El gran peligro para México en las elecciones de 2024 es el crimen organizado. El cáncer que tuvo una metástasis acelerada en los últimos cinco años amenaza la democracia y la sociedad. Las elecciones han sido excesivamente violentas desde 2018, y la descomposición institucional y la ruptura del contrato social nos ha llevado a nuevos estadios. Desde 2022 la violencia política ha tenido un incremento galopante al compararse con los cinco años previos, de acuerdo con el proyecto Votar Entre Balas de Data Cívica. Y políticamente hablando, 2023 fue el año más sangriento para los políticos.
Con 574 eventos registrados, que superaron en casi 100 los registrados en 2022, el año pasado fue brutal para la clase política, sobre todo en Guerrero, un estado tomado por el crimen organizado ante la incompetencia del gobierno y las complicidades de algunos funcionarios con la delincuencia, en Veracruz, donde hay otro gobierno profundamente inepto, en Guanajuato, donde la guerra por el control del huachicol no cesa, y en Oaxaca, infectado hace tiempo por el Cártel de Sinaloa.
El referente negro en la memoria de muchos son las elecciones intermedias de 2021, cuando la violencia política impactó en 570 de los 2 mil 469 municipios en 32 estados, como resumió un informe sobre la violencia en ese año electoral el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México. Aquel proceso electoral que comenzó el 7 de septiembre de 2020 y terminó el 6 de junio del año siguiente, registró mil 66 delitos y agresiones, que incluyeron 102 homicidios dolosos y 48 en grado de tentativa, cometidos en un 66% por grupos armados, reveló la consultora Etellekt.
No hay ningún indicativo que la violencia en el proceso electoral revertirá su tendencia ante la cuasi claudicación del Estado mexicano ante los criminales, y a la deliberada política del presidente Andrés Manuel López Obrador de no enfrentarlos, sino solo buscar su inhibición y responder con fuerza únicamente cuando soldados y marinos sean atacados. El gobierno federal dejó de ser garante de la seguridad y los saben las comunidades afectadas. Como botones de muestra:
* Un grupo de mujeres del pueblo wixárika, que viven en municipios enclavados en la Sierra Madre Occidental que comprende Jalisco y Nayarit, pidieron hace unos días que se frenaran los atropellos, las extorsiones, los cobros de piso y los asesinatos “injustificados” –normalizando quizás que hay crímenes “justificados”–, pero no a la autoridad, sino a Nemesio Oseguera, El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación.
* Recientemente, habitantes de los municipios de Chicomuselo y Bella Vista en la frontera de Chiapas con Guatemala, donde hace meses el gobierno envió al Ejército y la Guardia Nacional para restablecer la paz, recibieron con ovaciones y alivio no a los militares, sino a los comandos paramilitares del Cártel de Sinaloa, en quienes cifran sus esperanzas para que los defienda del Cártel Jalisco Nueva Generación.
* Siete de 14 personas secuestradas en la comunidad de Texcapilla en el sur del Estado de México, fueron liberadas por la Familia Michoacana tras privarlos de su libertad por su rebelión en diciembre contra el control absoluto de su vida, pero solo después de que el gobierno mexiquense aceptó el chantaje de devolverle uno de los tres ranchos que le decomisó el gobierno anterior a la organización criminal. Las siete personas liberadas fue a cambio de un rancho; faltan dos más.
No hay gobierno, aunque todas las mañanas hay presidente. No habrá seguridad, aunque esté militarizado el país. Las Fuerzas Armadas no inspiran miedo a los criminales, al ser más de adorno que defensores de la ciudadanía. Cada vez más les tienen menos respeto, los enfrentan, los humillan y los matan. Durante el sexenio de López Obrador hasta 2023, el número de militares que murieron a manos de criminales se elevó en 138%. La política de abrazos, no balazos, rompió las defensas de la última trinchera de defensa ante criminales.
El escenario para las elecciones de este año está pintado de rojo. Por una parte está el creciente poderío criminal que ya no se ocupa del gobierno, porque no es realmente lo que les preocupa, sino sus rivales. Por el otro, el número de puestos de elección popular en juego, aumenta la vulnerabilidad por haber más posibilidades de control. En 2021 se pusieron en juego 19 mil 368 cargos públicos, y este año más de 50 mil candidatos estarán buscando uno de los 20 mil 286 cargos que se disputarán la Presidencia, 15 gubernaturas, 30 congresos locales, 30 ayuntamientos y juntas municipales en las 32 entidades.
De ese total, 19 mil cargos públicos son locales, que son los que impactan de manera más directa en la vida comunitaria, y en donde se puede argumentar está el mayor interés de los criminales, porque quienes viven en esas poblaciones son, por llevarlo al ámbito de las transacciones comerciales –por las drogas son eso, un negocio–, sus clientes. Es ahí en donde se enfoca la delincuencia organizada, en los municipios, las alcaldías, las juntas municipales, en su estructura organizacional –seguridad, finanzas, obras–, en donde cobra derecho de piso a los negocios, extorsiona a los agentes económicos y dicta al resto de la población sus propias reglas de mercado.
La experiencia de las elecciones de 2021 fue la exhibición del poder del Cártel de Sinaloa que operó en prácticamente todos los estados del Pacífico, salvo Jalisco, para apoyar candidatos, inhibir a rivales, amagar a funcionarios de casilla o asesinar a quienes decidieron arriesgarse y entrar a la competencia. Hay incluso ex gobernadores que describen en privado cómo tuvieron que plegarse ante el crimen organizado y dejar pasar a quienes les dijeran.
Con mayor poder hoy en día, el crimen organizado tiene más incentivos para el control político y territorial que hace tres años, porque enfrentan a rivales más fuertes y mejor armados, para cuya batalla requieren tener en cargos públicos a los suyos, como primer brazo ejecutor de la estrategia que está buscando, de manera real y formal, un narcoestado mexicano.

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En cualquier conflicto hay dos bandos y una franja gris entre los dos que se mantiene neutral o busca la conciliación. La guerra en Gaza ha seguido esa dinámica, pero no se parece mucho a otros eventos bélicos. La polarización fue instantánea, partiendo al mundo más allá de ideologías y religiones, que entre más dura la guerra más ancha se abre la fractura del conflicto más delicado en décadas, con el potencial de causar una guerra regional entre proxys de las potencias nucleares. Los antagonismos han causado todavía más divisiones, como la que estamos viendo desde ayer, cuando México, contrario a la posición de sus socios comerciales Estados Unidos y Canadá, respaldó la posición palestina y junto con Chile pidió a la Corte Penal Internacional en La Haya, investigar la probable comisión de crímenes israelíes en Gaza.
En un comunicado dado a conocer en las redes sociales, la cancillería mexicana señaló que la acción de los dos gobiernos –la secretaria Alicia Bárcena era embajadora en Santiago–, obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia israelí, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte. No llegaron a la postura de Bangladesh, Bolivia, Djibuti, Comoros y África del Sur, que acusaron a Israel de genocidio en La Haya, donde la semana pasada se celebraron las dos primeras audiencias del caso.
La postura de México es principista y se ve calculada, al limitarse únicamente a pedir la investigación, sin llegar a conclusiones. No obstante, como el abstenerse de votar en los foros internacionales es interpretado como apoyo a una posición dejando una puerta de salida, la interpretación de Israel va a ser de rechazo y crítica al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de tensión y mayores desencuentros en la relación bilateral.
Lo que no sabemos es si responde a una reflexión colectiva que le permitió al presidente ver los pros y contras de esa acción, o es consecuencia de un arranque emocional. La historia mexicana con Israel nos muestra que esa toma de decisión tiene consecuencias si está mal tomada, como le sucedió a México cuando el presidente Luis Echeverría ordenó al secretario de Relaciones Exteriores, Emilio Rabasa, que la resolución de las Naciones Unidos que definía al sionismo como una forma de racismo, fuera votada a favor durante la Asamblea General el 10 de noviembre de 1975.
Echeverría cambió la decisión cuando ya estaba en curso la votación, y se envió un mensaje por télex –en ese entonces no había internet ni teléfonos móviles– a la Misión de México en Nueva York, que se encontraba a casi un kilómetro del pleno de la Asamblea General, por lo que el cambio de instrucción, para cuando llegó, ya era muy tarde, pues México ya había votado. Al día siguiente, una de las principales organizaciones judías en Estados Unidos organizó una manifestación de apoyo a la que acudieron 200 mil personas, escribió en una historia de ese episodio Ariela Katz Gugenheim, del Centro de Documentación e Investigación Judío en México, al tiempo que el jefe de la misión norteamericana, Patrick Moynihan, advirtió que quienes habían votado por la resolución, “sufrirían por ello”.
México entendió de lo que se trataba. El 23 de noviembre, apareció un anuncio en la edición dominical de The New York Times, que imprimía alrededor de un millón de ejemplares, donde se apelaba a “toda la gente buena” a boicotear turística y económicamente a México. Katz Gugenheim recordó que en dos semanas se comenzaron a sentir los efectos del boicot, con una ola de cancelaciones de decenas de viajes y miles de turistas que optaron por otras opciones de países en el Caribe que votaron en contra de la resolución. Echeverría buscó resolver el problema en que había metido a México buscando a los líderes de la comunidad judía y “medio disculpándose” con el embajador de Estados Unidos, Joseph John Jova, aunque después comprobó que mentía, agregó Katz Gugenheim. Echeverría despachó a Rabasa a Tel Aviv, y sentó las bases para que se suspendiera el boicot. Sin embargo, las posiciones de Echeverría contradecían lo que planteaba Rabasa, con lo que su puesto se había vuelto insostenible, y renunció antes de que lo cesaran.
En muchos sentidos López Obrador se parece a Echeverría, como en este caso, donde la ideología y la posición de ambos los ubicaron en el lado palestino. Echeverría estaba involucrado en el movimiento del Tercer Mundo, de las naciones que no estaban en ninguno de los bloques de Estados Unidos y la Unión Soviética, y había logrado la aprobación de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados en la ONU. López Obrador sueña con ser líder latinoamericano con reconocimiento mundial, aunque no ha hecho nada internacional de fondo, como sí hizo Echeverría.
El boicot judío a México provocó 30 mil cancelaciones y pérdidas por unos mil millones de dólares, alrededor de cinco mil millones de dólares a valor presente. Las condiciones internacionales hoy en día son muy distintas a las que se vivía en 1975, por lo que costos económicos no figuran en el horizonte. Pero son otras pérdidas las que podría tener López Obrador. Una de las probables razones por las que pudo haber decidido tomar esta acción es la resistencia de Israel para extraditar a Tomas Zerón, uno de los principales implicados en el Caso Ayotzinapa, que le ha hecho creer que él es la clave para desenmarañar la investigación. Tras la petición a la Corte Penal, quizás ya no vea la extradición en su gobierno.
López Obrador puso a México a jugar en el lado ético de la Historia sin ambigüedades ni lenguaje vergonzoso, como lo hizo en el caso de la invasión rusa a Ucrania, y con su silencio ante la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Es cierto que va en sentido opuesto a Estados Unidos y Canadá, pero no sería la primera vez que un presidente mexicano lo hiciera y saliera avante.

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Entrón a todas las cosas, de las que sabe, de las que no sabe y de las que se le antojan, que son casi todas, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió al quite de su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, y le respondió a la opositora Xóchitl Gálvez, que se mofó de la morenista y la retó a debatir con ella, siempre y cuando le dieran permiso, rechazando de manera indirecta que la mangoneara. “En política… no hay títeres con poder”, dijo López Obrador. “Nadie acepta cuando llega a un cargo público ser manipulado”.
Gálvez recogió el pensamiento convencional de que Sheinbaum no es nadie sin López Obrador, y no tendría aspiraciones serias para ser Presidenta si detrás de ella no está su creador. La doctora ha alimentado las percepciones, al repetir lo que el presidente dice, ensalzar lo que hace, no actuar con iniciativa propia –incluso las que aparentemente ha tomado, las ha consultado antes con él–, y actuar como un clon o un megáfono de sus dichos.
Sí parece Sheinbaum la títere de López Obrador, pero no lo es.
Nadie espera que Sheinbaum, en caso de ganar la Presidencia, prepare el camino para el regreso de López Obrador a la oficina de la más alta investidura nacional, como hizo Manuel González, a quien hizo presidente su compadre Porfirio Díaz, a quien le entregó el control de las principales secretarías de Estado y cuatro años después le preparó el camino para que regresara para un segundo mandato. Por ahí no van las cosas.
López Obrador ha dejado muy claro que sueña ser el mejor presidente de México, y está sentando bases que parecen muy sólidas, en caso de que Sheinbaum gane la elección, porque uno piensa que sería imposible que tirara a la basura los Libros de Texto lopezobradoristas, y eliminar de esa forma el registro en sus páginas a su epopeya política –que está reforzando un grupo de intelectuales coordinados por su esposa–, para algo similar a lo que hizo Jacqueline Kennedy en una entrevista con la revista Life tras el asesinato de su esposo que dio origen al mito de “los mil días de Camelot”, la sobreestimación de John F. Kennedy como líder, pese a que los resultados alcanzados lo colocaban como uno de los peores presidentes estadunidenses del siglo pasado.
Sheinbaum, uno puede anticipar, no le quitará su autoinclusión en la Historia de México, lo cual no afectaría de manera letal a su eventual gobierno como sí pueden hacerlo otras cosas que le está dejando armadas y enmarañadas, como un gabinete transexenal de cuando menos seis secretarios de Estado, que la dejan atada de manos para armar su equipo o cumplir compromisos que tampoco objetó, o cuando recibió sin rebatir los 10 puntos con las instrucciones que tendrá que obedecer en Palacio, que se detallaron en este espacio en noviembre pasado.
Hay otros ingredientes de control en la cocina que quiere dejar el presidente instauradas, como las reformas constitucionales que anticipó el martes y reiteró el miércoles, que incluye la del Poder Judicial –jueces y magistrados por elección popular–, la de las pensiones, la nacionalización de ferrocarriles, la del salario mínimo, la del bienestar y la reforma electoral –reducir gastos de campaña y eliminar las plurinominales–, para lo cual necesitará tener la mayoría calificada en el último mes de su sexenio.
López Obrador tendrá en su historial haber escogido candidata, organizado la simulación de un proceso, establecido los tiempos del proceso y los temas de discusión, para posteriormente fijar los temas de la campaña electoral, someterla al ala dura del lopezobradorismo, entregarle el programa de gobierno –en donde han participado sus hijos mayores José Ramón y Andrés–, dejarle en las calles a las Fuerzas Armadas que han asumido el papel de los principales constructores del país, controlan los puertos y son los garantes de la estabilidad presidencial, aunque no del país. Igualmente, le deja una nación con el crimen organizado en creciente expansión y poderío, con la exigencia implícita de no combatirlos.
¿Para qué querría un títere López Obrador en el poder? No estuvo en su diseño, por lo que se está viendo y tendrá que irse demostrando con el tiempo si gana Sheinbaum, tener en la Presidencia a quien ejecutara las órdenes que le fuera dando desde Palenque. Lo que buscó es que quien heredara el poder fuera incondicional, no para regresarlo a Palacio Nacional, sino para preparar la sucesión de 2030, porque el poder no se entrega, se defiende. Sheinbaum era la persona más dúctil para llevar a cabo su propósito porque piensa como él –quizás es más dogmática que López Obrador–, le debe todo a él y sin él su futuro no sería en la política sino la academia. Sheinbaum le garantiza la continuidad y la protección transexenal.
Hay quienes sostienen que una vez que se cruza la banda presidencial, el nuevo Ejecutivo absorbe en automático todo el poder, inversamente proporcional a como el saliente lo pierde, aunque esta reflexión utiliza las categorías que se ceñían a las reglas políticas del sistema que, aunque sigue vigente, sus valores entendidos los rompe López Obrador cada vez que las cosas no salen como las tenía pensadas. Quizás lo que sucede es que hay una probable sobrestimación de la autonomía que pueda tener y quiera ejercer la hoy candidata. Pero aún si lo fuera, estaría totalmente acotada y su capacidad de maniobra sería mínima.
López Obrador sostiene que se enclaustrará en su rancho y no hablará de política ni con sus hijos. Como dice, todavía estoy buscando quién le crea. Un animal político de su tamaño, no se retira; lo retiran, pero no es algo que uno creería haría Sheinbaum. Aún sin estar López Obrador estará, como hoy, donde está en la boleta electoral sin estar. Pero dejemos abierta la eventualidad de que Sheinbaum actuara con independencia; López Obrador tiene la espada de Damocles sobre su cuello: la revocación de mandato, por si todo lo demás no fuera suficiente.

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Por las señales que está enviando Xóchitl Gálvez desde que comenzó este año, la campaña presidencial que arranca el primero de marzo va a ser de contrastes y ataques, que apunta a una contienda polarizada. Lo está delineando en spots que empezaron a aparecer en medios electrónicos el 2 de enero donde subraya las mentiras del presidente Andrés Manuel López Obrador y alineó sus ideas fuerza en el discurso que pronunció el domingo en el cierre de su precampaña sobre seguridad –un país tapizado de muertos–, salud –la incompetencia que provocó un exceso de mortalidad escandaloso– y educación –con la perla de los nuevos libros de texto. Ha dejado claro también que se irá al cuello de López Obrador, como eje de la campaña de Morena, y mantendrá a Claudia Sheinbaum, como una candidata que no actúa por sí misma.
Una campaña de contraste es por definición negativa, pero no significa campaña negra o guerra sucia, como parece ser la ruta que López Obrador utilizará de manera discrecional para restarle poder, creatividad y posiblemente artimañas a la estrategia de Gálvez, que ha dado muestras de que finalmente ha elaborado y trazado una hoja de ruta. El presidente tomó en los últimos días una decisión que va en ese sentido, luego de que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero le diera un informe sobre el cuarto de guerra de Gálvez.
Gertz Manero, que montó desde el año pasado un equipo de inteligencia fuera de la Fiscalía General –en una casa suya– para monitorear las actividades de Gálvez y una veintena de figuras de la oposición, así como también las de Sheinbaum –en su momento también Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal–, o personas en el entorno más cercano de López Obrador con fines electorales, le entregó un reporte sobre Sergio Zaragoza, quien es uno de los integrantes del cuarto de guerra de Gálvez, a donde llegó de la mano del activista Claudio X. González.
Por alguna razón, la presencia de Zaragoza provocó una reacción en Palacio Nacional que no se había dado previamente con nadie, al pedir el secretario privado del presidente, Alejandro Esquer, una de las personas más cercanas de López Obrador desde hace 30 años, que buscara desactivarlo a fin de neutralizar su trabajo en la campaña presidencial de la oposición. Sin embargo, sus antecedentes muestran un equipaje cuajado en 45 campañas electorales en México y América Latina como consultor y estratega en redes sociales.
Zaragoza y Aldo Hiram Cam-puzano, son socios en dos empresas, Aldea Digital y México Elige (que nació en 2013), que le hace las encuestas digitales a Gálvez, que trabajaron en la anterior campaña presidencial, pero del lado de la alianza PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, que presentó como candidato a José Antonio Meade, en donde el primero desarrolló una campaña negra, en el contexto de una guerra sucia, en contra del candidato del PAN a la Presidencia, Ricardo Anaya.
Zaragoza no involucró a Aldea Digital en ese contrato, sino a Sicre (su apellido materno), Yepiz, Celaya y Asociados, que de acuerdo con denuncias en el Instituto Nacional Electoral, pagó campañas negras en Google y Facebook para promocionar videos y noticias falsas contra Anaya. El PAN presentó una denuncia en el INE que terminó con una multa únicamente a la consultora, aunque la empresa siempre ha negado haber realizado ese tipo de campaña.
Zaragoza siguió trabajando para el PRI, y en las elecciones intermedias de 2021, agregó a sus clientes al candidato al gobierno de Sonora, Ernesto Gándara, y el precandidato para el gobierno de Guerrero, Mario Moreno, que no llegaron muy lejos. Para la contienda presidencial de este año, el PRI y el PAN volvieron a contratarlo, pero como Aldea Digital, reforzados por Claudio X. González, que según el informe de Gertz Manero al presidente, es quien realmente los introdujo al cuarto de guerra de Gálvez.
De alguna manera todavía desconocida, los antecedentes de Zaragoza inquietaron en Palacio Nacional, donde la petición a Gertz Manero de hacerle un seguimiento personal para neutralizarlo, no tiene precedente en anteriores comicios de este siglo. El abanico de posibilidades que existen para neutralizarlo es amplio, desde un invento sobre un presunto delito –la marca de la casa–, hasta una persecución del SAT o de la Unidad de Inteligencia Financiera, como se ha hecho metódicamente contra personas a las que el presidente quiere perjudicar u obligarlos a bailar al ritmo que les impone.
Gertz Manero, que alertó al presidente de la presencia de Zaragoza, ha fallado mucho como fiscal, pero ha sido muy eficaz en el diagnóstico político de la vida política, cuya claridad le ha dado un lugar especial en el campo de la asesoría permanente para López Obrador. No es de extrañar que la mayor parte de las veces que el fiscal lo ve, no es para asuntos relacionados con la procuración de justicia, sino políticos y electorales.
Pero vista la acción que se emprendió contra Zaragoza desde otro ángulo, también hay señales como las de Gálvez, pero en el sentido opuesto, para tratar de inmovilizar al estratega de redes y experto en guerras negras antes de que comience la campaña presidencial. Sheinbaum lleva una cómoda ventaja, según las encuestas que aún no reflejan con precisión la intención de voto, pero no puede equivocarse.
Una campaña de contraste, como la que perfiló Gálvez el domingo pasado, puede ser muy eficiente si el mensaje es claro, simple y directo, como lo ha hecho López Obrador por años con gran éxito, y puede horadar el blindaje del presidente y debiltar su defensa de Sheinbaum, obligándola a salir al campo de batalla sin su protector. La estrategia que apunta a polarizar es la única que, puede pensarse, podrá convertirla en una candidata competitiva, pero tiene riesgos, costos y consecuencias. Y si a esa estrategia le agregan campañas negras, la combinación puede tener resultados inmediatos si el mensaje en redes es eficiente. Por lo demás, material para ello, tienen mucho.

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La cascada de críticas, calificativos y epítetos contra Ulises Lara tras haberse ido a dormir un día con el título de sociólogo y al día siguiente amanecer también con el de abogado, un requisito legal para que pudiera asumir el cargo de fiscal general interino de la Ciudad de México, es un momento paradigmático de los tiempos que vivimos, pero permite analizarlo como un estudio de caso para que el día de las votaciones el primer domingo de junio la gente esté conciente de su decisión al cruzar la papeleta.
La designación de Lara fue resultado del fracaso de la ratificación de Ernestina Godoy en el cargo, que es donde comienza este episodio. La ratificación de Godoy se le encargó desde Palacio Nacional al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, que no pudo lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México. Cuando se vio obligada a dejar el cargo anunció que dejaría como interino a Lara, que fue su vocero, lo que desde el primer momento generó inquietud porque el no ser abogado se vio como un problema en la Presidencia. La salida provendría de quien menos esperaban, Clara Brugada.
Fue ella, candidata de Morena al gobierno de la capital federal, quién proporcionó la solución y se ofreció a conseguirle el título de licenciado. En 24 horas el Centro Universitario Cúspide, que se encuentra en Iztapalapa, la alcaldía que gobernó Brugada, le entregó el título y la Secretaría de Educación Pública, también de manera exprés, le expidió la cédula profesional de licenciado en Derecho. No hay ningún antecedente de los estudios de Derecho de Lara, que debieron de ser presentados para obtener la cédula que, por lo demás, es un trámite que no dura horas sino en semanas.
Brugada, que ha tenido dos reuniones con López Obrador para revisar su estrategia electoral y que ha sido arropada por el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, proporcionó el importante salvavidas, al menos temporal, porque al tener ahora el título de licenciado, Lara podría ser incluido en la terna que el Consejo General Ciudadano deberá presentar ante el Congreso capitalino, en donde se necesita una mayoría calificada para su designación.
La candidata jugó políticamente fino. Lara no pertenece al grupo de Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial, en el cual sí se encuentra Godoy, sino al de Brugada. El fiscal interino tenía copada a su exjefa Godoy y había colocado a varias decenas de colaboradores cercanos en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. También tiene una vieja relación con Batres, no solo política desde que coincidieron en el gobierno capitalino, sino porque es prácticamente su cuñado, al ser el padre del hijo de la ministra Lenia Batres, su hermana.
Brugada representa los intereses de los puros del lópezobradorismo, cuya figura más conspicua es Ramírez Cuevas, que hizo campaña contra el candidato de Sheinbaum para la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en tándem, entre otros, con Martí Batres. Es decir, el ala más dogmática y radical del lópezobradorismo se encuentra detrás de Brugada, que en el caso del nuevo fiscal interino, mostró de lo que es capaz de hacer para alcanzar sus metas.
Lo que nos muestra el episodio Lara es la radiografía del carácter de Brugada, sus alcances, sus parámetros éticos y su disponiblidad para cruzar las fronteras de la legalidad y el sentido común. Si al grupo en el poder no le importaba la sorna, ni la óptica, ni dañar la imagen de Lara –que había hecho un buen papel como vocero–, la solución que ha sido calificada como “cínica”, “desvergonzada”, “descarada”, entre los varios sinónimos empleados, porque lo que prevalece como prioridad es mantener el poder a costa de lo que sea, para efectos prácticos, Brugada fue funcional y transversal, al reaccionar en función de los intereses en la Presidencia, en la campaña de Sheinbaum y acorde con las posturas de los puros lópezobradoristas.
La actitud y acción de Brugada se puede apreciar desde dos trincheras.
En la del lópezobradorismo y aquellos que sin formar parte del movimiento que encabeza el Presidente simpatizan con él, pueden ver a la candidata en la Ciudad de México actuar de manera disciplinada y con un espíritu de cuerpo, donde la legalidad es inferior a los intereses superiores del poder. En la de la oposición, pueden ver una política sin escrúpulos a quien no le importa violentar las leyes, mucho menos posibilitar a quien no cumple con los requisitos para que procure y administre la ley, lo que es una contradicción que sólo encuentra lógica en la idea de que la política es la madre que arropa todos los abusos.
Las dos caras de Brugada son antagónicas y excluyentes, pero tienen que ver con el tipo de democracia que se persigue. Está la democracia iliberal, que es la que encarna López Obrador y ofrece Sheinbaum como continuidad, contra quienes aspiran a un sistema liberal que impida el desmantelamiento del orden democrático, la pérdida de libertades individuales y del estado de Derecho. La primera favorece liderazgos populistas y autócratas; la segunda los busca plurales e incluyentes.
En la primera las decisiones son verticales, borrando autonomías y contrapesos; en la segunda las decisiones son consensuadas y negociadas, que respetan el balance entre poderes y organismos autónomos que sirven de contrapeso al poder. En las democracias iliberales, el partido en el poder no pierde elecciones y con los órganos electorales controlados, sigue ampliando su predominio; en las liberales, los partidos pierden elecciones y se respeta la decisión de las minorías.
La lucha entre líderes que buscan una democracia iliberal o regímenes autócratas y quienes aspiran a una democracia liberal, no es exclusivo de México. Sólo este año habrá más de 64 elecciones en el mundo, donde las más importates tendrán esa definición en la urna, como en México, donde lo que hizo Brugada nos permite calibrar el voto por ella, a favor o en contra. Usted decide.

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Los tres hijos mayores del presidente Andrés Manuel López Obrador están nuevamente en el centro de la arena pública, muy agitada y encendida por diversos temas que, sin embargo, no han sido lo suficientemente impactantes para ocultar las recientes imputaciones sobre conflictos de interés y corrupción en los que han sido señalados. Las revelaciones periodísticas tomaron por sorpresa a todos en Palacio Nacional, lo que encendió una vez más al presidente que regañó fuerte a sus colaboradores, en particular al vocero Jesús Ramírez Cuevas, por lo que describió como su incapacidad para enterarse y anticipar este tipo de reportes que le pegan debajo de la línea de flotación y dañan su discurso de honestidad.
El reporte que más afectó al presidente, por su odio personal contra el periodista Carlos Loret, fue la investigación del experimentado reportero Mario Gutiérrez publicada en el portal de Latinus, sobre Gonzalo López Beltrán, el tercer hijo mayor de López Obrador cuyas andanzas se habían mantenido por debajo del radar público, al que define como “articulador de una red de negocios y de tráfico de influencias que controla miles de millones de pesos en la construcción del Tren Maya”, revelada por Amílcar Olán, íntimo amigo de Gonzalo y de su hermano Andrés, que también había resultado beneficiado con un contrato millonario por la venta de medicamentos en Quintana Roo.
Gutiérrez descubrió que Gonzalo supervisa los tramos del Tren Maya y “el millonario negocio del balasto”, que es la piedra triturada que va debajo de las vías del tren. Mario Maldonado, columnista de negocios y política de El Universal, aportó mayores datos sobre este caso destapado en Latinus, y reveló que Amílcar Olán vendió el balastro a la Secretaría de la Defensa con un sobreprecio de casi 70% comparado con el mismo material adquirido a otros proveedores, y que las compañías vinculadas a Gonzalo y Andrés, el influyente segundo hijo del presidente, vendieron el balastro 55% más arriba de lo que el gobierno pagó a Cuba, cuando el presidente apoyó económicamente a ese régimen.
En la misma semana, los reporteros Raúl Olmos y Vanessa Cisneros, revelaron en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que la empresa Brick Contratistas, inscrita en el Registro Mercantil de la Ciudad de México dos semanas después de que López Obrador ganó la elección presidencial, recibió un contrato de 400 millones de pesos para la sexta etapa del Malecón de Villahermosa, que por instrucciones presidenciales supervisaba un amigo de su hijo. Brick Contratistas tiene como accionista a un fondo de capital creado por Luis Doporto Alexandre, mencionado en los Panama Papers, y a los distribuidores de “Grava y Arena”, la marca de mobiliario urbano de Hugo Buentello, ex funcionario de Segalmex, donde se cometió el mayor fraude conocido del sexenio hasta el momento, y es parte de la red de amigos de Andrés.
La semana de revelaciones embarazosas y delicadas para el presidente iniciadas por Latinus, cayó como meteorito en Palacio Nacional, donde el presidente ordenó a Ramírez Cuevas un control de daños inmediato. El vocero quedó totalmente rebasado porque en la mañanera fueron varios los periodistas fuera de los que están a sueldo y bajo su control, que le pidieron a López Obrador su reacción, que como es su táctica, desmintió y atacó al mensajero.
López Obrador ordenó que se hiciera un seguimiento permanente y riguroso de Latinus, pues desconocen qué más información y qué tan grave puedan tener. Hasta ahora esto solo había ordenado hacerlo sobre Loret, quien desde hace casi seis meses, junto con otro columnista político, ha sido objeto de espionaje ordenado por el presidente, con instrucciones para que hurguen la vida privada de ambos periodistas para que pueda ser explotado por López Obrador y sus redes de ciberfrancotiradores.
El presidente sabe bien, porque es un acucioso lector de encuestas, que el tema de corrupción vulnera fuertemente su narrativa de honestidad e integridad, y que es el señalamiento que más impacta en su popularidad. La última encuesta de El Financiero mostró que López Obrador cerró el año con una aprobación estable (se mantiene en 55%), pero mostró una caída en la percepción sobre la lucha contra la corrupción (2%), y un desplome en su honestidad de 11%.
López Obrador debe estar consciente de lo que esta serie de revelaciones puede provocar en un año electoral, y tiene una fuerte preocupación por lo que acusaciones de corrupción puedan afectar a sus tres hijos mayores –José Ramón, el primogénito, excéntrico y voyerista, ha estado rodeado por imputaciones sobre conflictos de interés–, al terminar su sexenio, como lo sugiere que hace dos años le pidió al fiscal general Alejandro Gertz Manero que diseñara una estrategia jurídica para blindarlos de cualquier incriminación de haber participado o resultado beneficiados de negocios ilícitos.
En los movimientos que está desarrollando Palacio Nacional para neutralizar las acusaciones de corrupción y neutralizar las investigaciones periodísticas, está ausente la reflexión sobre las razones porque cada vez son más frecuentes y extendidas –por el mayor número de medios interesados en el tema– este tipo de informaciones. Los periodistas han cuidado bien sus fuentes, pero ¿quiénes pueden proporcionar pistas o información sobre las redes de presunta corrupción de los López? El nivel de detalle permite conjeturar que la información es interna, lo que lleva a una reflexión ausente en el presidente y sus consejeros.
Veamos. Si las revelaciones sobre corrupción en su más íntimo entorno se han venido dando desde los meses en que su poder era inmenso y su capacidad para responder autocráticamente con todos los instrumentos judiciales, fiscales y políticos a su disposición era inconmensurable, el creciente número de investigaciones periodísticas que se están registrando dejan ver que el miedo a López Obrador se está acabando y que las fuentes con calidad de información están comenzando a abrirse y a pasarles facturas.
Estamos a 10 meses que cambie gobierno, y el potencial de que surjan más revelaciones sobre la probable corrupción de sus hijos es altamente factible, como muestra la preocupación que causó en Palacio Nacional la investigación de Latinus.

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La bomba que tiró la impenitente Sanjuana Martínez, enterradora de Notimex, sobre los probables recursos ilícitos para financiar la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, ha dejado de lado una serie de imputaciones directas contra la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que esbozan un mecanismo de corrupción que involucra a la familia de la responsable de la política interna del país, que debe ser investigado.
Lo que Martínez denunció sobre la exigencia de 20 por ciento del monto de las liquidaciones de los trabajadores de Notimex para la campaña, negociadas por el padre de la secretaria, el abogado Arturo Alcalde, deja abierta la sospecha de que exista un patrón para allegarse recursos ilegales en tiempos electorales en un momento que coincide con las liquidaciones de los trabajadores de Mexicana –cuyo abogado también era Alcalde– y Fonatur.
La de Martínez fue la acusación de financiamientos electorales irregulares más escandalosa hasta la fecha, por tratarse de una persona que recibió durante años el respaldo y la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Pero no es la primera. El año pasado, un académico que defiende a López Obrador y su proyecto político, Hernán Gómez Bruera, publicó Traición en Palacio, un libro que con carpetas de investigación como sustento documental es una denuncia contra el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, que hoy recauda fondos para Sheinbaum.
En el libro, Gómez Bruera señala que un empresario de Chihuahua, Miguel González, habló con Scherer pocas semanas antes de la elección presidencial de 2018 para cerrar “acuerdos específicos” en compensación por la inyección de recursos a la campaña de López Obrador. Los dos habían hablado antes, recuerda el académico, cuando a través de Scherer inyectó 5 millones de pesos para la campaña de Marcelo Ebrard a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En la segunda ocasión, Scherer no le resolvió nada, agrega el autor, pero le pidió 10 millones de pesos para “la causa”.
En vísperas de la elección, el empresario coincidió con Gonzalo López Beltrán, hijo del entonces candidato y encargado de la defensa del voto, a quien cuando le comentó que había aportado los 10 millones, “no pudo ocultar su molestia. Al parecer estaba descompuesto. Aparentemente, el dinero no había sido reportado ni entregado a la campaña”. Lo que deja ver ese pasaje del libro es que ese tipo de financiamiento ilegal era algo normal y estructurado.
Hace unas semanas, de gira por Oaxaca, le preguntó un periodista a López Obrador en la mañanera sobre ese episodio durante su campaña, y dejó que corriera por su teflón señalando que no había leído el libro ni era cierto. Esa forma de quitarse señalamientos directos lo repitió el presidente esta semana en el caso de Martínez, a quien le pidió que presentara pruebas de las liquidaciones ilegales en Notimex, a lo que respondió que lo haría, mediante denuncias que preparan sus abogados.
Pero no habría que esperar la denuncia, probablemente la presionarán para que no se presente. La candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, presentó ayer una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral en contra de Sheinbaum, López Obrador y Morena, por presuntos actos de corrupción durante la extinción de Notimex, en el contexto que al menos 30 millones de pesos de liquidaciones irán a la campaña presidencial oficialista. Nadie ha tocado, salvo en la arena pública, a Alcalde, que debería de ser la hebra para poder determinar no sólo si la Secretaría de Trabajo, de la cual fue titular, y Gobernación, donde actualmente despacha, actuaron ilegalmente en el proceso, y si en otras liquidaciones se ha estado utilizando el mismo mecanismo.
La investigación es necesaria porque existe abiertamente un conflicto de interés de la secretaria que no ha querido ser atendido por el presidente, lo cual genera cuando menos sospecha sobre sus razones. López Obrador es muy cercano de la madre de la secretaria, Bertha Luján, a cuya otra hija, Bertha Alcalde, la propuso primero para el Instituto Nacional Electoral y después para la Suprema Corte de Justicia. Alcalde, el abogado de los trabajadores de Notimex, también fue asesor del sindicato de Mexicana, cuyos agremiados recibieron liquidaciones por sus servicios y la marca, por 815 millones de pesos.
Los asuntos laborales los llevaba Alcalde en la Secretaría del Trabajo, y durante su gestión se dieron laudos muy relevantes por los montos y los casos, que generaron polémica pública, porque su padre los ganó todos. Cuando Alcalde llegó a la Secretaría de Gobernación, el polémico caso Notimex, se fue con ella, donde volvió a resolverse a favor de los representados por su padre. Martínez denunció que algunas liquidaciones tenían montos superiores a los que ella había propuesto y reveló que cuando se quejó, los funcionarios en la Secretaría del Trabajo dijeron que las liquidaciones eran políticas.
El probable financiamiento ilegal de la campaña de Sheinbaum ha ocultado la cabeza de la Hidra. ¿Hay instrucciones presidenciales –porque nada en el gobierno sucede, como lo afirma, ni se mueve sin la autorización de López Obrador– para que liquidaciones multimillonarias sean sujetas de moches para campañas electorales? ¿Hay órdenes de Palacio Nacional para que ese tipo de casos sean llevados exclusivamente por Alcalde? ¿O acaso existe la posibilidad, como piensan algunos en el gobierno, que la secretaria es tan débil y manipulada por el padre que está actuando sin la autorización del presidente?
Todo es posible en este gobierno, pero la temperatura sobre financiamientos ilegales en la campaña de Sheinbaum está subiendo y las negaciones retóricas no han sido suficientes para apagar la pradera. Martínez, una de las troles más violentas que tuvo López Obrador durante casi cinco años, ahora está recibiendo la misma metralla descalificadora de aquellos con quienes compartió trinchera hasta hace poco. Es la misma técnica utilizada en Palacio Nacional para desviar la atención de denuncias que tienen sustento, lo que hace pensar que quizás la verdad está hoy del lado de la militante-periodista y apura la necesidad de investigar los delitos que no ha dejado de denunciar.

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El joven presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha tenido frases muy duras en estas últimas 48 horas, ante el de-safío de los cárteles de las drogas que lo emplazaron a medir fuerzas. Noboa dijo que están en guerra contra ellos y envalentonado agregó: “Se acabaron los momentos tibios. Este gobierno está tomando las acciones necesarias que en los últimos años nadie quiso tomar, y para eso se necesitar tener huevos grandes, de avestruz, no huevos de cartón”. Hablar de valor para tomar decisiones es importante. Sin embargo, no solo con carácter dará la vuelta a las cosas. Se necesita lo que más adolece, un Estado fuerte.
Los cárteles de la droga han metido en crisis a ese país, quizás la más profunda de las que ha vivido Ecuador, una nación crecientemente distópica que lleva años bajo el dominio de las organizaciones criminales. Noboa, que asumió la Presidencia hace escasos dos meses y medio, no esperó a generar consensos ni a fortalecer su poder que le permitiera ir a la guerra contra el narcotráfico con claras posibilidades de ganar. El lado oscuro de su acción es terrible: perder esta guerra y morir, o que el poder criminal doblegue a las fuerzas que defienden al Estado ecuatoriano y se ponga sobre la mesa una intervención militar ante el nuevo fenómeno criminal, donde la arrogancia bañada de impunidad es aterradoramente asombrosa.
La afrenta al gobierno no surgió de un grupo rebelde del Ejército, como podría ser un golpe de Estado, sino de organizaciones delictivas a las que no les importa derrocar a las autoridades para gobernar, sino someterlas para que gobiernen de acuerdo con sus intereses, convirtiendo al país en un santuario criminal. ¿Cuál fue el diagnóstico de Noboa para enfrentarlos de manera frontal? ¿Cuál el análisis que lo llevó a escenarios de victoria? En una primera reflexión, parece que el presidente se adelantó.
Noboa no tiene la fortaleza institucional para librar esta guerra únicamente con sus recursos domésticos, como quedó demostrado al estallar la crisis, cuyo detonante fue el 7 de enero, cuando como parte de su estrategia de seguridad, que pretende optimizar la lucha contra el crimen organizado para recuperar la paz, ordenó a cientos de militares y civiles intervenir la cárcel Regional de Guayaquil para decomisar armas, municiones y explosivos. El prisionero más célebre era José Adolfo Macías, el Fito, líder de la banda Los Choneros, que es brazo criminal del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, antes de que llegaran, se fugó.
¿Cómo lo hizo? Con apoyo de autoridades o custodios penales. ¿Por qué el mismo día del inicio del operativo? Porque, reveló Noboa, hubo filtraciones de su propio gobierno a los criminales, lo que les permitió prepararse. La respuesta a sus acciones fueron motines este lunes en seis cárceles ecuatorianas y la fuga de la de Riobamba un día después, de Fabricio Colón Pico, uno de los jefes de la banda Los Lobos, la segunda organización delictiva más grande del país, vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
¿Cómo lo hizo? Igual. Con apoyo de autoridades o custodios penales. Pero el apoyo institucional a los criminales va más allá, como lo admitió Noboa al hablar sobre el Poder Judicial. “Esto no lo podemos combatir de un solo lado y no es solo bala”, dijo ayer en un entrevista de radio. “Es también en la Función Judicial. Nosotros consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas, como parte del grupo terrorista”, agregó, evocando lo que sucedió con Colón Pico, a quien un juez liberó seis veces.
La degradación de Ecuador como país lleva más de 15 años, pero no es la única nación que ha vivido ese proceso. Desde 2007, el respetado politólogo argentino Guillermo O’Donnell formuló el concepto de las “zonas marrones” en América Latina, que eran franjas territoriales donde la presencia del Estado era tan débil que el gobierno era disfuncional, había perdido eficiencia y entregado el monopolio de la violencia a criminales. El país que más llamaba su atención en aquél entonces era México.
La raíz podrida de ello la vio Felipe Calderón como presidente electo, cuando recibió el diagnóstico: el fracaso del gobierno de Vicente Fox al no combatir a los cárteles entregó 85 municipios –de los más de dos mil 500 en el país–, al narcotráfico. Hoy, más de 830 municipios, de acuerdo con el Pentágono, están controlados por el narcotráfico. El presidente Andrés Manuel López Obrador siguió el camino del panista y el de los tres primeros años de Enrique Peña Nieto, que tampoco combatió cárteles.
En la actualidad, para López Obrador es una batalla deliberadamente perdida. Los cárteles de la droga controlan no solo territorios, gobiernos e imponen su ley, sino han ido expandiendo sus negocios ilícitos y sometido con violencia a todas las capas sociales, al grado de que en varias ciudades del país, los reguladores de la actividad micro económica son los criminales. Los dos principales grupos delincuenciales, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, son también dos de las principales organizaciones criminales trasnacionales del mundo.
México no está en una crisis como Ecuador, pero lo estará si no se hace algo pronto. Es importante observar el futuro de Noboa y estar atentos a la forma como los gobiernos americanos acudan en su ayuda, ante los síntomas de cáncer terminal que estamos viendo. Ecuador tiene ofertas de usar fuerzas armadas extranjeras, y si se percibe que va rumbo a la derrota, pueden convertirse en presiones que violen su soberanía, para evitar que los cárteles vulneren la de otras naciones. Pero podría pasar lo contrario y que su derrotero fuera como el de Nayib Bukele en El Salvador, que con mano dura y resultados, se ha fortalecido.
En ambos casos, la afrenta a Noboa nos muestra los riesgos y oportunidades que tiene para enfrentar a los cárteles de la droga, pero de que la próxima presidenta mexicana tendrá que confrontarlos para poner un piso a la entrega del país a criminales que dejará López Obrador, no hay duda.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió otro frente de batalla, pero contra adversarios experimentados y con enorme capacidad de respuesta nacional e internacional. Sus nuevos enemigos abiertos son los jesuitas, a quienes señala de tener una doble cara en el Caso Ayotzinapa, acusando a Mario Patrón, exdirector del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, de abogar por los 43 normalistas desaparecidos en Iguala hace más de nueve años y al mismo tiempo, defender los derechos humanos de quienes los desaparecieron. Los jesuitas señalaron que son falsedades los dichos presidenciales.
El conflicto estalló públicamente y socializó una pelea que correrá en la agonía del sexenio. Por una parte, un movimiento internacional está construyendo acusaciones contra López Obrador y su gobierno de querer encubrir a los responsables del crimen contra los normalistas. Y por la otra, el presidente está buscando exhibir el papel que han jugado los jesuitas y organizaciones de derechos humanos, que dentro de su gobierno señalan que están lucrando política y económicamente de los padres de las víctimas. La paradoja es que iniciaron el sexenio de la mano y están terminando con cuchillos en la boca.
Originalmente, el gobierno de López Obrador, las organizaciones y los jesuitas que apoyaban a los padres de los normalistas partían de la misma base: el 26 de septiembre de 2014 se cometió “un crimen de Estado” y el responsable máximo era el expresidente Enrique Peña Nieto, seguido del exprocurador Jesús Murillo Karam, actualmente preso por la acusación formulada por el responsable de la comisión para investigar el crimen, Alejandro Encinas, de urdir una conspiración para encubrir a militares y funcionarios en esa administración.
La afirmación, que tuvo un gran impulso en el sexenio anterior por los motores de propaganda del videógrafo de López Obrador, Epigmenio Ibarra, y por las granjas digitales del actual vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, no se ha podido sostener. De hecho, el presidente prácticamente sepultó el lunes la teoría de “crimen de Estado”, cuando en la mañanera admitió: “Si acaso el error del presidente en ese entonces es no haber pedido que se investigara a fondo, pero no es que Peña haya mandado a desaparecer a los jóvenes”.
En el fondo del pleito de López Obrador con los jesuitas está que estos quieren mantener vivo el caso y buscar reparaciones de daño multimillonarias en México y Estados Unidos, mientras el segundo quiere cerrarlo para no endosar un problema al siguiente gobierno. López Obrador está en la ruta de la ruptura con los jesuitas y las organizaciones de derechos humanos a su alrededor, que representan a los padres de los normalistas, en tanto este bloque está trabajando política y mediáticamente para denunciar a su gobierno, que probablemente tenga como banderazo de salida un documental de HBO Latinoamérica que tiene como protagonista al exfiscal del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, que renunció el año pasado al cargo.
López Obrador ha denunciado varias veces a Gómez Trejo y a mediados de octubre pasado dejó abierta la posibilidad de investigarlo por omisiones en la indagatoria, donde fue omiso en los tiempos y plazos durante la investigación. Cuando hizo esta afirmación el presidente estaba recibiendo las diversas piezas del rompecabezas sobre el caso, que se ha desdoblado con imputaciones aparentemente inconexas contra el senador Emilio Álvarez Icaza, y contra Karla Quintana, la ex jefa de la Comisión Nacional de Búsqueda, que recientemente renunció por presuntas presiones de Encinas para que modificara el método de búsqueda de los desaparecidos y bajara la cifra actual de más de 110 mil.
Álvarez Icaza era el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que jugó un papel crucial en la integración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que coadyuvó en la investigación del crimen desde el gobierno de Peña Nieto, y cuyo secretario técnico era Gómez Trejo, muy cercano a Patrón, que actualmente dirige en Puebla la Universidad Iberoamericana. El GIEI se fue de México criticando la opacidad del gobierno lopezobradorista y su protección al Ejército, de lo que también se quejó Gómez Trejo. Quintana, dijo un funcionario, se acercó a Álvarez Icaza, que fue parte de las presiones que se hicieron contra ella.
Todos se encontraban en el mismo lado de la barrera durante el sexenio anterior, y se incorporaron a la investigación que encabezaban funcionarios que no tenían experiencia en la administración pública federal, ni conocimiento de cómo operan las ONG en el exterior. Cuando el presidente comenzó a entender toda la red, cesó a Encinas como subsecretario de Gobernación, protegiendo, más que degradando, a su amigo. Con la llegada del sustituto, Arturo Medina, el juego cambió y comenzó la embestida presidencial.
La acusación contra Patrón es el último envión, aunque era algo conocido. Iñaki Blanco, el ex fiscal de Guerrero sobre cuya investigación se fundaron las versiones de los gobiernos de López Obrador y Peña Nieto sobre lo que sucedió en Iguala, ya había denunciado que Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes, y Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña en Guerrero, muy cercanos al Pro, habían propiciado la liberación de 77 delincuentes, algunos de ellos confesos del crimen, porque presuntamente ha-bían sido torturados.
Las omisiones que señaló López Obrador de Gómez Trejo, es que tuvo 10 días para presentar en un tribunal colegiado de Reynosa las pruebas supervinientes que evitaran su salida de la cárcel, y no lo hizo. En cambio, reclutó a 21 de ellos para fabricar pruebas o para acusar a militares del crimen. Ni Patrón, ni su sucesor Santiago Aguirre, dejaron huellas de haber estado detrás de la resolución que favoreció a los criminales, pero expertos, incluso con opiniones antagónicas a las de López Obrador, sostienen que tiene razón, y que Patrón y el Pro estuvieron detrás de “aquella aberrante e inconstitucional resolución” del colegiado tamaulipeco.
Resolver el Caso Ayotzinapa fue la promesa moral más importante de López Obrador en campaña. No regresará vivos a los normalistas, pero buscará cerrar la investigación que, no obstante, como a Peña Nieto lo perseguirá transexenalmente.

Nota: Esta columna dejará de publicarse hasta el 8 de enero. Felices Fiestas.

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El tiempo se le está agotando a Xóchitl Gálvez para convertirse en una candidata presidencial competitiva. Y se no se trata de la diferencia que le lleva Claudia Sheinbaum en las encuestas publicadas, porque no deben tomarse como referencia. Por un lado, porque diferencias similares en anteriores elecciones presidenciales no determinaron el resultado de la elección, y por el otro, más importante aún, porque las encuestas han dejado de servir como termómetro al haberlas pervertido los actores políticos que contratan casas demoscópicas y hacen encuestas a modo para ir construyendo la idea de la inevitabilidad del triunfo de quien es la o el cliente, o para neutralizar la manipulación de las percepciones. Dicho esto, Gálvez tiene que hacer su tarea, porque hasta ahora, va reprobada.
Mucha espuma se ha generado con el nombramiento de su equipo, pero como en el caso de su adversaria, ese grupo de notables –y unos no tanto– ayuda a desdoblar el trabajo hacia fuera pero no crea la arquitectura de la campaña ni dirige su curso. El equipo que está en déficit con Gálvez es el que trabaja en el cuarto de guerra desarrollando la estrategia y las líneas generales de la campaña. Ahí es donde se encuentra su boquete y donde se está cavando su tumba electoral.
El gran problema de Gálvez, de acuerdo con personas que colaboraron en el cuarto de guerra o tienen conocimiento de lo que sucede ahí, es que a la única persona a quien le cree absolutamente todo, que le tiene una confianza tan ciega como desmedida pese a los malos resultados que ha producido, es Víctor Covarrubias, a quien todos conocen como Pico Covarrubias, un reconocido, premiado y muy exitoso publicista comercial que en el campo electoral, en el cual incursionó hace casi un cuarto de siglo en la campaña fallida de Victoriano Delfín para la presidencia municipal de Tierra Blanca, Veracruz, es un perdedor.
Pico Covarrubias comenzó como diseñador en el periódico unomásuno, cuando era dirigido por Luis Gutiérrez, y se vinculó con Gálvez en la campaña para la gubernatura de Hidalgo de la priista Carolina Viggiano, quien se lo recomendó de manera superlativa. “Le dijo que no le creyera a nadie salvo a él”, cuenta una persona que estuvo cerca de esa campaña. Viggiano perdió la elección ante el candidato de Morena, Julio Menchaca, por más de 30 puntos de diferencia, pero Gálvez, que no suele escuchar opiniones diferentes a aquellas con las que está casada, no reparó en la pésima campaña del publicista.
Tampoco atendió sus antecedentes. Estuvo en la campaña presidencial y la de la gubernatura en el Estado de México de Josefina Vázquez Mota, perdiendo ambas. Fue derrotado en la campaña presidencial de Ricardo Anaya, y en la de Alejandra del Moral, para la gubernatura del Estado de México. ¿No deberían de ser suficientes razones para que Gálvez, al menos, revisara críticamente si la apuesta por él como estratega es la correcta? Cualquiera pensaría que sí, pero Gálvez no.
Covarrubias ha estado detrás de iniciativas mediáticas, vistosas pero huecas, como cuando Gálvez se puso una botarga de dinosaurio para protestar en el Senado contra la reforma electoral. Ha tenido algunos aciertos importantes, como sugerirle a Gálvez que se fuera en bicicleta a Palacio Nacional y exigiera al Presidente el derecho de réplica por imputaciones falsas que dijo sobre ella, lo que fue trampolín para que saltara de su aspiración a gobernar la Ciudad de México, a gobernar el país. Enseguida salieron spots muy bien producidos para remachar la intransigencia del presidente y la “X” con los dedos, para establecer un primer símbolo de identificación con Xóchitl Gálvez.
Casi un mes después de la irrupción sonora en el escenario nacional y convertirse en catalizador del anti lopezobradorismo, el Instituto Nacional Electoral le ordenó al Presidente evitar cualquier pronunciamiento sobre Gálvez, lo que cambió la dinámica del conflicto entre los dos, que hasta ese momento le había redituado mayoritariamente a ella, aunque en el mediano plazo, las críticas que recibió le generaron negativos en la opinión pública que aún no logra sacudirse.
La alteración de esa dialéctica no provocó cambios significativos en la estrategia de Covarrubias. Entregada al publicista, ha permitido que toda su campaña gire en torno a ella y su historia. El spot donde habla de su biografía, cuyos elementos centrales fueron muy importantes en las semanas de confrontación con Andrés Manuel López Obrador porque le arrebató sus banderas –mujer, de origen indígena, de pasado humilde que sufrió la pobreza y trabajó para superarse– dejó de ser relevante, pero la línea discursiva de su mensaje se mantiene. Eso ya no alcanza.
Gálvez tenía buenos reflejos, pero los ha ido perdiendo. La candidata que fue disruptiva en un principio, ya no lo es. La que tenía frescura, se está secando. Su voz no tiene fuerza. Pero lo más importante en lo que han fallado, es en responder la pregunta: ¿por qué habría que votar por Xóchitl Gálvez? Decir que para sacar a Morena del poder y que Sheinbaum administrará los intereses y objetivos de López Obrador, no es suficiente. Su adversaria sí ha respondido esa pregunta: habrá continuidad con cambio.
La candidata sigue enredada con López Obrador y recién reorientó sus críticas a Sheinbaum, pero con enunciados y declaraciones, vacía de contenido, agresividad y sorpresa, sin explicar lo que significa la continuidad. No ha logrado Covarrubias cambiar el destino de su campaña, que apunta al despeñadero, pero esta percepción no es compartida por Gálvez, que dice que están haciendo las cosas bien. Vive el paradigma de la rana. Cuando se desbarranque, Covarrubias le dirá, como ha justificado a anteriores clientes, que la derrota fue porque hicieron trampa los otros, les picaron los ojos, les sacaron la lengua y les hicieron todas las trampas posibles.
Habrá nombre y apellido en la derrota, pero no será Covarrubias sino Gálvez, que como Vázquez Mota, Anaya y Del Moral, será quien cargue con las culpas y las responsabilidades que, al final, sí serán de ella.

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