El miedo del PAN a perder la candidatura presidencial y el miedo del PRI a llegar a las elecciones nacionales del próximo año y evaporarse como fuerza política, terminaron de manera cruel con las aspiraciones de Beatriz Paredes, que fue bajada de la contienda con el golpe de mano de los resultados de las encuestas del Frente Amplio. Ayer, ante las necesidades del PAN y del PRI para evitar la consulta del domingo, el comité organizador del proceso dio a conocer los resultados. Son abrumadores: Gálvez derrotó a Paredes en las encuestas de vivienda y telefónicas, y la aplasta en el promedio por 15.16 puntos.
La suerte de Paredes como candidata presidencial para 2024, sin embargo, se decidió el fin de semana, cuando los líderes del PRI, PAN y PRD, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, acordaron que debía declinar el martes. Paredes no fue informada del acuerdo, que tuvo como secuela una declaración de Moreno el lunes, donde afirmó que el PRI tomaría una decisión en función de los intereses del partido, por encima del particular de su candidata. La declaración, vista por algunos priistas como una traición a Paredes, fue un acto de pragmatismo puro que explicó Moreno a la senadora durante una reunión que sostuvieron el martes por la tarde.
En esa reunión Moreno expuso las razones por las cuales la presionó a declinar. Paredes le recriminó sus declaraciones, pero él le explicó que la razón de sus acciones es que los panistas le tuvieron miedo y corría riesgo la sobrevivencia del Frente y la viabilidad del PRI como fuerza política significativa. Paredes se sorprendió del miedo de los panistas, porque no había sido así en un principio.
Cuando reveló sus aspiraciones para ser candidata presidencial a mediados de octubre del año pasado en el evento “Diálogos por México”, la clase dirigente del PAN no la tomó en serio y hubo comentarios sarcásticos sobre ella. Paredes había surgido como una potencial candidata con el apoyo de varios de los líderes priistas más importantes de los 30 últimos años, que le vieron cualidades para contender. Las estructuras del partido también se empezaron a mover y Paredes fue avanzando en las diferentes fases establecidas por el Frente Amplio.
El Frente organizó cuatro foros, en donde la percepción general sobre Paredes cambió de manera importante al mostrar su experiencia política, sus ideas y dotes retóricas, en contraste con Gálvez, que en general se vio superficial, con más lugares comunes que ideas, y poca densidad. La priista ascendió rápidamente en las encuestas y se volvió competitiva, lo que prendió las alertas en el PAN, que obligaron a Santiago Creel a bajarse de la contienda para concentrar el apoyo azul en Gálvez.
La dirigencia del PAN no esperaba que hubiera competencia con el PRI, y pasaron rápidamente del nerviosismo al miedo. Moreno le explicó a Paredes que la dirigencia panista, encabezada por el líder nacional, Marko Cortés, le dijo que no confiaban en ella y que estaban inciertos que reconociera una eventual victoria de Gálvez. Paredes le respondió, con otras palabras, que era absurdo ese planteamiento y le aseguró que si perdía la contienda, apoyaría a Gálvez.
Para el martes, ya todo era retórico. Los panistas habían registrado en días previos algunos actos masivos de priistas en los estados, donde Paredes había sido la figura central, lo que aumentó sus nervios y temores que de llegar a la consulta programada para el próximo domingo, la estructura territorial del PRI saliera a votar por ella y pudiera ganar, una probabilidad que surgió cuando en la encuesta en vivienda donde se definieron los tres finalistas del Frente, quedó a tres puntos de Gálvez, que equivalía a un empate técnico.
En la conversación que tuvieron el martes, Moreno reconoció la posibilidad de una victoria y le dijo que si ella se quedaba con la candidatura, la parte más radical del PAN no la iba a apoyar. El líder del PRI le estaba transmitiendo lo que Cortés le adelantó, que sería el final del Frente Amplio por México. De ahí la prisa porque se bajara de la contienda a fin de no estirar los tiempos y llegar a la consulta el próximo domingo, que era la que abría la ventana de victoria de la priista.
Moreno habló de la consulta con Paredes y le dijo que no esperaban que salieran a votar más de 300 mil personas, lo que consideró sería un fracaso que sería utilizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Moreno no explicó por qué sería tan baja la participación, pero uno de los perredistas con acceso a las evaluaciones de su dirigencia, dijo que ante lo inevitable de la victoria de Gálvez, se habían comenzado a desmovilizar.
Pero lo más importante, resaltó Moreno, es que ya habían hecho las cuentas electorales en el escenario de un triunfo de Paredes, y la consecuencia sería que su victoria sería una derrota para el PRI, pues apenas alcanzarían dos senadurías –de primera mayoría–, y un número considerablemente menor a los 69 diputados que tienen en la actual legislatura.
Paredes tenía que declinar, amagó sutilmente Moreno, quien le anticipó que este miércoles daría a conocer un comunicado en donde el PRI otorgaba su respaldo a Gálvez. El comunicado ya no se difundió en esos términos, porque el adelanto de los resultados de las encuestas en vivienda y telefónica para medirlas, le dio una clara ventaja a Gálvez, que será la candidata presidencial de la oposición.

Nota: Juan Manuel Herrero, miembro del Comité Organizador del Frente Amplio y presidente de Suasor Consultores, dijo que esta empresa no levantó la encuesta telefónica, como se apuntó en este espacio el martes. Indicó que hay un acuerdo de dar a conocer quiénes realizaron las encuestas al término de la consulta, y será la empresa que la realizó la de las explicaciones correspondientes. Como acotación, el Comité Organizador informó ayer que Grupo Reforma hizo la encuesta en vivienda, como se reveló en este espacio, pero sigue oculto el nombre de quien realizó la telefónica.

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El Frankenstein que armaron las dirigencias del PAN, PRI y PRD para consolidar una candidatura presidencial de unidad, está a punto de parir en la figura de Xóchitl Gálvez. No era ella en quienes pensaban cuando comenzaron a diseñar la estrategia –en ese momento la senadora tenía la mira puesta en la Ciudad de México–, pero se fue modificando y ajustando a las necesidades coyunturales. La última de estas es el sacrificio de Beatriz Paredes, la priista que llegó a la final de la contienda con Gálvez, a la que el dirigente del partido, Alejandro Moreno le puso un sutil ultimátum: si no se baja de la contienda, el PRI cumplirá con los acuerdos cupulares y no con la persona.
Los acuerdos, moldeados en torno a la candidatura para gobernador en el estado de México, fueron muy simples: el PRI propondría a Alejandra del Moral como la candidata de la alianza, y el PAN retiraría de la contienda a Enrique Vargas, el poderoso líder del Congreso local, a cambio de llevar mano en la candidatura a la Presidencia. Para ello, Marko Cortés, líder nacional del PAN, impulsó un método de selección que requería un millón de firmas para poder contender por el cargo, que fue un traje hecho a la medida para contener a la senadora Lily Téllez e impedir que lograra la candidatura.
Cortés estaba obsesionado con Téllez y pensaba que arrasaría con el candidato designado del PAN, Santiago Creel, cuando las condiciones cambiaron radicalmente. Gálvez irrumpió en la contienda de una manera abrupta y rompió con todos los paradigmas del Frente Amplio por México, la coalición de oposición, que armó un modelo de selección de candidato cosido de manera forzada y con parches, para realizar un proceso aparentemente democrático, al que se sumaron grupos de la sociedad civil, que tomaron el control del proceso.
Si bien cambiaron las condiciones, el método no. Pensado en bloquear a Téllez para favorecer a Creel, resultó inoperante con Gálvez en la contienda. Para entonces, dirigentes y líderes del PRI empezaron a impulsar a Beatriz Paredes, cuya oratoria, solidez y prestigio pensaban que le iba a dar el aire suficiente para negociar con fortaleza posiciones en el Congreso y el Senado en 2024. Nadie dentro del PRI, incluida la senadora, pensaba seriamente que iban a poder arrebatarle la candidatura a Gálvez, pero una vez más, errores de los organizadores del proceso y los partidos, que cedieron espacios ante la presión de incluir de manera relevante a la llamada sociedad civil, los volvieron a meter en aprietos.
Para definir quiénes pasarían a la última fase, se realizaron encuestas a mediados de agosto. En la de vivienda, realizada por Grupo Reforma, Gálvez obtuvo el 32.8 por ciento de las preferencias, contra 29.6 por ciento de Paredes, que era una diferencia de sólo tres puntos; es decir, había un empate técnico. En la telefónica, encargada a Suasor Consultores, Gálvez obtuvo 51 por ciento de preferencia contra 17.5 por ciento de Paredes, una diferencia abismal de 33 por ciento. Esa primera encuesta interna arrojó malos resultados para Creel, que abandonó la contienda, y Gálvez parecía imbatible, pero las cosas no eran así.
La encuesta telefónica tuvo un problema muy serio que alteró la muestra y no dio resultados reales ni confiables, que no lo supo la opinión pública, pero sí los dirigentes. La muestra tenía un universo muy grande de cuestionarios –seis mil en vivienda y telefónica, de los cuales hay que hacer en ocasiones 10 por cada uno para obtener la precisión–, y debía realizarse en un espacio limitado –cuatro días– de tiempo. Como Suasor Consultores no iba a poder terminarla a tiempo, compensó el déficit de encuestados a nivel nacional con un incremento de cuestionarios en la Ciudad de México, con lo que rompió la metodología y distorsionó el trabajo, desconociéndose qué resultados habría arrojado una buena encuesta.
Para seguir fortaleciendo a Gálvez se propuso incluir una encuesta digital, que coincidió con los resultados del sondeo en Facebook de México Elige, que le dio una ventaja de 85 por ciento contra 8 por ciento de Paredes. El problema que vieron fue que Morena se metiera al proceso y con sus votos impulsara a Paredes. El viernes pasado se decidió no hacer la encuesta digital y se ratificó que cada una de las encuestas en vivienda y telefónica tendrán un valor de 70 y 30 por ciento, respectivamente.
La renuncia de Creel fue para concentrar el apoyo de los panistas a favor de Gálvez, pero no en las encuestas, donde estaba fuerte, sino en la consulta, donde la movilización territorial del PRI favorecía a Paredes. Para compensar ese poderío se amplió el número de casillas de 300 a mil 500, a fin de neutralizar el acarreo del PRI y que al promediar los resultados de la consulta y las encuestas, no se viera favorecida Paredes.
El PRI negoció con Paredes para que se bajara de la contienda, como hizo el PAN con Creel, pero no pudo. Hace nueve días en León, Paredes dijo que no declinaría y que seguiría hasta el final porque el esfuerzo que estaban realizando “no puede ser una farsa”. Los líderes del PAN y el PRI siguieron su plan y acordaron que declinaría ayer martes, por lo que Moreno dijo en la víspera que las encuestas no favorecían a la priista y que el miércoles fijarían posición.
Las cosas tomaron un rumbo inesperado cuando Paredes respondió que la única encuesta que vale es la que mandó a hacer el Frente. Moreno replicó ayer en una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, que “una persona no está por encima del partido” y expresó su deseo que la priista tome una decisión “en sintonía” con el partido. O sea, si no declina, la declinan.
Moreno le quitó el oxígeno y abrió la posibilidad de que la movilización no sea a favor de ella, sino de Gálvez. Este episodio mancha el proceso, pero confirma que los acuerdos entre las dirigencias no se rompieron. La única duda hoy es si el PRI de las bases sigue a Moreno o apuntala a Paredes.

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La candidatura de Morena para la gubernatura de Chiapas estaba prácticamente asegurada para Zoé Robledo, el director del Seguro Social que inició el gobierno como subsecretario de Gobernación y que se encontraba en el pequeño grupo de las nuevas querencias del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero su carrera en la recta final se acabó antes de iniciar el último tramo. Apenas hace una semana, el presidente anunció que se quedaba en su puesto a terminar el sistema IMSS-Bienestar. Ahí quedó todo por parte del presidente, que engrandeció a Robledo, cuando en realidad lo destituyó, para ocultar los presuntos actos de corrupción e incompetencia en los que se ha visto envuelto, porque, en su racional, pudieran mancharlo a él y dañar a su proyecto.
Los elogios de López Obrador a Robledo –“es un gran servidor público”, “no se lucha por cargos, se lucha por principios, por ideales, por encargos”– fueron una gran farsa montada en la mañanera de hace dos lunes. La decisión presidencial fue una semana después de que la prensa reveló que el Seguro Social había asignado contratos por más de mil millones de pesos a una empresa fantasma. Robledo negó las imputaciones, y luego de que se anunció que no contendería por la gubernatura, aseguró que la decisión no tenía que ver con empresas y contratos.
Falso.
La historia de la caída de Robledo no fue tersa, pero sí fue rápida. La revelación de esa asignación, publicada por Reforma, puede ser considerada como la puntilla que provocó la debacle de las aspiraciones políticas del chiapaneco. La reacción del presidente fue contundente. Enojado, López Obrador le pidió a su vocero, propagandista y uno de sus principales operadores políticos, que buscara otra alternativa para la gubernatura. La suerte de Robledo se había sellado, con el colofón de una cadena de molestias del presidente con él en un mes.
El quiebre se dio por la muerte de una menor de seis años de edad que fue aplastada el pasado 11 de julio en un elevador en la clínica 18 en Playa del Carmen en las instalaciones del Seguro Social, como resultado de problemas de mantenimiento desde 2019. A López Obrador no le gustó la reacción de Robledo para sacudirse la tragedia, y en una llamada telefónica le gritó, incluso con algunas obscenidades, para reclamarle su falta de empatía, pero no con la niña, sino con el proyecto de la cuatroté, y su falta de cuidado para evitar temas y problemas que lo perjudicaran. No satisfecho, el presidente le hizo una segunda llamada en donde le dijo que ese tipo de problemas pudieran impedirle aspirar a la gubernatura.
A finales de julio, todavía envuelto en el escándalo de Playa del Carmen, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, le entregó un informe sobre el movimiento de doctores, enfermeras y personal administrativo del Seguro Social, con una crítica a Robledo por la forma como estaba manejando el problema. El informe fue acompañado por uno más sobre las irregularidades en el equipamiento de hospitales, compra de medicinas y dinero presuntamente desviado de las cuotas patronales desde cuentas de delegaciones regionales, hacia cuentas de personas y empresas allegadas al director del IMSS.
Un tropiezo muy fuerte, ante los ojos de Palacio Nacional, fue la adjudicación de contratos para anestésicos el 8 de agosto, que se entregó a dos empresas vinculadas a grupos políticos que son enemigos abiertos del presidente, y en el caso de una de ella, sospechosa de ser prestanombres de uno de los grandes laboratorios farmacéuticos vetados y vilipendiados por el presidente.
El problema de fondo no solo fue la adjudicación per se, sino que aparentemente se otorgaron con un sobreprecio de alrededor de 30 por ciento, que significan 500 millones de pesos adicionales, y que provocó una impugnación ante el Órgano de Control Interno del Seguro Social por parte de la tercera empresa porque fue descalificada porque no presentaron un accesorio –un cepillo– que en la especialidad de anestesia, de acuerdo con los expertos, no se utiliza, por lo cual no debería siquiera de haberse solicitado, pese a tener la propuesta más baja en la licitación.
La adjudicación sigue un patrón de favoritismos en la asignación de contratos, como fue el que dio el IMSS a la empresa fantasma que reveló Reforma, que ya había tenido observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Hasta ese momento, otras denuncias periodísticas habían caído en los oídos sordos presidenciales, como una primera muy fuerte, en junio de 2020, cuando Latinus reveló que Robledo había beneficiado a una empresa de su hermano Gabino con un contrato de adjudicación directa ese año, aunque desde 2019 –en mayo de ese año Zoé asumió la dirección del IMSS– la empresa de la que fue socio y director el funcionario, ya había recibido contratos no solo de la institución, sino también del Banco del Bienestar y del gobierno de Puebla.
López Obrador tomó la decisión de bajar a Robledo de la competencia por Chiapas en vísperas de anunciarlo en la mañanera. El presidente habló directamente con el director del IMSS para comunicarle que no sería candidato y que se quedaría, por lo menos por ahora, al frente de la institución. López Obrador no le dio ninguna explicación sobre sus razones, y el chiapaneco tampoco se las pidió. Lo único que le solicitó fue que le permitiera ser él quien anunciara su intención de no contender, pero ni siquiera eso le dejó. Fue el presidente quien lo informó.
Robledo corrió a Chiapas para levantar la mano de la prima hermana del presidente, la diputada federal Manuela del Carmen Obrador Narváez, como aspirante a la candidatura. No se sabe si fue petición de Palacio Nacional, pero por el manejo político vertical del presidente, una iniciativa de esa naturaleza, que contradice sus críticas al nepotismo, no podría darse sin su aval.
La caída de Robledo es un estudio de caso de encubrimiento y cinismo, coronado por la diputada, que tras ser destapada dijo que Morena no permitirá que “los saqueadores del erario” recuperen el poder en 2024.

Salvo que suceda una catástrofe, Claudia Sheinbaum, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México que desde que inició el sexenio tuvo la preferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, será la ungida. Hay quien piensa que Sheinbaum es un distractor del presidente para que llegue Adán Augusto López, y otros, como Marcelo Ebrard, ilusionados en que podía cambiar el rumbo de la corriente de la catarata que alimentaba López Obrador. No es así. El presidente ha comentado en su primer círculo, sin mencionarla directamente, que dejar a una mujer en el cargo que retome su narrativa, será el legado de su transcendencia.
Las señales objetivas todo este tiempo no recomiendan apostar contra Sheinbaum. La incorporó a las reuniones de los lunes del gabinete de seguridad, pese a ser un asunto federal no local, le levantó varias veces la mano en eventos públicos y la señaló con su índice, estimuló la bufalada de gobernadores, presidentes municipales y políticos de Morena detrás de ella, que utilizaron recursos para respaldar sus movilizaciones, como la del sábado, en el cierre de su campaña en la Ciudad de México, donde decenas de autobuses de transporte público llevaron a cientos de personas al Monumento a la Revolución.
Pero hay mucho más, escondido de la vista de todos.
Primero fue la integración del cuarto de estrategia, en donde López Obrador envió como miembro permanente a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, quien comenzó acompañándola en sus recorridos los fines de semana y en los dos últimos meses, con una participación más directa en la toma de decisión. A través de Ramírez Cuevas, Sheinbaum enviaba los mensajes de que no se separaría de sus dictados –completa obediencia a su proyecto cuatroteísta–, para tenerlo tranquilo. Mario Delgado, líder de Morena, también puso a la diputada Gabriela Jiménez en ese mismo equipo, para tener ojos y oídos sobre lo que estaba pensando hacer la aspirante. Ninguna otra de las llamadas corcholatas recibió respaldo tan directo de Palacio Nacional y Morena.
Segundo, que es la última acción clara de cómo Sheinbaum es la virtual candidata de Morena a la Presidencia, fue alinear a la candidatura al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el aparato de inteligencia del Estado mexicano, para que hiciera tareas de vigilancia y monitoreo sobre la Secretaría del Bienestar para verificar que las instrucciones de apoyo a la delfín de López Obrador se cumplieran, e informar si alguno de los aspirantes restantes no se desviaban del guion diseñado por el presidente y buscaban alianzas indeseables.
La intervención del CNI no tiene precedentes, al compartir sus tareas de seguridad nacional con el trabajo a favor de la candidata presidencial. Las instrucciones se dieron a principios de julio, en una reunión convocada por el general Audomaro Martínez, director general del CNI, a la cual asistieron el secretario general, y número dos de la institución, Osmar Saúl Parra, los siete coordinadores, los 15 directores y los 32 delegados en los estados.
Las principales instrucciones fueron muy precisas: asegurar que los programas sociales sean encaminados a respaldar a Sheinbaum, y vigilar lo que hacen sus adversarios, no solo dentro de Morena y sus aliados, PT y Partido Verde, sino también la oposición. La vigilancia sobre la aplicación discrecional de los programas sociales y el reporte inmediato sobre acciones que pudieran llegar a afectar a Sheinbaum puede ser medido por el CNI, que realiza encuestas permanentes en los estados, sobre cuyos cuestionarios se podrían incluir las preguntas que mostraran los resultados de la inducción federal.
El CNI es un organismo muy fuerte, no de ahora, de siempre, por el volumen de información que recoge en el país a través de la inteligencia humana y la tecnológica. Pese a los vaivenes provocados por sus directores en los últimos años, mantiene una masa crítica relevante en materia de análisis, a la que se añade el control que tiene sobre los gobernadores a través de las mesas de seguridad en los estados, que siempre preside el secretario técnico de ellas, que es el delegado del CNI, por encima de la Guardia Nacional, que en papel es la que debería coordinarlas.
Aunque por razones de inteligencia siempre han elaborado fichas sobre políticos y personas públicas, rara vez las utilizan con fines políticos y las filtran a los medios. En el gobierno de López Obrador esta ha sido, si bien no una práctica regular, una práctica recurrente de intimidación y advertencia a quienes consideran en Palacio Nacional que no quieren alinearse, ya sea mediante la difusión de datos confidenciales del CNI que aparecen en el mar de cosas en la mañanera, o mediante la filtración a medios específicos que sirven como conducto para hacerlos públicos.
Lo que es extraordinario de lo que está haciendo el CNI es su intromisión en temas electorales, lo que subraya no solo la determinación de López Obrador de imponer a Sheinbaum en la Presidencia sino, sobre todo, que no tiene límites para garantizar la continuidad, en sus términos, de lo que llama el proyecto de la cuarta transformación, la guerra cultural en la que se ha embarcado para aniquilar el régimen anterior e instalar uno nuevo, el suyo.
La precampaña que realizó Sheinbaum en los dos últimos meses y medio tuvo en la oscuridad toda esta operación de Estado para fortalecer, impulsar y cuidar a la candidata de López Obrador, utilizando recursos públicos –por la vía de gobernadores para las movilizaciones–, el aparato de inteligencia civil del Estado mexicano, y un comisario político del presidente en el cuarto de estrategia de la candidata, que a la vez juega el mismo papel en el Instituto Nacional Electoral. Con todo esto detrás de ella y apuntalándola, sólo una catástrofe, como se señaló en un principio, podría no permitirle llegar a la candidatura.
Una vez ungida como tal, la potencia de la maquinaria legal e ilegal en manos de López Obrador, se incrementará. Quien enfrente al presidente y a Sheinbaum en la disputa por el poder el próximo año, debe tener claro contra qué tipo de monstruo peleará.

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Ciro Gómez Leyva, quien conduce el programa de radio más importante del país, tuvo un ríspido choque este miércoles con Epigmenio Ibarra, el videógrafo del presidente Andrés Manuel López Obrador y la cabeza más visible de su maquinaria de propaganda. Fue un choque entre dos experimentados periodistas, uno crítico y el otro apologista del gobierno, que en el intercambio duro pero civilizado, expusieron la tensa relación entre López Obrador y los medios, la dialéctica polar en la que se desenvuelve el ejercicio de poder y el de informar y, hacia el futuro, la certidumbre de que las cosas no amainarán en los próximos meses, sino que se exacerbarán. Ahora sí, como dicen los tabasqueños, lo mejor de todo es lo peor que se va a poner.
Todo comenzó porque la señora Elizabeth Vilchis, a quien utiliza Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial y el calienta cabeza a López Obrador, para denostar medios y periodistas, incluyó a Gómez Leyva entre los periodistas que criticaron al presidente por haber dicho un chiste cuando le preguntaron sobre la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, que adquirió una notoriedad inusual por la difusión de un video donde aparece uno de esos jóvenes asesinando a sus amigos con piedras y un puñal, por lo que enfatizaron su falta de empatía. Gómez Leyva, sin embargo, había respaldado al presidente cuando dijo que él no escuchó la pregunta.
“Fue una vileza lo que sucedió, y una vileza doblemente intencionada con un hombre que ha tenido una posición de toda su vida de cercanía con las víctimas”, afirmó Ibarra. “Hay una disputa entre el poder y los medios que no se ha resuelto y no se va a resolver. Y el presidente insiste en eso y tiene derecho”. Gómez Leyva respondió: “Por lo mismo, miente y embarra”.
“No es cierto”, espetó Ibarra. “Hay que ver también el agravio y la dimensión del ataque constante contra el presidente desde casi todos los medios, salvo muy pocas y contadas excepciones. Sí hay una posición de confrontación con él, con el gobierno y específicamente con el presidente, desde el principio de su sexenio”.
La voz de Ibarra hace eco con la de López Obrador, que le gusta compararse con Francisco I. Madero, que enfrentó una prensa de oposición, particularmente la del bisemanario El Mañana, fundado por Jesús María Rábago, un empresario, periodista, militante y político que sentía nostalgia por la dictadura de Porfirio Díaz. Pero la analogía es superficial y descontextualizada.
Madero sufrió de esa prensa en tiempos de agitación e inestabilidad, y una fractura en el consenso nacional. El contexto de López Obrador es muy diferente. No existe ese rompimiento –caminan con él las Fuerzas Armadas, los empresarios y Estados Unidos–, y la gobernabilidad de los cárteles de las drogas en varias partes del país no es resultado de una derrota del gobierno ante el crimen organizado, sino una cesión de derechos y atribuciones.
Madero no tenía muchos recursos para defenderse. López Obrador tiene los recursos punitivos del Estado para atacar a medios y periodistas. Sí hay mucha tensión entre el gobierno y la prensa, pero si se analiza el sexenio, se podrá ver que el presidente comenzó su guerra contra la prensa desde el principio de su administración, y al disparar contra todos todo el tiempo, fue generando resistencias para sobrevivir.
Cuantitativamente quizás sí sea el presidente que mayor número de críticas ha recibido, probablemente proporcional al número de horas diarias que tiene los reflectores solo para él, y a las más de 100 mil mentiras y afirmaciones que no se pueden corroborar, a sus ocurrencias, violaciones a la ley y a sus ataques, difamaciones y linchamientos públicos contra todos que no le rindan tributo. La polarización, la confrontación y la intimidación que vivimos es una estrategia, no un fenómeno exógeno en el que quedó envuelto.
Ibarra, como repite López Obrador, aseguró que la crítica es respuesta al recorte de la publicidad oficial. “Para volver al clima anterior, y eso no va a suceder”, agregó, habría que volver a invertir sumas millonarias en pautas publicitarias, porque de otra forma no se restablecería “la cordialidad”. Su afirmación es falaz. La publicidad de anteriores gobiernos no les compró impunidad, y solo el ejercicio propagandístico del presidente y sus voceros esconde la verdad. La realidad, por citar un caso, es que quizás nunca hubiera llegado a la Presidencia si la prensa no hubiera registrado y criticado las frivolidades, corrupciones y torpezas del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Para Ibarra, los medios y periodistas “se acostumbraron a vivir del Estado y no de la audiencia, no de sus ventas, y esa fue una relación perniciosa que se convirtió en uno de los peores lastres de la democracia”. Gómez Leyva replicó que después de cinco años, están activos los mismos medios y periodistas. La cancelación o disminución drástica de la publicidad oficial afectó las finanzas de muchos, pero que ningún medio haya desaparecido muestra la debilidad del argumento.
Tampoco se sostiene otra aseveración de Ibarra, el que exista un alineamiento ideológico de todos aquellos críticos a López Obrador, percibido en “el tono y la continuidad… de los ataques”. Gómez Leyva lo interrumpió: “¿Cómo me alineo yo con (Sergio) Sarmiento? ¿Cómo me alineo con Ricardo Salinas?”. Ciertamente, periodistas y medios que históricamente han tenido diferentes posturas en su abordaje crítico de la realidad, ¿cómo se alinean?
Las coincidencias en la críticas están asociadas con las erráticas y políticas fallidas del gobierno, por su corrupción, nepotismo y el cinismo en algunos casos, como las hubo con gobiernos anteriores. Quizás lo que falta hoy es la autocrítica y que en lugar de buscar la salida fácil de culpar a los otros, revisen lo que han hecho. Sabemos que no lo harán, y que difícilmente habrá aplausos de foca como quiere el presidente. Lo que sí ocurrirá, adelantó Ibarra, es que “la disputa con los medios va a seguir subiendo de temperatura, más todavía en tiempos electorales”, porque “esto apenas comienza”. Entendamos el mensaje y abrochémonos los cinturones.

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A nadie le habrá extrañado la ruptura en el Partenón de Movimiento Ciudadano. Tras semanas de escarceos, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, disparó contra el líder del partido, Dante Delgado, al que acusó de querer someter a todos a su voluntad. ¿A qué se refería Alfaro, que gobierna el estado que mayor peso político y económico le ha dado a la franquicia que construyó Delgado? A su resistencia a formar alianzas para la elección presidencial en 2024, con lo cual, como lo hizo al no postular candidato para la gubernatura del Estado de México, terminó haciéndole el trabajo sucio al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Delgado se ha defendido públicamente de esa imputación generalizada y rechaza que le llamen traidor. En discursos y ejercicios epistolares, Delgado ha sido un fuerte crítico del presidente, pero en los hechos, las cosas son distintas. En el Senado, en donde es coordinador, el récord de voto de Movimiento Ciudadano es de mayor apoyo a las iniciativas de López Obrador. Y en las negociaciones para formar alianzas, ha rechazado cualquier posibilidad de forjar una con el PRI, pese a que él, producto del epílogo del PRI autoritario, no deja de reclutar priistas para alimentar al partido.
Político experimentado, Delgado se maneja de forma hipócrita. Ayer, al responder a los señalamientos de Alfaro, el senador dijo que Movimiento Ciudadano está por encima de las decisiones personales y que las elecciones de 2024 pondrán a prueba a todos. Es cierto lo que afirma, pero es posible argumentar que no necesita comenzar el proceso electoral para saber que Delgado, contra lo que dice, está jugando por sus intereses personales –lograr una votación para tener más diputados y senadores y, por ende, más recursos–, que lo que desea la oposición, derrotar a López Obrador y a Morena el próximo año.
Hay una lógica estratégica del líder de Movimiento Ciudadano, que es ampliar el número de curules y escaños, a cambio de sacrificar la elección presidencial de 2024 y apostar por ella, como ya lo anticipa, en 2030. La contradicción es que la ruta escogida no coincide con sus cuestionamientos sobre lo que ha hecho López Obrador como presidente, su falta de gobernanza y el abandono de sus ideales. Esta dualidad de pensamiento confirma que su interés personal, ganar legisladores y recursos para la franquicia, es superior al interés de la oposición. Está dispuesto a olvidarse de lo que piensa del presidente y lo que ha hecho con el país, de acuerdo con sus propias críticas, si ello satisface su objetivo personal.
El quiebre que presidió la ruptura de Alfaro se dio en una reunión de los líderes nacionales de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México hace dos semanas, donde analizaron si se sumaban al Frente Amplio por México que integran PAN, PRI y PRD. Alfaro, Luis Donaldo Colosio, presidente municipal de Monterrey, y Clemente Castañeda, coordinador del partido en el Senado, plantearon la conveniencia de sumarse al Frente en la elección presidencial, a lo que se opusieron Delgado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el coordinador del partido en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez. Al no llegar a ningún acuerdo, Delgado propuso mantener un diálogo abierto sobre el tema que no se hizo.
La ruptura de Alfaro es muy seria para Movimiento Ciudadano porque Jalisco no sólo es donde más votos tiene el partido, sino de donde más recursos obtiene. Nuevo León es el otro estado que sostiene a Movimiento Ciudada-no, y aunque el gobernador García se sumó a Delgado en su rechazo por sumarse al Frente, por la razón objetiva de que el PRI y el PAN no lo sueltan en el Congreso estatal y obstaculizan a su gobierno, no coincide plenamente con el líder del partido y ha estado en situaciones cercanas al quiebre por la forma unipersonal en que toma decisiones.
Delgado, sin el apoyo de Alfaro, entra a una nueva realidad, como también Movimiento Ciudadano como partido. Las declaraciones de Delgado que el partido es una fuerza poderosa que no necesita de aliados, son una farsa. Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral –hoy INE–, publicó una columna en El Financiero este martes, donde lo demuele. La tituló “Los sueños guajiros de MC”, que bien podría haber cambiado el nombre del partido por el de Delgado.
Ugalde destruye sus dichos de tener en Colosio y García a dos potenciales candidatos a la Presidencia, que para él no sólo es una forma de “blofear” en la mesa de negociaciones, sino que ninguno ha expresado su interés por contender. A este planteamiento habría que añadir que lo que se está cocinando para los dos, que ratifican lo señalado por Ugalde, es llevar a Colosio en el Senado, junto con Mariana, la esposa de García.
Otro punto destacado por Ugalde son los sueños de grandeza de Delgado, que solo son retóricos. Delgado dice que Movimiento Ciudadano es la segunda fuerza política del país, pero precisó Ugalde, es la cuarta fuerza en cuanto a diputados –detrás de Morena, el PAN y el PRI–, y tercera en el Senado, gracias a que casi una decena de priistas en esa cámara, renunciaron recientemente a su partido. Con respecto a la candidatura presidencial, hoy obtendría el 7 por ciento del voto nacional, muy por debajo del PAN y el PRI.
Vistos los números, Movimiento Ciudadano no tendría ninguna posibilidad en la elección presidencial, pero si insiste en un candidato independiente del Frente o no presenta ninguno, como hizo en el Estado de México, le quitaría a la oposición el poder tener eventualmente 7 por ciento de la votación nacional, que en una elección presidencial como se está perfilando para 2024, podría ser la diferencia entre ganar y perder.
Todo esto lo sabe Delgado, veterano político y estratega. Pero también cree, como ha llegado a decir en privado, que hay tiempos para pelearse con López Obrador, y tiempos en donde no hay que hacerlo, como en 2024 donde, por el momento, está quedando como un esquirol de la oposición.

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La declinación de Santiago Creel a favor de Xóchitl Gálvez para contender contra Beatriz Paredes por la candidatura del Frente Va por México por la Presidencia de la República, le dio una bocanada de oxígeno a la panista-ciudadana. Gálvez estaba sumida en una contradicción, donde mostraba tener un equipaje más liviano que sus adversarios, pero a la vez, la única que había entusiasmado al electorado de oposición y metabolizado la sucesión presidencial, convirtiéndose en la figura que en el imaginario colectivo arrasaba a sus rivales.
Los números desfavorables para Creel en todas las encuestas y los comentarios en la prensa, no habían sido suficientes para que considerara declinar por Gálvez, hasta que el domingo pasado acordaron los dos equipos y el presidente del PAN, Marko Cortés, que el diputado se retiraría de la contienda por la candidatura y ofrecería su apoyo a la senadora. Todo el aparato del PAN, que tenían a Creel como su carta fuerte cuando comenzó el proceso, entendió que Gálvez, aunque no late en sus corazones, era mejor candidata que Creel.
El pragmatismo panista, respaldado por la efervescencia en amplios sectores de la sociedad civil y un sector de la prensa que ven a Gálvez más como ciudadana que como militante de un partido, está buscando que se imponga el mismo modelo al PRI, y que Paredes decline como lo hizo Creel. La senadora dio ayer su respuesta en una entrevista de radio en Imagen con Pascal Beltrán del Río, donde dijo que se mantendrá en el proceso democrático de la lucha por la candidatura, confiada en que solo ella podría ganar la elección presidencial el próximo año.
Las encuestas actuales no la ubican en una posición de competencia contra la probable candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, a diferencia de Gálvez que está reduciendo la desventaja ante la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, Paredes ha forjado una alianza táctica entre el viejo establishment del PRI y la dirigencia que encabeza Alejandro Moreno, con la cual habían tenido serias diferencias. No es seguro que Paredes se baje de la contienda, no solo por los apoyos priistas, sino porque persisten las dudas sobre el futuro inmediato de Gálvez en tribunales.
Gálvez ha minimizado tres demandas que le han presentado –dos en la Fiscalía general y una más en la Fiscalía de la Ciudad de México–, por los presuntos delitos de lavado de dinero, evasión de impuestos y enriquecimiento ilícito. En una carta que envió a quien esto escribe el 1 de agosto, Gálvez insistió que no existen los contratos por los cuales la acusan de presuntas ilegalidades por 70 millones de pesos, y que su empresa nunca llegó a ningún acuerdo ilegal durante el tiempo que fue delegada en Miguel Hidalgo.
Aun cuando esto fuera cierto, las demandas siguen en curso y en algún momento va a ser llamada a declarar, al igual que su hija, a quien han involucrado en la querella. Un proceso de esa naturaleza, en vísperas de que en septiembre inicie oficialmente el arranque de las elecciones del próximo año, previsto próximo, la va a distraer de la precampaña y la campaña, en caso de que derrote a Paredes en la contienda del Frente Va por México, y cuando menos la obligará a estar atendiendo las demandas con sus abogados, presentando pruebas y asistir a las diligencias ministeriales.
Este escenario no es nada descartable, por la manera rabiosa con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva atacándola sistemáticamente por semanas, violentando la ley electoral y desacatando las órdenes del Instituto Nacional Electoral para abstenerse de hacer comentarios contra la senadora, y por la forma como ha actuado políticamente la Fiscalía General, abriendo carpetas de investigación contra quienes representen piedras en su camino, que es un antecedente que no debe olvidar.
Gálvez puede ser inocente de todo, pero como hipótesis de trabajo, existe la posibilidad de que la imputen y por los delitos de los que le acusan, cabría que le aplicaran la prisión preventiva oficiosa, como lo establece el artículo 19 constitucional. De entrar en esa ruta, existiría la posibilidad real de que fuera inhabilitada para ser candidata a cualquier cargo de elección popular.
Hay un claro interés de López Obrador por desacreditarla, difamarla y descarrilarla del proceso de sucesión presidencial, aunque se desconoce si quisiera llegar al nivel de verla en prisión. Hasta ahora ha resistido los embates políticos, pero aún no comienzan los jurídicos. Es cierto que entre más demoren en imputarla –la justicia en México es lenta–, pero las posibilidades de que empataran con la campaña presidencial, que empieza en marzo, son amplias.
En los tiempos actuales, no hay que olvidar, no es importante si una persona pública es culpable o no de un delito, porque la Fiscalía General politiza los casos de aquellos a los que considere enemigo del presidente. Así lo hizo contra Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN, que fue acusado sin pruebas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por corrupción, y tuvo que huir del país para evitar ir a la cárcel.
El escenario jurídico que enfrenta Gálvez puede parecer excesivo para muchos, principalmente para quienes cifran en ella sus esperanzas electorales, pero mal harían ella y su equipo si desestiman o desatienden las demandas. Dentro del PRI ven las cosas bajo esa perspectiva, y se lo hicieron ver a los panistas cuando hace tres semanas les sugirieron que se bajaran de la contienda. No lo hicieron por el riesgo jurídico que enfrenta Gálvez, y no hay razones por las que pudieran haber cambiado de opinión.
El Frente Va por México está en un dilema con su muy taquillera figura. El PRI va a respaldar con todo a Paredes y, por lo que se ve, Gálvez tendrá el apoyo social y el del PAN. Si gana Paredes, el escenario judicial de Gálvez pasa a segundo plano, pero si triunfa la senadora, todos deben empezar a diseñar una estrategia para enfrentar la andanada legal y política que indudablemente se le avecinaría.

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Adán Augusto López Hernández ha colocado decenas de espectaculares en varias partes del país con su imagen, ha aparecido en portadas de revistas, figurado al frente de las encuestas presidenciales, viajado por los estados y realizado mítines nutridos, en algunos de ellos gracias al dinero en efectivo para quienes asistan. De todos los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, es quien más recursos ha mostrado para promoverse.
Nada de ese dinero invertido ha salido de la tesorería de Morena, pues el ex secretario de Gobernación rechazó los 5 millones de pesos que fijó el partido como apoyo para los aspirantes. Todo lo que gastaría en su campaña, anunció, saldría de su bolsillo. Pero esto es un decir. López Hernández tiene amplios recursos que llegan de diferentes partes, administrados por su hermana Silvia, que por años ha manejado el dinero político de la familia.
No hay dinero que le puedan rastrear a López, quien reporta públicamente gastos inferiores a otros de sus adversarios. Maneja los recursos en la opacidad, que de acuerdo con personas que conocen su entramado económico, implica una red y un mecanismo muy eficiente para su caja política. Silvia, una muy capaz contadora pública que tiene una facturera, es quien desarrolla la ingeniería financiera que le permite tener el flujo que financia sus aspiraciones políticas.
Silvia, que conoce al presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace más de tres décadas, comenzó a trabajar con él varios años antes que Adán Augusto, incluso, mudara sus afectos y lealtades del PRI a Morena. Silvia fue tesorera del PRD en Tabasco a mediados de los 90’s, cuando López Obrador era su presidente, y en ese tiempo conoció a Humberto Mayans Canabal, que en ese entonces era senador por el PRI, con quien se casó.
López Obrador se mudó a la Ciudad de México para encabezar el partido y comenzar su campaña para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, desde donde le ofreció a su colaboradora la candidatura a una diputación federal a disputarse en el 2000. Razones personales impidieron que la aceptara finalmente, por lo que López Obrador se la dio a su hermana Rosalinda, también contadora pública, que de manera fortuita arrancó de esa forma su carrera política.
Silvia no tuvo una aspiración en el ámbito público, como su hermano Adán Augusto, que fue secretario general del PRI en Tabasco y coordinador de la campaña para gobernador del priista Manuel Andrade en 2000, o como su hermana Rosalinda, pero ciertamente la familia Hernández López fue la placenta de un núcleo de donde viene el nombre de Grupo Tabasco, con Adán Augusto a la cabeza.
Rosalinda, que también fue diputada local, senadora y finalmente Administradora General de Auditoría Fiscal del SAT, un cargo que ostenta hasta la fecha, está casada con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón –que apuesta porque su cuñado se quede con la candidatura de Morena–, y trabaja cerca de la oficina de Humberto Mayans Hermida, hijo del primer matrimonio del esposo de su hermana Silvia, que es el Administradora Central de Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior del SAT. Su padre, Mayans Canabal, es actualmente miembro del Consejo de Administración de Pemex, y su hermano Fernando Mayans Canabal, es director general del Instituto de Seguridad Social de Tabasco.
A diferencia de todos ellos, Silvia ha sido políticamente una persona circunspecta. No hay mucha información disponible sobre ella, que siempre se ha caracterizado por ser discreta y trabajar en las sombras.
Por ello, pocas personas conocen que cuando su esposo fue nombrado secretario general de Gobierno de Tabasco por el gobernador priista Andrés Granier, le pusieron una oficina en esa secretaría, desde donde manejaba en una especie de semi clandestinidad, el factoraje y los cobros. No está claro qué destino tenía ese trabajo paralelo, que combinaba con el manejo de los dineros de sus hermanos. Trabajos similares siguió haciendo en el Congreso de Tabasco, con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jaime Lastra, por donde entran facturas por montos desconocidos de dinero, cuyo fin tampoco se conoce.
La opacidad en el financiamiento de las campañas de las llamadas corcholatas ha estado en el centro de la discusión prácticamente desde el inicio del proceso hace dos meses, con las quejas principales del excanciller, Marcelo Ebrard, que no ha dejado de denunciar gastos excesivos de sus adversarios. El senador Ricardo Monreal identificó específicamente hace un mes a Adán Augusto López Hernández como el aspirante presidencial de Morena que más recursos tiene, con mayor estructura y capacidad de movilización en sus mítines.
Para lograr esto, no basta tener los recursos, sino también apoyo en los estados. Varios gobernadores, con quien fortaleció su relación cuando fue secretario de Gobernación, lo han estado respaldando, como también lo han hecho con la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, los espectaculares o dinero en efectivo que se ha reportado en la prensa le han llegado a dar a quienes asistan a sus mítines, tienen fuentes de financiamiento diferentes a lo que aportan los gobernadores.
En el cinismo de toda la clase política que está construyendo candidaturas presidenciales y los vacíos legales existentes –porque a nadie se le ocurrió que también requerían leyes para los tramposos–, Adán Augusto se ha venido vacunando. Sus gastos, afirmó, salen de sus ahorros verificables –que no ha verificado.
La clave para entender todo el mecanismo es Silvia, la hermana mayor de Adán Augusto, responsable de la arquitectura del financiamiento. En una simulación electoral como la actual, donde los candidatos presidenciales son candidatos a coordinar la defensa de la cuatroté, y las giras son recorridos, no está claro si al final de este proceso de apariencias, el Instituto Nacional Electoral podrá revisar sus gastos, porque no hay una provisión en la ley que establezca reglas para procesos disfrazados, ni para sancionar a quien hubiera rebasado los topes establecidos porque, simplemente, no hay tope alguno ni regulación para lo que se está haciendo.

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El 6 de julio pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cometió el ataque más grande a la libertad de expresión de su historia, al aprobar unánimemente que para el proceso electoral que arranca en octubre, los programas de opinión, análisis y debate van a ser monitoreados. Esto significa, para efectos prácticos, que las consejeras y consejeros, violando dos artículos constitucionales y uno de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, votaron por la previa censura, colocaron un candado al pensamiento crítico, y pretenden imponer la ley electoral más regresiva y antidemocrática del continente. En síntesis, quieren asesinar la libertad de expresión.
El acuerdo que modifica un criterio seminal de 2014, fue presentado por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, 24 horas después de haber conversado con el vocero presidencial y jefe de la maquinaria de propaganda gubernamental, Jesús Ramírez Cuevas. No se sabe si, como se comentó en la prensa, Ramírez Cuevas le fue a dar instrucciones a Taddei, pero las sospechas tienen sustento.
Taddei es una persona ligada al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, presidente también del Consejo Nacional de Morena, que ha ido colocando a sus cercanos en el INE. Por el otro lado, la óptica: ¿un día después de hablar con el emisario del presidente Andrés Manuel López Obrador presenta el acuerdo? Ni la formas cuidó, más allá de que pudiera haber sido ese el tema de su encuentro en la víspera. Pero si ella, por ignorancia, incompetencia o en acatamiento de una orden, trabajó el acuerdo y lo presentó ante el Consejo General, ¿en qué estaban pensando sus miembros para aprobarlo sin objeción?
El criterio que modificaron estaba muy claro. El 22 de octubre de 2014, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo que definió el catálogo para el monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas federales para el proceso 2014-2015, donde se precisaba que serían vigilados solo los programas de radio y televisión que difundieran noticias, excluyendo la opinión y el análisis, así como aquellos de debate y entretenimiento. Fue ratificado para las elecciones en 2018, reforzado por un estudio de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en donde se establecía que los programas donde se opinara, analizara o debatiera, estaban protegidos por el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.
Ese criterio partía de algo muy obvio. La valoración “positiva” o “negativa” establecida para las noticias, es imposible de aplicar a la opinión, el análisis y el debate, que por definición son subjetivos. Para comprender su magnitud, hay que ir al periodismo básico, que señala claramente las diferencias entre los géneros de información (las noticias) y opinión.
Las noticias tienen una estructura rígida –si se aplica bien la técnica–, basada en la “pirámide invertida”, desarrollada por la agencia Associated Press a mediados del siglo XIX para informar sobre el comercio en el puerto de Nueva York, que organiza la información de lo más importante a lo menos relevante, respondiendo las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y porqué. Pero también, producto de su evolución ética, deben ser ser objetivas, con balance y diferentes fuentes de información, para dar equilibrio y pluralidad.
Los géneros de opinión son subjetivos, al no ser producto de un hecho sino de la información de cada uno, su interpretación, opinión –valga la redundancia–, y posición sobre un sujeto o un tema en particular. Este género no exige, como en el informativo, ser justo y balanceado, plural o factual, porque la opinión puede partir de un hecho, pero la idea que surge de él es completamente interpretativa.
A diferencia de la noticia, donde se cumple el derecho de la sociedad a ser informada, la opinión es un complemento donde se aportan argumentos, ideas y se confrontan, con lo cual, en ese trabajo en binomio, se contribuye a la toma de decisiones individuales y se fortalece la democracia, que es el orden social dentro de un régimen de libertades bajo el cual millones de mexicanos nacieron sin haber vivido los largos años de cerrazón y la lucha para demoler la muralla autoritaria.
El INE nos quiere regresar a esa etapa oscurantista donde el pensamiento crítico era reprimido. Lo que pretende es controlar la mente de quienes expresan una opinión y una idea, o chocan con argumentos en los debates, y prohibirles el pensar. Imagine si este acuerdo es aprobado por el Tribunal Electoral, ¿qué sucedería en un programa de análisis como Tercer Grado, en donde soy uno de los panelistas?
Cada uno de los panelistas tendría que opinar sobre todos los candidatos presidenciales con un cronómetro enfrente para darles el mismo tiempo a cada uno y estar midiendo los comentarios positivos y negativos en cada caso. El acuerdo neutralizaría y anularía durante el tiempo del proceso electoral al programa, que incumpliría su función de complemento a la información.
El acuerdo viola el artículo 6 constitucional que establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo dos excepciones incorporadas en una gran parte de las leyes de países democráticos, que tenga un discurso de odio o que incite a la violencia. Infringe el artículo 7, que establece la inviolabilidad de la libertad para difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Y atenta contra el artículo 256 de la ley secundaria de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que dispone que la programación debe incluir diferentes géneros con diversidad y pluralidad en las ideas y opiniones.
Lo que ha hecho el INE, hay que insistir, es una transgresión democrática que lleva a la previa censura, prohibida en la Constitución de la Ciudad de México. Tercer Grado no es el único programa afectado. Quiere monitorear 73 programas durante las precampañas y 503 en las campañas con la misma regla: eliminar la jerarquización periodística, anular la confrontación de ideas, e inhibir a periodistas y medios. Uniformidad total es lo que quiere el INE, como hacían los regímenes totalitarios. Quizás no fue su intención, pero eso es lo que hicieron.

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La desaparición de cinco jóvenes el fin de semana en Lagos de Moreno es un caso empapado en el misterio, sobre el que hay diversas hipótesis pero aún no existe conclusión alguna. La clave para desentrañar el secreto de lo que les sucedió y porqué les pasó, se encuentra en el video de un minuto con 25 segundos que circuló en las redes sociales, que primero fue cuestionado en su veracidad por la Fiscalía de Jalisco, pero después lo incorporó a la carpeta de investigación, presumiéndose su veracidad. El video es terrorífico y se atora en la garganta para quien no está acostumbrado a ver escenas, literalmente, dantescas.
El video sobre el cual están trabajando las hipótesis de trabajo no es una grabación normal. La única organización criminal que videogrababa sus ejecuciones eran Los Zetas, pero el material que tienen las autoridades estatales y federales rompe completamente con los que producía esa organización. Los Zetas mostraban a sus víctimas torturadas, incluso mutiladas, y en ocasiones mostraban el momento en que directamente frente a la cámara las degollaban.
En el que circuló (cuidado: la descripción que se hará a continuación es muy cruda y podría ser perturbadora), un joven se ve al fondo, hincado, junto a otro ensangrentado. Entonces le arrojan una piedra para que golpee a su amigo y después le lanzan un cuchillo para que se lo clave. No se escucha qué tipo de instrucción le dan, pero con una mano indecisa comienza a enterrárselo en el cuello. En un momento, el joven da la impresión de ya no querer seguir haciéndolo y se detiene por unos instantes. La forma como actúa es de no querer hacer lo que le pidieron.
El video con el que están trabajando las autoridades no apunta a que sea un ajuste de cuentas entre criminales, ni siquiera por equivocación. Una fotografía adicional al video muestra a los cinco jóvenes golpeados en la cara, pero sin señales de que hubieran sido torturados. Ese material parece tener otro origen y destino.
Lagos de Moreno es una zona que si bien está asediada por el Cártel de Sinaloa / Pacífico en la frontera con Zacatecas y Aguascalientes, se mantiene bajo el control total del Cártel Jalisco Nueva Generación. La ciudad, cabecera del municipio homónimo, se ve generalmente vacía, pero está rodeada de fincas ganaderas y lecheras en donde hay una importante población flotante de trabajadores migrantes que residen en Estados Unidos, en donde se mueve el líder absoluto de la organización jalisciense, Nemesio El Mencho Oseguera, que utiliza sus grandes terrenos como pistas para sus avionetas, que son su principal medio de transporte.
De hecho, la grabación que analizan las autoridades tampoco es característica de las que difunde esa organización, que siempre muestran sus armas y capacidad de fuego vestidos en uniformes tácticos. Las autoridades, sin embargo, estiman en sus hipótesis que la privación de la libertad de los jóvenes sí fue hecha directamente o por instrucciones de algún jefe del cártel en la zona –la presunción es sobre Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo, jefe regional en la costa norte, la Sierra Madre Occidental y en la región Valles–, pero no necesariamente como una acción orgánica de la banda criminal.
El video bajo análisis registra en un momento que una persona vestida de negro, con un celular en la mano, pasa frente a la cámara grabando, a su vez, lo que estaba haciendo el joven al otro joven. Esas escenas no tienen nada que ver con los materiales clásicos que videograban los criminales, sino con un propósito muy distinto. ¿Cuál sería si no hay elementos objetivos para concluir que se trató de un conflicto entre organizaciones delincuenciales? Es lo que falta por determinarse, así como la información para saber si esa persona vestida de civil, con ropa casual, solo grababa o estaba transmitiendo las imágenes en vivo hacia alguna dirección.
Las imágenes de los jóvenes sugieren que quienes los privaron de su libertad los pusieron a pelear. Los moretones en las caras son de puños, no de patadas o de golpes con armas, que es lo que hacen los sicarios con sus víctimas. En este sentido, toma relevancia –y punto de partida para otra línea de investigación–, la entrevista al padre de uno de los jóvenes que hizo Enrique Acevedo en el noticiero estelar de Televisa, En Punto, el martes pasado, donde dijo que su hijo y uno de sus amigos –el menor que aparece en una de las fotografías que les tomaron–, practicaban boxeo.
El misterio que envuelve la desaparición y suerte de los jóvenes no esconde la impunidad con la que se mueven los criminales en esa región de los Altos de Jalisco, que cuentan con protección institucional dentro de las áreas de protección civil municipal y estatal, ni el desastre que tiene en materia de seguridad el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que admitió públicamente que el narcotráfico quiere desestabilizar al estado con ataques “irracionales, violentos y directos” que exigen, dijo, una reacción del Estado mexicano.
Alfaro está atrapado en la cadena de violencia cruel del Cártel Jalisco Nueva Generación a la cual atendió con desidia –reflejado por su bajo interés en participar en las mesas de seguridad–, y anteponiendo la política a sus acciones, al permitir que su gabinete se resistiera a compartir información con las autoridades federales argumentando que son autónomos. Hablar de que hay un proceso de desestabilización en Jalisco, es llevar el fenómeno de la violencia criminal al ámbito político, lo que es un intento por desviar la responsabilidad que tenía y que incumplió.
La desaparición de los jóvenes en Lagos de Moreno lo ha dejado expuesto, al haber tomado una tracción nacional que no habían tenido casos similares anteriores. Se le empiezan a cobrar facturas a su negligencia por no atajar y atender la inseguridad, que obliga a su Fiscalía a resolver este crimen de manera certera y expedita. Hacerlo no borrará la incompetencia de Alfaro en este campo, pero lo ayudará que no comience su caída en picada.

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