En su artículo Aduanas: Botín militar y delincuencia organizada con López Obrador (Proceso, octubre 2025), Jorge Carrasco Aráizaga afirma que al amparo del presidente López Obrador activos de la Marina y del Ejército, en su sexenio, “estructuraron un entramado para traficar combustibles, drogas y armas de la mano de prestanombres y cárteles de la droga” y que “pese a las denuncias, la anterior administración decidió no investigar”.
En el sexenio anterior “jefes y mandos militares –entre soldados y marinos– al frente de funcionarios civiles y agentes aduanales, utilizaron 500 barcos para el contrabando de millones de litros de combustibles, tráfico de autos, armas y drogas junto con cárteles de la droga, una red de empresas transportistas y comercializadoras con derivaciones políticas y cientos de miles de millones de pesos en pérdidas para Pemex y el erario”.
Carrasco afirma que Proceso tuvo acceso a información que indica que ahora “unos 200 elementos de la Marina y unos 150 del Ejército se encuentran bajo investigación. Pero el grupo compacto se cifra en 15 mandos militares de ambas Fuerzas Armadas que ocuparon las aduanas marítimas y terrestres durante la segunda mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador”.
Por el momento las indagatorias se centran en los exmandos de las Fuerzas Armadas que se hicieron de las aduanas por mandato de López Obrador. La Sedena se quedó con 21 aduanas fronterizas y 12 interiores, es decir, 32 terrestres; mientras que la Semar se hizo cargo de las 17 aduanas marítimas, además de la de Pantaco, en la Ciudad de México.
El pasado 16 de septiembre el secretario de la Semar, el almirante Morales Ángeles, dijo que reconocer la corrupción en la institución “fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callar”. Él se informó de los hechos a través del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien fue director de Recaudación en Aduanas, que el pasado 8 de noviembre de 2024 fue asesinado, al parecer por personas al interior de la institución, antes de que se reuniera con Lázaro Cárdenas Batel, jefe de oficina de la Presidencia de la República, para entregarle evidencias de los hechos a la presidenta Sheinbaum Pardo.
En su investigación Carrasco tuvo información que señala que “de las operaciones ilegales, por lo menos, dos hombres cercanos a López Obrador y de primer nivel en el gabinete de Seguridad Nacional tuvieron conocimiento: el exsecretario de Marina, el almirante en retiro Ojeda, y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el general en retiro Audomaro Martínez, cuyos entornos familiares aparecen directa e indirectamente en la trama”.
A pesar de la información de la que disponían en el gobierno de López Obrador no se hizo nada por detener los operativos del huachicol fiscal. Una fuente de seguridad, dice Carrasco, afirma que en su momento el presidente López Obrador supo de “primera mano” lo que ocurría, pero decidió no actuar y que las cosas siguieran su curso. Reconocer los hechos era admitir que la corrupción no se había terminado y tampoco el huachicol como lo había dicho en repetidas ocasiones.
Es hasta la llegada de las nuevas autoridades en la Semar cuando inician las investigaciones a cargo de la Unidad de Inteligencia Naval (UIN) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a la que se le pidió apoyo. Ahora las autoridades federales encargadas de la investigación identifican que se realizaron más de 6 mil operaciones con 508 barcos que entraron a México con combustible, sin que se reportara como tal, pero también otras muchas cosas de contrabando.

@RubenAguilar

Crece la persecución judicial contra los periodistas en México al pasar de 21 casos en 2019 a 51 en el primer semestre de 2025, un aumento del 142.8 por ciento de acuerdo a la organización Artículo19. Este récord histórico se da ya en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Artículo 19, en su reporte Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México afirma que de los 51 casos de acoso judicial en 26 de los mismos (50.98 por ciento) han sido por la vía electoral; 14 (27.45 por ciento) por la vía penal y 11 (21.657 por ciento) por la vía civil.
De acuerdo a la organización “este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información. La violencia contra la prensa ya no se limita a agresiones físicas o amenazas: ahora se traslada a los tribunales mediante demandas, denuncias y procedimientos administrativos o electorales”.
Y destaca el uso indebido de la figura de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), diseñada originalmente para combatir la discriminación estructural que enfrentan las mujeres en México, y que ahora “es un instrumento que se utiliza para inhibir el debate público, llegando incluso a eliminar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder”.
La organización documenta que, de todos los procesos judiciales del primer semestre de 2025, en 25 ocasiones se utilizó la acusación a la prensa de violencia política en razón de género. Es decir, prácticamente uno de cada dos procesos de acoso judicial contra la prensa en el país se ha iniciado con un claro abuso de esta figura jurídica.
Para Artículo 19, los procesos judiciales o ministeriales contra periodistas por sus investigaciones, notas periodísticas o publicaciones en redes sociales tienen como propósitos revertir discursos incómodos, eliminar información publicada y mandar un mensaje colectivo sobre “temas prohibidos” que personas con poder económico o político no quieren que se toquen.
Y asegura que “el acoso judicial representa una estrategia de desgaste, de recursos económicos, legales y humanos. Los medios de comunicación y periodistas independientes deben destinar no sólo recursos a responder ante estos procesos, sino inclusive pueden verse acreedores a multas millonarias”.
De las 23 autoridades que iniciaron procesos judiciales contra periodistas, la mayoría fueron a nivel estatal, con 14 casos (60.87 por ciento), seguido de autoridades a nivel federal, sobre todo personas candidatas en el marco de las elecciones judiciales de este año, cinco casos, (21.74 por ciento) y, por último, autoridades a nivel municipal, cuatro casos, (17.39 por ciento).
De los datos recabados por Artículo 19 es a partir de la llegada del gobierno del presidente López Obrador (2018-2024) que empiezan a aumentar los casos de denuncia judicial en contra de los periodistas, para tener un referente decir que en 2015, hubo solo un caso. Pero al comenzar su gobierno estos se multiplicaron: 21 en 2019; 21 en 2020; 39 en 2021; 32 en 2022; 22 en 2023 y 21 en 2024. Al llegar el gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo los casos se han disparado.

@RubenAguilar

 

 

El exmilitar Jair Bolsonaro (70), presidente de Brasil (2019-2023), intentó un golpe de Estado en 2022 al perder la elección presidencial, frente a Luis Ignacio Lula da Silva, que no pudo llevar a cabo porque el Ejército y la Fuerza Aérea le negaron su apoyo, que sí consiguió de la Marina.
Un tribunal de Brasil, por cuatro votos contra uno, el pasado 11 de septiembre, fecha del golpe en 1973, de los militares chilenos, condenaron a Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel, por el intento del golpe, que incluía el asesinato del presidente triunfante.
Junto a Bolsonaro han sido condenados siete funcionarios que fueran ministros y militares implicados en el golpe de Estado, uno de los jueces al votar a favor de la condena, dijo que en ese tiempo “se formó una organización criminal armada integrada por los acusados, que deberán ser condenados por las circunstancias fácticas que considero probadas”.
Una de las juezas sostuvo que hay pruebas sólidas de que Bolsonaro, como lo demuestra la Procuraduría General, fue el “instigador, el líder de una organización que orquestó todos los movimientos posibles para mantener o tomar el poder”.
En la historia de América Latina, Asia y África los golpes de Estado han estado a cargo de militares de alto rango que cuentan con el apoyo del Ejército y la más de las veces se convierten en dictadores, que se sostienen por décadas en el poder, o pronto son derrocados por otros militares, a través de otro golpe.
Bolsonaro, se reunió en diversas ocasiones con las cabezas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, y les pidió que lo apoyaran en desconocer el resultado de las elecciones, pero en 2022 fueron los titulares del Ejército y la Fuerza Aérea los que salieron en defensa de las instituciones de la República y de la democracia brasileña.
El golpista puede apelar la resolución de los jueces una vez que la corte publique el fallo, pero se ve imposible que prospere su demanda, aunque se dice inocente de las acusaciones, ante el cúmulo de pruebas presentadas que dejan en claro cual era su intensión que fue frustrada, hay pruebas contundentes, por el Ejército y la Fuerza Aérea.
La sociedad brasileña está dividida, prácticamente por mitades, y unos están de acuerdo con la resolución de los jueces, que dicen es una clara defensa de la democracia, pero otros la rechazan y sostienen que se trata de un juicio político con motivaciones partidistas. En 2026 habrá elecciones por la presidencia y Lula ha dicho que volverá a presentarse.
En Brasil, los militares dieron golpe de Estado en 1964 y permanecieron en el poder hasta 1985, fueron 21 años de una terrible dictadura. Ante el intento golpista de Bolsonaro me hago la pregunta para el caso de México sobre cuál sería la postura del Ejército y la Marina si Morena pierde la elección a la presidencia en 2030, y los civiles piden a los militares que los apoyen en un golpe de Estado.

@RubenAguilar

 

El domingo pasado, el Convento de la Natividad, obra del siglo XVI de la Orden de Predicadores (OP), en Tepoztlán, Morelos, cerró las galerías del claustro alto “porque el domingo viene mucha gente, y solo somos tres custodios”, me dice uno de ellos, y eso, añade, “hace imposible que podamos cuidar ese espacio y el museo que ahí se encuentra”.
En el presupuesto de la Federación de 2026, la reducción de la inversión en la Secretaría de Cultura es de 2 mil millones de pesos y pasa de 15 mil 81 millones de pesos a 13 mil 97 millones de pesos. Ya en el gobierno del presidente López Obrador (2018-2024) el castigo al presupuesto fue dramático y ha continuado con la presidenta Sheinbaum Pardo (2024-2030).
El recorte en el presupuesto de 2026, para el INBA y el INAH, es del 20 por ciento, que se acumula al del sexenio anterior, y si a esta reducción se añade el 4 oor ciento producto de la inflación, la reducción total es del 24 por ciento. Así, en relación al año anterior, el INAH sufre un detrimento de mil 288 millones de pesos y el INBA de 943 millones de pesos.
En el mundo una de las características de los gobiernos que se dicen de izquierda es elevar de manera constante la inversión en cultura y conservación del patrimonio monumental. Morena, que dice ser de izquierda, no se comporta como lo hacen los partidos que sí lo son en muy diversas regiones del mundo. Aquí todo se queda en discursos de propaganda política.
El recorte de la inversión en el INBA y en el INAH, provoca una reducción dramática en su capacidad de investigación, la promoción de la cultura y la prestación de servicios para el público en general y las distintas audiencias que atienden. Y en la vía de los hechos se cierra la posibilidad de la rehabilitación y de la conservación de edificios que son parte del patrimonio monumental, de las zonas arqueológicas, de las escuelas que dependen de esas instituciones y de los museos.
En ambas dependencias, el recorte impide recuperar las pérdidas del sexenio anterior, y no solo esto sino que estas crecen. Lo que agudiza, como ya es visible, el deterioro de los edificios, de los museos, de las zonas arqueológicas y de las escuelas, que tiene el sistema de cultura. Ahora en diversas regiones del país, como ocurrió este domingo en el convento de Tepoztlán, cierran parte de los edificios, y hacen lo mismo con museos de sitio e incluso con las zonas arqueológicas, lo que ya me ha tocado en diversas ocasiones.
La comunidad del ámbito de la cultura y la arqueología debería salir a la calle a exigir que se revierta la tendencia creciente a reducir el presupuesto de estas actividades, cosa que, de manera brutal, ocurre desde hace siete años. Hay que poner freno a esta política perversa. En la pasada y actual administración federal, solo se destinan recursos a aquellas políticas públicas que generan simpatía, pero sobre todo votos entre los electores, y en su manera de ver el mundo, ni la cultura ni la arqueología se los dan. Es una visión miope y limitada, de un gobierno que, por la vía de los hechos, se ha convertido en enemigo acérrimo de estas actividades.

@RubenAguilar

 

En 2022, mi compañera y yo hicimos un recorrido por parte de la Ruta Wixárika, en el estado de San Luis Potosí, y participamos en una ceremonia tradicional con carácter religioso en el Ejido de Las Margaritas, que implicó una caminata de horas por el semidesierto.
El pasado 13 de julio, el Comité de Patrimonio de la Unesco, en reunión celebrada en París, Francia, declaró como Patrimonio de la Humanidad, a la Ruta Wixárika, que tiene 550 kilómetros, esta inicia en Nayarit, y continúa por Jalisco, Zacatecas, hasta llegar a la planicie semidesértica de San Luis Potosí.
Es un camino por la que se da una peregrinación que tiene siglos de existencia y que el pueblo originario de los wixáritari, más conocidos como huicholes, que viven en Nayarit, la siguen haciendo, para realizar celebraciones religiosas en las que considera tierras sagradas.
Al conocerse la declaratoria, un representante del pueblo wixárika, presente en la reunión de París, agradeció, la decisión que dijo es un reconocimiento, que sirve de protección, a un sitio donde se “fundan las esencias de la vida”.
La larga ruta, que ahora la mayor parte de la misma los wixárika realizan por carretera utilizando diversos tipo de vehículos, termina en Wirikuta, en el estado de San Luis Potosí, que consideran espacio sagrado.
Es aquí donde obtienen el peyote para sus ceremonias que realizan en este sitio y llevan a sus comunidades en Nayarit, para otras celebraciones religiosas que tienen lugar a lo largo del año, en las que participa toda la comunidad, que incluye a las y los niños.
En 2023, el Estado mexicano reconoció a este lugar y toda la ruta del peregrinaje como “sitio sagrado”. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), celebró la inscripción que “contribuye a la preservación de la cultura”.
La Ruta Wixárika, se compone de elementos materiales, restos arqueológicos, y de intangibles, que son las ceremonias religiosas y lo que a estas acompañan, como la música y la danza. Esta es la 36 inscripción de México en la lista de los Patrimonios de la Humanidad de la Unesco, que es el país del continente con el mayor número.
En la declaratoria se contempla que el gobierno de México debe proteger toda la travesía, y evitar las actividades que la amenacen como la minería, sobre todo en Wirikuta, que siempre está en peligro por los daños que esta causa.
ICOMOS, organismo internacional no gubernamental que trabaja en la protección del patrimonio cultural de los países, afirma que la Ruta Wixárika, debe estar libre de cualquier invasión y tipo de explotación minera, agrícola y comercial que la dañe. Es una tarea que corresponde a las comunidades y al gobierno en sus tres niveles. Espero que la declaratoria de la UNESO contribuya a poner mayor cuidado en la conservación de este Patrimonio de la Nación.

@RubenAguilar

 

La oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República tiró línea y logró que en las primeras planas de muchos periódicos de la Ciudad de México y de los estados, la nota principal fuera la misma: “Vamos bien e iremos mejor”: Sheinbaum.
¿Qué hizo para que esto fuera así en todo el país? ¿Pagó las planas? ¿Presionó, chantajeó, amenazó? ¿Hay un alineamiento voluntario de los medios a las órdenes o peticiones de Palacio Nacional? ¿Se alinean porque están de acuerdo con el proyecto que ahora gobierna México?
Se pueden hacer más preguntas, cada quien sabe sus razones del por qué alinearse a las demandas de Palacio Nacional, pero no puede dejar de reconocerse que la operación de la oficina de comunicación de presidencia tuvo los resultados que se propusieron y fue exitosa.
Los spots de propaganda previos al Primer Informe de la presidenta Sheinbaum Pardo (2024-2030) no ofrecen ninguna diferencia con los de su antecesor y otros presidentes, es el mismo formato, solo que ahora más desgastado y menos atractivo ante la cantidad de anuncios de propaganda comercial contra los que compite, que sí han innovado.
Hasta ahora, todos los presidentes siempre han ofrecido una visión ideal de lo que hacen en clave de propaganda política, y es también común que ignoren los reales problemas del país, en ese ejercicio propagandístico sí hay una diferencia: unos seleccionan información positiva que se puede sostener y otros solo mienten y ofrecen “otros datos” que no existen.
En las décadas que llevo analizando este tipo de propaganda, nunca había visto que se mintiera tanto como ahora lo hace la presidenta Sheinbaum, y no tengo buenas explicaciones a no ser que el gobierno esté convencido, con cierto nivel de realismo, que las cosas no caminan y no van bien y que lo único que tienen, ante su fracaso, es construir una realidad alterna a partir de mentiras. El fin justifica los medios.
El rosario de números que la presidenta ofreció en su primer informe, toma como base los spots, y no fue más que una ampliación de los temas ya planteados en estos. En ningún momento de la lectura del texto se reconoció algún problema que esté presente en el país y menos una autocrítica. En México no hay problemas, eso es algo del pasado, y su gestión es perfecta.
No veo como alguien que no tiene empleo, porque la economía no crece, pueda pensar que el país va bien, y tampoco alguien estar de acuerdo de que el abasto de medicinas en los centros de salud es del 90 por ciento cuando cada vez que va al hospital le dicen que no tienen ese producto y que debe comprar con sus propios recursos.
Y tampoco pienso puedan estar de acuerdo con la presidenta cuando dice que el número de los homicidios dolosos se ha reducido en un 26 por ciento si se vive en un estado como Sinaloa o Sonora, para solo mencionar dos ejemplos, pero hay más. En los hechos el número de los homicidios dolosos no se ha reducido sino aumentado, pero ahora se cuentan como desapare-cidos.

@RubenAguilar

 

En Como polvo en el viento (Tusquets, 2020), Leonardo Padura (La Habana, 1955) narra la historia de su generación que sale de Cuba en busca de una vida mejor. El texto es un drama coral de un grupo de amigos que por las condiciones económicas, políticas y sociales se ven obligados a dejar la isla.
El exilio, dice Padura, “nos afecta a casi todos. A los que se fueron, a los que nos quedamos, a la sociedad, a la economía, a la cultura (…) Ha afectado a las personas y a la sociedad, a la nación”.
En una cervecería al aire libre en el barrio de Panier, en el centro histórico de Marsella, Francia, mi compañera, una de mis hijas y yo fuimos a cenar; todos los comensales eran familias francesas o grupos de amigos, y ahí nos tocó de mesero a Rolando, un cubano negro de dos metros de altura, que se puso a platicar con nosotros. Aquí transcribo la conversación.
Nos dijo que llegó aquí en 2016, que volvió a Cuba en 2020 y quedó varado un año por la pandemia. Vivió otra vez las condiciones de las cuales había huido. Nos dijo que en Francia se paga bien el trabajo, que hay buenas prestaciones, pero que las personas no se ríen, no manifiestan alegría.
Y que eso se agrava durante el invierno, cuando todos se vuelven todavía más serios. En Cuba, aunque las personas se estén muriendo de hambre siempre se manifiestan alegres. Extraña eso, le hubiera gustado quedarse a vivir y trabajar en un país latino donde la gente, a pesar de sus problemas, vive con alegría. Le hubiera gustado vivir y trabajar en México.
Nos habla de la muy difícil situación que se vive en Cuba, donde falta todo. Y el moverse obliga a empezar el día desde las cuatro o cinco de la mañana. La población tiene muchas carencias, que se han agravado con los últimos años, y por eso dejan la isla que un día se va a quedar con solo viejos.
Todo el que puede se sale en busca de mejores condiciones de vida, que en Cuba ahora no hay y tampoco en el futuro, mientras se mantenga el actual régimen. Dice que ya en los últimos años de Fidel Castro faltaba de todo, pero tenía el control del país, y los nuevos gobernantes están rebasados por la situación, y no saben qué hacer.
Nos insistió en que ama a Cuba, pero no es posible vivir en ella en las actuales condiciones. Sabe que el año pasado de la Isla salieron más de 300 mil personas, y que esta sangría habrá de continuar.
“Mi generación, dice Padura, creció escuchando que la utopía era posible, que en el futuro viviríamos en esa utopía a la que se llegaría por el desarrollo inexorable de la historia en ascenso (…) sufrimos luego demasiadas frustraciones, enormes desencantos. Conocimos verdades que nos habían ocultado por décadas”.
Y añade que hoy en Cuba “existen muchos que son creyentes, pero también muchos que no creen en nada (y de esos descreídos hay muchos que se presentan como creyentes). Y por eso la opción de tantos es el exilio. El cansancio histórico es de tales proporciones que agotó ciertas reservas”. Y por eso Rolando se fue a Francia.

@RubenAguilar

 

Aquí menciono, lo que considero, requiere una real Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) en el marco de una República federal, donde la lucha en contra de los grupos del crimen organizado exige la participación de todos los órganos del Estado, los tres órdenes del Ejecutivo, y también de la sociedad civil.
Esto requiere, de otra manera no es posible tener éxito, un Acuerdo Nacional donde la solución de los grandes problemas nacionales se vea como responsabilidad compartida, entre el gobierno federal, las entidades federativas y las organizaciones de la sociedad civil.
El acuerdo implica un nuevo Sistema Nacional de Seguridad (SNS) en el cual se discutan y analicen las estrategias, se aprueben y se evalúen. En un diálogo permanente entre la federación, los estados, los municipios y la sociedad. El gobierno federal solo no puede y su acción va a terminar una vez más, en el fracaso.
Esto exige un nuevo federalismo presupuestal en materia de seguridad. Los estados y los municipios requieren recursos para mejorar sus instituciones de seguridad. El federalismo es un principio fundamental en el diseño de un nuevo sistema de seguridad. Para aplicar el federalismo se consideran las siguientes estrategias:
– Coordinación Nacional: Es necesario una coordinación efectiva entre las instituciones federales y las estatales, que garanticen la participación de todos los niveles de gobierno en la toma de decisiones y en la implementación de las estrategias. Esto se logra a través de mecanismos como el Gabinete de Seguridad, que es encabezado por la presidenta de la República. No solo es tarea una reunión cerrada, por la mañana, entre integrantes del gobierno federal.
– Descentralización: Es necesario la descentralización de la toma de decisiones y de la implementación de las estrategias de seguridad. Se exige la autonomía a las entidades federativas y los municipios para adaptar las estrategias a sus necesidades específicas.
– Respeto a la soberanía: Se debe respetar la soberanía de las entidades federativas y los municipios, y hay que evitar la sustitución de las policías locales por la Guardia Nacional (GN), que actúa de manera subsidiaria y de apoyo a estas instituciones. No es ella la protagonista.
– Involucramiento de la sociedad civil: Se debe involucrar a la sociedad civil en la prevención de la delincuencia y la promoción de la seguridad, a través de sus iniciativas, que se integran al sistema general.
– Tecnología y recursos: Se deben aprovechar todas las tecnologías a la mano, para fortalecer la seguridad. El uso de la IA es fundamental.
El Acuerdo Nacional contempla una serie de objetivos de gestión: Rediseño del federalismo: que la seguridad comienza en lo local; nuevo modelo policial y de justicia; garantizar el financiamiento de la seguridad y justicia; construir una Guardia Nacional Civil y fortalecer a las instituciones: policías, procuración de justicia, sistema penitenciario, poderes judiciales.
Y una serie de objetivos de impacto: Reducir la violencia homicida; reducir delitos contra las empresas: cobro de piso, robo transporte y fraude; reducir los delitos patrimoniales de las familias: robos, secuestros y extorsión; garantizar el Estado de derecho; reducir la impunidad; reducir violencia familiar y de género; reconstruir el tejido social de las comunidades y zonas de violencia.

@RubenAguilar

 

El número de homicidios diarios en México es de más de cien al día, este dato se obtiene al sumar el número de los homicidios diarios reconocidos por el gobierno federal que son 64.5, al mes de mayo, y el número de los desaparecidos, que son 42 al día, según fuentes oficiales, para dar un total de 106.5.
Especialistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre el tema de los homicidios y los desaparecidos, sostienen, con pruebas, que el actual gobierno ha reducido el número de los homicidios dolosos registrándolos como desparecidos, cifra que en lo que va del sexenio ha crecido en 30 por ciento.
Dicen también que mientras la ahora presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Omar García, el ahora secretario de Seguridad, se desempeñaba ese mismo cargo en el gobierno de la ciudad, redujeron los homicidios dolosos registrándolos como desparecidos. Ahora, eso mismo lo hacen desde la presidencia de la República.
El número de los homicidios dolosos todavía podría crecer si se toma en cuenta que el actual gobierno, algunos de estos, se registran como “defunciones violentas con intencionalidad no determinada”, rubro que se utiliza para casos donde la investigación no ha podido establecer con certeza la causa de la muerte, y deja abierta la posibilidad de diferentes escenarios, que incluye el homicidio, el suicidio o el accidente.
Días atrás, en una de sus comparecencias mañaneras, la presidenta dijo, con datos del SESNSP, que los homicidios dolosos se habían reducido en 25.8 por ciento de septiembre de 2024 a mayo de 2025, lo que significaba una disminución de 22 homicidios al día, pero no hizo mención al incremento del número de los desparecidos y de las “defunciones violentas con intencionalidad no determinada”, dato que sí registran las fuentes oficiales.
Especialistas y organizaciones de la sociedad civil, que trabajan sobre el tema de los homicidios y los desaparecidos, tiene serias dudas sobre los actuales datos que ofrece el SESNSP, que asumen que está manipulados y no dan cuenta de la realidad, y plantean la necesidad de crear una institución autónoma e independiente para llevar un registro que sea creíble y por lo mismo confiable.

El indicador más utilizado a nivel mundial para medir el nivel de violencia de una sociedad es el número de los homicidios dolosos por cada 100 000 habitantes. Arriba de 10 por cada 100000 habitantes se considera una pandemia, y como tal un problema grave de salud pública. Al cierre del gobierno del presidente López Obrador (2018-2024), la tasa de homicidios dolosos por 100 mil habitantes era de 29, la más alta de los últimos 60 años.
Jorge G. Castañeda (Nexos, 03.07.25) a partir de datos del SESNSP, afirma que en los primeros cinco meses de 2025, el número de los homicidios dolosos fue de 10 mil 767, y si se extrapolan para todo el año, darían 25 mil 800. Y la de los desaparecidos fue de 7 mil 323, y si se extrapolan para todo el año darían 17 mil 500. Así, si se suman los dos datos, cosa que se debe de hacer, el número sería de 43 mil 300 muertos, un poco más que en 2024. Esto daría 117.80 homicidios al día. Esta, y no la de los otros datos, es la realidad.

@RubenAguilar

 

Días atrás la Guardia Nacional (GN), uno de los tres cuerpos del Ejército, entregó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Informe Anual de Actividades 2024.
En el documento se dice que el año pasado la GN estuvo integrada por 137 mil 716 efectivos militares, que se distribuyeron en tres grandes áreas de acción.
De ellos estuvieron desplegados en las Coordinaciones Estatales de los 32 estados de la República, un total de 108 mil 89 efectivos.
Estuvieron 18 mil 736 de sus integrantes asignados a unidades dedicadas a tareas de inteligencia, investigación, seguridad en penales y carreteras, protección del patrimonio cultural, de área nacionales protegidas y como fuerzas de reacción inmediata.
Desde la Ciudad de México operaron 19 mil 391 efectivos en tareas administrativas, de mando, de dirección y control bajo la Comandancia de la Guardia Nacional.
En 2024, los estados con una mayor presencia de efectivos de la GN fueron: Guerrero con 9 mil 518; Estado de México con 8mil 847 y Oaxaca con 8 mil 318.
Los efectivos de la GN dieron muerte a 262 personas y según el informe estos casos ocurrieron de acuerdo a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que establece los principios de excepcionalidad y última instancia.
La GN, como resultado de su trabajo de investigación y prevención, detuvo a 10 mil 69 personas y de ellas 2 mil 704 fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF); 2 mil 746 ante autoridades del fuero común y 4 mil 619 por faltas administrativas.
El 53 por ciento de las agresiones que recibieron los efectivos militares de la GN ocurrieron en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sonora y Tamaulipas.
La GN, dice el informe, realizó muy diversas actividades que derivaron en el aseguramiento de vehículos, hidrocarburos, drogas, armas, divisas y equipo táctico, que se incautó a criminales.
De acuerdo al informe en 2024, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no emitió ninguna recomendación a la GN por exceso de uso de la fuerza o la violación de los derechos humanos.
La Unidad de Asuntos Internos presentó 286 denuncias penales en contra de 746 integrantes de la institución por la presunta comisión de delitos en el desempeño de sus labores, pero a pesar de esto, en el apartado de disciplina del informe se dice que exista registro de personal sancionado por actos contrarios al ejercicio de sus funciones.
A partir de julio pasado, la GN quedó integrada plenamente como un cuerpo o fuerza del Ejército, junto con el Ejército propiamente tal y la Fuerza Aérea. En el futuro la GN se conducirá como si fuera el Ejército y en el marco de sus normas. Así me lo han dicho militares del más alto rango.
Lo anterior, para abrir el espacio a la confusión, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum diga que la GN pertenece a la Secretaría de la Defensa, pero no al Ejército.
Altos mandos, en privado, me han dicho que consideran un grave error la incorporación de la GN al Ejército, y que esta debería estar al mando de la Secretaría de Seguridad Pública; el general de División, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, que fue subsecretario de la Defensa, su desacuerdo lo ha expresado de manea abierta y pública.

@RubenAguilar