xUn cateo realizado este domingo por militares, agentes ministeriales y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública veracruzana en dos casas que habían sido usadas para cometer crímenes en Poza Rica, produjo un macabro descubrimiento: al menos 13 cuerpos cercenados y almacenados en hieleras. El horror no ha tenido aún un seguimiento exitoso sobre quiénes fueron los sacrificados, porque no había denuncias de desapariciones sobre el piso del cual partir ni, más importante, nadie se presentó a reclamar un cuerpo o a pedir información tras el hallazgo. Todo apunta a que las víctimas eran migrantes que fueron presa de la violencia creciente que vive el norte del estado por la guerra entre cárteles de las drogas.
El norte de Veracruz vive un infierno como consecuencia de la recomposición de las organizaciones criminales en todo el país, que en el caso de esa región, se ha enfocado por el control de las rutas de migrantes entre el Grupo Sombra, que nació en 2017 como brazo armado del Cártel del Golfo para enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación y que, a su vez, también ha tenido realineamientos importantes, que son causa directa de la generación de violencia que vive actualmente el estado.
Este último realineamiento se aceleró al término del gobierno de Francisco Javier Cabeza de Vaca en Tamaulipas, en septiembre del año pasado, que dio inicio a una batalla por el liderazgo del Cártel del Golfo en su propio bastión, Matamoros. En esa lucha salieron fortalecidos los liderazgos del cártel en Tampico, mejor estructurados y con mayor control, que fueron los que fundaron el Grupo Sombra para reforzar su dominio en el norte de Veracruz, con plazas definidas en Tuxpan y su vecino Álamo Temapache, y Poza Rica y su vecina Tihuatlán, donde luchaban contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El Cártel Jalisco Nueva Generación había establecido su base en Tihuatlán y la vecina Coatzintla, con la ayuda de la policía intermunicipal de esos dos municipios controlada desde Poza Rica. La policía intermunicipal fue disuelta en medio de acusaciones de estar ligadas al Jalisco Nueva Generación, que comenzó a reclutar a ex kaibiles, que eran los soldados de élite del Ejército de Guatemala, y con los cuales empezaron a confrontarse con el Grupo Sombra.
Este Grupo comenzó a recibir refuerzos, viejos miembros de Los Zetas –que se hacen llamar Zetas Vieja Escuela–, que han estado comenzando a salir de las cárceles, después de haber cumplido sus sentencias. No hay un dato preciso sobre cuántos de ellos han quedado en libertad, pero en lo que sÍ hay certeza es que una parte de ellos regresó a las calles para delinquir, coincidiendo con actos criminales que producen horror, como es el caso de las 13 personas encontradas en Poza Rica, aunque todavía falta por establecerse si ese grupo fue responsable de la matanza.
La presencia de ex Zetas y ex Kaibiles es una pésima noticia para los veracruzanos, y para los mexicanos en general, porque ambos son exmilitares o con formación militar, caracterizándose en la larga lucha entre los cárteles en México, por la violencia y brutalidad de sus acciones. Paradójicamente, los kaibiles fueron contratados hace más de 12 años por Los Zetas, para que les ayudaran en su preparación. Todavía, hasta muy recientemente, operaban centros de adiestramiento y capacitación en las selvas del sur mexicano, cuyo descubrimiento fue una de las razones por las que el presidente Andrés Manuel López Obrador recurrió al Ejército para realizar una parte de la construcción del Tren Maya –que también cruzan las rutas ilegales de migrantes.
El descubrimiento de los cuerpos descuartizados en congeladoras no sería un evento inusual, pese al espanto que causó, sino un patrón de normalidad acorde con los métodos de los grupos armados que están en guerra.
El impacto nacional e internacional que provocó el hallazgo obligó al gobierno federal a actuar rápidamente que, en coordinación con el gobernador Cuitláhuac García, inició un operativo con 300 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en toda la región de influencia del Grupo Sombra y el Cártel Jalisco Nueva Generación, incluyendo a Cazones de Herrera, al sur de Tuxpan y al este de Tihuatlán, y la sierra del Totonacapan, donde se han dado denuncias de secuestro y retención de autobuses de pasajeros.
El operativo, dados los antecedentes, no va a resolver nada. Operativos militares similares en colaboración con gobiernos estatales, que son diseñados para disuadir no para combatir a fin de lograr la seguridad y alcanzar la paz, han estado fracasando. Guerrero y Michoacán son grandes ejemplos, pero en la zona de Frontera Comalapa, en Chiapas, se ve con más claridad la nula eficacia de esa estrategia, porque su presencia solo se hace notar luego de que los enfrentamientos entre el Cártel del Pacífico/Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, han terminado.
Ese tipo de estrategias han probado que no funcionan y por alguna razón no han querido emplear otros métodos. Las autoridades tienen la información de inteligencia sobre qué está sucediendo en el norte de Veracruz, como mostró el gobernador García al afirmar el lunes en una conferencia de prensa que el crimen era resultado de una lucha entre organizaciones delincuenciales -lo que es cierto-, como consecuencia de una disputa entre dos “peces gordos” y una “descomposición” y “traiciones” al interior de los grupos criminales –lo cual, aunque generalizó, también es cierto.
Es el trabajo de inteligencia y la toma de decisiones a partir de esa información lo que debe hacer para resolver la conflictividad criminal, pero no se hace. Las autoridades tienen el mapa de cárteles, de sus brazos armados y sus sicarios, así como la identificación de sus líderes y jefes de plaza, pero el gobierno opta por mantenerlo como trabajo de gabinete, sin darle utilidad sobre el campo de operaciones. Dar abrazos está resultando muy costoso en vidas, y la descomposición del tejido social tiene impacto sobre la economía familiar. El gobernador prometió el lunes que las cosas no quedarían impunes, pero por el camino escogido, eso no sucederá.

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Hace ocho meses Ciro Gómez Leyva se salvó de morir. Una célula criminal que atentó contra su vida fracasó porque el blindaje nivel 7 de la camioneta en que viajaba, lo evitó. El ataque le arrebató el libre albedrío, pero sobre todo la certidumbre. ¿Si no lo mataron, no es lógico pensar que quien ordenó su asesinato buscará que se cumpla el trabajo? Nadie puede saberlo porque en todo este tiempo, las autoridades de la Ciudad de México no han podido resolver el crimen o no han querido hacerlo.
Es incomprensible que el ataque contra Gómez Leyva se mantenga en las tinieblas, por lo que significa en términos de seguridad del Estado mexicano, que trasciende en alcance a la capital federal. Fue una operación criminal que contó con recursos, trabajo de inteligencia y un comando de ejecución, que quiso asesinar a una persona pública que, como ingrediente políticamente explosivo, es constantemente agredida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se necesitan dos dedos de frente para saber que un asesinato de tan alto impacto, golpearía directamente al presidente. O se requiere un exceso de perversidad y odio para que aun así, sea más importante la molestia de López Obrador con la visión crítica del periodista, que encontrar a los culpables. Solo una visión estrecha y ensimismada sería incapaz de ver que la impunidad en un atentado de esta escala, estimula a las mentes detrás del ataque para poder repetirlo contra él, contra otro periodista, o contra quien quieran. La otra opción, que no puede dejar de manejarse como hipótesis, es que el autor intelectual del crimen tenga motivaciones políticas.
López Obrador mismo deslizó esta posibilidad días después del ataque, al decir que “pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros”. Al presidente siempre le gusta ser el centro de atención y victimizarse. Pero de haber existido sospechas que probablemente se trató de una acción de un grupo político adverso al presidente que quisiera dañarlo políticamente, la investigación tendría que haber transcurrido de manera expedita, porque no solo aclararía el caso, sino le serviría a sus intereses político-electorales. No fue así.
La Fiscalía General de la República no atrajo la investigación pese a ser un atentado de alto impacto con implicaciones políticas y, a decir de las autoridades capitalinas, con el narcotráfico. Las pesquisas se quedaron en la Fiscalía de la Ciudad de México, cuyo trabajo ha sido deficiente. Trece personas que fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el atentado –que originalmente fueron aprehendidas por narcomenudeo–, no han podido ser vinculadas al ataque. Tampoco ha mostrado estar interesada en los procedimientos.
De manera insólita, en términos de metodología de investigación, jamás, hasta ahora, establecieron hipótesis para ir descartando sospechosos, que se hace mediante la revisión de su trabajo profesional que permita ir definiendo quiénes podrían haber estado molestos al grado de querer asesinarlo, por lo que se trabajaría sobre un posible móvil. Nunca revisaron las copias de audio o video de su trabajo, que permitiera ir eliminando o identificando probables sospechosos, o que hubiera permitido aclarar si la hipótesis de que fue trabajo del Cártel Jalisco Nueva Generación que deslizó el secretario capitalino de Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tenía algún sustento.
Una forma de establecer el nexo entre el comando de ejecución y las personas detenidas es mediante el reconocimiento de voz, para poder determinar si las grabaciones interceptadas en los móviles de los presuntos responsables, corresponden con alguno de los que están detenidos. Las audiencias para que el juez instruyera los peritajes, se pospusieron en dos ocasiones. Ayer, a una semana de que termine el plazo para que la Fiscalía presente las pruebas complementarias, se tenía programada una tercera, sin saberse aún qué sucedió.
Otra irregularidad de la investigación fue la filtración de los videos de la cámaras del C-5 donde se ve la operación para asesinar a Gómez Leyva y el seguimiento que hacen de vehículos y la motocicleta en donde iba el tirador principal. La difusión de estos videos perjudicó la investigación, al haber dado elementos a los criminales para saber qué sabían de ellos las autoridades y eliminar los cabos sueltos. Es decir, la filtración fue, para efectos prácticos, una acción de sabotaje por parte de alguna autoridad capitalina.
Sobre todo este caos, deliberado o no, López Obrador aseguró sin un solo elemento objetivo de investigación, que no era un atentado relacionado con su trabajo, por lo cual se supondría que sería un tema personal. Pero tampoco hubo ninguna línea de seguimiento en ese sentido, pues ni la víctima del atentado, ni su círculo cercano fueron llamados a declarar, por la sencilla razón, se infiere, que no había nada que, remota o forzadamente, podría conducir por el tema de un ataque derivado de asuntos personales.
A ocho meses del intento de asesinato de Gómez Leyva, hay 13 personas detenidas a las que no se les ha podido probar la relación con el ataque, se tiene el nombre de Armando Escárcega, El Patrón, que supuestamente era el jefe del comando de ejecución, que según García Harfuch se encuentra en Estados Unidos y por el que se pidió la emisión de una ficha roja a Interpol, hace meses, sin resultado alguno. Las autoridades afirman tener a los autores materiales del atentado, pero pese a meses de interrogatorios, no han podido construir una red de vínculos mayor, que pudiera ayudar a determinar quién es el autor intelectual del frustrado crimen y cuál fue el móvil del ataque.
Es decir, no hay nada.
Gómez Leyva agradeció ayer en las redes sociales a la Fiscalía capitalina su trabajo, pero que ahora buscaría el apoyo de la Fiscalía General, del área de Delitos Contra la Libertad de Expresión. Suerte para el querido amigo y colega, pero el resultado, dados los antecedentes, será el mismo. O sea, el peligro de que sea asesinado seguirá latente hasta que se encuentre quién dio la orden de ejecutarlo.

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Rafael Correa fue presidente de Ecuador durante una década, gracias a una enmienda constitucional que le permitió reelegirse. Quería otra reforma para poderse hacerlo indefinidamente, pero ya no tuvo la fuerza para que se aprobara en el Congreso. Lo que sí lo alcanzó fue la revelación de que varias multinacionales, incluida la brasileña Odebrecht, inyectaron millones de dólares a su segunda campaña presidencial, por lo que fue condenado en 2020 a ocho años de prisión por cohecho, derivado de lo que se llamó “el caso Sobornos 2012-2016”. Correa nunca fue a prisión porque huyó del país y logró que Bélgica le otorgara asilo político el año pasado.
Correa está en medio de la tormenta política en su país a seis días de la elección presidencial, manchada por el asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato oficialista, el miércoles pasado, a quien persiguió en el pasado y buscó encarcelarlo. La misma noche del día en que lo mataron de nueve tiros, su hermana y sus seguidores gritaban “¡Correa criminal!, ¡Correa criminal!”, señalándolo como uno de los responsables del crimen.
La explosión de rabia fue emocional, pero había antecedentes objetivos. Correa había insultado a Villavicencio –sinvergüenza, delincuente, chantajista y abyecto, son algunos de los apelativos que le endilgó–, y ya en la campaña presidencial, donde el ex presidente se encuentra detrás de Luisa González, que fue miembro del gabinete en su administración y que prometió regresarlo de su exilio, apareció en un spot junto con su candidata señalando que “por estos seis años de destrucción, nuestra venganza personal será única”, lo que fue ampliamente interpretado como un mensaje al político asesinado.
Correa tenía fuertes razones para odiar a Villavicencio, quien en 2019 en el portal Mil Hojas, publicó “Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador”, en coautoría con Christian Zurita, que lo reemplazará como candidato a la Presidencia, con lo que se puso en marcha una investigación judicial sobre corrupción que provocó la huida de Correa de Ecuador para evitar ser detenido. El deseo de venganza de Correa ha sido público y su activismo político intenso en las redes sociales.
El ex presidente no está solo en la lucha por retomar el poder en Ecuador, sino que ha contado con un aliado importante: el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que le ha dado cobijo a él y a varios de sus cercanos, incluso a algunos que están siendo buscados por la justicia ecuatoriana.
El centro de operaciones estratégico de la campaña de la candidata González se encuentra en la Ciudad de México. Correa pasa mucho tiempo en este país, y poco en Bélgica, que le brindó el asilo político. Desde 2020 ha tenido reuniones político-electorales en México, cuando inició la campaña presidencial de Andrés Aráuz, que perdió en la elección de 2021 ante el presidente Guillermo Lasso, y hoy es el compañero de fórmula de González para la Vicepresidencia. En varias fotografías que circularon del encuentro, aparecían ex ministros de Correa prófugos de la justicia –Vinicio Alvarado, Fernando Alvarado, René Ramírez, Ricardo Patiño y Augusto Espinosa– y otros personajes, como Enrique Menoscal, director ejecutivo del Movimiento Centro Democrático, que confirmó la reunión al diario Expreso.
El gobierno de López Obrador ha dado santuario político al núcleo duro del correísmo, y les ha permitido intervenir en la campaña presidencial de Ecuador, lo que no viola ninguna ley mexicana. Lo que es cuestionable, sin embargo, es que proporcionó mucho más que un refugio. Morena, el partido en el poder, les ha ayudado con una empresa de Jalisco con la que trabaja, en el manejo de redes sociales. La Presidencia, por su parte, ha ido más allá del asilo a los correistas más poderosos, porque ha dado cobijo a prófugos de la justicia.
El caso más notable es el de Fernando Alvarado Espinel, que fue secretario de Comunicación de Correa y encabezó la dirección responsable de los medios públicos, hasta que ante crecientes tensiones con medios privados, fue relevado y nombrado ministro de Turismo. La Fiscalía lo investigó por el delito de peculado y le puso un grillete para evitar que escapara. Sin embargo, en 2018 se lo quitó y escapó del país.
Su hermano, Vinicio Alvarado Espinel, ministro de Turismo y secretario nacional de Comunicación, dirigió la maquinaria de publicidad y propaganda del ex presidente. El colaborador de Correa, a quien conoció desde que estudiaron en la misma secundaria, huyó a Venezuela en 2019 cuando la Fiscalía emitió una orden de aprehensión en su contra por peculado. Ya protegido por México, asesoró a Gustavo Petro en la campaña presidencial.
Ricardo Patiño, canciller y ministro de Defensa y Finanzas, escapó de Ecuador antes de que la Fiscalía lo detuviera por instigar contra el gobierno del presidente Lenín Moreno en 2019, por lo que podría haber ido dos años a prisión. Patiño huyó por carretera a Perú, y voló a México. Interpol tiene una ficha roja para su localización y captura.
Otra figura importante es Gabriela Rivadeneira, que fue presidenta de la Asamblea Nacional y secretaria del Movimiento Alianza PAIS –acrónimo de Alianza Patria Soberana– que llevó a Correa al poder. Rivadeneira encabezó una revuelta en ese movimiento y destituyó a su presidente, Lenín Moreno, profundizando la crisis que provocó la fractura en ese grupo. La asambleísta se refugió en la Embajada de México en Quito junto con varios de sus colegas, a quienes recibió el gobierno de López Obrador como “asilados diplomáticos” en enero de 2020. Entre ellos llegó otra asambleísta, Soledad Buendía, con cuyo esposo, Edwin Jarrín, que trabajó con Correa, Rivadeneira fundó 10 meses después Taktika Mundo, una empresa que hacía asesorías en planificación estratégica y capacitación en comunicación. Su primer contrato, tras un año de ser creada, fue con Morena.
El activismo del gobierno de López Obrador y Morena en las elecciones ecuatorianas rebasa la legalidad. No hay autodeterminación del pueblo ecuatoriano, sino injerencia directa en sus asuntos internos. Tampoco imparcialidad, sino pleno respaldo a Correa. Todo es parte de un movimiento en marcha en América Latina para imponer una narrativa común y un proyecto hegemónico a como dé lugar.

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México está en una guerra cultural que va más allá de la lucha del poder. Es una guerra que Andrés Manuel López Obrador comenzó en los 80 en las zonas rurales de Tabasco, donde sembró en las mentes el discurso de los ricos contra los pobres y los que tienen y los que no. Tras lograr su objetivo, trasladó su lucha a las zonas urbanas, donde las invasiones de más de 600 pozos petroleros en los 90 lo llevaron a la Ciudad de México, que se convirtió en su gran campo de batalla. Ningún gobierno vislumbró que la guerra cultural que vivían otros países llegaría a México, quizás ni López Obrador, que probablemente la desencadenó intuitivamente.
Los nuevos Libros de Texto Gratuito son el escenario más claro de esa guerra cultural en la que estamos. Hay fuertes críticas por sus errores y por el secretismo de cómo se hicieron, así como por su pedagogía y metodología. Una de las censuras más duras fue de un experto en educación, Gilberto Guevara Niebla, que afirmó que no llevan al alumno a pensar por sí mismo, sino que tienen un carácter instructivo-doctrinario que busca imprimirse en la mente de los maestros y alumnos, clausurando la vía para que ellos decidan libremente. Su argumentación nos ubica en el campo de batalla al que nos llevan estos Libros de Texto Gratuito, tan controvertidos como muchos otros en el pasado, pero que a diferencia de otros momentos, desnudan la guerra de López Obrador por la hegemonía del pensamiento, el control de las mentes y el futuro.
En su diccionario sobre el populismo, el Centro Europeo de Estudios sobre el Populismo, el indica que las guerras culturales son un conflicto cultural entre grupos sociales y la lucha por el dominio de sus valores, sus creencias y prácticas, que comúnmente se refiere a temas altamente controvertidos en los cuales hay un desacuerdo social general, y una polarización en la forma como se ven los valores sociales. Y sí. “El libro que tienen en sus manos es resultado de una lucha social histórica”, proclama la presentación del libro de lo humano y lo comunitario“” del primer año de secundaria (p. 6).
“La Nueva Escuela Mexicana busca trascender la lógica de mercantilización construida en los libros de texto de los modelos educativos anteriores (p.4), que modifique la condición centralista del sistema escolar para transitar hacia uno más descentralizado, abierto, dinámico que impulse aprendizajes críticos… (porque) solo así será posible disminuir la incompetencia del conocimiento técnico el cual considera a los estudiantes como los desposeídos de los problemas fundamentales en su vida cotidiana” (p.5).
Los libros, sin embargo, no pueden ser vistos como un cambio de “la incompetencia del conocimiento técnico” por herramientas que mejorarán la educación de los niños mexicanos, sino que introducen a nuevas zonas oscuras del conocimiento donde por ejemplo, no se apuntala la ciencia y se propone recuperar el pasado –incluso precolombino– como forma de desarrollo, y retomar las enseñanzas de los pueblos originarios, a las que dedican decenas de páginas contra unas cuantas que permitan competir en un irreversiblemente mundo global –del que reniegan los libros–, mejor preparados.
Pero el conocimiento no es el objetivo de los libros de texto. Su meta es aniquilar todo el pasado para imponer el futuro de lo que López Obrador define como la cuarta transformación. James Davidson Hunter, quien colocó las guerras culturales en el mapa de la ciencia social hace más de 30 años, recientemente lo humano y lo comunitario en una entrevista con Político que lo que entonces fue un conflicto cultural principalmente de la clase media blanca en torno a temas religiosos, hoy es un conflicto cultural de clases donde ya no chocan por posiciones teológicas o de tradición eclesiástica, sino que luchan contra la extinción.
Esta es la discusión de fondo. López Obrador lo ha dicho, parafraseando a Alexis de Tocqueville, que hay una sociedad que se niega a morir y una que quiere nacer. Los libros reflejan esta diada política-ideológica-existencial, donde quiere enterrar con su narrativa el antes para consolidar el después:
1.- “Durante más de cinco décadas, la estrategia de los gobiernos en turno fue ocultar, actuar desde las sombras, en la penumbra; golpear con la certeza de
no evidenciar el dolor. Asesinar sin dejar indicios. Torturar en los cimientosdel horror. (Un libro sin recetas, Fase 6 Secundaria, p.12). Desde hace cinco años, cuando inició el gobierno lopezobradorista, señalan los textos, todo ha cambiado.
2.- “La transición política de un Estado nacional-revolucionario a uno neoliberal, condujo a la precarización de los salarios en general y de los profesores en particular” (ídem, p.41). Los libros plantean su demolición.
3.- “Una causa fundamental del origen de las desigualdades son los modelos socioeconómicos neoliberales implementados por décadas en la mayoría de las regiones del mundo, (que) otorgan facilidades, privilegios y estímulos a las élites políticas y económicas de los países… y que los bienes públicos puedan tener dueños privados que puedan apropiarse de ellos legal o ilegalmente, en el caso de México, los minerales del subsuelo, el agua, los bosques, las selvas y el viento” (Ética, Naturaleza y Sociedades, Primer año de secundaria, p.45).
En estos libros de texto no solo hay un impulso a la visión del gobierno, como antaño, sino el fortalecimiento de la narrativa de López Obrador, que como los populismos de izquierda y derecha, rechaza la cultura y los valores de las élites, y coincide en su hostilidad contra los ideales y las prácticas de los gobiernos tecnocráticos. La discusión pública ha caído en la histeria de que son libros comunistas, confundiendo semánticamente con comunidad y colectividad que abunda en los libros, y que las citas de Mijail Bakunin tienen más que ver con el talante anarquista del presidente, que con Carlos Marx o Lenin.
Pero el debate no es superficial ni pasajero. Como planteó Hunter, se trata de sobrevivir o extinguirse. Las víctimas de esta dialéctica de autodestrucción masiva son los niños, porque esta guerra cultural hará aún más desigual a nuestra sociedad y más partido a nuestro país.

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El poder legal en Guerrero lo tiene la gobernadora Evelyn Salgado, pero el poder real lo detenta Salvador Alanís Trujillo, coordinador de la policía ciudadana en el municipio Heliodoro Castillo, y asociado con Onésimo El Necho Marqui-na, jefe de la organización criminal Los Tlacos, que creció durante el gobierno de Héctor Astudillo y se ha expandido desde la sierra, la región donde surgió, hasta el resto del estado, en la administración de Salgado.
El Necho Marquina es el líder de Los Tlacos, quien se encuentra escondido, probablemente en Guerrero, porque hay varias órdenes de aprehensión en su contra. El co-fundador de la banda, que nació en 2017 como brazo armado de las autodefensas, Humberto Moreno Catalán, primo hermano de Mario Moreno Arcos, que fue secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Astudillo, ha pasado a un segundo nivel, desplazado por Alanís Trujillo, quien ante las limitaciones logísticas y operacionales de Marquina, es quien controla y opera la organización.
Alanís Trujillo fue apadrinado en sus orígenes por el activista social Bertoldo Martínez Cruz, vinculado al ERPI, una organización armada que se escindió del EPR, que encabezaba el Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero, parte del movimiento de masas en el estado, y con quien fundó el Frente Unido por la Seguridad y Desarrollo de Guerrero, otro grupo de autodefensa, en Tierra Colorada en 2013. Martínez Cruz murió en 2016.
Los Tlacos, que crecieron en el municipio Heliodoro Castillo, uno de los principales centros de producción de la goma de opio en México, y la Tierra Caliente de Guerrero es de donde sale alrededor del 60 por ciento de la amapola hacia el mercado estadunidense, han ido ganando control territorial en el estado al presuntamente contar con la protección institucional dentro del gobierno de Salgado, donde han podido ir ampliando sus operaciones criminales mientras que los esfuerzos contra sus principales adversarios hoy en día, Los Ardillos para acabarlos, se han intensificado.
La expansión criminal de Los Tlacos quedó expuesta tras el asesinato del empresario José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo el sábado pasado en la Autopista del Sol, cerca del puente sobre el río Mezcala, que es una zona controlada por esa banda, que se encuentra en una guerra abierta contra Los Ardillos y La Familia Michoacana, en cuyo contexto se dio el homicidio del empresario, que había estado inyectando recursos a las corcholatas de Morena.
En una reciente entrevista con La Jornada, el ex obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, dijo que la violencia se descontroló en la capital del estado desde hace unos tres años, cuando Florencio Salazar era el secretario de Gobierno en la administración de Astudillo. “Los dejaron entrar”, agregó el obispo, refiriéndose a Los Tlacos, “y al comenzar la administración morenista de Evelyn Salgado y de la alcaldesa (de Chilpancingo) Norma Otilia Hernández, continuaron esos señores (Los Tlacos)”. Alanís Trujillo ha acusado al obispo de estar vinculado con Los Ardillos.
Las denuncias públicas no han servido para nada. Informes de seguridad a los que se ha tenido acceso mencionan que Los Tlacos, al que también se conoce como el Cártel de la Sierra, ha ido ganando sus batallas con otras organizaciones criminales. La última en donde vencieron fue contra el llamado Cártel del Sur que encabezaba Isaac Celis Navarrete, a quien le quitaron el control de los cultivos de la goma de opio de la región y el dominio que tenía en una parte de Chilpan-cingo.
Eliminado Celis Navarrete, Alanís Trujillo está tratando de controlar completamente –mediante la eliminación de Los Ardillos– la carretera libre entre Chilpancingo y Acapulco, que son 109 kilómetros que son considerados estratégicos para el traslado de drogas hacia la Costa Chica, como se conoce a los municipios en el sur que colindan con Oaxaca, junto con los caminos rurales que conducen a Acapulco, que es donde comienza esa región.
El papel de Los Tlacos, pero en particular de Alanís Trujillo, va más allá de lo meramente criminal. Un correo de la Secretaría de la Defensa hackeado por el grupo Guacamaya Leaks que dio a conocer la prensa en octubre del año pasado, revela una conexión con la Unidad de las Fuerzas Especiales y de la Unidad de Antiterrorismo del gobierno ruso de Vladimir Putin, al haber instruido uno de sus ex agentes, Bogdanov Rustam a miembros de la policía comunitaria que también encabeza el actual líder de la banda criminal.
El correo lo vincula con la empresa European Bodyguard and Security Association, de la cual en realidad es su propietario y tiene su sede en Italia. La compañía da entrenamiento táctico y manejo de armas en México –algo que tiene que ser autorizado por la Secretaría de la Defensa–, y que según el documento, estaban investigándolo por su presunta relación con grupos criminales en este país. La información también señala al cónsul honorario ruso en Acapulco, Antonio Rullán Dichter, pero no lo vinculan con Alanís Trujillo, sino con otra banda criminal en Guerrero que es rival de Los Tlacos, llamada Los Rusos, vinculada al Cártel de Sinaloa.
Alanís Trujillo no es una figura de relevancia fuera de Guerrero, pero como describen los informes de seguridad, es un vector estratégico en la violencia y narcotráfico en el estado, que hacen inexplicable que aún mantenga redes de protección institucional dentro del gobierno de Salgado, y probablemente en otras áreas del gobierno federal, al no entenderse cómo pudo contratar a un ex agente ruso para instruir a sus policías comunitarios sin haber levantado las alertas en Lomas de Sotelo para impedirlo y, peor aún, que una vez revelada la relación, la impunidad con la que se maneja siga fortaleciéndolo.
Hay una enorme cloaca en Guerrero que no se está atendiendo, y un gobierno, el de Salgado, rebasado o en algunas de sus áreas coludido, que ha permitido al crimen organizado en el estado avanzar, ir teniendo más control sobre territorios, ciudades y municipios, y ampliar sus vínculos con los cárteles de las drogas mexicanos multinacionales, sin que nadie se les ponga enfrente.

NOTA: La reforma electoral que incluyó un artículo para protección de candidatos presidenciales se aprobó en 1993, cuando Patrocinio González Garrido era secretario de Gobernación, no en 1994, como se reportó ayer en este espacio, cuando hubo otra reforma tras el alzamiento del EZLN.

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Los principales enemigos de Xóchitl Gálvez no solo son en el presidente Andrés Manuel López Obrador y los morenistas que la denunciaron penalmente. En las antípodas de ellos se encuentra Gilberto Lozano, el empresario de extrema derecha fundador del Frente Nacional Ciudadano, conocido como FRENA, que la denunció el 21 de julio en la Fiscalía General por daños al patrimonio nacional. Para Lozano, que dice aspirar por una candidatura independiente a la Presidencia, ella y López Obrador son lo mismo, pero para efectos prácticos, es el tonto útil, tanto para la extrema derecha como para López Obrador, al estar haciendo el trabajo sucio para descarrilar a Gálvez.
Las acciones de Lozano lo explica la Teoría de la Herradura, que incorporó a la ciencia política el filósofo francés Jean-Pierre Faye, y que desmuestra que entre más polarización y mayor radicalización política y del pensamiento exista, las posiciones antagónicas se acercan. Esta teoría ha sido utilizada para entender cómo la extrema derecha y la izquierda se tocan y se asemejan en ciertos momentos, como sucede con los populismos que tomaron fuerza tras la crisis financiera global de 2008 que agudizaron y aceleraron la condena del modelo económico neoliberal, y cuyas primeras acciones de repudio se encuentran en el movimiento antiglobalifóbico de los 90’s.
El fenómeno planteado por Faye lo tenemos ahora en el proceso de sucesión presidencial mexicano, y Gálvez es quien lo está padeciendo. Se han visto claramente los intentos de López Obrador y desde el poder, para neutralizar a la senadora panista, pero no así lo que ha estado haciendo la extrema derecha, que en un principio había apoyado política y económicamente a la senadora Lily Téllez, que llegó a la cámara vestida de Morena y actualmente es azul. Téllez era el mejor perfil que tenían para avanzar en sus políticas, particularmente en el tema del aborto y la búsqueda para su penalización, y sirvió para tender los primeros lazos con Vox, el partido ultranacionalista y ultraconservador español, a cuyo líder, Santiago Abascal, invitó a México para reunirse con líderes panistas en 2021.
Téllez fue perdiendo fuerza y los grupos de extrema derecha, empresarios agazapados y organizaciones civiles que por años han expuesto su oposición al aborto y a la educación pública, decidieron quitarle el respaldo. Téllez decidió no entrar en la contienda por la candidatura de la oposición y se fue a unas largas vacaciones. Los financieros de la extrema derecha le habían prometido mucho, pero no le vieron las alas suficientes para encabezar su lucha por el poder. Le habían prometido abrirle las puertas en los sectores conservadores de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, pero se las cerraron y optaron por Eduardo Verástegui, que ha adquirido una renovada notoriedad últimamente por ser actor y productor del largometraje Sound of Freedom (“Sonidos de Libertad”).
El documental fue estrenado en Estados Unidos el 4 de julio pasado, día en que se conmemora la Independencia en ese país –en México está programado su estreno el 31 de agosto–, luego de estar un largo tiempo enlatado por la corporación Disney. Sound of Freedom se basa en la historia de Tim Ballard, que fue agente especial y encubierto del Departamento de Seguridad Territorial estadunidense, investigando el tráfico de niños, pornografía infantil y las redes de pederastia, pero que tiene como trasfondo que esos delitos son parte de una conspiración fraguada por los demócratas liberales, y que la crisis explotó en la frontera con México en 2020, luego de que Donald Trump perdiera la Presidencia.
Como parte de la campaña del largometraje en Estados Unidos, los grupos detrás de Verástegui lo llevaron sus pares ideológicos, empezando con el expresidente Donald Trump, que organizó una función privada en su residencia y club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, no muy lejos de Nueva York, el pasado 19 de julio, tras cuya exhibición llamó a Verástegui “posible presidente de México”.
De ahí viajó a Washington, donde el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, organizó una exhibición en ek Capitolio del largometraje el 25 de julio, y anunció una iniciativa para buscar 85 mil niños latinoamericanos desaparecidos en Estados Unidos, que preparó junto con el diputado republicano de Nueva Jersey, Chris Smith, y Roger Severino, que trabajó en la Administración Trump y es ejecutivo de la Fundación Heritage, un tanque de pensamiento ultraconservador que tiene posiciones contra el aborto y la planificación familiar, además de promovier la discriminación de personas LGBTQ.
En la gira promocional con grupos conservadores y de extrema derecha en Estados Unidos, Verástegui coincidió en un evento organizado por la revista conservadora Human Events, con Roger Stone, el ideólogo de extrema derecha acostumbrado a jugar en las cañerías políticas, que incurrió en violaciones electorales para ayudar a George W. Bush a ganar la elección en Florida en 2000, y fue asesor de Trump en la última campaña presidencial, quien lo invitó a su programa de radio, muy escuchado entre el electorado radical.
La estrategia para tejer alianzas con la extrema derecha global se trasladó la semana pasada a Centroamérica, donde se reunió con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con quien Verástegui firmó una carta de intención para el combate y erradicación del tráfico y explotación sexual de los niños en ese país.
Verástegui, que ha sido un activista provida por años, encabeza el movimiento católico ¡Viva México!, que está sirviendo como la plataforma y cara pública de los grupos de extrema derecha nacionales, que quieren llevarlo a la contienda presidencial mexicana del próximo año como candidato independiente. Para esto, al igual que como a López Obrador, Xóchitl Gálvez les estorba, porque del resto de la oposición no ven a nadie, por ahora, con la capacidad para ser competencia de quien elija López Obrador.
El activista, al venir de la sociedad y no de la política, como Téllez, es la carta de la extrema derecha, que hoy necesita que caminen las denuncias penales contra Gálvez, para profundizar la polarización, borrar a la oposición y luchar por el poder.

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Al dar por terminada la investigación sobre el Caso Ayotzinapa en septiembre próximo, como está programado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dirá que cumplió con los padres de las víctimas y resolvió el crimen, aunque no sea cierto. El caso, de hecho, concluirá en condiciones más confusas, de mayores dudas, lleno de contradicciones y, lo peor, con los asesinos confesos en libertad, gracias a que su gobierno les perdonó todo a cambio de imputar a militares y exfuncionarios, pero sin aportar pruebas para proceder en su contra de manera clara y contundente.

Lo último que esperaba, el reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Internacionales que contrató el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y recontrató el de López Obrador, contribuye al descrédito de su gobierno. Carlos Beristáin, uno de los dos integrantes que sobrevivieron todos estos años en el GIEI, reiteró este martes que no había condiciones para llegar a la verdad, y sin decirlo abiertamente, responsabilizó al gobierno de no haber logrado que las Fuerzas Armadas les dieran toda la información que solicitaron, por lo cual existía el riesgo de que “la mentira se institucionalice como respuesta”—un eco de una acusación similar al gobierno peñista.

A casi una década del crimen, las investigaciones de los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador han sido desaseadas, con irregularidades e ilegalidades en ambos casos, donde la verdad de fondo ha quedado olvidada, pese a coincidir en ella ambas administraciones: los 43 normalistas fueron detenidos por policías municipales de Iguala, que después contaron con el apoyo de agentes de los municipios colindantes, que se los entregaron a Guerreros Unidos. En ambas versiones, la “verdad histórica” y la “verdad alterna”, fueron asesinados e incinerados. La diferencia está en el cómo y el dónde, pero sobre todo en la carga del quién; en la primera los responsables son los asesinos, mientras que en la segunda son los funcionarios federales, de entonces y actuales.

El exprocurador general, Jesús Murillo Karam, está preso acusado de haber establecido una narrativa que buscaba el encubrimiento de autoridades federales supuestamente involucradas en el crimen.

El subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, responsable de la investigación, ha hecho lo mismo que Murillo Karam, crear una narrativa que en la práctica protege a los asesinos de Guerreros Unidos y probablemente al exalcalde de Iguala, al liberarlos de culpa, para que mediante declaraciones inducidas –no bajo tortura como en el gobierno anterior–, y con pruebas falsas, acusar a un general de haber ordenado el asesinato de los normalistas.

Encinas, como el propio López Obrador lo ha dicho en algunas reuniones, tiene una obsesión contra los militares, pero lo ha respaldado. Incluso, autorizó la reactivación de órdenes de aprehensión contra casi dos decenas de militares en activo y en retiro para que le ayudara a respaldar su discurso del próximo septiembre y decir que había cumplido con lo ofrecido en campaña. La posición del GIEI, sin embargo, lo mete en una contradicción, luego que Beristáin señaló que el último informe presentado el martes “muestra los distintos niveles de implicación y responsabilidad de los diversos niveles del Estado en el ataque de los 43”. ¿A quiénes se refiere?

En primer lugar, por jerarquía administrativa, al secretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, que era el comandante de la 8ª Región Naval Militar con sede en Acapulco, cuando se dio la desaparición de los normalistas. En esa categoría, el almirante participaba en las mesas de seguridad semanales en Guerrero, donde durante largo tiempo se habló de la presencia de Guerreros Unidos en Iguala y la Tierra Caliente, de las actividades ilegales del exalcalde José Luis Abarca, de la presunta colaboración de algunos militares con la delincuencia organizada y, en algo que imputa Encinas y el GIEI, de haber sembrado evidencia falsa sobre los restos humanos de los normalistas.

A nivel federal, el segundo en el ojo del GIEI es Alfredo Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, que como tal ocupaba el mismo cargo en la Procuraduría General peñista, que no fue removido por el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Hace casi un mes, fue detenido quien trabajó con él en la investigación del Caso Ayotzinapa, Gualberto Ramírez, extitular de la Unidad Antisecuestros de lo que era la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

En el nivel local, la figura más sobresaliente a la que se refiere el GIEI es Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, que en ese entonces era el delegado de la Policía Federal en Guerrero, y uno de los participantes de la Mesa de Seguridad. García Harfuch está enemistado con el fiscal Gertz Manero y en la Secretaría de Seguridad federal, consideran que sí estuvo involucrado con Guerreros Unidos, una imputación que siempre ha negado.

De manera indirecta señalan al general Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia, al quejarse de que el CISEN, que es como se llamaba hasta el sexenio pasado, les negó información, lo que se mantuvo hasta la actualidad.

No quiere quedar mal con los padres de los normalistas, pero tampoco ha aceptado una investigación forzada o inventada, o que aún en el supuesto que fuera cierta, afecte a la cúpula del Ejército. Quisiera minimizar el daño a las Fuerzas Armadas con acusaciones quirúrgicas, como la que tiene en prisión al general José Rodríguez, que encabezaba el 27º Batallón de Infantería en Iguala en los días en que se cometió el crimen, acusado con pruebas –chats a modo que presentó Encinas donde lo involucraban en el crimen–, que resultaron falsas.
El presidente se mantiene firme en que hasta ahí llegue la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, pero el informe del GIEI lo volvió a colocar en la trampa. Ahí están los funcionarios indirectamente imputados que se mantienen en sus cargos, sumergido en las contradicciones de un caso donde no midió su complejidad ni sus consecuencias.

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Como todos los días pero con diferente letra, el presidente Andrés Manuel López Obrador encontró una nueva conspiración “perversa” y “fascista”, de “malas entrañas” y “riesgosísima” de “la derecha” –como identifica genéricamente a quien disiente de su pensamiento y creencias– en tres periodistas que coincidimos en los últimos días en señalar el riesgo para la seguridad de la aspirante opositora Xóchitl Gálvez, y un académico que habló sobre la posibilidad de su desafuero. Cada quien expuso su punto de vista, derivado de nuestras experiencias en 1993 y 1994 en la sucesión presidencial con Luis Donaldo Colosio, y de la de 2005 con el desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
El presidente, como su núcleo duro y las plumas al servicio de Palacio Nacional adelantaron desde el lunes los argumentos que ayer sostuvo López Obrador, resaltando todos que los cuatro lo hacíamos responsable a priori de un eventual atentado contra Gálvez. Ninguno señaló tal barbaridad. Joaquín López Dóriga y Héctor Aguilar Camín, dos de los señalados, mencionaron en general la poca seguridad de Gálvez, incluso por parte de ella misma, y el andamiaje jurídico contra ella, que no atenta contra su seguridad, sino contra su libertad. Beatriz Pagés y yo comparamos el clima político actual con el de 1994, y coincidimos en que la retórica de López Obrador ayuda a enrarecerlo.
Hace dos décadas Salinas no lo envició con palabras, como hoy lo hace López Obrador, sino en la forma como procesó la sucesión. La seguridad para candidatos presidenciales, en ese entonces como ahora, ha sido motivo de preocupación para algunos de nosotros. En diciembre de 1993 Francisco Martín Moreno, con un texto en Excélsior de ficción política, y yo en El Financiero, mediante la interpretación del choque de intereses dentro del PRI, planteamos la eventualidad de un atentado contra Colosio si Salinas no trabajaba para modificar las condiciones que se estaban creando.
Salinas no atendió las observaciones y ni el llamado a la acción que se hizo en la prensa, sino que profundizó el conflicto interno. Públicamente daba más apoyo a Manuel Camacho, que se emberrinchó por no ser el candidato, y que en su recomposición se ofreció como negociador de la paz en Chiapas ante la irrupción del EZLN el 1 de enero de 1994, que a Colosio, mientras que en el círculo presidencial decían que su campaña no prendía. Tras el asesinato, Ciro Gómez Leyva y yo entrevistamos al primer fiscal del Caso Colosio, Miguel Montes, y a la pregunta directa si había pistas que apuntaran a Salinas como autor intelectual, dijo que no, pero contextualizó: “Los climas matan”.
Es decir, si bien no había responsabilidad directa, había una responsabilidad política indirecta de Salinas, quien al no atajar por semanas la creencia que podría quitarle la candidatura a Colosio para dársela a Camacho, generó inquietud e incertidumbre en el candidato y la certidumbre de varios de sus cercanos, que su asesinato sí había sido urdido en Los Pinos. En agosto de 1994, Ciro y yo entrevistamos a Salinas y le preguntamos si tenía evidencia de que hubiera sido un asesinato político. “No –respondió–, pero hay demasiadas coincidencias para ser coincidencia”. Tiempo después escribí sobre la creencia de Salinas que había sido la “nomenklatura” del PRI la responsable, encabezada por el ex presidente Luis Echeve-rría. Hasta hoy en día, con las conclusiones de cinco fiscales, Mario Aburto fue el asesino solitario de Colosio, del que confesó desde su primera declaración ministerial.
Los climas matan es un axioma. El presidente no lo ve, como tampoco lo hace en el caso de Joaquín López Dóriga y Héctor Aguilar Camín, en parte por su atención selectiva de los temas, en parte por sus fijaciones que lo llevan a absurdos, en parte por su narrativa y en buena parte por el odio que todas las mañanas le inyecta en el oído su jefe de propaganda Jesús Ramírez Cuevas. Nada nuevo. El presidente es predecible en lo que dice, aunque impredecible en cómo va a actuar cada mañana.
Ayer fue uno de esos momentos. En su larga perorata conspiracionista que se llevó mil 125 palabras de la mañanera, hubo 12 palabras muy importantes y positivas. “Se tiene que hacer”, inició para entrar al fondo de lo que se ha planteado, “que todos los candidatos estén cuidados… protegidos”.
El presidente, a diferencia de Salinas en 1993 y 1994, ha escuchado las observaciones y llamados a la acción que se le han propuesto desde la prensa en los últimos días sobre la seguridad de Gálvez y quienes aspiren a la candidatura presidencial. De esto se trataban los textos periodísticos –sin hablar por mis compañeros y amigos, no me cabe duda que esa fue su intención–, de llamarle la atención para que actuara, sin dejar todo a la deriva. Es muy importante que el aparato del Estado mexicano brinde seguridad a Gálvez, pero también a su delfín, Claudia Sheinbaum, y a todos quienes estén formalmente registrados para aspirar a una candidatura presidencial.
México está envuelto en una polarización y una violencia sin precedentes, que hacen una mezcla donde todo puede pasar. Nadie ha señalado al presidente por adelantado como el autor intelectual de un asesinato, pero algunos pensamos que si eso se diera, como pasó con Salinas, él se llevaría la responsabilidad política. Por lo que toca a su gobierno y legado, esto es lo que no puede permitir. Hay criminales empoderados y ultras en los dos bandos en los que se ha dividido el país. Sobre estos no tiene control. Disponer de recursos para brindarle la seguridad a quienes compitan por la Presidencia es una obligación política que tiene que dar el gobierno para reducir los riegos de un trágico evento de esa naturaleza. No lo quiere ni necesita él, ni el país. Que la lucha sea política, pero nada más. Ya dio López Obrador el primer paso, reconocer la seguridad. Lo inmediato es proveer a todas y todos de ella, en una situación extraordinaria porque, oficialmente, el proceso electoral aún no inicia.

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ESTRICTAMENTE PERSONAL

 

El gatillo del presidente Andrés Manuel López Obrador para descarrilar de la contienda presidencial a Xóchitl Gálvez, no puede ser mediante un discurso incendiario que la ponga en la mira del crimen organizado –como se argumentó ayer en este espacio– o generarle un clima de animadversión con sus acusaciones recurrentes y falsas de que quiere cancelar los programas sociales, que pudiera, en el México profundo de pobreza y desesperación, animar a que la linchen en una de sus visitas y todo quede en Fuente Ovejuna. El gatillo de López Obrador debe ser político y jurídico, donde tiene todas para ganar.
López Obrador ha lanzado una embestida masiva y lanzado a su división Panzer a atacar por todos lados a Gálvez para neutralizarla y descarrilarla de una campaña presidencial que gracias a su espontaneidad, despertó interés y, para la oposición, una esperanza de que Morena, con Claudia Sheinbaum o con cualquier candidato impuesto en Palacio Nacional, puede ser vulnerable. López Obrador, como nadie, sabe que si no la elimina de la contienda puede seguir creciendo y convertirse en la profecía autorrealizable, donde una creencia se vuelve realidad.
Lo vivió en 2004, cuando autorizó obras en un predio en Cuajimalpa llamado El Encino, para construir un camino alterno para el hospital ABC. El terreno, que había sido expropiado en 2000 por la entonces jefa de Gobierno capitalino interina, Rosario Robles, estaba en litigio, pero la entonces consejera jurídica de López Obrador, María Estela Ríos –que hoy cumple el mismo papel en la Presidencia–, le dijo que no había problema legal para hacerlo.
La Procuraduría General de la República, encabezada por Rafael Macedo de la Concha, que trabajaba al alimón con Marta Sahagún, la esposa del presidente Vicente Fox, pero con la autorización de éste, acusó a López Obrador de desacato y pidió su desafuero en la Cámara de Diputados. El 7 de abril de 2005, tras una sesión de más de nueve horas, la mayoría votó por desaforarlo para que así pudieran juzgarlo y meterlo a la cárcel. La respuesta social fue contundente y reunió en una gran marcha de protesta a simpatizantes y a muchos que, sin coincidir con él, les parecía un abuso de la autoridad.
Fox estaba determinado a que terminara en la cárcel, con lo cual lo sacaría de la carrera presidencial, pero su portavoz, Rubén Aguilar, y la entonces asesora de Santiago Creel, secretario de Gobernación, María Amparo Casar, a quien hoy ataca López Obrador por presidir Mexicanos Contra la Corrupción, lo persuadieron de dar marcha atrás. López Obrador salió victorioso, lo que le permitió contender con creciente fuerza durante tres elecciones, perdiendo por 0.56 por ciento ante Felipe Calderón en 2006, y arrasar en su último intento en 2018.
López Obrador no es Fox. El abuso de autoridad que estaba ejerciendo y que provocó una reacción nacional en contra, ayudó a que éste reculara. A López Obrador no le importan las presiones domésticas, ni mucho menos la ley, como lo demostró una vez más al dar a conocer información confidencial sobre las finanzas de la empresa de Gálvez. La senadora ha gritado mucho y lanzado amenazas, pero si se le quita el ruido al ambiente, está a la defensiva, descolocada y, podría uno sugerir, atemorizada –aunque ella dice lo contrario.
La divulgación de información confidencial llevó a Gálvez a anunciar que iba a presentar una demanda penal en su contra por haber violado al Código Fiscal, y abusar de autoridad al pedir información al SAT, en donde formalmente no tiene acceso. No lo hizo. Reiteró la amenaza días después, pero tampoco la presentó. Optó por ir al Instituto Nacional Electoral para acusarlo de violencia política de género, que le fue negada. La denuncia importante, sin embargo, no era esta última, sino la primera. ¿Por qué no lo hizo? Porque no se atrevió.
Mientras ella perdía el tiempo en declaraciones sin acciones, las huestes del presidente siguieron elevando los costos. Primero, el diputado de Morena Manuel Alejandro Robles la denunció en la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera por los presuntos delitos de lavado de dinero, evasión de impuestos y enriquecimiento ilícito. La respuesta a Robles ha sido cosmética. Se le atacó por su antecedente de títere y por considerarse un ataque más de López Obrador, sin verse el fondo donde, más allá de que sea cierto o no la subjetividad de las críticas en su contra, la denuncia está hecha.
Días después, Víctor Hugo Romo, que la sucedió como alcalde en Miguel Hidalgo, la denunció en la Fiscalía General de la Ciudad de México por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, conflicto de interés y corrupción. Una vez más, en la opinión pública se enfocaron en el mensajero y no en el mensaje. El mejor ejemplo de este error de diagnóstico fue el enfoque en la primera plana de Reforma el viernes pasado, que tituló “Denuncian a Xóchitl… 7 años después”, descalificando el acto por considerarlo parte de la coyuntura de agresión contra Gálvez. El quid de esa denuncia es la suma del equipo jurídico de Sheinbaum a la embestida contra Gálvez, que si no atiende lo que está sucediendo, podría enfrentar un juicio penal que podría limitar sus aspiraciones presidenciales.
Gálvez ha dicho que tiene derecho a tener una empresa privada y que la mayoría de sus clientes son privados, no del gobierno. Es cierto, pero no basta combatir la acusación con declaraciones de que está limpia de pecado y culpa, sino respaldar sus dichos con documentos para demostrar que en ningún caso hubo un conflicto de interés, que sugiera corrupción. No parece que la senadora haya hecho aún ese trabajo, pues ya lo habría presentado, dejando que hablen los papeles y no su boca.
Si quiere mantenerse como una aspirante viable y salir fortalecida de los embates de López Obrador, debe actuar con más responsabilidad de la mostrada y tomar con seriedad las imputaciones. Las acusaciones contra López Obrador hace casi dos décadas son menos sólidas del potencial de las que han presentado los morenistas en dos fiscalías. Cuidado, senadora.

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La encuesta que publicó El Financiero este miércoles sobre cómo arrancaron los aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición, arrojó un sorprendente grupo de cinco donde la diferencia entre todos se encuentra dentro de los márgenes de error. En la punta están empatados Xóchitl Gálvez y Santiago Creel, con 11 por ciento de preferencia, seguidos de Lily Téllez –que ya se bajó de la contienda que organiza el Frente Amplio Por México–, con 10 por ciento, Enrique de la Madrid con 8 por ciento, Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Mancera con 7 por ciento cada uno. La fotografía no es promisoria: si hoy fueran las elecciones presidenciales, Morena ganaría por 10 puntos, según un estudio de Demoscopía.
La oposición está en otras cosas, en los albores de su proceso, y se encuentra inmersa en un debate público por el método que propusieron para sacar a quien mejor sea evaluado, mediante un entramado complejo que a varios no gustó. Téllez fue la última en retirarse del proceso organizado por el Frente y el domingo, con las meras filtraciones a la prensa sobre su arquitectura, Germán Martínez hizo lo mismo. El único candidato ciudadano distinto a los 14 que levantaron la mano para participar, Gustavo Hoyos, aún no dice si juega con las reglas planteadas, o ve para otro lado.
Sin embargo, el proceso iniciado el lunes, más allá si gusta o no el método, cambió el metabolismo de la oposición y después de meses de ausencia eficaz en la arena pública, pasó al centro de la conversación. El proceso híbrido de consulta directa, encuestas y foros, irá descartando aspirantes hasta tener una terna finalista de la cual saldrá la candidatura el 3 de septiembre, tres días antes del anuncio de Morena sobre quién abanderará al partido en 2024.
Aunque todo apunta a que Claudia Sheinbaum será la candidata presidencial y aún no debe descartarse a sus adversarios, lo que sí debe tener claro la oposición es que la estrategia que desarrollará López Obrador y Morena para mantener en su bolsa la Presidencia, es la polarización, el método permanente que utiliza el presidente para cohesionar a los suyos, dividir la oposición y ganar elecciones.
Es fácil argumentar que, definitivamente, habrá una campaña polarizada. En un interesante análisis publicado hace un mes sobre el fenómeno, el jefe de encuestas de El Financiero, Alejandro Moreno, explicó que la polarización significa tener puntos de vista no solo contrarios, sino alejados uno del otro, donde en un tema de conflicto, en vez de tomar posturas intermedias, algunas personas se van a los polos o puntos extremos. Es decir, “se polarizan”.
Al tener la polarización política distintas facetas y se puede medir de maneras diferentes, agregó, una forma muy sencilla y común de identificarla es ver cuántos mexicanos se ubican en los extremos de un eje ideológico de izquierda y derecha. Moreno citó la encuesta de El Financiero en marzo de este año, donde el 21 por ciento de las personas entrevistadas se ubicó en el punto 1 de una escala de 10 puntos de izquierda a derecha, mientras que el 15 por ciento se ubicó en el punto 10, lo que arrojó que las posturas extremas sumaron el 36 por ciento del total, mientras que las centristas representaron el 30 por ciento.
Pero en marzo de 2011, en el quinto año del gobierno de Felipe Calderón, otra encuesta que realizó Moreno para Reforma, encontró que los extremos representaron el 27 por ciento, contra el 33 por ciento que se ubicó en el centro. En 12 años, el extremismo ganó 9 puntos, equivalentes a 4.5 millones de electores, lo que marca una tendencia a la polarización que, puede argumentarse, ha sido alimentada por López Obrador como parte de su estrategia electoral. Su narrativa mañanera y su desinterés sobre cualquier tema que no represente votos, lo encasilla en ese objetivo.
Jorge Buendía, fundador y presidente de Buendía y Márquez, no ve la polarización como Moreno, y considera que este fenómeno sólo podría definirse de esa manera si existieran dos grupos de tamaño relativamente parecidos y encontrados con posiciones diversas, lo que no es el caso con López Obrador y Morena, donde la mayoría de las personas los ven con simpatía, de acuerdo con todas las encuestas públicas conocidas. En la encuesta de encuestas de Oraculus.mx, en 53 meses en el cargo López Obrador tenía 67 por ciento de aprobación, 4 puntos más que Ernesto Zedillo, y 45 arriba de Enrique Peña Nieto.
La ecuación electoral que tiene que realizar la oposición para 2024, en estos momentos, no es compleja. Para ser competitiva requerirá una candidata o candidato disruptivo que pueda polarizar y enfrentar a Sheinbaum o a quien decida López Obrador como sucesor. Bajo ese parámetro, Gálvez y Téllez son las mejor dotadas. Creel y los demás en la encuesta publicada en El Financiero, no entran en ese molde.
No se puede olvidar que el centrismo es una estrategia que ya no funciona. Roberto Madrazo lo intentó en 2006 cuando contendió por el PRI, y fue borrado por Felipe Calderón y López Obrador. Alejandra del Moral hizo recientemente una campaña sin contrastes y con guantes de terciopelo contra Delfina Gómez, quien rompió la hegemonía del PRI en el estado de México de casi un siglo de dominio.
La polarización que vivimos no es ideológica, sino emocional y pasional, que se alimenta por la creciente animadversión entre los simpatizantes de los partidos y la inexistencia de grises para evaluar a López Obrador: lo aman o lo odian. El presidente no aparecerá formalmente en la boleta presidencial, pero la elección será sobre él y para un referéndum sobre su mandato.
¿Quién puede encabezar mejor a la oposición? En la actualidad no hay lugar para los moderados y los centristas. López Obrador es el rey maniqueo y ha definido el campo de batalla electoral. Si la polarización es el nombre de su juego, el Frente y quienes voten por sus candidatos deben pensar que sus posibilidades pasan por el choque y la ruptura, no por actitudes timoratas. Gálvez y Téllez son opciones, pero no necesariamente deban ser las únicas.

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