El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (2024-2030) mantiene una intensa campaña de propaganda en los medios, para “informar” sobre los éxitos de la aplicación de la “nueva” estrategia de seguridad.
La propaganda la firma el Gabinete de Seguridad, y no se menciona a ninguna de las dependencias que lo integran, que son el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.
Los spots en la radio, que se transmiten con particular frecuencia, uno tras otro, siguen la misma estructura, que es muy sencilla.
Se oye la voz de una mujer joven, de tono agradable, que menciona tres o cuatro decomisos, de armas, balas, drogas o vehículos que supuestamente se han arrebatado a grupos del crimen organizado.
Se habla de las incautaciones, pero no se menciona quién las realizó, y el mensaje lo termina diciendo, que son acciones del Gabinete de Seguridad.
La idea y la realización de esta campaña de propaganda, es muy semejante a la que sobre el mismo tema se realizó en el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), con el añadido de que en ese tiempo siempre presentaban a los delincuentes aprehendidos.
En la actual campaña, con frecuencia se mencionan incautaciones muy menores, como tres armas largas, tres kilos de mariguana, y un vehículo. En otras ocasiones los números que se ofrecen son mayores.
En todos los casos, ante la dimensión de los grupos del crimen organizado y su capacidad de acción, controlan un tercio del territorio nacional, todas las cifras que se ofrecen suenan como menores e incluso ridículas.
No conozco las actuales mediciones de los efectos de la campaña, que supongo se hacen de manera constante, para saber si realmente tienen el impacto que se espera en las distintas audiencias.
Sí conozco el efecto de la campaña de propaganda en los tiempos del presidente Calderón Hinojosa y fueron tres: la presentación de los criminales ante los medios se convirtió en publicidad a su favor, se hicieron todavía más famosos de lo que eran.
Las cifras que se daban de las incautaciones despertaban sospechas, la reacción era si eso es lo que muestran cuánto más tendrán los grupos del crimen organizado. Al final, la percepción de las audiencias era distinta a la que se esperaba, y se construía la imagen de que el crimen organizado era una fuerza extraordinaria, a la cual las autoridades solo les hacían unos pequeños rasguños.
No sé de los integrantes del Gabinete de Seguridad quién decide sobre el contenido de esta campaña de propaganda y tampoco a qué despacho de publicidad se ha contratado para el diseño y producción de esta.
Con los elementos que tengo, después de analizar los spots, considero que el contenido de los mismos es, en muchas ocasiones verdaderamente ridículo y que resulta contraproducente con los objetivos que se propone. Asumo que me puedo equivocar. Quisiera conocer las encuestas y grupos de enfoque donde se evalúa el impacto de esta campaña.

@RubenAguilar

El secretario de la Defensa del sexenio pasado, el general de división Luis Cresencio Sandoval González (Ensenada, 1960), fue siempre muy protagónico y tuvo, a lo largo del sexenio, una presencia permanente en los medios de comunicación.
En sus intervenciones públicas, con motivo de celebraciones del Ejército o actos protocolarios del gobierno, sostuvo un discurso que lo identificaba no solo como un simpatizante sino como un militante de Morena.
No dejaba ocasión para alabar al presidente López Obrador (2018-2024), su comandante en jefe, y para manifestar el apoyo del Ejército al gobierno y al proyecto que encabezaba. Su posición, tan evidentemente partidista, causaba malestar en ciertos sectores de los altos mandos.
De lo anterior doy cuenta en Tensiones en el Ejército: Diálogo con altos mandos, Editorial Cal y Arena, México, 2024, que recoge una serie de conversaciones con altos mandos en activo y en retiro, que tuvieron la confianza de hablar conmigo, que mucho agradezco.
La estrategia de comunicación del actual secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo (Ciudad del Carmen, 1961), es radicalmente distinta a la de su antecesor, y tiene muy poca presencia en los medios y solo logra su cobertura cuando se presenta en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (Ciudad de México, 1962).
El general Trevilla conoce del funcionamiento de los medios de comunicación, en alguna época de su carrera estuvo a cargo del área de comunicación del Ejército, y tiene relación personal con periodistas y comentaristas.
De lo que se puede ver, es claro que en el tema de la seguridad, la estrategia de comunicación del actual gobierno federal es solo dar la palabra al titular de la secretaría de Seguridad Pública, Omar García Harfuch (Cuernavaca, 1982), hombre muy cercano a la presidenta.
No queda claro si la presidenta, la comandanta en jefa, acordó con el secretario de la Defensa y también de la Marina, que ellos no podrían hablar en público del tema, o fue una imposición, y tampoco se sabe cuál es la posición de estos secretarios. ¿Están molestos? ¿Les parece bien?
Es evidente, que el Ejército y la Marina, en menor medida, hacen las tareas propias de la seguridad en el territorio, la secretaría que preside García Harfuch, no tiene efectivos, se los quitó, López Obrador, y no puede hacer nada por su propia cuenta.
Él delegó las tareas de la Seguridad pública, además de las de la Seguridad nacional, al Ejército vía la Guardia Nacional (GN), la nueva arma que creó, para esa tarea, con una división, en principio, de los propios efectivos el Ejército, y muy pocos nuevos integrantes.
La nueva estrategia de comunicación del tema de seguridad implica una intensa y amplia campaña de publicidad, con lógica de propaganda política, que firma el Gabinete de Seguridad del gobierno federal. No se menciona a ninguna fuerza de manera particular.

@RubenAguilar

 

Desde su creación la Guardia Nacional (GN) siempre fue una estructura del Ejército, integrada con militares y al mando de militares, aunque de manera cínica, las autoridades dijeran que se trataba de un cuerpo civil.
Hace seis años, para obtener los votos de la oposición en la aprobación de la GN, que sustituía a la Policía Federal Preventiva, eliminada por el presidente López Obrador (2018-2024), en la ley quedó, sin que fuera real, que se trataba de una fuerza civil.
Me consta, pude hablar con ellos, que al interior del Ejército había altos mandos que no veían conveniente que la GN se integrara como una fuerza del Ejército, y sostenían que esta debería estar integrada por policías civiles.
En contra, los civiles militaristas del gobierno de la 4T, con el presidente López Obrador a la cabeza, querían que formara parte del Ejército, posición que siempre sostuvo Claudia Sheinbaum, como candidata y luego como presidenta.
El pasado 24 de junio, lo que era una evidente realidad, quedó formalizado en la ley, y la GN ya es jurídicamente parte del Ejército, que ahora se integra con tres fuerzas; el Ejército propiamente tal, la Fuerza Aérea y la GN.
En la votación en la Cámara de Diputados, controlada por Morena y sus aliados, 351 diputados, como se les ordenó desde Palacio Nacional, votaron por esta incorporación ahora con valor de ley y 124 diputados de la oposición en contra. En el Senado la votación será la misma.
La GN, en principio, no se hace cargo de la seguridad nacional, tarea que corresponde al Ejército, pero sí de la seguridad interior, aunque esto es ambiguo y no está claramente definido, como lo advierten especialistas en el tema y altos mandos retirados, con los que he podido hablar.
Y también de la seguridad pública, tarea que comparte con las policías estatales y municipales. La GN, como parte del Ejército, ahora obliga a que la institución, en el Colegio Militar y en otras instancias de formación a cargo de la Sedena, prepare militares y también policías.
Hay altos mandos que ven es esto un problema, que es el germen de posibles divisiones al interior de la estructura, porque si bien todos son parte del Ejército, unos serán formados como militares y los otros como policías.
Ven que a corto plazo, y ante las necesidades propias de la seguridad pública, muy pronto la GN crezca en el número de los efectivos, para convertirse en el arma con la mayor cantidad, que será muy superior a los que integren al Ejército propiamente tal.
La GN queda al frente de un general de división (¿soldado o policía?), nombrado por la ahora presidenta, comandanta en jefa, a propuesta del secretario de la Defensa y todos sus integrantes, como parte del Ejército, tendrán grados homólogos como este y seguirán las mismas normas.
Es un cambio fundamental que ahora en el Ejército convivan soldados y policías, los primeros son formados para matar a los enemigos y los otros para detener a los delincuentes. Ya se irá viendo como ocurre la relación entre estos dos cuerpos y cuáles son las posibles tensiones y problemas que se puedan presentar.

@RubenAguilar

 

La iniciativa “Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza”, se propone que crezca la comprensión sobre las desigualdades sistémicas en las finanzas y el desarrollo mundial, elevar las demandas de la sociedad civil de reformas en la deuda, los impuestos, la ayuda y el financiamiento climático, y fortalecer los esfuerzos nacionales de promoción que alimentan el proceso de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo, que se celebra en Sevilla, España, del 30 de junio al 3 de julio.
Esta iniciativa es una red de 18 mil 400 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que se agrupan en 66 coaliciones nacionales y en grupos de mujeres, jóvenes y personas socialmente excluidas, entre otros. Apoya a las personas en sus luchas por la justicia y reúne a individuos y organizaciones para desafiar a las instituciones y procesos que perpetúan la pobreza y las desigualdades. Y también defienden y promueven los derechos humanos, la justicia de género, la justicia social, la justicia climática y la seguridad necesaria para la dignidad y la paz de todas las personas.
Se autodefinen como: “un movimiento liderado por el Sur Global, compuesto por redes de la sociedad civil, sindicatos, activistas y académicos, basados en nuestros valores comunes de inclusión y solidaridad, unidos por la justicia económica. Nuestra movilización colectiva involucra a legisladores, líderes políticos y al público en general, tanto a nivel nacional como internacional, para impulsar un cambio sistémico”.
En la región de América Latina participan OSC de ocho países, entre ellos México. De cara a la conferencia de Sevilla, las OSC integrantes del “Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza”, han elaborado una Declaración en la que entre otras cosas se dice: “(…) casi uno de cada tres países se enfrenta a una catastrófica crisis de deuda, la mayor en una generación”.
“En lugar de financiar la sanidad y las escuelas, los países de bajos ingresos se ven obligados a pagar miles de millones a acreedores adinerados, con tipos de interés desorbitados, mientras instituciones como el FMI y el Banco Mundial imponen una austeridad brutal. Cuando fallan los servicios públicos, las mujeres y las niñas soportan la mayor parte de la carga, ya que realizan la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado”.
Y añaden que “en el corazón de esta injusticia se encuentra un sistema financiero global obsoleto que alimenta la desigualdad y la crisis climática” y por eso demandan a los jefes de Estado reunidos en Sevilla: 1) Cancelar la deuda de los países pobres; 2) Transformar el sistema financiero obsoleto y manipulado por uno justo, democrático y transparente bajo el amparo de la ONU; 3) Elegir la Esperanza y la Justicia. La construcción de economías justas requiere: a) Gravar a los superricos y a las grandes corporaciones para reducir la desigualdad; b) Garantizar servicios públicos como la salud, la educación y la protección social para todos; c) Acelerar una transición justa para las personas y el planeta, incluyendo una transición justa, equitativa y con plazos definidos para abandonar los combustibles fósiles, así como la protección de la biodiversidad y los medios de vida de las comunidades.
Los integrantes de la iniciativa finalizan su declaración: “Creemos un nuevo sistema financiero para prevenir futuras crisis de deuda, poner fin a la austeridad, crear un sistema tributario progresivo y abordar el cambio climático. Nos comprometemos a permanecer unidos y a visibilizar nuestros valores y reivindicaciones en todas partes, para que todos los gobiernos sientan la urgente necesidad de actuar”.

@RubenAguilar

 

En la frontera sur de México con Guatemala y en la norte de Guatemala con México, una línea de 965 kilómetros, hay una real ausencia de los dos Estados, espacio que, entonces, es ocupado por grupos del crimen organizado.
Por esa “porosa frontera”, como la definía el embajador Gustavo Iruegas Evaristo (1942-2008), pasan migrantes, todo tipo de drogas, armas, municiones, redes de trata de personas, tesoros arqueológicos, animales exóticos, maderas preciosas, vehículos robados, gasolina y también todo tipo de productos comerciales de uso en la vida cotidiana.
El intenso tráfico ilegal de productos, de uno y otro lado de las dos fronteras, requiere de la alianza estrecha entre funcionarios de los dos países y de los grupos del crimen organizado que operan en uno y otro lado de las fronteras.
Esa relación corrupta, siempre en expansión, es un fenómeno de siempre, pero de manera sólidamente organizada a partir de los últimos 50 años, sin que ningún gobierno haga nada realmente importante para hacerse del control de las fronteras.
En la frontera del lado de México operan, al tiempo que se enfrentan, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el nuevo Cártel Chiapas-Guatemala. Del lado de Guatemala grupos aliados a estos mismos cárteles. Un general mexicano, que conoce muy bien la zona, me dijo, que en el sexenio pasado había órdenes estrictas del comandante en jefe y del secretario de la Defensa, de no enfrentar a estos grupos criminales.
Eso permitió, en el sexenio pasado, que los grupos del crimen organizado se hicieran de un amplio control territorial y que en este proliferaran todo tipo de actividades ilícitas y el número de las pistas clandestinas para recibir cargamentos de drogas de Colombia, Ecuador y Venezuela. Hoy su poder continúa y no ha sido tocado.
Académicos guatemaltecos y mexicanos que trabajan sobre el tema de las fronteras sostienen que tanto el Estado guatemalteco como el Estado mexicano están ausentes, que no hay un plan por separado, y menos de conjunto, para recuperar el territorio y hacer valer al Estado.
La relación de políticos en activo tanto de Guatemala como de México con grupos del crimen organizado es conocida y pública, incluso hay relaciones de parentesco. El general mexicano al que ya cité me dice, que en el caso de México, las autoridades no están dispuestas a pagar el costo que es necesario para retomar el control de la frontera perdido desde hace décadas.
Y prefieren que las cosas sigan como están, sin asumir que la expansión del control territorial de los grupos del crimen organizado, a estos les permite tener cada vez más fuerza y poder, y hacer menos visible al Estado y sus instituciones. Cada día, por lo mismo, será más costoso y difícil, que el Estado guatemalteco y el Estado mexicano gobiernen en plenitud sobre esa región de la geografía, la del sur de México y la del norte de Guatemala.

@RubenAguilar

El general de división Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, conoce la importancia que tiene la comunicación para una institución pública, en el marco de una estrategia, y en alguna época de su carrera fue el responsable de esta área en la Sedena.
Y por eso llama la atención que, ante los hechos ocurridos en el Multiforo Cultural Alicia, el 30 de mayo, haya salido a fijar la posición del Ejército diez días después, en la mañanera de la presidenta del 10 de junio.
Todos esos días dejó abierto el espacio para que corrieran distintas interpretaciones sobre la actuación del Ejército y se hablara de que este había reprimido un acto cultural, y violentado la libertad de expresión, y que esta acción pudo haber provocado una masacre.
En la mañanera dijo que el Ejército al participar en el desalojo de los jóvenes asistentes a un acto cultural, el concierto del músico español Fermín Muguruza lo había hecho en colaboración y coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.
Según él, en sus propias palabras, el Ejército “se decidió a hacer esta incursión, con la que no estuvimos de acuerdo”. Si no estaban de acuerdo ¿por qué actuaron? ¿Quién los manda?
Y mencionó que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, responsable final de esos hechos, ya había destituido “a los jefes de sector que coordinaron ese operativo”. De esa manera reconoció que un policía dio órdenes al Ejército y este, sin más, se le sometió.
En su intervención dijo también que en adelante el Ejército y la Guardia Nacional, que es un cuerpo del mismo, solo actuarían en la Ciudad de México “únicamente con autorización o por disposición de la autoridad judicial correspondiente” o una “solicitud de la fiscalía”. Así debió haber sido siempre.
A partir de este caso, en conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, adelantó que sobre “la participación de la Sedena en la Ciudad de México, estamos concluyendo un protocolo entre el gobierno de la Ciudad con la Sedena para que quede muy claro en qué casos debe participar el Ejército (…)”.
Brugada sostuvo que el gobierno de la Ciudad requiere el apoyo del Ejército sobre todo “en zonas limítrofes con el Estado de México y o algunas zonas específicas que se determinen (…)” y que “los operativos serán solicitados por la Secretaría de Seguridad” en el marco del nuevo protocolo.
Hago una recomendación al secretario de la Defensa, que representa a un órgano del Estado y no de un gobierno en turno, que debería tener su propio espacio para hacer declaraciones y fijar posiciones y no hacerlo como un invitado al que tiene la presidenta. Ese no es el suyo.

@RubenAguilar

El pasado tres de junio, los obispos reunidos en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dieron a conocer el comunicado “En la justicia y la verdad, encontramos la paz”, donde hacen pública su postura ante la reforma del Poder Judicial y la elección del pasado primero de junio.
En el texto, que está firmado por el presidente de la CEM, Ramón Castro Casto, y su secretario general, Héctor M Pérez Villarreal, se dice “que una mejora del sistema de impartición de justicia es deseada por todos. Sin embargo, junto a muchos ciudadanos vimos con preocupación la aprobación de la reforma judicial y la aplicación de esta para elegir ministros, magistrados y jueces puesto que hubo evidentes inconsistencias y confusiones, fruto de un proceso acelerado y no consensuado que provoco? inquietud y desaliento”.
Los obispos, como lo han hecho otros sectores de la sociedad, muestran su desacuerdo con la manera que se ha realizado la reforma del Poder Judicial que califican como un proceso acelerado que no fue consensuado con la sociedad, lo que provoca inquietud y desaliento, y también que el mismo tiene inconsistencias y confusiones. Esta es la posición oficial de quienes integran la CEM, que es un órgano colegiado.
Y sobre la jornada electoral que “la decisión del 87 por ciento de los mexicanos electores de no participar en las votaciones del 01 de junio, refleja tal vez este desaliento; es un mensaje que en un ejercicio democrático no se puede pasar por alto y que los actores políticos tendrán que ponderar con madurez, inclusión y visión política, para corregir lo que sea necesario”. Los obispos ven en la abstención de los electores un claro mensaje, de corte democrático, al actual gobierno.
Afirman que “más allá de la decisión personal de quienes acudieron a votar y de aquellos que optaron por abstenerse, asi? como la opinión sobre el proceso mismo, hoy es tiempo de construir caminos de encuentro, reconciliación y paz que renueven nuestra esperanza, tal como nos ha exhortado el Papa León XIV”.
Y añaden “para que esto sea posible requerimos un sistema de justicia cualificado y autónomo. Hacemos votos para que quienes fueron elegidos asuman con honestidad, profesionalismo, independencia y amor a México su delicada misión de impartir justicia aplicando la ley imparcialmente”.
Los obispos señalan la necesidad de que el Poder Judicial es autónomo, y quienes ejercen la justicia profesionales, independientes, autónomos y honestos. Estos son buenos deseos de los obispos, la realidad no es así, el Poder Judicial ahora está sometido al Poder Ejecutivo y todos sus nuevos integrantes son afines al gobierno y al partido oficial. Harán lo que se les ordene.
El comunicado de la CEM termina: “exhortamos a las autoridades de los tres poderes del Estado y de los tres órdenes de gobierno, con humildad y esperanza, a actuar con justicia e integridad respetando la autonomía de cada poder y fortaleciendo el estado de derecho”. Es importante que los obispos den a conocer de manera abierta y pública sus posiciones en un país donde son cada vez más los medios y los grupos sociales que se alinean acríticamente a las posiciones del gobierno.

@RubenAguilar

 

Un corresponsal extranjero acreditado en México, que ha dado cobertura al proceso de la reforma del Poder Judicial, y que cubrió puntualmente lo que ocurrió el 1 de junio, para enviar a su medio, me comparte su análisis de lo que desde su punto de vista ha sucedido en México.
El corresponsal, que hizo estudios de posgrado en Inglaterra, y que ha publicado algunos libros, a mi comentario de que la reforma del Poder Judicial, consumada con la gigantesca farsa del domingo pasado, era una regresión que nos devolvía a los años de la “dictadura perfecta” del PRI, me dijo que la de ahora es “una escala superior a la era del PRI”.
Y argumenta que “si fuera solo la regresión autoritaria eso sería menos dramático. El componente ideológico, las nuevas condiciones del siglo XXI, hacen imprescindible, lo que pueda ocurrir en México con el resultado de la reforma del Poder Judicial”.
Y añade, quien conoce muy bien México y ha sido corresponsal en otros países de América Latina, y cubierto procesos electorales en una docena de países de la región, que desde su valoración y experiencia en otros países, en México “siguen nuevos pasos en la persecución política”.
Considera que “el inmenso respaldo que ahora tiene el gobierno, es gracias a la mala calidad ciudadana, que abre la ruta sin obstáculos a la aventura de la nueva dominación. En México se volverá denso e irrespirable el ambiente político”.
En su comentario subraya que un nuevo elemento es ver que “el ejército está alineado y estamos en presencia de un régimen cívico-militar. Eso no ocurrió en la era del PRI a la escala que ahora se da”.
La posición de este corresponsal expresa el sentir de otros corresponsales extranjeros en México, de funcionarios de organismos internacionales acreditados en el país, de representantes de agencias de la cooperación y de organizaciones de la sociedad civil con presencia internacional, que les ha tocado vivir en otros países.
A partir del 1 de junio, la imagen de México en el mundo no es el de una sociedad más democrática, como lo dice la propaganda del gobierno, sino que entra a la lista de gobiernos autoritarios y antidemocráticos. En los próximos días habrá distintos pronunciamientos de la comunidad internacional sobre lo que ahora sucede en México.
La consumación de la reforma del Poder Judicial, que ocurre con la farsa electoral del pasado 1 de junio, es un paso decisivo en la construcción y consolidación de la dictadura constitucional y de un régimen cívico-militar, misión central de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Para eso fue puesta en ese cargo y ha cumplido con creces su tarea.

@RubenAguilar

 

Días atrás el arzobispo de Guadalajara, el cardenal Francisco Robles Ortega, hizo una declaración donde dijo que en muchos municipios de Jalisco y del país la verdadera autoridad eran los jefes de plaza de los grupos del crimen organizado en esas localidades.
El pasado domingo 25 de mayo, el obispo de la Diócesis de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro Castro, denunció abiertamente la creciente influencia de los grupos del crimen organizado y el aumento de la violencia e hizo énfasis en la violencia en el ámbito político.
En la misa celebrada en el atrio de la Catedral de Cuernavaca, el obispo reconoció que el gobierno federal y el estatal han puesto en marcha nuevas estrategias para combatir la violencia, pero aseguró que estas no han sido suficientes para generar condiciones que permitan superar la crisis de inseguridad que ahora se vive en el país.
Dijo que “a la Iglesia la entristece profundamente, y rechaza la situación de violencia, una violencia que nos afecta a todos de una manera o de otra, que abarca las distintas esferas y tiempos. No es justo vivir en el temor, en la desconfianza. Nadie merece que lo priven de su vida, de su familia, de sus bienes”.
El presidente de la CEM habló sobre la expansión del crimen organizado y la forma en que este ha permeado todos los espacios de la vida pública, al grado de que resulta difícil no tener algún tipo de contacto con estas redes delictivas, y que ahora los funcionarios públicos enfrentan graves riesgos en el ejercicio de sus cargos.
Y de manera textual afirmó que “aunque nadie lo dice, los funcionarios saben que a los líderes del narco hay que pedirles permiso para muchas cosas: para pavimentar calles cuando afecta sus negocios, para retirar ambulantes (…) No reconocerles el poder que tienen les puede costar mucho”.
El obispo se preguntó: “¿A quién esperamos para que venga a arreglar este mal? ¿Por qué no reaccionamos y hacemos algo para revertir este diabólico flagelo? ¿Por qué la ciudadanía da muestras de desinterés e indiferencia muchas veces? ¿Dónde perdimos el rumbo?”. En un claro mensaje a la ciudadanía.
Quien preside la CEM, ofreció al gobierno la colaboración de la Iglesia como un aliado en la lucha contra la violencia. “Les digo: cuentan con nosotros como Iglesia, cuentan con estos sacerdotes, con esta vida consagrada, diáconos, con las parroquias, con los feligreses. Estamos aquí no solo para criticar, sino para ofrecer también el deseo de construir juntos”.
Castro y Castro, al finalizar pidió a las autoridades implementar medidas concretas que generen resultados reales y verificables: “El pueblo se los va a agradecer. Más que los miles de discursos de paz y seguridad, más que las incontables mesas de análisis, más que los mil y un elementos patrullando sin rumbo ni estrategia, más que los mil y un millones que se gastan cada año por procurar una paz que nunca llega, se los pido de corazón: sean concretos”.
El cardenal de Guadalajara y el obispo de Cuernavaca, altas figuras de la jerarquía eclesiástica de México, se atreven a decir de manera pública lo que el gobierno evita e incluso niega: que una parte importante, por lo menos el 30 por ciento del territorio nacional, está en manos del crimen organizado, donde actúan como el gobierno, y que le violencia no cesa, aunque se diga lo contrario. El país necesita más voces como estas.

@RubenAguilar

 

Días atrás el gobierno federal decidió mantener a la aerolínea Mexicana de Aviación como una empresa independiente, por lo que echó atrás su fusión con la paraestatal militar Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica (Gafsacomm).
Ahora no hay duda de que la empresa Aerolínea del Estado Mexicano (Mexicana) es autónoma, pero está bajo control de la Sedena, que ahora tiene cuatro empresas: Gafsacomm; Mexicana de Aviación, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya.
Gafsacomm se integra con doce aeropuertos, seis hoteles y tres parques recreativos en la zona del Tren Maya. Los aeropuertos son: Aeropuerto Internacional de Nogales (Nogales, Sonora); Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl (Nuevo Laredo, Tamaulipas); Aeropuerto Internacional General Pedro J. Méndez (Cd. Victoria, Tamaulipas); Aeropuerto Internacional Del Norte (Apodaca, Nuevo León); Aeropuerto Nacional de Tamuín (Tamuin, San Luis Potosí).
Y también Aeropuerto Internacional Licenciado y General Ignacio López Rayón (Uruapan. Michoacán); Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán (Puebla, Puebla); Aeropuerto Nacional Ixtepec (Ixtepec, Oaxaca); Aeropuerto Internacional de Palenque (Palenque, Chiapas); Aeropuerto Internacional Ingeniero Alberto Ongay (Campeche, Campeche); Aeropuerto Internacional de Chetumal (Chetumal, Quintana Roo); Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto (Tulum, Quintana Roo).
De acuerdo al presupuesto 2025, estas empresas propiedad de la Sedena recibirán subsidios por 44 mil 26 millones de pesos, pero el 92.7 por ciento de ese recurso es para la operación del Tren Maya. Por ahora ninguna de estas empresas está en condición de obtener utilidades por la prestación de sus servicios y necesariamente requieren de los subsidios del gobierno federal, para poder subsistir.
Y todo indica que si se quieren que existan como propiedad del Ejército van a requerir este subsidio por muchos años más. En su gran mayoría no son empresas rentables y no se ve cómo lo puedan hacer en el futuro.
En el caso de Mexicana de Aviación, para financiar su operación en 2025 se requieren 1140 millones de pesos, a los que habría que añadir 750 millones de dólares que están contemplados para comprar 20 aviones Embraer. Ahora opera con aviones que le “presta” la Sedena.
En alguna ocasión altos mandos del Ejército me dijeron que la necesidad que tienen estas empresas de grandes cantidades de subsidios generaba en la población la idea de que las Fuerzas Armadas se están robando el dinero y que son corruptas.
Me dijeron también que existen distintas posiciones al interior del Ejército, que no deberían tener empresas propias y estar en el mundo de los negocios. Que eso abría la puerta al campo de la corrupción. Que las empresas no son lo suyo, para eso no fueron formados y lo de ellos no es eso lo que necesita el país. Para eso están los civiles.
La actual comandanta en jefe, como el anterior, promueven que las Fuerzas Armadas sean dueñas de empresas propias, que no son rentables. No queda claro el por qué. ¿Propiciar la corrupción para controlar desde presidencia a los altos mandos? ¿Mantener su fidelidad a cambio de prebendas?

@RubenAguilar