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Paran labores policías estatales en tres municipios para exigir respeto a su jornada laboral y un bono de riesgo

La mañana de ayer, policías estatales de la región Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel central, ubicado cerca del tutelar de menores de Chilpancingo, para exigir al gobernador, Héctor Astudillo Flores, y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Pedro Almazán Cervantes, una jornada laboral de tres días de descanso por cada tres de trabajo, y el pago de un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
Los uniformados que se movilizaron estuvieron en el operativo relámpago, en la región de la Tierra Caliente, hace 19 días ante los bloqueos carreteros e incendios de vehículos en esa región.
En Chilapa, a las 9 de la mañana unos 64 policías estatales pararon labores y se concentraron en la casa del migrante, para exigir respeto su jornada laboral.
Por otra parte, consultado por teléfono, un policía estatal destacamentado en la capital, que se reservó su nombre, comentó que hasta las 8:30 de la noche no hubo ningún acercamiento con funcionarios del gobierno del estado, por lo que continuará el paro de labores en el cuartel, y agregó que sólo tres patrullas harán recorridos y darán atención ciudadana en Chilpancingo.
Informó que durante el paro llegaron a algunos acuerdos con las autoridades, entre ellos vacaciones para 35 uniformados, y que agentes que trabajan siete y ocho días seguidos tomen días de descanso, hoy se hará el cambio de turno en Chilapa y Apango; sin embargo, continuarán en la movilización para apoyar a sus compañeros.
El policía indicó que fueron amenazados con despidos masivos, ante “lo cual intervino el visitador adjunto de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Jesús Romero Hernández”.

Protestan luego de que los encuartelan para enfrentar una marcha que anunció la UPOEG, pero no ocurre

A las 11:30 de la mañana, unos 600 policías se congregaron en la explanada del cuartel para una reunión con mandos de la corporación, en la que exigieron respeto de esta jornada que se suspendió desde hace 20 días ante las operaciones implementadas en la región de Tierra Caliente, porque ahora laboran seis días y sólo descansan tres; además exigen un incremento salarial del 8 por ciento, viáticos y la homologación del bono del Día del Padre, así como la entrega de uniformes de buena calidad.
Asimismo, se quejaron de que ayer fueron encuartelados ante una marcha que había anunciado la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), pero que se canceló, lo que detonó la protesta porque los uniformados tienen más de seis días sin ver a sus familias.
“Nosotros no vamos seis días a nuestras casas; cuando no hay necesidad de trabajo, para qué nos tienen encuartelados, es un desgaste físico innecesario, y nos exigen trabajar seis (días) por tres (días de descanso), pero queremos tres por tres, que se respete, queremos el bono, respeto de las vacaciones y descansos”, comentó un policía estatal.
Guardias de seguridad impidieron la entrada de los reporteros al cuartel en la capital, pero llegaron unos 50 policías paristas de Chilapa, que permitieron entrar a los comunicadores.
Los agentes estatales se reunieron con un comandante que les ofreció hacer llegar sus peticiones a Almazán Cervantes, pero éstos no aceptaron y le gritaron, “¡Hoy!”, “¡Ahorita queremos que nos atiendan!”, “¡Fuera!”, “¿Que se vaya!”.

Piden también aumentos para viáticos y homologación del bono del Día del Padre con el del Día de la Madre

Un policía estatal que también se reservó su nombre, exigió el pago del bono de riesgo, que es de 3 mil 500 a 12 mil pesos, y que les deberían pagar cada seis meses; desde “hace seis meses no hemos recibido el beneficio, y algunos policías no han recibido el bono”, y agregó que piden el incremento de viáticos de 300 pesos diarios, porque actualmente les pagan 250 pesos.
Explicó que en la entidad hay más de 3 mil policías estatales, y que cada uno de ellos cobra de 4 mil 800 pesos a 5 mil pesos quincenales; sobre los seguros de vida, dijo que cada cambio de gobierno renuevan el beneficio con otra aseguradora, “antes nos ofrecían un millón de pesos, pero con la aseguradora de Banorte no nos han dicho el monto del seguro de vida”.
Otro uniformado que, durante el operativo relámpago en Tierra Caliente, “el 12 de mayo, en Tlalchapa, en un camino de terracería nos atacaron a balazos, algunos compañeros resultaron con rozones y los autobuses con impactos de bala… Cuando estuvimos allá la gente no nos vendían comida porque tenía miedo tras ser intimidada por hombres armados, trabajábamos 12 días y descansábamos cinco, al regresar nos iban a dar días de descanso y un bono, pero no fue así”, indicó.
Comentó que en esa operación participaron 200 policías estatales, “fue por eso que no nos dejaron descansar ni visitar a la familia durante seis días, nos cansamos más y no trabajábamos bien por lo cansado, por eso realizamos esta movilización”.
Explicó que en Chilapa son 64 policías estatales que se encuentran en la casa del migrante desde ayer, que no salieron a trabajar porque no se les respeta la misma jornada laboral, y 50 de ellos se sumaron a la protesta en el cuartel en Chilpancingo.
Además, dijo que en Mártir de Cuilapan (Apango), 14 policías se sumaron a la movilización y suspendieron labores en la cabecera municipal.
Dijo que el nombramiento de Pedro Almazán Cervantes viola la Ley 281, porque en cada coordinación regional nombran a militares para que tomen el cargo, y cometen abuso de autoridad, hostigamiento y violación a los derechos humano de los policías, aunque “la ley dice claro que estos cargos deben ser ocupados por los mismos policías estatales”.
Además exigen la homologación del bono del Día del Padre, que es de mil 500 a 2 mil pesos, con el del Día de la Madre, que es de 8 mil a 10 mil pesos; piden además ser incluidos en el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) y caja de ahorro.
“Otras irregularidades son que, a veces metemos oficio de incapacidad, y los días que no laboramos no nos llegan los viáticos, los trabajadores de la Secretaría nos quitan nuestro dinero, y para pedir nuestras vacaciones nos rechazan los oficios y nos aplazan nuestros periodo, nos dicen que hasta nuevo aviso”, denunció.
Además han recibido represalias cuando se manifiestan o paran labores, “por eso los policías no quieren hablar; como castigo nos mandan a Tierra Caliente, a la sierra y a Chilapa, como represalia”.
Por su lado, el policía estatal primero, José Isabel Muñoz Franco se quejó porque el coordinador de la corporación de la región Centro, Édgar Reyna de La Garza no le autoriza un permiso para atenderse a la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), porque hace nueve años sufrió un accidente en una patrulla, sufrió lesiones en la columna que le provocan lumbalgia crónica y hernia de disco.
Relató que, el 15 de mayo al estar dando el servicio de seguridad en las oficinas de Jubilados y Pensionados del ISSSTE en la capital, “un compañero se bajó de su patrulla y me pidió que le diera permiso para entrar al baño; le contesté que le pediría permiso al director del ISSSTE; el agente se molestó y se fue, por esta acción me encuartelaron y después me mandaron al puesto de control en Tierras Prietas, cerca del Hospital General”.
Muñoz Franco señaló que el cambio de su lugar de trabajo ha agravado su salud; sin embargo, en la clínica del ISSSTE le expidieron una licencia médica de tres días, y la corporación no ha autorizado el permiso; agregó que solicitó la intervención de la Comisión estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), con el número de oficio 557/2017.
“En la administración de Zeferino Torreblanca Galindo, no había tanto maltrato a los policías estatales, pero este señor, Édgar Reyna tienen una recomendación en la Codehum para que atienda mi demanda”, declaró.
A la 1:23 de la tarde, al cuartel central llegaron el subsecretario de Administración de Apoyo Técnico y Capital Humano de la SSP, Edwin Tomás Martínez Godoy, y el jefe de la Unidad Jurídica y Derechos Humanos de la dependencia, Francisco Montesinos Baños, quienes pidieron a los policías estatales que mandaran oficios a los coordinadores regionales de la corporación para que les respeten la jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, pero los inconformes no aceptaron.
Montesino Baños dijo que el estado de Guerrero está pasando por una situación difícil ante las movilizaciones sociales, “es por eso que requerimos su atención para salvaguardar la integridad física de la población, porque son los únicos que han desempeñado bien su papel”.
Sin resolver las demandas de los policías estatales, los funcionarios del gobierno estatal se retiraron del cuartel central.

No será rehén de “chantajes o presiones de grupos radicales o servidores públicos”, advierte Seguridad Pública

La noche de ayer, la SSP difundió un comunicado en el que advierte que el gobierno del estado no será rehén de “chantajes o presiones de grupos radicales o servidores públicos” que, al margen de la ley pretendan imponer sus condiciones, y que si los policías estatales no regresan a trabajar se procederá “conforme a derecho” a su separación y baja definitiva del servicio policial.
En el comunicado expone que los 176 policías estatales de la región Centro que pararon labores en el cuartel central, ubicado en la salida a Chihchihualco, lo hicieron después de “un falso rumor” de que los policías en Chilapa se habían declarado en paro.
En el texto se expone que los policías argumentaron violación a sus derechos laborales, salario insuficiente, ausencia de prestaciones y sobrecargas de trabajo, pero no tienen sustento. Debido a que la policía estatal de Guerrero está entre “las mejores pagadas del país”, además de tener “prestaciones de ley y el pago de viático los 365 días del año, sin importar si se encuentran trabajando, de vacaciones o con incapacidades”, además de que reciben bonos de los días del padre, de la madre y del policía.

Sólo a molineros de Acapulco les afecta la violencia, no a los de la zona Centro, dice dirigente

 

El líder de los Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla, en la zona Centro, Abdón Hernández Olvera, declaró que la apreciación de la mayoría de empresarios tortilleros es que no son afectados por el crimen organizado, que la inseguridad se manifiesta de manera focalizada en Acapulco.
Consultado al finalizar su participación en la entrega de 800 toneladas de maíz a los integrantes de este sector, que encabezó el gobernador Héctor Astudillo Flores en Casa Guerrero, el empresario indicó que en el caso de la región Centro están tranquilos, al igual que en Iguala, Taxco e incluso en la región de Tierra Caliente, pues no se ha registrado ninguna extorsión.
“Pareciera ser contradictorio pero en Tierra Caliente no hay, son más los negocios tranquilos que lo que se pueda decir que estamos extorsionados”, comentó.
Aseguró que no todo el sector de la masa y la tortilla es agredido por los grupos del crimen organizado, sino que sólo se registra en una sola región y de manera focalizada.
“Hay focalizados exactamente algunos casos que están controlados, que no tenemos gracias a Dios una gran presión”, declaró.
Hernández Olvera explicó que a pesar de que está controlado y que en Acapulco es donde se ha contado con más extorsiones, la apreciación de la mayoría de los empresarios tortilleros es que la seguridad va en aumento.
Aseguró que al paso de los meses se ha registrado una mejor seguridad y que el problema se está atacando.
“El problema de (la) seguridad es un problema estructural, que no viene de un fenómeno de gobierno o del gobierno en turno, es un fenómeno que se ha venido arrastrando un fenómeno nacional”, manifestó.

Deja un presunto delincuente muerto y dos policías federales heridos un enfrentamiento en Chilapa

Como resultado de un enfrentamiento entre la Policía Federal y presuntos integrantes del grupo de la delincuencia organizada Los Rojos, un delincuente murió, dos fueron detenidos y dos federale resultaron heridos, reportaron ayer fuentes policiacas.

El enfrentamiento fue reportado a la 1:15 de la tarde de ayer en el barrio de San Juan, cercano al de San José, sólo un día después de que arrancó la Operación Chilapa en la que participan 3 mil 500 militares y 200 miembros de otras corporaciones de seguridad.
De acuerdo con reportes policiacos, los presuntos delincuentes se replegaron en la pozolería El Grano de Oro, ubicada en el Andador 16 Sur.
Según la fuente policiaca, mientras sucedía el enfrentamiento las fuerzas federales tenían rodeado al líder de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, señalado como responsable de las desapariciones de personas en el municipio, que logró escapar. El fiscal Xavier Olea Peláez dio a conocer que Zenén Nava estaba rodeado por fuerzas federales, en entrevista con el noticiero de Radio Fórmula Atando Cabos.
Según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, policías federales se enfrentaron a balazos con hombres armados que estaban en una pozolería que se halla a cinco cuadras del Centro.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que, tras el enfrentamiento los policías federales solicitaron refuerzos al Ejército, Policía Estatal y Policía Ministerial.
Asimismo, los reportes indican que luego del enfrentamiento la Policía Federal detuvo a dos presuntos delincuentes, a quienes les decomisaron un arma larga y dos pistolas, sin especificar el calibre; tampoco se informó de la identidad de los detenidos.
Dos policías federales resultaron lesionados, lo mismo que un delincuente que, según fuentes de la Policía Ministerial, fue trasladado al Hospital General de Chilapa, pero perdió la vida en el camino.
Soldados del Ejército y policías federales sitiaron la zona, desde la avenida Insurgentes y la calle 7 Oriente, hasta la avenida Municipio Libre y todas las cuadras del barrio de San José y la entrada al barrio de San Juan, donde sucedió la balacera.
De acuerdo con testimonios de vecinos, policías federales y soldados catearon varias casas, y por la tarde aprehendieron a otros dos presuntos integrantes de la célula delictiva, hecho no confirmado por las autoridades.
Un uniformado explicó que se declaró “código rojo” en todo el barrio, es decir zona de riesgo ante la posibilidad de que se registrara un nuevo enfrentamiento derivado de alguna reacción de la delincuencia organizada.
Hasta la noche de ayer, militares mantenían la zona cerrada a la circulación vehicular, mientras que policías federales patrullaban y detenía a automovilistas para revisarlos. Asimismo, en las entradas a la ciudad soldados instalaron filtros de revisión.
Horas después del hecho, y cuando la información circulaba en portales de internet y redes sociales, el gobierno municipal publicó un breve comunicado según el cual, los sucesos son parte de los “firmes resultados” de la Operación Chilapa, “a cargo del Ejército, Fuerzas Federales y Estatales, donde participan 3,500 soldados y 200 policías”.
A los vecinos que intentaban ingresar al barrio y que decían vivir en esa zona, los uniformados les explicaban que no podían impedirles el paso, pero su ingreso era “bajo su propio riesgo”.
Todos los negocios que rodean el barrio estaban cerrados y muy pocas personas caminaban en las calles, se trataba de quienes intentaban llegar a sus domicilios que se encuentran justamente en esa zona.
“La neta, carnal, yo sí escuché y vi muchas cosas, pero no te voy a decir nada porque no quiero que me pase algo malo, me vayan a matar”, expresó un comerciante que cuando vio la llegada de este reporteros de inmediato cerró su negocio.
Pese a que en el barrio de San José había una intensa movilización de las diferentes corporaciones de seguridad y que las calles estaban prácticamente vacías, en el centro de Chilapa todo trascurría con normalidad, pues los negocios estaban abiertos, había afluencia de vehículos particulares y del transporte público, y los vendedores ambulantes se mantenían en el Zócalo ofertando sus productos.
Ayer, hasta las 9:30 de la noche ni el gobierno del estado, ni la Fiscalía General habían fijado una postura sobre lo acontecido en este municipio, tampoco se informó la identidad de los detenidos ni del presunto delincuente que perdió la vida.
En Chilapa, la organización Siempre Vivos tiene un registro de 57 personas desaparecidas entre 2014 y 2015, de las cuales, 16 ocurrieron del 9 al 14 de mayo del año pasado cuando unos 300 comisarios y civiles armados de comunidades del sur del municipio tomaron las calles de Chilapa para exigir que las autoridades detuvieran a Zenén Nava.
En el municipio también han ocurrido constantes ejecuciones que, de acuerdo con las autoridades, son el resultado de la disputa de la plaza entre Los Rojos y el grupo criminal Los Ardillos.
Dos días antes de esta balacera, y en la víspera del despliegue militar contra la delincuencia fue aprehendido Yovani Anastasio Parra El Chivo, identificado por autoridades federales como segundo al mando en la organización delictiva Los Rojos.

Planea La Otra Campaña en Región Centro una jornada contra la violencia neoliberal

 

Las organizaciones que integraron la Coordinadora Regional Centro de La Otra Campaña anunciaron que organizarán un foro para denunciar la violencia, ante la represión en San Salvador Atenco.
En un texto difundido este viernes, plantearon: “La última agresión es la sufrida por los luchadores de San Salvador Atenco, que se opusieron a cambiar su forma de vida, a romper su identidad y su relación con la tierra, ante el pretendido aeropuerto internacional que se iba a construir en lo que es su territorio.
“Atenco nuevamente pone al régimen a prueba precisamente como una oposición radical a la política neoliberal del actual Estado mexicano. Si al principio de sexenio el régimen no se resolvió a reprimir esta justa protesta, al finalizar parece querer dejar saldada su cuenta por el atrevimiento de oponerse a su visión de desarrollo, y oponerse de la única forma como en pueblo puede hacerlo ante este Estado sordo que tiene el respaldado de todos los partidos políticos y casi todos los medios: con la resistencia física, simbolizada en sus machetes en alto, que es percibido y calificado como un desafío a la ley.
“Otro ejemplo nos lo han dado los comuneros de Tepoztlán, Morelos, amenazados por un campo de golf para multimillonarios, los amigos de Slim, y otro ejemplo valeroso lo tenemos con los pueblos opositores al proyecto hidroeléctrico de La Parota, en nuestra entidad”.
“Cada uno de nosotros sufrimos directamente las consecuencias de las políticas públicas de los gobiernos que representan a este Estado neoliberal, que está completamente rebasado por una crisis económica que lanza millones de desempleados al extranjero, que tiene un déficit insuperable en los servicios públicos y que no tiene la intención y menos la capacidad de acabar con el narcotráfico, pese a que tiene miles de pruebas en las declaraciones de cientos de detenidos, autos, armas, casas, relaciones de aviones y grandes medios de transporte.
“Pero el narcotráfico no le merece al Estado cómplice un operativo tan grande como el desplegado contra este pueblo rebelde. Los narcos son reyes ya, gerentes de un ruin negocio que pervierte a la juventud, a la que el Estado no tiene capacidad de ofrecerle un futuro cierto en los deportes, la cultura, la educación y el empleo. Para nada de eso hay dinero gubernamental. Para la resistencia popular sí hay operativos tan bien planeados y ejecutados como los desarrollados contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra”.
“Por todo esto, los grupos firmantes, estamos llamando a toda la ciudadanía para que en un mismo día nos manifestemos, que unamos nuestras voces de denuncia, para que analicemos la incapacidad del sistema actual para trazar un mejor destino, para que nos reconozcamos como víctimas de un mismo mal: el ya inviable estado neoliberal incapaz de ofrecer una respuesta de seguridad, democracia y empleo para todos. Llamamos a participar en una tribuna libre que estableceremos para todos los agraviados del sistema, para que nos informen y se lleven la información de los demás”.
“La cita es el próximo jueves 11 de mayo, en Chilpancingo y el lugar lo divulgaremos posteriormente”.
Firman el Colectivo Rebelión y las organizaciones que integraron la Coordinadora Regional Centro de la Otra Campaña (CERT. CETEG, Tadeco, PFR, FDP, Calmécac, Colonia Emperador Cuauhtémoc).