La Universidad Autónoma de Guerrero creó una comisión para analizar y elaborar el proyecto de la reforma de la Ley 701, a partir del convenio de coordinación institucional con el gobierno del estado, que no ha sido llamada a ninguna actividad, denunció la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán.
En un documento sobre la Ley 701, armonización y reforma, recordaron que el rector, Javier Saldaña Almazán, y el gobernador, Héctor Astudillo Flores, se comprometieron en un convenio firmado en abril, a realizar acciones tendientes al análisis y presentación de proyectos de reforma a la legislación, para dar cumplimiento a la recomendación 9/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Esta recomendación está dirigida al gobernador de Guerrero, al fiscal general, al Congreso del estado y al Ayuntamiento de Olinalá, por violaciones a los derechos humanos de siete miembros de la Policía Comunitaria y 12 personas detenidas por la CRAC.
Sin embargo, hasta finales de octubre supieron que se integró la comisión, pero los universitarios que la integran no habían sido convocados para trabajar en el proyecto de Ley.
Desde 2013, en el Informe Especial sobre las Autodefensas y la Seguridad Pública en el Estado de Guerrero, la CNDH recomendó al ejecutivo estatal impulsar las reformas que permitan la plena armonización de los sistemas normativos indígenas con el estatal, en los aspectos de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que expliciten claramente la competencia de cada ámbito normativo y los mecanismos para la efectiva inclusión de las normas, procedimientos y autoridades indígenas en una dinámica de colaboración y coordinación con las instituciones estatales.
Recomienda al Congreso llevar a cabo “de manera inmediata”, los trabajos legislativos para que, “en coordinación con el Poder Ejecutivo estatal y previa consulta con las comunidades, se armonicen los sistemas normativos indígenas con el estatal, en los aspectos de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que expliciten claramente la competencia de cada ámbito y los mecanismos para la efectiva inclusión de las normas, procedimientos y autoridades indígenas en una dinámica de colaboración y coordinación con las instituciones estatales”.
Sin embargo, en la reforma integral a la Constitución política del estado, en abril de 2014, se pospuso dos años la armonización de las leyes secundarias, incluida la 701, y antes de concluir el plazo, la actual Legislatura decidió prorrogarla hasta marzo de 2017.
El 4 de marzo de 2016, emitió otra recomendación similar, la 9/2016, para el gobernador y los diputados locales, y llamó al fiscal general del estado a establecer las medidas adecuadas para la reparación del daño de las víctimas de las violaciones a derechos humanos acreditadas, y a generar manuales, lineamientos, protocolos o instrumentos normativos necesarios, sobre cómo dirigir, analizar y determinar las indagatorias que involucren a autoridades comunitarias e indígenas.
El convenio de la UAG y el gobierno estatal se encuentra en la página de la liga de Consejería jurídica del gobierno del estado, y establece como vigencia, “el cumplimiento de la Recomendación antes citada, contando a partir de la fecha de su firma, pudiéndose modificar o rescindirse mediante comunicación escrita con treinta días naturales de antelación, con el fin de no afectar el desarrollo de las actividades”.