó 16 policías comunitarias –muy asociadas con el fenómeno criminal– de dos que había previamente, y 10 de las cuales se las entregó a Onésimo El Necho Marquina, jefe de esa banda que anda huyendo. Quien tiene su poder subrogado es Salvador Alanís Trujillo, coordinador de la Policía Ciudadana en el municipio de Heliodoro Castillo, que mantiene a Los Tlacos en la actual administración como la fuerza dominante.
Sus adversarios principales son Los Ardillos, que manejan 12 municipios en la zona de la Montaña, y en guerra con Los Tlacos por el control de Chilpancingo, donde el negocio criminal más lucrativo es la extorsión. La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, está siendo investigada por la Fiscalía General de la República por presuntos vínculos con el jefe Ardillo, Celso Ortega Jiménez. Los Tlacos también están enfrentados con La Familia Michoacana, que controla 12 municipios, y quiere arrebatarle Coyuca de Benítez, para tener una salida al mar en la Costa Grande, para sacar al mercado su droga desde Tlacotepec. Las dos bandas también están enfrentadas en la zona de San Miguel Totoloalpan, en Tierra Caliente, para garantizar el trasiego de drogas hacia Morelos.
La Familia Michoacana está asociada con el Cártel Independiente, que controla la extorsión en el centro de Acapulco y la zona del mercado, en la guerra por el puerto contra los remanentes del Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel de Caborca que fundó Rafael Caro Quintero y Los Rusos, que presuntamente de la mano del cónsul honorario ruso en el puerto, Antonio Rullán Dichter, controla al menos ocho municipios, la Costera y toda la zona de Punta Diamante, donde han ido adquiriendo más propiedades y terrenos ante la depresión inmobiliaria provocada por el huracán Otis.
Toda esta mescolanza de grupos criminales que han llenado el vacío que nunca ocupó la gobernadora Salgado, llevó a que después de la devastación del huracán Otis en Acapulco –no por razones de violencia e inseguridad, sino por el impacto social de la falta de ayuda–, el presidente López Obrador pidiera a su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, que interviniera para restablecer el orden. Sin embargo, el resultado no ha sido el esperado, ni en el aspecto de la reconstrucción, donde no hay servicios básicos urbanos y la basura que sigue sin recolectar junto con el agua almacenada en charcos, han incrementado las enfermedades gastrointestinales y el dengue, ni en el tema de la seguridad.
Una de las razones por la red criminal tan cambiante, explicaron personas que conocen las profundidades de Guerrero, es la complicidad de los alcaldes con el crimen organizado y que varios de ellos están negociando al mismo tiempo con organizaciones enfrentadas entre sí, lo que produce ajustes de cuentas o procesos de desestabilización inducidos en algunas ciudades del estado. Una situación similar se vivió en 2007, cuando Félix Salgado Macedonio era alcalde de Acapulco, y el gobierno federal tenía indicios de que dinero de diferentes bandas habían financiado su campaña. Uno de sus viejos colaboradores era Ludwig Marcial Reynoso, actual secretario general de Gobierno de Guerrero.
El gobierno, fragmentado en diversas zonas que operan como feudos, no lo tiene el gobierno, sino las organizaciones criminales, que pelean entre ellas y siguen delinquiendo, mientras que la pasividad en la acción institucional se parece más a una claudicación. Hay 10 mil militares y un recientemente creado “Mando Especial” para coordinar todas sus acciones, que hasta el momento, no sirve para nada. Siguen los muertos, sigue la violencia y la inseguridad. Se puede argumentar que Guerrero está podrido, y habrá quien lo refute, pero de lo que no hay duda es que el estado es la metáfora de un fracaso nacional sin punto de retorno por varios años.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador se indignó tanto por la publicación en Estados Unidos de testimonios que afirman recibió dinero del Cártel de Sinaloa durante su campaña presidencial de 2006, que denunció al gobierno de ese país por permitir esas “prácticas inmorales” –que no especificó si se refería a respetar la libertad de prensa o las investigaciones que realiza el aparato judicial y de inteligencia–, y al rechazar el señalamiento, elevó la apuesta y retó al presidente Joe Biden a que se dé por enterado de su molestia. Hasta aquí la posición para la gradería doméstica. Sin embargo, el sol no se va a ocultar.
Hay que apuntar la fecha, 30 de enero de 2024, porque puede significar un quiebre en la tolerancia política que ha tenido el gobierno de Estados Unidos con los arrebatos del presidente López Obrador, contra la DEA, el Departamento de Estado y los servicios de inteligencia, mientras es laxo y respetuoso con el crimen organizado. Lo que se dio este martes fue una explosión de información confidencial sobre un tema delicado con una sincronía inusual en cuanto a tema y fuentes que la hicieron trascender a medios de comunicación.
La respuesta de López Obrador era previsible, acusar a la prensa estadunidense de estar “subordinada” al poder, mediante lo cual asume implícitamente que sus patrones están en el gobierno de Biden, por lo que deja ver que entiende que la revelación tuvo una intencionalidad política en Washington. También ubicó su publicación en el contexto electoral, tanto en Estados Unidos –lo que no se terminaría de entender porqué–, como en el doméstico –donde haya sido la motivación o no–, sí afecta el estado de cosas. Lo que quizás el presidente no termina de ubicar en su justa dimensión, es que las imputaciones muestran el futuro que se le avecina.
De manera no vista antes, tres periodistas, la mexicana Anabel Hernández, y los estadunidenses Tim Golden y Steven Dudley, abordaron el mismo tema, el mismo día. Hernández abrió la polémica en un artículo de opinión en el portal de la radio pública alemana, Deustche Welle, donde citaba una investigación del Departamento de Justicia entre 2010 y 2011, que concluía que el Cártel de Sinaloa había aportado entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña presidencial de López Obrador.
Horas después, Dudley y Golden publicaron sus trabajos en InsightCrime y ProPublica a partir de una investigación de la DEA que evaluó el Comité de Revisión de Actividad sensible, compuesta por funcionarios del Departamento de Justicia y de la DEA, que revisa las operaciones clandestinas relacionadas con tráfico de drogas, narcotraficantes y también funcionarios extranjeros corruptos, donde el sujeto central es Mauricio Soto Caballero, un consultor de la Ciudad de México con contactos oscuros que buscaba entrar al negocio del tráfico de cocaína.
Los trabajos periodísticos involucran al Cártel de Sinaloa, por medio de la organización de los hermanos Beltrán Leyva, antes de que rompieran con sus socios y compadres, y su operador, Édgar Valdés, La Barbie, supuesto enlace del dinero. En la parte mexicana están Soto, que había apoyado campañas políticas anteriormente, incluidas las de López Obrador, Héctor Francisco Pancho León García, un empresario y candidato al Senado en Durango, que tras perder la elección desapareció, y Nicolás Mollinedo, el famoso Nico que por mucho tiempo manejó y fue una especie de secretario privado del presidente. También figura Jennifer, un testigo protegido, Roberto López Nájera, que fue utilizado por el ex procurador Eduardo Medina Mora como comodín en mútiples casos, que probó aquí y en Estados Unidos ser poco fiable.
Se puede descalificar a los medios, a los periodistas e incluso la misma información, como sucedió a través de las voces al servicio de la Presidencia o de expertos que revisaron contenido y contexto de lo publicado, pero no puede el presidente quedarse ahí. Hay dos casos mexicanos que debe revisar: la detención en Los Angeles del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional en 2020, y la detención y juicio del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, cuyo caso está siendo revisado en la Corte de Brooklyn, pero que tiene previsto, si no hay sobreseimiento, que lo sentencien a fines de junio.
Por el el método utilizado en Washington para imputar a López Obrador y el volumen de fuentes de funcionarios y exfuncionarios estadunidenses que las respaldan, son cualitativamente más severas que lo que se hizo con Cienfuegos y García Luna, al utilizar la arena pública como señales de lo que viene, para lo que debe analizar lo que hizo el Departamento de Justicia con Juan Orlando Hernández, que tan pronto como terminó su mandato como presidente de Honduras, fue acusado de tráfico de cocaína a Estados Unidos y extraditado por el nuevo gobierno.
La investigación contra Hernández abarcó de 2004 a 2022. Fueron 18 años en los que estuvieron armando la acusación formal, pero las llamadas de atención que tuvo no fueron directas, sino a través de imputaciones que iban siendo publicadas gradualmente por The Wall Street Journal, hasta que lo detuvieron, lo juzgaron y presentaron el pliego consignatario donde surgió el nombre del entonces presidente.
Con López Obrador no hubo llamadas indirectas, sino una directa, este martes, que surgió en el juicio contra García Luna, cuando su abogado César de Castro buscó utilizar la investigación en un interrogatorio. El juez Brian Cogan lo frenó, aduciendo que ese tema no estaba a juicio. López Obrador reaccionó en ese momento amenazando con demandarlo, pero no hizo nada más, una inacción, negligencia o soberbia incluso, que se ha revertido con el mensaje en Washington de que está abierta una investigación en su contra, probablemente transexenal.
López Obrador no debe quedarse gritando a los mexicanos y denostar a la misma DEA que le creyó ciegamente en el caso de García Luna, sino tomar lo sucedido el martes como una cita con la justicia estadunidense que vendrá tarde o temprano, para lo cual debe prepararse, enviar en su calidad de presidente al fiscal a Washington para saber qué se tiene exactamente contra él y comenzar a preparar su defensa.

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Sabíamos que en su larga carrera como funcionario público, Alejandro Gertz Manero ha sido una figura controvertida y atrapado en sus vendettas, desde que coordinó la Operación Cóndor (1975-1978) que propició el nacimiento del Cártel de Guadalajara hasta la invención de delitos para meter a la cárcel a su familiares políticos (2022), pasando por la desaparición de la oficina contra las drogas cuando era secretario en el gobierno de Vicente Fox (2002-2003) que provocó el colapso de la seguridad pública del país que aun padecemos y que incluyó la primera fuga de Joaquín El Chapo Guzmán (2001), cuando los penales de máxima seguridad se encontraban bajo su responsabilidad.
Pero en ningún momento había llegado al nivel alcanzado este lunes, cuando anunció la reactivación de la investigación del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio hace 30 años, y acusó al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de haber encubierto a José Luis Sánchez Ortega, en ese entonces un agente del Cisen, a quien señaló como el presunto segundo tirador que disparó contra Colosio en Tijuana.
La imputación lo dejó en ridículo, que se vio ampliamente reflejada en las redes sociales, donde se burlaron de él por su obsesión extrema. Se carcajearon de Gertz Manero –algo que no le debe gustar nada–, ironizando que García Luna había asesinado también a Álvaro Obre-gón, Abraham Lincoln, John F. Kennedy y Julio César, que era el responsable del Big Bang que dio origen al Universo, que provocó el hundimiento del Titanic y que atrajo el meteorito que extinguió a los dinosaurios, entre muchos otros que se comieron a risotadas digitales al fiscal.
Gertz Manero tiene cuentas abiertas con García Luna que se remontan a 2001, cuando el entonces secretario de Seguridad denunció a sus subalternos, Wilfrido Robledo, jefe de la Policía Federal Preventiva, y a García Luna, coordinador de Inteligencia de la dependencia, por la compra irregular de helicópteros, aunque nunca prosperó la denuncia. García Luna, todavía hasta hoy en día, pese a estar preso en Nueva York en espera de sentencia por vínculos con el Cártel de Sinaloa, le sigue ganando a Gertz Manero los casos en su contra.
García Luna se ha convertido en el pretexto de muchas de las cosas malas que pasan en el país, pero incrustarlo en la investigación del Caso Colosio fue una iniciativa de reciente cuño. Reabrir la investigación, se apuntó en este espacio en septiembre pasado, fue uno de los temas que le presentó Gertz Manero al presidente al iniciar su administración, como uno de los casos bandera para responsabilizar al pasado de todo. En su momento López Obrador no prestó atención.
Las cosas fueron cambiando cuando la sentencia de García Luna se aplazó y el presidente ya no pudo utilizarla como bandera electoral, como planeaba. En ese momento autorizó al fiscal a reactivar la investigación, que Gertz Manero cuadró con la hipótesis del “segundo tirador” que planteó originalmente Pablo Chapa, el segundo fiscal del Caso Colosio, que acusó a Othón Cortés, finalmente exonerado de todo, pero con su vida destrozada por el locuaz fiscal. Chapa, como hoy Gertz Manero, quería meter a la cárcel al expresidente Carlos Salinas y a su coordinador de asesores José Córdoba, me confió dos días antes de que se anunciara su nombramiento como fiscal, aceptando que no tenía ninguna prueba, como su actual colega.
A Chapa no se le ocurrió incorporar en su investigación a Tello Peón, pero Gertz Manero, que fue su jefe en la Secretaría de Seguridad de Fox, lo utilizó para documentar la línea de mando hasta García Luna –que había sido su subordinado en el Cisen– y, además de construir la idea de un crimen de Estado, seguir acumulando imputaciones contra García Luna por su vieja rencilla que corre paralela al objetivo desacreditador de la oposición por parte de López Obrador.
La hipótesis de Sánchez Ortega no va a llevar a ninguna parte. Fue investigado porque su camisa estaba manchada profusamente de sangre de Colosio, porque cuando corrió hacia donde le habían disparado –se encontraba a unos 15 metros de él–, ayudó a cargarlo para llevarlo a su camioneta. Sánchez Ortega estaba reportando la gira de Colosio a Tijuana al Cisen –algo que todavía se sigue haciendo de rutina–, y no aparece en ninguna de las decenas de fotografías e imágenes del entorno de Colosio en el momento que le disparan a quemarropa. Su dicho fue corroborado en la investigación de la última fiscalía del caso, que le dedicó 76 páginas.
El objetivo de López Obrador y Gertz Manero era claro en septiembre, cuando se reveló el plan para reactivar la investigación del crimen: desprestigiar al PAN, aunque contemplaba igualmente hacerle la vida imposible a Salinas, imputarlo y pedir la orden de aprehensión contra él y otros de sus cercanos en ese tiempo. Sin embargo, las cosas se movieron drásticamente desde entonces.
Cuando se publicó en este espacio el plan de Gertz Manero, aprobado por López Obrador para proceder penalmente contra Salinas, Tello y Córdova, el presidente lo negó tajantemente en una mañanera, lo que en privado se interpretó que estaba reculando. Sin embargo, el fiscal nunca dejó de ir construyendo el caso, con más de 50 ministerios públicos dedicados a ello, y sus objetivos y obsesiones volvieron a alinearse a las de López Obrador ante los cambios en su estrategia electoral.
Por un lado, la sentencia a García Luna será extemporánea para sus objetivos en la campaña, y si no hay un sobreseimiento del caso por violaciones al debido proceso –lo que sería un revés monumental a su narrativa–, se dará casi un mes después de la elección presidencial, cuando ya no tenga efecto político. Pero por el otro, una variable no contemplada hace casi medio año, son las crecientes denuncias de presunta corrupción de sus hijos y del círculo interno, donde la reactivación del Caso Colosio y las vinculaciones forzadas de Gertz Manero buscan, se puede argumentar, un distractor que no parece que alcanzará para blindar la honestidad del presidente.
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El presidente sangra por la herida de sus hijos. No es algo extraordinario. Sus hijos son la parte más sensible y delgada de su piel, a la que reacciona fuertemente en público y en privado. Por eso no debe extrañar que Andrés Manuel López Obrador haya iniciado esta semana un nuevo esfuerzo de control de daños ante revelaciones periodísticas y reiterar que sus hijos mayores no son corruptos, y que su jefe de ayudantes tampoco. Está obligado a hacerlo porque si la honestidad es lo que presume y la corrupción es lo que afirma combatir, que sus hijos y cercanos sean tachados de corruptos y deshonestos contradice su narrativa y lo hace ver como mentiroso e hipócrita.
Son dos niveles en los que se mueve el presidente López Obrador, como en todo lo que hace. Uno es el público, donde defiende a ultranza a su gente y a los funcionarios, por más mediocres que sean y más alejados los tenga, porque considera que si no invierte capital político para rescatarlos de sus errores, omisiones o responsabilidades, el impacto negativo no caerá en ellos, sino en él. El otro nivel es el privado, en donde ignora a quienes no le representan nada, y regaña y ajusta para administrar las crisis y desviar el conflicto.
En el caso de la presunta deshonestidad de sus hijos y sus cercanos, la forma como lo está procesando da la impresión de desconcierto por la manera como va goteando cada vez más seguido información sobre corrupción y tráfico de influencias en su círculo más íntimo, y hay señales de preocupación porque en las discusiones en Palacio Nacional no se tiene claro de dónde están saliendo las filtraciones, que motivaron una investigación de las comunicaciones de Carlos Loret, que en su noticiero en Latinus difundió los pormenores que han desquiciado al presidente, y provocaron una cadena de reprimendas a sus colaboradores.
Públicamente tenemos lo último, dicho ayer en la mañanera, un eco de sí mismo que repite que sus hijos no son corruptos ni deshonestos, aunque llamó la atención que sólo mencionó a dos, José Ramón y Gonzalo, excluyendo a Andrés, el más cercano a él, el más involucrado en temas políticos y electorales, el principal enlace con el presidente, y sobre quien abundan historias de presuntos negocios al amparo del poder.
En todos los casos, López Obrador dice que no hay pruebas, como tampoco aportaron, aseguró, para señalar como el enlace de sus hijos con empresarios en busca de licitaciones a Daniel Asaf, jefe de la Ayudantía presidencial, que sustituyó con los amigos de sus hijos la seguridad que daba un cuerpo de élite militar. Que presenten las pruebas, retó el presidente a los periodistas que dieron a conocer la trama que lo tiene de cabeza.
Las pruebas que pide el presidente están en el reportaje de Mario Gutiérrez, difundida en Latinus, a partir de una serie de audios de Amílcar Olán, íntimo amigo de Gonzalo y Andrés, que ha ganado millones de pesos con el Tren Maya y la venta de medicinas, donde detalla el papel de Asaf como el enlace con funcionarios de primer nivel del gobierno de López Obrador, para el tema de las licitaciones de obra pública, y con quien puede negociar y hablar directamente con aquellos que pueden otorgarle los contratos.
La revelación de los audios provocó cajas destempladas en Palacio Nacional, por las recriminaciones que hizo directamente López Obrador a Asaf la semana pasada, al reprocharle que fuera tan descuidado en sus conversaciones telefónicas, rechazando su explicación de que no lo había sido, y que hablaba únicamente en claves. El presidente decidió bajar el perfil de su jefe de ayudantes y es posible que desaparezca del escrutinio público en los próximos días, como también ha sucedido con sus hijos, incluido el extravagante José Ramón con sus fotos y discusiones en las redes sociales.
En Palacio Nacional hay un control de daños, no solo por lo revelado hasta ahora, sino por lo que temen que pueda salir más adelante. No tienen claridad ni certeza de dónde está saliendo la información –el reportero Gutiérrez no es el único que ha estado aportando información de alta calidad sobre la presunta corrupción en el círculo íntimo de López Obrador–, y así como sospechan que haya salido del interior del gobierno –de ahí la intercepción de las comunicaciones de Loret–, también presumen que haya salido de los Guacamaya Leaks.
Esa incertidumbre genera más temor porque no saben qué podría ser revelado en el futuro inmediato. Varias áreas del gobierno están trabajando para determinar el origen de los audios, y desde hace varias semanas se han elaborado documentos en donde se presentan aquellos temas cuya divulgación sería embarazosa y delicada de llegar a la opinión pública y perjudicar la narrativa del presidente.
La gran preocupación de López Obrador es que se marque sobre la frente de sus hijos que sean traficantes de influencias, aunque eso quizás ya es un poco tarde para evitarlo. La relación oscura de su hijo José Ramón con Daniel Chávez, el propietario del Grupo Vidanta, muy cercano al presidente, fue lo primero que comenzó a generar la percepción de tráfico de influencias. Las recientes revelaciones sobre Gonzalo reforzaron esa idea. Todos los señalamientos en torno a los presuntos negocios de Andrés, refuerzan lo que cada vez se asienta más en el imaginario colectivo sobre la corrupción en el corazón del proyecto de López Obrador.
Es visible la intranquilidad que reina en Palacio Nacional por las reacciones cada vez más encendidas del presidente para tratar de atajar las imputaciones y desviar la conversación, y las acciones emprendidas para encontrar el origen de la fuente que está entregando los audios. Todo indica que la sangre que está saliendo de la herida de López Obrador no va a parar, y que en estos tiempos electorales, como bien lo dice, más pruebas incriminatorias irán apareciendo y lo lastimarán cada vez más, porque como muestran las encuestas, la idea de que su gobierno es corrupto, está creciendo.

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La preocupación creciente por la desigualdad ha dado lugar a una serie de documentos que muestran el crecimiento de la brecha entre quienes tienen y quienes no, y un inexorable camino para ensancharla pese a los buenos deseos y políticas para impedirlo. Uno de ellos, publicado recientemente por Oxfam, una confederación internacional de 21 organizaciones no gubernamentales que tienen asociados en 90 países, nos desnuda una realidad mexicana que muchos no ven y que contradice el discurso presidencial de boga de primeros los pobres. Habría que ajustar esa frase para dejarle, primero Carlos Slim, el empresario del régimen.
Desde que ganó en la licitación a modo de Teléfonos de México, que se trabajó por meses para hacer un traje a su medida y ser uno de los pilares de la nueva clase empresarial que estaba construyendo el presidente Carlos Salinas, Slim ha tenido una influencia poderosa. Presidentes han ido y venido, y en Slim han tenido un interlocutor privilegiado. Lo respetan y los respeta. Lo apoyan y los apoya. Su relación, funcional y estructurada, pareció romperse con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia. Pese a conocerlo bien y haber hecho negocios cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, chocó cuando canceló el aeropuerto en Texcoco de una forma tan beligerante, que frases despectivas y amenazantes del presidente contra él en privado, auguraban una noche de pesadilla sexenal.
No fue así. Slim reculó, entendiendo quizás que en una lucha de poder, el águila siempre gana. Recortó sus pérdidas y restableció sus nexos con López Obrador. Fue, para efectos prácticos, un matrimonio por conveniencia. Al presidente le urgía legitimidad para fortalecer su discurso de apertura a la inversión privada, aunque en los hechos la frenaba. Slim se la dio y López Obrador aprovechó el papel de cortesano de un empresario sin escrúpulos cuando de dinero se trata.
Ha sido una relación interdependiente táctica provechosa. El gobierno le perdonó a Slim el colapso de una trabe de la Línea 12 del Metro que construyó su empresa, y provocó la muerte de 26 personas y dejó más de 100 heridos, mediante un acuerdo de indemnización de 400 mil a 6 millones de pesos por víctima, reveló el diario El País en 2022, y la empresa quedó exonerada de responsabilidad y futuras demandas. Luego fue compensado por el presidente con más obras. Slim, a quien la reforma de telecomunicaciones del presidente Enrique Peña Nieto lo tumbó del sitial como el hombre más rico del mundo, comenzó su recuperación de una forma, podría decirse, obscena.
En su reciente documento de trabajo sobre desigualdad para el Foro Económico Mundial de Davos Oxfam, subraya que la brecha socioeconómica sigue aumentando. La fortuna de los 14 “ultrarricos”, como define Oxfam la lista de “billonarios” del banco suizo UBS referida la semana pasada en este espacio, se ha duplicado desde el inicio de la pandemia del coronavirus en enero de 2020.
En lo alto de esa punta inalcanzable para prácticamente todos los mexicanos, se encuentran Slim y Germán Larrea, presidente de Grupo México, cuya fortuna conjunta creció 70%, equivalente a la riqueza total de la mitad de la población de América Latina y el Caribe: 334 millones de personas. Pero si se dejan los porcentajes y se ven los números presentados por Oxfam, Slim no solo es mucho más rico que Larrea, sino que tiene una fortuna superior a la que poseen los otros billonarios de México y tiene cinco veces y media más dinero que Vicky Safra, la multimillonaria brasileña –aunque es griega–, que heredó una fortuna en bancos, inversiones y bienes raíces, que vale 18 mil 200 millones de dólares.
Oxfam resaltó que la excesiva concentracio?n del poder econo?mico en México “guarda una estrecha relacio?n con el poder poli?tico: los ultrarricos en Me?xico lo son, sobre todo, por de?cadas de gobiernos que han renunciado a regular su acumulacio?n de poder e influencia. Once de los catorce ultrarricos mexicanos se han beneficiado y se siguen beneficiando de mu?ltiples privatizaciones, concesiones y permisos que les ha otorgado el gobierno mexicano en las u?ltimas de?cadas, lo que ha representado la transferencia masiva de riqueza de lo pu?blico a una pequen?a proporcio?n de personas en lo privado”.
Esta ecuación política-empresarial no ha cambiado en el gobierno de López Obrador, que tiene un discurso anticapitalista pero que, en la práctica, ha sido el motor fundamental de su crecimiento galopante. El presidente ha llegado a decir pública y privadamente que no sabe porqué lo critican los empresarios, si son quienes más han ganado en su sexenio. En realidad, la mayoría de los empresarios han sido cuiadadosos con la crítica, dadas las experiencias de algunos de ellos con las autoridades y amenazas penales si se rebelaban, pero hay otros, como Slim, que a cambio de los privilegios tomó el papel de adulador.
Pero para quien el dinero es su credo, puede justificarlo. Si como plantea Oxfam, los 14 ultraricos de México concentran 8.18 de cada 100 pesos de la riqueza nacional, Slim solo acumula 4.48 pesos de esos 100, o sea la mitad del total del resto de sus pares, con una fortuna que concentra “casi tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mexicana, alrededor de 63.8 millones de personas”.
Sllim nunca fue pobre. Su padre llegó a los 14 años de Líbano huyendo del agonizante Imperio Otomano, y para los 30 años, junto con su familia, había adquirido cientos de metros cuadrados en el Centro Histórico, deprimido por la devastación de la Revolución Mexicana, que marcó el inicio de la fortuna Slim.
Seis décadas después empezó a consolidar su imperio, con trabajo y acciones hostiles –como la adquisición de El Globo y el financiamiento del Grupo Financiero Value–, con manejos míticos o reales de dinero –como lo que supuestamente hizo con el libanés que huyó de la guerra civil de los 70–, o por los beneficios de ser el empresario consentido, llegando a niveles colosales desde 2020, cuando su fortuna creció 58% en términos reales.

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UBS, la compañía suiza que ofrece servicios financieros en más de 50 países, acaba de publicar lo que llama Reporte de Ambiciones de los Billonarios, donde su énfasis es mostrar los cambios de dirección en las empresas a partir del cambio de guardia generacional, ante los desafíos y las oportunidades que se presentarán. El estudio de 50 páginas provee, apunta en su introducción, una valiosa mirada en cómo los negocios de los dos mil 544 billonarios irán tomando cuerpo y se irán adaptando a un mundo diferente en el próximo cuarto de siglo. Pero para los casi ocho mil millones de habitantes en el planeta, el informe es una pincelada de una capa social con fortunas cuya inmensidad difícilmente caben en la cabeza y un recordatorio, un poco cruel, de la brutal brecha que divide cada vez más a las sociedades.
No sin mucha sorpresa, el reporte revela que el número de billonarios creció 7 por ciento en 12 meses, entre 2022 y abril de 2023, cuando pasó de dos mil 376 a dos mil 544, que puede mirarse como el selecto club de los ganadores materiales en la batalla global que hubo contra la pandemia del coronavirus. En 1995, cuando comenzaba la apertura global y la interdependencia de los mercados, había 377 billonarios con una riqueza combinada de 954 billones de dólares, a diferencia del total actual, que se sitúa entre 11 y 12 trillones de dólares.
La fortuna de los billonarios hoy en día se elevó 9 por ciento –un menor porcentaje de billonarios con respecto al pico en 2021–, que concentraron aún más la riqueza. En un año, menos billonarios ganaron un trillón de dólares más en 2023 contra 2021-2022, encabezados por los europeos. Pero no fueron los financieros o los inversionistas en sectores energéticos o tecnológicos los que encabezaron la recuperación, sino aquellos involucrados en las ventas minoristas y el consumo. En Europa, fueron los billonarios franceses los punteros de ese pelotón selecto, donde 34 personas concentraron la mayor riqueza continental, 501 mil millones de dólares, un incremento de 27 por ciento durante el periodo.
El reporte de UBS no menciona nombres, pero no son un secreto. La persona más rica en Francia es Bernard Arnault, presidente del imperio de productos de lujo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton –que incluye Tiffany, Christian Dior y Sephora–, seguido de Françoise Bettencourt-Meyers, la heredera del gigante L’Oréal y un poco más abajo, como el séptimo más rico, François-Henri Pinault, esposo de la mexicana Salma Hayek, propietario de las marcas Gucci, Balenciaga e Yves Saint Laurent, de tiendas departamentales, así como la gran librería FNAC, la casa de subastas Christie’s, un equipo de futbol y una de las grandes colecciones de arte moderno.
No obstante, la concentración más grande de billonarios sigue siendo el Continente Americano. Hay 867 que tienen una fortuna de cinco trillones de dólares –casi la mitad del total. En esta región dominan los estadunidenses con una fortuna combinada de cuatro mil 471 billones de dólares, y entre sus 751 súper Macpatos destacan los gigantes, el conocido Elon Musk (Tesla, SpaceX y X, son sus propiedades más notorias), Jeff Bezos (Amazon), Larry Ellison (Oracle), Mark Zuckerberg (Facebook), Bill Gates (Microsoft), el financiero Warren Buffet, Steve Ballmer de Microsoft, y Larry Page y Sergey Brin de Google.
La segunda casa americana es Canadá, con 42, que juntan 166 billones de dólares, seguido de México, que aunque solo tiene 14 billonarios, acumulan 140 billones de dólares, encabezados por Carlos Slim, que en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, incrementó su fortuna en 30 por ciento, uno de los saltos de fortuna, si no el que más que se haya registrado en el periodo en todo el mundo. Brasil, la principal economía latinoamericana, es el espejo bizarro mexicano: tiene 53 billonarios, pero su riqueza acumulada es inferior a las de los 14 billonarios mexicanos. En la lista de billonarios México ocupa el lugar 11, detrás, en orden de fortunas, Estados Unidos, China, India, Francia, Alemania, Suiza, el Reino Unido, Hong Kong, Canadá, Italia y Australia.
No hay continente o región que no tenga billonarios. África, donde hay 330 millones de pobres –un incremento en términos porcentuales a los que había hace 30 años–, dos de cada cinco adultos son analfabetas y alberga a siete de los 10 países más desiguales del mundo, junto con el Medio Oriente, tiene 63 billonarios con una fortuna acumulada en 279 billones de dólares, donde destacan el hombre más rico del continente, según la revista Forbes, el sudafricano Johann Rupert, cuya fortuna proviene de inversiones financieras, salud y medios de comunicación, así como de Cartier y Montblanc, seguido del nigeriano Alike Dangote, que tiene un conglomerado de cemento, transporte y procesamiento de alimentos.
El reporte de UBS tiene diferentes lecturas. El foco es sobre los relevos generacionales en las grandes fortunas durante toda una generación, en donde resalta cómo más de mil billonarios heredarán cerca de cinco trillones de dólares a sus hijos, que se encargarán de administrar y ampliar la riqueza, pero en nuevos sectores de una economía en transformación.
Pero hay otras lecturas que nos esbozan lo que viene por delante: una disminución en el ritmo de creación de riqueza en la Cuenca del Pacífico, rompiendo su crecimiento de los últimos 20 años, un crecimiento moderado en el Continente Americano (2.7 por ciento), pero con billonarios involucrados en las principales industrias que mueven al mundo, como la tecnológica, a diferencia de Europa, cuyo dinamismo depende de los consumidores. O lo que perfilan los Emiratos Árabes Unidos, que destaca en el Medio Oriente, con una expansión económica de 7.6 por ciento y un brinco de 10 a 17 billonarios en un año, que nos muestra para dónde se mueve el mundo.

Nota: En la columna “Alarma en Palacio” publicada el 15 de enero, se citaba un trabajo de Mexicanos Contra la Corrupción que identificaba a Luis Doporto Alejandre como accionista de Brick Contratistas, quien afirmó en una carta a este espacio que no es socio y nunca fue accionista de la compañía que mencionó MCC.

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La violencia criminal contra figuras públicas que hoy son candidatos a puestos de elección popular sigue siendo un tema que se ha minimizado. Organizaciones que dan seguimiento a la violencia política han estado advirtiendo la posibilidad de que la tendencia de ataques a políticos y candidatos en este año electoral aumente. Informes que han llegado al despacho presidencial desde diciembre pasado son perturbadores, ante alertas y amenazas, o intentos incluso de asesinato, en contra de Clara Brugada, candidata al gobierno de la Ciudad de México, y de Omar García Harfuch, candidato al Senado.
En el caso de Brugada, el nivel es de alerta ante informes de inteligencia de que la Unión Tepito, una organización criminal que nació en 2009 como parte de la organización de los hermanos Beltrán Leyva, bajo la responsabilidad de Édgar Valdés, La Barbie, la mano derecha de Arturo Beltrán Leyva, el jefe del grupo criminal que murió en diciembre de ese año en un operativo de la Marina en Cuernavaca, tiene preocupaciones sobre lo que pueda hacer la candidata. La Unión Tepito fue fundada para disputar los negocios ilegales a la banda criminal que fue bautizada como el Cártel Tepito y para poner un freno al Cártel de Sinaloa y a Los Zetas, que buscaron aprovechar la crisis interna que causó la muerte de Beltrán Leyva.
La información proporcionada al presidente sugería que la seguridad de Brugada debía reforzarse al extremo, particularmente en los mítines o reuniones que la candidata realizara en Tepito, el viejo barrio bravo al centro-norte de la Ciudad de México, que visitó a principios de diciembre. No hubo ningún incidente en esa visita, pero la alerta no se eliminó. El reporte sugería que había una preocupación de la Unión Tepito porque en Iztapalapa, donde Brugada fue alcaldesa, tenían sus centros de mando grupos delincuenciales que son sus enemigos.
En Iztapalapa, de acuerdo con un documento secreto de la Secretaría de la Defensa que difundieron los hacktivistas de los Guacamaya Leaks, tienen su centro de operaciones el Cártel Jalisco Nueva Generación y grupos menos poderosos en estructura y capacidad de fuego, pero no menos peligrosos: el Cártel de Tláhuac, Los Tanzanios –que presuntamente llegaron a tener relación con Unión Tepito–, Los Oaxacos –con ligas al Cártel de Sinaloa–, y Sindicato Libertad –con nexos al crimen organizado en Oaxaca. La inquietud de la Unión Tepito, de acuerdo con los informes, es la percepción de que Brugada fue laxa en el combate a esas organizaciones.
El caso de García Harfuch, que fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y rival de Brugada por la candidatura capitalina, es más serio. Desde finales de noviembre, principios de diciembre, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, su principal promotora y que lo incorporó a su equipo y cuarto de guerra al perder la contienda con la exalcaldesa de Iztapalapa, fue informada de que se había recibido una amenaza de muerte contra García Harfuch que consideraban creíble. La decisión inicial fue que dejara de aparecer en eventos públicos –lo que sucedió–, y poco después que saliera del país, que cuando se hizo pública la amenaza, explicó que había obedecido a vacaciones programadas con su familia.
La familia de García Harfuch vive en el extranjero desde que en junio de 2020, siendo secretario de Seguridad capitalino, fue objeto de un atentado que se adjudicó al Cártel Jalisco Nueva Generación, por un viejo diferendo, explicaron funcionarios, en un operativo años antes en Puerto Vallarta. La amenaza no quedó en el aire. Una carpeta de inteligencia entregada al presidente incluía los detalles de movimientos anómalos alrededor de García Harfuch, que habían sido preludio de al menos dos atentados que fueron desarticulados.
Por instrucciones presidenciales se empezaron a realizar análisis de prospectiva sobre cuál podría ser el impacto probable sobre el proceso electoral, así como qué tanto podría afectar la gobernabilidad en las campañas. Ese documento, si ya se terminó, no ha trascendido.
La preocupación sobre la gobernabilidad en tiempos electorales tiene sustento. En este espacio se publicó el lunes que de acuerdo con el proyecto Votar Entre Balas de la organización no gubernamental Data Cívica, desde 2022 la violencia política tuvo un incremento significativo al compararse con los cinco años previos, y que 2023 fue el más letal para la clase política. La intervención de los cárteles en elecciones está muy fresca en la memoria por lo que sucedió en las intermedias de 2021, donde según un estudio del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, hubo mil 66 delitos y agresiones durante el proceso electoral, que incluyeron 102 homicidios dolosos y 48 en grado de tentativa, abarcando la violencia a 570 de los dos mil 469 municipios en las 32 entidades del país.
La violencia criminal no juega con los tiempos electorales, pero lo experimentado en 2021, particularmente en Sinaloa, modificó la premisa por lo que está en juego åhoy, la expansión territorial y no solo el control de los negocios criminales tradicionales, sino las nuevas injerencias en el mercado, las finanzas y la industria, para lo que requieren que los gobernantes dependan de ellos –bajo la lógica de plata o plomo, y de corrupción o terror, como operan los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación–, o que hayan sido puestos en el cargo por ellos.
Las alertas sobre los riesgos que enfrenta Brugada responden a este tipo de coyunturas. Pero hay otras amenazas, como las que enfrenta García Harfuch, donde el proceso electoral es meramente circunstancial, porque el precio sobre su vida corre por diferentes vertientes. No obstante, al igual que en el caso de la alcaldesa, cualquier acción violenta contra los candidatos tendría ciertamente un impacto sobre el proceso electoral y generaría un problema de gobernabilidad.
Las autoridades electorales, los equipos de campaña y el gobierno federal –al menos públicamente–, no han mostrado un interés verdadero más allá de la retórica y anuncios de buenas intenciones, para evitar incidentes serios o tragedias durante las campañas, una negligencia y una irresponsabilidad que tienen que corregir antes que lamentar.

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