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Opiniones de obispos deben ser “con respeto a la ley y sin falsedades”: Jacinto González

Daniel Velázquez

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, respondió al obispo de Chilpancingo que su libertad para opinar debe estar apegada a la Constitución y las leyes.
En declaraciones por teléfono indicó que no ha podido conversar con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ni con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, de su intención de llevar el asunto a la Secretaría de Gobernación, pero confió que será en esta semana cuando platique con ambos.
Luego de que González Varona advirtiera que acudirán a la Secretaría de Gobernación para denunciar los comentarios del obispo emérito Salvador Rangel Mendoza contra la gobernadora, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, respondió que los ministros religiosos no pueden estar callados. “Cuando la realidad rebasa, una opinión es válida. Si no hablamos los que tenemos voz, es peor para la sociedad. La Iglesia y los ministros de culto tenemos voz por los que no la tienen. Hablamos pensando en los que no son escuchados y cuando lo hacemos, esperamos que nos escuchen”.
A pregunta expresa sobre la respuesta del obispo de Chilpancingo a la advertencia de que recurrían a la Secretaría de Gobernación por sus opiniones, el líder morenista respondió que pueden opinar, pero “que lo hagan con respeto a la ley y a la Constitución, sin desacreditar y sin hablar falsedades, que lo hagan con pruebas y que lo hagan respetando la Constitución y el estado laico”.
Indicó que la intención de llevar la discusión a la Secretaría de Gobernación es porque se trata de un asunto que concierne a esa dependencia y no a los partidos políticos, “yo haré la observación en la Secretaría de Gobernación y ellos decidirán”.
También a pregunta expresa sobre los señalamientos que han hecho morenistas por la intervención de los Coordinadores Territoriales (COTS) de Morena a favor de Claudia Sheinbaum, dijo que el Comité Estatal se mantiene neutral en el proceso interno y que esas expresiones son de simpatizantes, no de militantes: “es válida su crítica, su opinión, pero que la lleven a las instancias correspondientes, la militancia no se va a dividir”.
De la denuncia contra los COTS dijo que no las da por ciertas hasta que haya denuncias formales y dictámenes formales. “Estamos llegando al final de la contienda y lo que quieren es hacerse visibles, es lo que quieren”.
Agregó que el proceso interno “está blindado” porque cada uno de los aspirantes pondrá a un representante suyo que acompañe a las encuestadoras.
Consideró que algunos liderazgos lo que buscan es “hacerse visibles” ahora que concluye el proceso. En cuanto a la participación de funcionarios públicos de cualquier nivel dijo que deben presentarse las denuncias y ser muy responsable en los señalamientos.
Sostuvo que pese a esas inconformidades en el proceso interno “la unidad se mantiene, la base militante sabe que estamos aquí por un proyecto de nación y no por intereses personales”.

 

Ordena el Trife sanción a Héctor Astudillo y Florencio Salazar por violaciones a la ley electoral

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) ordenó al Congreso local establecer una sanción contra el gobernador Héctor Astudillo Flores y a la Contraloría a hacer lo propio contra el secretario de Go-bierno, Florencio Salazar Adame, por incurrir en actividades “contrarias al orden jurídico”.
El pasado 6 de junio, en plena contienda electoral y en su calidad de candidata al Senado de la coalición Por México al Frente, Beatriz Mojica Morga denunció ante el Trife al gobernador, al secretario general de gobierno y al PRI por el delito electoral que cometían al apoyar y difundir desde las cuentas oficiales del gobierno del estado a sus candidatos a senadores, lo cual vulneró el principio de imparcialidad y equidad en la elección.
El viernes, en sesión pública, la Sala Regional Especializada del Trife emitió sentencia y acreditó que el gobierno de Guerrero utilizó sus cuentas oficiales de Twitter, @SGG_Guerrero y @Gob_Guerrero, para beneficiar con difusión a los candidatos del PRI al Senado, Manuel Añorve Baños y Gabriela Bernal.
El Trife señala que Astudillo Flores y Salazar Asdame violaron el artículo 134, párrafo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
El tribunal indicó que debido a que las leyes electorales no prevén la posibilidad de que ese órgano imponga sanciones de manera directa a servidores públicos, optó por comunicar al superior jerárquico, siendo el Congreso local, “para que de manera objetiva cumpla con sus deberes, porque los hechos podrían constituir responsabilidades en el ámbito de sus leyes aplicables”.
En el caso del secretario general de Gobierno, se ordenó a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental que sea sancionado de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas.
En su sentencia, el Trife estableció que “el gobernador y el secretario general de Gobierno no cuidaron el uso adecuado de la cuenta oficial de Twitter”.
En un boletín de la ex candidata al Senado, Beatriz Mojica, se señala que “de acuerdo con la ley electoral, el gobierno del estado está sujeto a principios y obligaciones en materia electoral, como el de neutralidad, el cual no permite a las autoridades gubernamentales que se identifiquen a través de su función pública, con candidatos o partidos políticos en elecciones, ni que los apoyen con recursos públicos o programas sociales, en especial propaganda”.
Subrayan que el gobierno del estado “violó los principios de imparcialidad, igualdad en el acceso a cargos públicos y la equidad en la contienda, mismos que debe proteger, debido a que busca inhibir o desalentar toda influencia que incline la balanza a favor o en contra de determinado candidato, que distorsione las condiciones de igualdad”.
Abundan que Astudillo y Salazar Adame, los funcionarios de más alto rango del gobierno del estado “violaron principios del servicio público como: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, debido a que el sujeto activo de la conducta está en funciones y tiene acceso a recursos públicos”.
Este fallo del Trife se suma a otra sentencia también favorable a Beatriz Mojica en la que el tribunal determinó que la perredista sufrió violencia política de género por parte del diputado David Jiménez Rumbo, quien apoyó la campaña del candidato del PRI, Manuel Añorve.