Difunde la SIEDO versión de que kaibiles guatemaltecos decapitaron a los policías

 

Fuentes de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO) difundieron el martes, en la ciudad de México, la versión de que los responsables de la ejecución y decapitamiento de dos policías en Acapulco, el 20 de abril, fueron mercenarios guatemaltecos conocidos como kaibiles y contratados por Los Zetas.
Del caso, en diarios nacionales como La Jornada informaron ayer que fuentes oficiales de alto nivel de la SIEDO revelaron que los peritajes en criminalística, química y medicina forense que aplicaron técnicos de la Procuraduría General de la República (PGR) a los cadáveres muestran que fueron decapitados “con total precisión”, con la técnica de la “daga kaibil”, arma blanca que utiliza el grupo paramilitar guatemalteco para perpetrar ejecuciones a manera de rito, indica la nota del reportero Alfredo Méndez Ortiz.
Del caso en Acapulco, fuentes indicaron que sicarios del cártel de Sinaloa al servicio de los hermanos Beltrán Leyva, ligados con Joaquín El Chapo Guzmán, decapitaron al comandante del escuadrón Relámpago de la Policía Preventiva, Mario Núñez Magaña, y al agente del hotel Mayan Palace, Eric Juárez Martínez, para vengarse de la muerte de sus compañeros durante el enfrentamiento del 27 de enero en la colonia Garita.
Pero la versión de fuentes de la SIEDO y que publicó también el diario Milenio dicen lo contrario, pues aseguran que los presuntos narcos muertos en La Garita eran Zetas, y no gente cercana a los hermanos Beltrán Leyva, conocidos como Los Pelones.
De acuerdo con esa misma área de la PGR, esas organizaciones criminales pelean desde hace varios años las plazas para la distribución de droga en el territorio guerrerense.
De acuerdo con La Jornada, en septiembre del año pasado el gobierno guatemalteco hizo público algo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intentó mantener oculto en nuestro país por razones de seguridad nacional: que cuatro de siete personas que en ese mes habían sido detenidas en Chiapas pertenecían al grupo de élite del Ejército guatemalteco.
Esa información causó que el Senado citara a comparecer al titular de la Sedena, el general Gerardo Clemente Vega García, quien el 27 de septiembre advirtió ante los legisladores federales sobre el riesgo de que Los Zetas establecieran una alianza delictiva con los kaibiles, quienes han sido entrenados en misiones antiguerrilla.
En la misma nota se dijo que los funcionarios de la SIEDO revelaron que las marcas encontradas en el cuello de los cadáveres de Mario Núñez y de Erik Juárez muestran que su decapitación se hizo con una cuchilla especial que comúnmente utilizan los kaibiles.
De hecho, de acuerdo con una fuente del Departamento Pericial de la Procuraduría General de Justicia del Estado –que ha mantenido en hermetismo dichos estudios– se confirmó la versión que dan en la ciudad de México –sin conocer la información de México– ambos policías fueron decapitados con una “arma blanca de mucho filo, como las que se usan para artes marciales”.
Indicó que presuntamente fueron degollados ya muertos, boca abajo, incluso precisó que los cortes fueron “muy precisos”.
La fuente agregó que a ambos los tuvieron dentro de una piscina o un charco porque sus manos y pies presentaban arrugas de humedad.
Las cabezas de ambos policías fueron colocadas en una reja de las oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno del estado, ubicada en la Garita.

Trasladan al penal de Las Cruces a los tres arraigados por transportar coca por mar




La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) trasladó a Luis Alberto Rodas Villegas, a Reynaldo Sánchez Velásquez, alias El Güero, y a José María López López de la ciudad de México –donde se encontraban arraigados– al penal de Acapulco.
Los individuos están detenidos por delitos contra la salud.
En un boletín de prensa, la PGR informa que la SIEDO declinó su competencia a favor de su similar en Acapulco.
Luis Alberto Rodas Villegas, Reynaldo Sánchez Velásquez y José María López López cumplían –a petición de la SIEDO– un arraigo por 90 días en el Centro Federal de Investigaciones de la ciudad de México.
La aprehensión sucedió el 29 de abril, a 66 millas náuticas de las costas de Acapulco, cuando los inculpados viajaban a bordo de una embarcación menor tipo Go-fast, con tres motores fuera de borda, en la que transportaban 129 costales y dos envoltorios más que contenían dos mil 594 tabiques con dos toneladas 627 kilos de cocaína.
La orden judicial fue librada por el juez décimoprimero de distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dentro de la causa penal 63/2006-I, por delitos contra la salud en la modalidad de introducción al país y transportación (en grado de tentativa) de cocaína.
En el comunicado se indica que el traslado fue en cumplimiento de una orden de aprehensión y los detenidos fueron puestos a disposición del juez cuarto de distrito con sede en Acapulco. (Redacción).

Confirma el gobernador que la SIEDO decomisó la lancha con droga en Mimosa


Magdalena Cisneros y Jorge Nava

El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo confirmó el decomiso el jueves de una lancha con droga, una arma y una residencia en la playa Mimosa, en Acapulco, por parte de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), pero aclaró que no tenía más detalles.
En declaraciones a reporteros este viernes, después de la ceremonia para abanderar a jóvenes que terminaron su servicio militar, Torreblanca Galindo explicó que la operación se ordenó desde la ciudad de México, con apoyo del Ejército Mexicano: “Se hace por medio de la SIEDO, que es la que regularmente opera, y por razones obvias ni siquiera dan información cuando ya lo están ejecutando”.
“De manera extraoficial”, precisó que además de la casa y el yate, se aseguraron un arma y documentos pero que no hubo personas detenidas, La operación inició el jueves por la mañana, cuando soldados cercaron una casa ubicada cerca de la Curva del Capitán, rumbo a Pie de la Cuesta.
Hermetismo del Ejército
En la Novena Región Militar se mantuvo el hermetismo sobre el caso, aunque según algunas fuentes las investigaciones estan a cargo de la SIEDO.
Por su parte, el general Salvador Cienfugos Cepeda respondio que no sabía “nada” de la operación, en la que –según vecinos de La Mimosa– 50 soldados del 56 Batallón de Infantería confiscaron una lancha con droga o combustible; incluso hubo otras versiones sobre una residencia cateada.
Cuando se le preguntó sobre el tema de la seguridad en el estado, el general cortó la entrevista y sólo comentó que “ahí anda el encargado de seguridad estatal, yo soy Ejército, no policía”, en referencia al gobernador.
Cienfuegos Cepeda también fue entrevistado durante la ceremonia de jura de bandera del Servicio Militar Nacional. El jefe castrense informó que esa institución mantendrá sus operaciones de combate contra el narcotráfico, “como siempre lo hemos hecho, destruyendo siembras de drogas, interceptando la droga que se traslade por el estado y las armas; esa es nuestra función desde hace muchos años, ahorita, y lo vamos a seguir haciendo seguramente”.
Aseguró que son buenos los resultados del combate contra el narcotráfico, de acuerdo con la primera evaluación del programa México Seguro, el lunes: “Lo leí en el periódico también, ahí estaban los informes que dimos diversas autoridades. Me parece que es algo que hay que resaltar”.
Al preguntarle cómo califica el informe, en el que se dijo que México Seguro ha decomisado una arma, dos mil kilos de droga y 53 detenidos, dijo que “muy bien, lo que pasa es que es mucha información y a lo mejor no se digiere fácilmente, pero si analizan pueden sacar conclusiones”.
Por útlimo, una de las fuentes consultadas explicó que en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) se desconocía del cateo, y si hubo detenidos o se decomisó droga.

No han pedido apoyo a la PGR en Guerrero para investigar a Montiel: delegado

 

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

El delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), José Alberto Rodríguez Calderón, informó que la Subprocuraduría de Investigación contra la Delincuencia Organizada (Siedo) no ha pedido su apoyo para investigar vínculos del ex coordinador de la Policía Ministerial de Morelos, José Agustín Montiel López, o la infiltración del narcotráfico en la policía, y que por lo tanto desconoce si se indaga en Guerrero.

Entrevistado ayer, después del acto donde alumnos de primaria integraron el Gabinete infantil de seguridad pública, Rodríguez Calderón dijo que “este asunto se investiga directamente por la Siedo, y la delegación no hace un trabajo directo”.

Señaló que el trabajo en esa dependencia siempre es confidencial para no prevenir a los delincuentes.

“Se que la Siedo efectúa investigaciones derivadas de la detención del director de la Policía Ministerial de Morelos, Agustín Montiel López, pero desconozco si también en Guerrero.

El delegado de la PGR informó, asimismo, que la infiltración del narco en las corporaciones policiacas es una investigación que corre a cargo de la Siedo, y que tampoco sabe si hay se aplica en la entidad, pues no se ha pedido la colaboración de la delegación de la PGR, “todas las líneas de investigación están a cargo de la Subprocuraduría”, insistió el funcionario federal.

Desconoce el delegado de la PGR si la SIEDO investiga aquí a El Azul

 

 Jorge Nava

El delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), José Alberto Rodríguez Calderón, afirmó el viernes que la delegación Guerrero “no investiga a ningún jefe policiaco del estado” que pudiera tener nexos con el narcotraficante Juan José Esparragoza, El Azul.

En visita a Acapulco donde acudió como invitado al cambio de mando en la Octava Zona Naval, el funcionario argumentó que es la Subprocuraduría de Investigaciones Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), corporación integrante de la PGR, que maneja investigaciones en lo particular.

Señaló que las indagaciones de la SIEDO, son independientes de los asuntos que trabajan directamente la Delegación PGR en el estado.

Si se investiga al ex director de la Policía Judicial del Estado (PJE), Jaime Figueroa Velázquez –señalado por el ex judicial, Gabriel Cortés Ramírez, de que junto con otros ex comandantes y jefes de la Judicial, están vinculados con el narcotraficante Juan José Esparragoza, El Azul–, insistió que la Delegación PGR Guerrero, no investiga a ningún jefe policiaco.

El funcionario manifestó que también son otras áreas de la PGR quienes investigan la red de corrupción y narcotráfico de Morelos que también pudo mantener nexos con funcionarios de la entidad, y que en el caso del estado vecino, tenía el mando, el detenido ex coordinador de la Policía Ministerial del estado, José Agustín Montiel López.

Seguridad Pública no tiene información de nexos de policías de Guerrero con Montiel, dice Lima Gómez

El titular de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno del estado, Arturo Lima Gómez, afirmó que están en la mejor “disposición” de colaborar y brindar la apertura a las investigaciones necesarias que pudiese solicitar la PGR en ese sentido.

Señaló que el motivo es porque no están en el ánimo de “vedar o impedir las pesquisas que a derecho corresponda”.

Afirma, que sobre todo, “estamos en la mejor disposición de colaborar y dar la apertura necesaria a las investigaciones que tenga que practicar las autoridades del ramo que corresponda, para que se deslinde responsabilidades”.

Según Arturo Lima, no cuentan con ninguna información sobre funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado mantienen o mantuvieron alguna relación con el ex coordinador de la Policía Ministerial del estado de Morelos, José Agustín Montiel.

Sugirió que lo viable es que las investigaciones que efectúan los órganos ministeriales de la federación se practiquen con todo el rigor del derecho que corresponda, y se proceda.

Negó que cuenten con indicios de la ubicación de las personas identificadas –en este caso del también ex director de la Judicial, Edilberto Solís Ramírez, así como los ex comandantes Víctor Castro Valente y Federico Peredo Jiménez–.

Argumentó que está seguro de que actualmente en la Policía Judicial del Estado no hay policías involucrados con el narcotráfico, pues expuso que con su “gran cruzada de capacitación y profesionalzación policiaca”, un curriculum académico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no les demuestra esas circunstancias.

Piden a la SIEDO investigar a dos ex jefes judiciales implicados en desapariciones

 

   El director de la Policía Ministerial, Ricardo Leonel Coronel, protege a los dos ex directores, quienes son señalados por narcotráfico, secuestro y presuntas desapariciones forzadas durante esta administración de René Juárez, indicó el visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés

 Zacarías Cervantes  Chilpancingo

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) pidió a la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) que investigue a dos ex directores de la Policía Judicial del Estado, quienes podrían estar implicados en desapariciones forzadas, narcotráfico y secuestro.

El visitador general del organismo, Hipólito Lugo Cortés, informó que les han enviado anónimos de agentes judiciales y de ciudadanos, en los que señalan que el actual director de la Policía Ministerial, Ricardo Leonel Coronel, protege a los dos ex directores de la corporación y a varios delincuentes.

Lugo Cortés dijo que los dos ex directores de la Policía Judicial del Estado (hoy Policía Ministerial) son Jaime Figueroa Velásquez y Edilberto Solís Ramírez, quienes son citados en la recomendación 019/2002 que emitió la Comisión de Derechos Humanos por la desaparición de nueve personas, durante este sexenio del gobernador Rene Juárez Cisneros.

Agregó, además, que de las quejas de ciudadanos y de las investigaciones se determinó que podrían estar involucrados también en delitos de narcotráfico y secuestro.

Lugo Cortés informó que, como consecuencia de la recomendación 019/ 2002 que emitió la Comisión de Derechos Humanos, se integraron 15 averiguaciones previas en contra de un igual número de jefes de grupo y agentes de la corporación, mismas que no se han cumplido.

Señaló que la Procuraduría General de Justicia del Estado no investiga a los dos ex directores Figueroa Velásquez y Solís Ramírez, y por ello el organismo de derechos humanos ha pedido la intervención de la SIEDO para que se investigue por delitos de delincuencia organizada a los dos ex jefes policíacos, pues hay la presunción de que no sólo están involucrados en la desaparición forzada de las nueve personas a las que se refiere la recomendación 019/2002, sino que también podrían estar relacionados con delitos contra la salud y secuestro.

“Nosotros pedimos a la SIEDO que se deslinden las competencias; que determine qué delitos son los que debe investigar la dependencia federal y cuáles les corresponde investigar a la PGJE”, dijo el funcionario de derechos humanos.

Lugo Cortés informó que han llegado anónimos al organismo de agentes ministeriales y de ciudadanos que señalan que el actual titular de la Policía Ministerial, Ricardo Leonel Coronel, protege a delincuentes, incluidos los dos ex directores de la PJE.

Detienen a banda de secuestradores que operaba en Guerrero, Hidalgo y el DF

* Hallan osamenta de una de las víctimas, este sábado

 

 * Efectúan operación la PGR en coordinación con la Policía Judicial del Estado * Junto a los restos, un familiar reconoció la ropa del veterinario Arturo Peimbert, raptado en agosto * Asegura el abogado José Sánchez que le niegan información de los detenidos

 Jorge Nava * La Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO), en coordinación con la Policía Judicial del Estado (PJE), detuvieron a 11 integrantes de una banda de secuestradores que cometieron 10 raptos en esta entidad y los cuales operaban en Hidalgo y el Distrito Federal.

Asimismo, médicos forenses y especialistas en la identificación de personas por medio del ADN –su código genético–, se llevaron ayer muestras de la osamenta que encontraron el sábado en una barranca de Paso Texca, y la cual probablemente pertecene al médico veterinario Arturo Peimbert Puente, secuestrado desde el 8 de agosto del año pasado, en su veterinaria que se ubica en Monte Blanco.

La Procuraduría General de la República (PGR) no ha presentado a los detenidos. Notas informativas de diarios locales señalan que entre los detenidos están Gregorio Dorantes Alvarez El Chilaca, originario del estado de México, y Juan Ramos Hernández. Al primero lo señalan como la persona que encabeza la banda que –según esa dependencia– ha cometido diez secuestros en esta entidad.

Mientras que a Ramos Hernández se le señala como la persona que se encargaba de asesinar a los secuestrados.

Otros detenidos son Agustín Lambert Zambrano La Chucha, y Misael Alejandro Silva Ramírez, aprehendidos en el poblado de El Cobán.

Y en esta ciudad, en la avenida Constituyentes, fue aprehendido Manuel Lara, El Manuelito.

Se informó que los detenidos fueron trasladados a la ciudad de México, donde será el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, quien los presentará.

El fiscal especial para delitos graves de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Fernando Monreal Leyva, dijo ayer que sólo tiene conocimiento de que esta presunta banda de secuestradores cometió dos secuestros en Zihuatanajo, dos en Coyuca de Benítez, tres en Acapulco, dos en el Distrito Federal y uno en Hidalgo.

El sábado, un dispositivo de policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), la Policía Judicial del Estado (PJE) y Policía Federal Preventiva –división Caminos– se trasladó al kilómetro 7+250 del libramiento que une a los poblados Paso Texca y Bajos del Ejido, lugar donde los detenidos les indicaron que fue enterrado Peimbert Puente.

A las 4 de la tarde de ese día, en una barranca, personal del Servicio Médico Forense excavó en una fosa donde se encontraba la osamenta de una persona.

Las acciones las encabezaron el agente del Ministerio Público Federal, Carlos Trejo; por la PGJE se encontró Monreal Leyva; el agente determinador del Ministerio Público del Fuero Común de Ciudad Renacimiento, Esteban Maldonado Palacios; el de la colonia Jardín, Pedro Loyo Malabar; y Abelardo Chávez.

Las labores duraron más de cuatro horas porque personal del Servicio Médico Forense (Semefo) tuvo que bajar a un barranco para cavar.

Los restos fueron llevados al Semefo de esta ciudad, donde acudió Javier Capote Orozco, cuñado de Peimbert Puente, quien accedió a declarar a reporteros que la familia se encuentra dolida, a siete meses de no saber de su cuñado.

Capote Orozco reconoció la ropa que se encontró con la osamenta, y dijo que era la que llevaba puesta su cuñado el viernes 8 de agosto, cuando tres hombres con armas de grueso calibre llegaron a la veterinaria de su propiedad, ubicada en calle Monte Blanco, del fraccionamiento Hornos Insurgentes, de donde lo sacaron.

Ese día se informó que los raptores subieron al secuestrado a una camioneta Ford, modelo Pick Up.

Ayer domingo, una fuente informó que peritos en criminalística de la PGR tomaron muestras de sangre de los padres de Peimbert Puente, identificaron fracturas, lesiones conocidas del fallecido mediante radiografías, se localizaron marcas de nacimiento o tatuajes, se comparó su dentadura con radiografías antiguas de su odontólogo, todo eso para poder cruzar la secuencia de su ADN con las muestras aportadas por sus padres, y buscar las coincidencias.

Por otro lado, el abogado José Sánchez informó por vía telefónica que entre los detenidos se encuentran sus clientes Manuel Lara Trejo y Erick Flores Lara, quienes fueron capturados el viernes 19, y que –aseguró– son torturados porque no saben de su paradero.

Indicó que pese a la aprehensión, personal de la Subdelegación de la PGR no les informa del paradero de los detenidos, y por eso les promovió un amparo en el Juzgado Segundo de Distrito.

Explicó que dicho amparo lo promovió Margarita Lara Camacho por ataques a la libertad personal y privación ilegal de la libertad de sus familiares, contra el subdelegado de Procedimientos Penales B de la PGR, los agentes del Ministerio Público encargados de las agencias de trámites I, II, III y IV, y contra el procurador Macedo de la Concha.

Los arrestos se llevaron a cabo a las 9 de la noche del viernes pasado, en el retén de Bajos del Ejido, porque ambos son taxistas en Coyuca de Benítez.

Agregó que el domingo por la madrugada los vehículos donde fueron detenidos sus clientes se encontraban afuera de la Subdelegación de la PGR, y aún con ese antecedente les dijeron que no sabían porqué estaba allí. José Sánchez dijo que eso les indica que los detenidos son torturados.

Exigió que sean presentados a sus familiares los detenidos y que les devuelvan sus unidades, además advirtió que taxistas de Coyuca de Benítez efectuarán una marcha porque saben que sus clientes son inocentes.