Advierte la CIDH injerencia de FGR en el caso Ayotzinapa que pone en riesgo la investigación

Las integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento presentan en la Normal Rural el tercer informe ante los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos. Piden a López Obrador una indagatoria y una fiscalía independiente. Uno de los mayores desafíos continúa siendo el ocultamiento de información por el Ejército, señalan. Observan avances para impulsar de modo continuo la búsqueda en campo de los normalistas

Zacarías Cervantes

Ayotzinapa

Al presentar ayer su tercer informe a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, las integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestaron su preocupación por la falta de independencia y el rumbo de las investigaciones, a raíz de la “intervención” de la Fiscalía General de la República (FGR) a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA).
Con la salida del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, ven que hay riesgo en las investigaciones para llegar a la verdad y a la justicia que demandan los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. El 6 de octubre fue relevado por Rosendo Gómez Piedra, ex funcionario de Tabasco.
Las integrantes del Mecanismo, encabezadas por la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, llegaron a las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa a las 10 de la mañana y fueron recibidas en la entrada de las instalaciones con cadenas de cempasúchil por las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, así como por un grupo de estudiantes de la Normal.
Posteriormente se reunieron en privado dos horas en el auditorio de la institución con los padres y después ofrecieron una conferencia de prensa en la que pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador una investigación y una fiscalía independiente, en la que no haya injerencia de ningún poder público.
Al final, las cinco integrantes del Mecanismo pidieron un minuto de silencio por los 43 estudiantes desaparecidos y en seguida escucharon las consignas tradicionales de un grupo de estudiantes normalistas, entre ellas: “26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa…”, “Porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacrados serán vengados…” “Vestido de verde olivo, políticamente vivo, no has muerto, no has muerto camarada…”.
Las consignas que retumbaron e hicieron eco en los edificios de la Normal conmovieron a las integrantes de la comisión de la CIDH que visitó las instalaciones y entre sollozos se enjugaron sus lágrimas.

La independencia de la UEILCA, para recuperar la confianza en la investigación

Integran el Mecanismo la presidenta de la CIDH Julissa Mantilla Falcón, la secretaria ejecutiva Tania Reneaum, la secretaria ejecutiva adjunta de monitoreo María Claudia Pulido, la relatora de la CIDH en México Esmeralda Arosemena de Troitiño, y la coordinadora de monitoreo especialista para México Fiorella Melzi.
Arosemena de Troitiño leyó el informe durante la conferencia de prensa en la cancha techada de la Normal de Ayotzinapa ante los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y un grupo de normalistas, alertó que hay “injerencia” del Poder Ejecutivo federal en la causa judicial del caso y pidió la independencia de la UEILCA y del fiscal especial del caso, para que los padres de los estudiantes recuperen la confianza en la investigación.
De acuerdo con el informe del organismo de la CIDH, hubo “intromisiones graves” de la FGR y del Ministerio Público que obligaron a la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo, quien estuvo a cargo de la UEILCA hasta septiembre pasado y renunció después de que pidió a mediados de agosto 83 órdenes de aprehensión contra involucrados en el caso Ayotzinapa, entre ellas contra 20 mandos militares.
Pero la FGR solicitó la cancelación de 21 de esas 83 órdenes de detención, 16 de ellas eran contra mandos militares acusados de delincuencia organizada.
Días después el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se dijo de acuerdo con la decisión de la FGR pues argumentó que las acusaciones contra los militares buscaban generar una “rebelión” en el Ejército.
“La solicitud de captura de (Jesús) Murillo Karam por otras unidades finales, ajenas a la Unidad, así como el desistimiento de las 21 órdenes de aprehensión de modo inconsulto con esta unidad de investigación, constituyen intromisiones graves a la independencia funcional que órgano fiscal debe de investigar con debida diligencia”, expuso Arosemena de Troitiño.
En el informe se

destacan los contrastes que hay entre la UEILCA y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), debido a que por una parte se ven “los esfuerzos para esclarecer los hechos y procurar el acceso a la justicia de las víctimas” y, por la otra, “el ocultamiento de información y falta de cooperación con la investigación y judicialización del caso desde determinadas instituciones estatales”.
Cuestionan que el modelo de recuperación de información diseñado por el Estado mexicano encuentra interrupciones en su flujo cuando se trata de documentación que es custodiada por agentes de seguridad e inteligencia del Estado.
“Es preocupante que pese a la creación de nuevos mecanismos y órganos para avanzar con el caso Ayotzinapa, aunado a la voluntad manifiesta para resolver el presente caso al más alto nivel, el Estado mexicano aún no haya logrado remover estructuras persistentes al interior del aparato estatal que buscaron encubrir los graves hechos ocurridos”, señala.
El organismo también cuestionó que a ocho años de la desaparición de los 43, uno de los mayores desafíos continúa siendo el ocultamiento de información por el Ejército.
Del paradero de los estudiantes el informe de la CIDH reconoce que el Estado viene integrando evidencias que dan cuenta oficialmente de la detención de los estudiantes por agentes estatales, “su posterior tránsito por locaciones estatales como La Barandilla o el 27 Batallón de Infantería, y se entregaron a personas integrantes de grupos criminales”.
“Así, en manos de los grupos criminales, los estudiantes habrían sido privados de la vida y sus restos despojados a través de diversos métodos”, subraya el informe.
Agrega que la CIDH “observa que estas hipótesis son objeto de investigación y verificación judicial y recuerda que la determinación del paradero de los estudiantes debe orientar la estrategia de investigación del caso Ayotzinapa” y que deben observarse los tratados internacionales de derechos humanos de los que México “es parte y de la obligación ius cogens de derecho internacional, respecto de la prohibición de la desaparición forzada de personas”.
De la búsqueda, el informe reconoce que el Estado “ha transformado positivamente su estrategia de búsqueda de los 43 estudiantes, procurando acciones coordinadas con las familias y sus representantes legales para garantizar su participación, conocimiento y presencia”.
Refiere que la CIDH ha observado avances para impulsar de modo continuo la búsqueda en campo de los normalistas desaparecidos y ha tomado nota de los esfuerzos estatales para la formulación de hipótesis de búsqueda sustentadas en nuevas declaraciones testimoniales, y otras evidencias que obran en la investigación penal del caso.
En la sesión de preguntas y respuestas, Arosemena de Troitiño dijo que la mayor preocupación que se recoge en el informe son los obstáculos que se están presentando para dar seguimiento a la investigación y preparación del material probatorio, que serán presentados ante los jueces para la judicialización del caso, “lo que puede afectar el ritmo de las investigaciones”.
Dijo que hay la necesidad de que las investigaciones se den con la debida diligencia, transparencia e imparcialidad, y que eso se garantiza con independencia, “si hay otra Unidad que no es la que está encargada de las investigaciones, por supuesto que va a haber una afectación al proceso”, advirtió.
Sin embargo, las integrantes del Mecanismo no respondieron a una pregunta de un reportero en el sentido de que si esa injerencia que obstaculiza las investigaciones viene desde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
“Nuestro planteamiento en el informe es que le damos al Estado y a las instituciones esta hoja de ruta y guía orientadora para reconducir aquellas acciones que sean necesarias para que la investigación tenga el cauce debido en estos principios, si no hay independencia, no hay un aseguramiento ni de verdad ni de justicia, que es lo que piden los padres: verdad y justicia”, dijo Arosemena.
“La investigación tiene que ser independiente, la Fiscalía, la UEILCA y cualquier unidad tiene que ser independiente, no puede haber injerencia de poderes, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo ni de nadie”, expuso.
Recordó también, la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada, “las desapariciones forzadas no pueden terminarse por un decreto que diga se acabaron, la desaparición forzada es un delito continuo, tan es así de grave que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) no solamente considera víctima de desaparición a la persona desaparecida, sino también a las familias”.
“Tan es así de grave que la ONU y el Sistema Interamericano consideran a la desaparición forzada como una violación de derechos humanos compleja”, y agregó que con mayor razón en el caso Ayotzinapa, “que no es un caso aislado en México, sino que se enmarca en una situación estructural de violaciones de derechos humanos y desapariciones”.

Recomienda profundizar la participación efectiva de las víctimas y sus familias

En sus recomendaciones al Estado mexicano, el organismo pide que se establezcan los protocolos para que los documentos que podrían constituir evidencia en el caso Ayotzinapa puedan ser incorporados de modo rápido y sencillo a las investigaciones y judicializaciones en curso.
Además, mantener y profundizar la participación efectiva de las víctimas y sus familias en los espacios de coordinación interinstitucional, lo que supone retomar las reuniones periódicas de la Covaj.
También, mantener el modelo de investigación autónomo dispuesto para el caso Ayotzinapa, “consagrando la independencia de la investigación y replicar estas características de investigación en otros casos de graves de violaciones a los derechos humanos en el país”.
Respecto a la permanencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las integrantes de la CIDH informaron que el organismo tomó la determinación de que permanecerán los cuatro integrantes hasta diciembre.
Antes se había dicho que sólo continuarían (sin precisar por cuánto tiempo) Carlos Beristáin y Ángela Buitrago y que se retirarían Claudia Paz y Paz y Francisco Cox.
Sin embargo, ayer se precisó que continuarán los cuatro pero hasta el próximo diciembre.

 

También padres de los 43 desconfían del nuevo fiscal de la Unidad Especial de Investigación

Reprochan la información discrepante que por un lado plantea la UEILCA y por el otro la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, lo que ha llevado, opinaron, a que ocurriera el desistimiento de algunas órdenes de aprehensión

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los voceros de los padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Mario González y Melitón Ortega expresaron su preocupación por el rumbo que tomen las investigaciones a raíz de la desconfianza y falta de independencia del nuevo fiscal especial de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), Rosendo Gómez Piedra.
También reprocharon la información discrepante que por un lado plantea la UEILCA y por el otro la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), que preside el subsecretario Alejandro Encinas, lo que ha llevado, opinaron, a que haya el desistimiento de algunas órdenes de aprehensión.
Ambos representantes del colectivo de los 43 padres de los estudiantes desaparecidos fueron entrevistados después de que el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentara su informe de observaciones a las investigaciones del caso.
Mario González dijo que las conclusiones del informe que destaca la falta de independencia del nuevo fiscal de la UEILCA ante la Fiscalía General de la República (FGR), y advierte que pone en riesgo las investigaciones para llegar a la verdad y justicia que exigen, es lo que ya habían venido denunciando.
“Ya pedíamos que la instancia que se encarga de las investigaciones del caso debe ser independiente, lo mismo que el nuevo fiscal, debe ser autónomo”, declaró.
Reprochó que “desafortunadamente no nos hacen caso, esperamos que ahora con las opiniones y recomendaciones del Mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se les escuche, porque es lo que siempre hemos exigido”.
Mario González agregó que también han pedido que las pruebas que se hacen públicas “sean contundentes” y que no nada más “se avienten por apresurarlas o por quedar bien, porque después hay consecuencias”.
Ello en referencia al cuestionamiento de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes en días pasados opinaron que no es posible verificar la autenticidad de 181 de las 367 capturas de pantalla presentadas por la Covaj, debido a que no se conoce el origen de las capturas de pantalla que se anexaron al expediente presentado por el subsecretario Alejandro Encinas.
El vocero de los padres dijo que otra incongruencia es la presentación de las demandas de los abogados de los militares implicados en la desaparición de los 43 estudiantes en contra del subsecretario Alejandro Encinas, puesto que las órdenes de aprehensión salieron de Omar Gómez Trejo, ex fiscal de la UEILCA.
Declaró que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos ven riesgo en las investigaciones por la falta de independencia de la UEILCA y de su nuevo titular, y denunció que fueron engañados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien les dio la posibilidad de pensar en otro fiscal, “pero vemos que nomás fue de palabra porque finalmente fue impuesto (Rosendo Gómez Piedra)”.
Informó que en la última reunión que tuvieron con el presidente acordaron que los iban a consultar para ver la posibilidad de designar a otro fiscal, “pero vemos que este ya agarró el puesto”.
Informó que en adelante como padres lo que les queda hacer es “lo que siempre hemos hecho, seguir luchando y mantener más que nunca vivo el movimiento y a las vivas con el nuevo fiscal”.
Agregó que ahora no temen que el presidente López Obrador dé carpetazo al caso al final de su sexenio, como lo hizo el anterior presidente Enrique Peña Nieto, “porque nos acabamos de enterar de la CIDH que la desaparición forzada no prescribe y tienen que seguirse las investigaciones por cualquier gobierno que entre”.
Melitón Ortega dijo que aún con la falta de independencia del nuevo titular de la UEILCA, no ven riesgo de que se dé carpetazo, “al menos eso ha declarado el presidente ante los padres, que no hay la intención de darle el cierre al caso Ayotzinapa, que se mantendrá la vigencia y la investigación, él ha ratificado el compromiso de mantener abierta la investigación”.
Informó que el hecho de que ahora sepan que la desaparición forzada es imprescriptible, “nos da garantía de seguir trabajando de manera conjunta con la CIDH”, dijo, y agregó que aunque el grupo de expertos termine su gestión en diciembre.
Melitón Ortega reprochó la descoordinación que hay entre las instancias que investigan el caso Ayotzinapa, “hay una descoordinación, no se compaginan ni se comparten la información, el gobierno a través de Alejandro Encinas tiene su propia dinámica de trabajo y la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la UEILCA tiene la suya, y el grupo de expertos trabajan de otra manera y tienen distinta información”.
Declaró que eso ven que es riesgoso para la investigación y que los padres lo ven con preocupación, “que en el discurso se diga que hay voluntad pero en la vía de los hechos haya una ruptura que nos provoca desconfianza”.
“Hay esa preocupación de nosotros, por eso hemos hecho el llamado al presidente, que haya coordinación, de otra manera no vamos a llegar a conocer la verdad del caso Ayotzinapa, no vamos a avanzar si se trabaja de manera separada”.

 

 

Investiga la UIF?a Murillo Karam por caso de lavado de dinero ligado a los Pandora Papers

Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que investiga por lavado de dinero al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, así como a familiares y ex colaboradores, a raíz de su implicación en los Pandora Papers.
El organismo a cargo de Pablo Gómez informó que en la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), celebrada el 21 de octubre de 2021 en París, Francia, la UIF realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en los Pandora Papers, entre ellas Murillo Karam.
“En esas condiciones, la UIF con facultades para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, identificó que la PEP mencionada posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”, dijo la unidad especial.

Implica al hijo de ex titular
de la SCT en la investigación

En el lavado de dinero por el que se investiga al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, también está involucrado el hijo del ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Dosal, quien fue su secretario particular.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la dependencia que encabezó Gerardo Ruiz Esparza, otorgó contratos millonarios a una empresa de familiares de Murillo.
Las contrataciones se dieron en la primera mitad del sexenio pasado, cuando Ruiz Dosal era secretario particular de Murillo en la PGR y su padre, estaba al frente de la SCT.
Se trata de las empresas Alvarga Construcciones y Kouro, esta última una razón social en la que participaron como socios dos hijos, un yerno y un sobrino del ex titular de la PGR.
“En este sentido, se identificó que la referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la SCT, y en ese mismo lapso, (Murillo) tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”, indicó la UIF.
La indagatoria contra Murillo Karam, que derivó en una denuncia presentada ayer por lavado de dinero, tráfico de influencias y defraudación fiscal, surgió tras la investigación internacional denominada Pandora Papers, revelada en octubre del año pasado, que exhibió a personajes y políticos que usaron empresas “off shore” y fideicomisos en paraísos fiscales para ocultar cuentas millonarias.
Según la denuncia, Murillo Karam recibió depósitos por 2.8 millones de dólares y transferencias al extranjero de 26.5 millones de pesos, los cuales supuestamente no fueron declarados ante el Servicio de Administración Tributaria, informó la UIF.