Niega Ramírez Guerrero que negocie con el PAN la impunidad de Silvino Mosso

La orden de aprehensión contra el ex alcalde de Zapotitlán ya está en manos del juez, insiste el procurador

Karina Contreras El procurador general de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, negó que haya negociación política con el Partido Acción Nacional (PAN) para dar impunidad al ex alcalde panista de Zapotitlán Tablas, Silvino Mosso Porfirio, acusado de participar en la masacre de cinco campesinos el 12 de mayo de 2003, y recordó que “está en manos del juez” una petición de orden de aprehensión por parte de la dependencia a su cargo.

En referencia a una información de primera plana aparecida aquí en El Sur, dijo que nunca se reunió con los panistas en el Congreso, y “mucho menos con el ex presidente municipal de Zapotitlán”, y que se desvirtúo la junta que sostuvo con el diputado priísta Juan José Castro Justo, con quien –insistió– fue a tomar un café.

El funcionario estatal fue entrevistado antes de la presentación del manual Metodología, método y técnica de los servicios periciales, escrito por el director de Servicios Periciales de la PGJE, Alejandro Escobar Aguilera, y el subprocurador Antonio Nogueda Carvajal, entre otros, acto efectuado en la Universidad Americana de Acapulco (UAA).

Serio y con breves respuestas, Ramírez Guerrero mostró molestia cuando se le pidió que hablara sobre la reunión del 5 de mayo con el diputado priísta Juan José Castro Justo; el dirigente estatal del PAN, Francisco Rodríguez Otero; el coordinador de la bancada panista, Max Tejeda Martínez, y el ex alcalde de Zapotitlán, Silvino Mosso Porfirio, de la cual trascendió que se negoció la impunidad para el panista a cambio del apoyo de la bancada de ese partido al PRI.

–Procurador ¿por qué no se ha detenido al ex presidente municipal de Zapotitlán Tablas, Silvino Mosso? ¿hay un acuerdo político con el PAN?

–Porque no tenemos orden de aprehensión, lo acabo de decir desde el principio.

–Usted sostuvo una reunión en el Congreso ….

–No. Yo no he tenido ninguna reunión.

–Usted sostuvo una reunión en el Congreso con el diputado (Juan José) Castro Justo… (interrumpió a la reportera)

–Ahh, bueno, con él sí me fui a tomar un café…

–También ahí estuvo ex presidente Silvino Mosso.

–Desvirtuaron el hecho de reunirnos. Desvirtuaron de mala fe esa reunión que tuvimos con él.

–¿No se dio la reunión?

–Niego rotundamente que me haya reunido con los panistas, y menos con el ex presidente Silvino Mosso.

¿Hubo mala fe del periódico, señor?

–Mala información, creo yo.

Manifestó que el asunto del panista Silvino Mosso ya está en manos del juez competente, y es el que determinará si da la orden de aprehensión o no. Agregó que si ellos consignan la averiguación quiere decir que consideran que hay elementos suficientes para la orden de aprehensión.

–¿No le parece una irregularidad que el juez no haya liberado la orden?

–El tiene los términos constitucionales que le da la ley para resolver.

Niega Ramírez Guerrero que negocie con el PAN la impunidad de Silvino Mosso

 

 La orden de aprehensión contra el ex alcalde de Zapotitlán ya está en manos del juez, insiste el procurador

 Karina Contreras

El procurador general de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, negó que haya negociación política con el Partido Acción Nacional (PAN) para dar impunidad al ex alcalde panista de Zapotitlán Tablas, Silvino Mosso Porfirio, acusado de participar en la masacre de cinco campesinos el 12 de mayo de 2003, y recordó que “está en manos del juez” una petición de orden de aprehensión por parte de la dependencia a su cargo.

En referencia a una información de primera plana aparecida aquí en El Sur, dijo que nunca se reunió con los panistas en el Congreso, y “mucho menos con el ex presidente municipal de Zapotitlán”, y que se desvirtúo la junta que sostuvo con el diputado priísta Juan José Castro Justo, con quien –insistió– fue a tomar un café.

El funcionario estatal fue entrevistado antes de la presentación del manual Metodología, método y técnica de los servicios periciales, escrito por el director de Servicios Periciales de la PGJE, Alejandro Escobar Aguilera, y el subprocurador Antonio Nogueda Carvajal, entre otros, acto efectuado en la Universidad Americana de Acapulco (UAA).

Serio y con breves respuestas, Ramírez Guerrero mostró molestia cuando se le pidió que hablara sobre la reunión del 5 de mayo con el diputado priísta Juan José Castro Justo; el dirigente estatal del PAN, Francisco Rodríguez Otero; el coordinador de la bancada panista, Max Tejeda Martínez, y el ex alcalde de Zapotitlán, Silvino Mosso Porfirio, de la cual trascendió que se negoció la impunidad para el panista a cambio del apoyo de la bancada de ese partido al PRI.

–Procurador ¿por qué no se ha detenido al ex presidente municipal de Zapotitlán Tablas, Silvino Mosso? ¿hay un acuerdo político con el PAN?

–Porque no tenemos orden de aprehensión, lo acabo de decir desde el principio.

–Usted sostuvo una reunión en el Congreso ….

–No. Yo no he tenido ninguna reunión.

–Usted sostuvo una reunión en el Congreso con el diputado (Juan José) Castro Justo… (interrumpió a la reportera)

–Ahh, bueno, con él sí me fui a tomar un café…

–También ahí estuvo ex presidente Silvino Mosso.

–Desvirtuaron el hecho de reunirnos. Desvirtuaron de mala fe esa reunión que tuvimos con él.

–¿No se dio la reunión?

–Niego rotundamente que me haya reunido con los panistas, y menos con el ex presidente Silvino Mosso.

¿Hubo mala fe del periódico, señor?

–Mala información, creo yo.

Manifestó que el asunto del panista Silvino Mosso ya está en manos del juez competente, y es el que determinará si da la orden de aprehensión o no. Agregó que si ellos consignan la averiguación quiere decir que consideran que hay elementos suficientes para la orden de aprehensión.

–¿No le parece una irregularidad que el juez no haya liberado la orden?

–El tiene los términos constitucionales que le da la ley para resolver.

Acusa la LARSEZ al juez de Tlapa de retrasar la orden para detener a Mosso

A un año de la matanza de Escalerilla, ningún detenido

Zacarías Cervantes Chilpancingo A un año de la matanza de cinco indígenas de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), en Escalerilla Lagunas, en Zapotitlán Tablas, el dirigente Juan Pérez Romero denunció que no se han ejecutado las órdenes de aprensión en contra de siete de los responsables.

Asimismo, indicó que el juez penal de Tlapa que lleva el caso no ha expedido la orden de aprehensión en contra del ex presidente municipal Silvino Mosso Porfirio, el síndico Jesús Vázquez Pérez y el regidor Ernesto Melo Candia, quienes son también presuntos responsables de los hechos.

Pérez Romero dijo que no sólo hay una nula intervención de las autoridades en el caso de la masacre de los cinco indígenas de la larsez, el 11 de mayo, tampoco en todos los asesinatos de los últimos meses por los conflictos políticos que existen con miembros de Antorcha Campesina.

El dirigente de la LARSEZ advirtió que el desinterés de las autoridades para aplicar la ley en ese municipio provoca que los ciudadanos hagan justicia por su cuenta.

Vázquez Pérez informó que por la mañana se reunieron con el director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Joaquín Juárez Solano, pero que éste les dijo que “no es responsabilidad de la Procuraduría que no se ejecuten las órdenes de aprehensión, sino del Tribunal Superior de Justicia”.

Ante la respuesta, el dirigente de la LARSEZ señaló que “o nos están tomando el pelo o el funcionario es un irresponsable, porque nosotros sabemos que quienes cumplen las órdenes de aprehensión son los policías judiciales, pero ahora nos salen con que debe ejecutarlas el Tribunal”.

Sobre la reunión del procurador de Justicia del estado, Jesús Ramírez Guerrero, con la dirigencia del PAN –la semana pasada–, en el Congreso local, dijo que “nos da la impresión de que se negocia la impunidad para el ex presidente Silvino Mosso, así como la del síndico y el regidor”, los tres de filiación panista.

En conferencia de prensa, los líderes de esa organización, encabezados por Pérez Romero, demandaron al gobernador René Juárez que intervenga en la aplicación de la ley en ese municipio, porque “hay funcionarios de su gobierno que no cumplen con su responsabilidad, y si no le cumplen mejor que renuncien”.

La violencia en Zapotitlán no comenzó con Silvino Mosso dice el PAN

Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo El delegado estatal del Partido Acción Nacional, Francisco Rodríguez Otero, exigió a la Procuraduría General de Justicia llevar a cabo una investigación seria sobre los crímenes de campesinos en el municipio de Zapotitlán Tablas, “porque la violencia en esa zona no inició en la administración del ex presidente Silvino Mosso Porfirio y tampoco terminó después de presentar su renuncia definitiva al cargo”.

Indicó que el ex alcalde panista de Zapotitlán, no ha sido notificado de manera oficial si tiene una orden de aprehensión, a pesar de que se encuentra localizable, refirió el dirigente panista, por ello recordó que recientemente estuvo en el Congreso del Estado.

Lo anterior durante una conferencia de prensa en la sede estatal de Acción Nacional para anunciar el comienzo del proceso de elección de aspirantes a candidato a gobernador por ese partido, en el cual podrán participar miembros activos, adherentes y simpatizantes.

“Este es el primer paso para la conformación de una alianza”, consideró el secretario de la delegación, Cornelio García Villanueva.

Al respecto, Rodríguez Otero consideró como un buen esfuerzo el llamado que hizo el aspirante a candidato por el PRD, Armando Chavarría para conformar una alianza opositora.

Sin embargo consideró que también debe existir voluntad de Chavarría Barrera para que en lugar de que nosotros nos sumemos a su proyecto, “él se pueda sumar al nuestro”.

Sobre la situación jurídica del ex alcalde de Zapotitlán Tablas, el delegado estatal del PAN, quien estuvo acompañado por la diputada, Porfiria Sandoval y el secretario de la delegación, exigió a la PGJE que investigue a los responsables de los crímenes perpetrados en esa zona desde los años anteriores a la administración del ex edil impugnado.

“Ese es un reclamo del PAN, porque se demostró que la violencia no se terminó con la renuncia de Silvino Mosso”, indicó y rechazó nuevamente que esté negociando inmunidad para el ex alcalde panista a cambio de avalar las propuestas que el PRI cabildea entre los demás representantes de partido para nombrar al fiscal especial para delitos electorales.

Dijo que ese tema es “sólo” responsabilidad de la fracción de su partido y lamentó que el gobernador, René Juárez Cisneros no haya presentado a la terna ante el Congreso con oportunidad, “de lo contrario ya sabríamos quien sería” el fiscal especial para delitos electorales, consideró.

Sobre el escrito que presentó el PAN ante el Consejo Estatal Electoral para que se investigue el origen de los recursos de la precampaña de Héctor Astudillo, Rodríguez Otero aseguró que el senador priísta aceptó su irregularidad y “eso quedó demostrado” con el anuncio de que retirará sus spots en radio y televisión.

La violencia en Zapotitlán no comenzó con Silvino Mosso dice el PAN

 

 Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

El delegado estatal del Partido Acción Nacional, Francisco Rodríguez Otero, exigió a la Procuraduría General de Justicia llevar a cabo una investigación seria sobre los crímenes de campesinos en el municipio de Zapotitlán Tablas, “porque la violencia en esa zona no inició en la administración del ex presidente Silvino Mosso Porfirio y tampoco terminó después de presentar su renuncia definitiva al cargo”.

Indicó que el ex alcalde panista de Zapotitlán, no ha sido notificado de manera oficial si tiene una orden de aprehensión, a pesar de que se encuentra localizable, refirió el dirigente panista, por ello recordó que recientemente estuvo en el Congreso del Estado.

Lo anterior durante una conferencia de prensa en la sede estatal de Acción Nacional para anunciar el comienzo del proceso de elección de aspirantes a candidato a gobernador por ese partido, en el cual podrán participar miembros activos, adherentes y simpatizantes.

“Este es el primer paso para la conformación de una alianza”, consideró el secretario de la delegación, Cornelio García Villanueva.

Al respecto, Rodríguez Otero consideró como un buen esfuerzo el llamado que hizo el aspirante a candidato por el PRD, Armando Chavarría para conformar una alianza opositora.

Sin embargo consideró que también debe existir voluntad de Chavarría Barrera para que en lugar de que nosotros nos sumemos a su proyecto, “él se pueda sumar al nuestro”.

Sobre la situación jurídica del ex alcalde de Zapotitlán Tablas, el delegado estatal del PAN, quien estuvo acompañado por la diputada, Porfiria Sandoval y el secretario de la delegación, exigió a la PGJE que investigue a los responsables de los crímenes perpetrados en esa zona desde los años anteriores a la administración del ex edil impugnado.

“Ese es un reclamo del PAN, porque se demostró que la violencia no se terminó con la renuncia de Silvino Mosso”, indicó y rechazó nuevamente que esté negociando inmunidad para el ex alcalde panista a cambio de avalar las propuestas que el PRI cabildea entre los demás representantes de partido para nombrar al fiscal especial para delitos electorales.

Dijo que ese tema es “sólo” responsabilidad de la fracción de su partido y lamentó que el gobernador, René Juárez Cisneros no haya presentado a la terna ante el Congreso con oportunidad, “de lo contrario ya sabríamos quien sería” el fiscal especial para delitos electorales, consideró.

Sobre el escrito que presentó el PAN ante el Consejo Estatal Electoral para que se investigue el origen de los recursos de la precampaña de Héctor Astudillo, Rodríguez Otero aseguró que el senador priísta aceptó su irregularidad y “eso quedó demostrado” con el anuncio de que retirará sus spots en radio y televisión.

“Irregular”, la reunión del ex alcalde de Zapotitlán y el procurador de Justicia

Opinión de Jiménez Rumbo y Félix Bautista

Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo Diputados de oposición calificaron de “irregular” la reunión del pasado miércoles entre el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero y el alcalde panista con licencia de Zapotitlán, Silvino Mosso Porfirio.

En la reunión también estuvieron el presidente de la Comisión de Gobierno, Juan José Castro Justo; el coordinador del PAN, Max Tejeda Martínez y el delegado estatal del PAN, Francisco Rodríguez Otero en el Congreso del Estado, por lo que los diputados de oposición señalaron que dicho encuentro “es una muestra de que en Guerrero la justicia se aplica con criterio político”.

El coordinador de la fracción del PRD, David Jiménez Rumbo aseveró que “resulta grave” que se haya llevado a cabo una reunión de este tipo, cuando el alcalde panista, quien solicitó licencia para ser investigado por el crimen de cinco miembros de la LARSEZ el año pasado, está sometido a un proceso judicial.

Por su parte, el diputado por Convergencia consideró que en la reunión “posiblemente” hicieron una reflexión sobre la situación jurídica del alcalde indiciado y adelantó que solicitarán información a los diputados, Juan José Castro y Max Tejeda para que expliquen a los integrantes de la Comisión de Gobierno el motivo del encuentro.

Consultado al término de la reunión que sostuvo el diputado David Jiménez con el alcalde de Chilapa, Maclovio Ariza Acevedo, quien enfrenta un proceso de juicio político, el coordinador perredista aseguró que “causa suspicacia” la reunión furtiva realizada el miércoles pasado y dijo que esperaran escuchar la versión de los diputados involucrados para tomar una decisión.

En caso de comprobarse que estuvieron reunidos el procurador de Justicia y el alcalde con licencia de Zapotitlán en las instalaciones del Congreso y ante diputados, “quedará una muestra de que en Guerrero se continúa aplicando la justicia bajo el criterio político y no jurídico”, expresó Matías Bautista al término de la sesión de ayer.

Por otra parte, fuentes del Congreso afirmaron que el coordinador priísta, intensificó esta semana el cabildeo entre los coordinadores de fracción y representantes de partido para que acepten su propuesta para ocupar el cargo de fiscal especial para delitos electorales.

La misma fuente dijo que Castro Justo promueve al actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y ex procurador de justicia, Miguel Barreto Cedeño para ocupar el cargo. Sin embargo, el cabildeo se lleva a cabo al margen de la legalidad ya que el término legal para nombrar al fiscal especial para delitos electorales ya prescribió.

Con base a la nueva ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia, aprobada por el Congreso del Estado, el tercer artículo transitorio señala que el gobernador, René Juárez Cisneros tenía como plazo un mes a partir de la entrada en vigor de la ley, para presentar una terna al Congreso local y que el pleno designara al fiscal especializado en la atención de los delitos electorales.

La nueva ley orgánica de la PGJ entró en vigor el pasado 13 de febrero y el plazo para la presentación de la terna ante el Congreso local concluyó en el mes de marzo.

En la reunión del miércoles trascendió que se negoció el aval de los diputados del PAN a la propuesta del diputado del PRI Juan José Castro Justo, a cambio de inmunidad para el alcalde panista con licencia, Silvino Mosso Porfirio.

A Silvino Mosso lo protege su inocencia, no el PAN, asegura Andrés Castrejón

Adalberto Valle Sánchez Para el dirigente del PAN en Acapulco, Andrés Castrejón Mendoza, no hay nada oscuro en el caso del ex alcalde de Zapotitlán Tablas, Silvino Mosso Porfirio –a quien se protegería desde el Congreso del Estado–, y sentenció que este partido no encubre a delincuentes.

“Lo único que protege a Silvino Mosso es su inocencia. No tiene amparo, ya pidió licencia y renunció a su fuero como presidente municipal. Está a lo que marque la ley”, aseguró.

“Nosotros suponemos que fue víctima de una situación creada por la LARSEZ, organización protegida por grupos al interior del gobierno estatal”, sentenció.

Luego de que el miércoles el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, se reunió con Silvino Mosso, así como con los diputados Juan José Castro Justo, del PRI; Max Tejeda, del PAN, y el dirigente estatal de Acción Nacional, Francisco Rodríguez Otero, para supuestamente negociar que no se detenga al ex alcalde, Andrés Castrejón opinó que Silvino Mosso fue víctima de “una celada de la LARSEZ”, protegida por grupos al interior del gobierno del estado.

“Creo que ocurre lo contrario y no lo quieren proteger. Es un presidente que hacía bien su trabajo y un grupo social protegido creó una situación de conflicto, que derivó en la muerte de unos ciudadanos y le quieren adjudicar la responsabilidad”.

–¿Pero al parecer se está negociando para que no se le detenga?– se le preguntó.

–No podría decirlo. Tendrían que verlo con los diputados panistas en la Cámara, pero el apoyo a Silvino Mosso es contundente de parte del PAN. Sabemos que fue víctima en Escalerilla Laguna. Confiamos en que la ley en el estado se aplique y confiamos en su inocencia.

No hay orden de aprehensión a Mosso, a cuatro días de solicitada, trasciende

La pidió la Procuraduría a un juez de Tlapa

Zacarías Cervantes Chilpancingo A cuatro días de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó al juez penal de Tlapa una orden de aprehensión contra el ex alcalde de Zapotitlán Tablas, Silvino Mosso Porfirio, del síndico Jesús Vázquez Pérez y del regidor Ernesto Melo Candia, por su presunta participación en homicidio múltiple, el juzgado aún no la ha expedido, trascendió ayer en la Procuraduría.

Además de la tardanza en la expedición de la orden de aprehensión, de lo que no se ha dado explicación, también sin justificación el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, se reunió este miércoles en una oficina del Congreso del Estado con el alcalde Mosso Porfirio, con los coordinadores de los diputados del PRI y del PAN, Juan José Castro Justo y Max Tejeda Martínez, así como el presidente estatal del PAN, Francisco Rodríguez Otero. Este encuentro dio lugar a sospechas de una probable búsqueda de impunidad para el ex alcalde.

La solicitud al juez penal que lleva la causa se hizo el lunes, informó ese día el subprocurador de Averiguaciones Previas, Antonio Nogueda Carvajal.

Sin embargo hasta ayer la orden de aprehensión no se había liberado, por lo que los ex funcionarios municipales aún no podrán ser detenidos por la muerte de cinco indígenas, miembros de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), la noche del 11 de mayo del año pasado.

La orden de aprehensión contra los funcionarios municipales panistas fue solicitada luego de que diputados del Congreso local aprobaron hace dos semanas las solicitudes de renuncia a sus cargos del alcalde, el síndico y el regidor.

La PGJE había pedido el desafuero de los tres funcionarios municipales, luego de que son señalados por su presunta participación en el asesinato de cinco indígenas, en la comunidad de Escalerilla Laguna.

Los cinco indígenas fueron asesinados con machetes, palos, barretas por policías municipales y miembros de Antorcha Campesina que acudieron a rescatar al alcalde Silvino Mosso Porfirio, quien había sido retenido por miembros de la LARSEZ cuando pretendía interceder para liberar a tres antorchistas que fueron detenidos por un comisario que pertenece a la LARSEZ.

A pesar de que la Procuraduría solicitó al juez la orden de aprehensión, trascendió que inmediatamente después de que el Congreso local aprobó las renuncias del alcalde, el síndico y el regidor, éstos fueron amparados por la justicia federal, lo que fue negado el 5 de mayo por el alcalde, quien dijo, incluso que estaba en manos de la Procuraduría de Justicia.

Pero la Procuraduría envió un escrito al juez penal de Tlapa el lunes en donde pide la ampliación de la consignación de la averiguación previa sobre los hechos ocurridos en Escalerilla Laguna, porque considera que los tres ex funcionarios municipales son responsables por el delito de homicidio, lesiones y abuso de autoridad en contra de los cinco indígenas.

En la misma causa penal también aparecen ocho policías municipales y seis militantes de Antorcha Campesina que son señalados como participantes en la muerte de los cinco indígenas. Contra ellos ya existe orden de aprehensión, pero a casi un año de los hechos de violencia, la Policía Judicial (Ministerial) no ha ejecutado las detenciones.

No hay orden de aprehensión a Mosso, a cuatro días de solicitada, trasciende

 

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

A cuatro días de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó al juez penal de Tlapa una orden de aprehensión contra el ex alcalde de Zapotitlán Tablas, Silvino Mosso Porfirio, del síndico Jesús Vázquez Pérez y del regidor Ernesto Melo Candia, por su presunta participación en homicidio múltiple, el juzgado aún no la ha expedido, trascendió ayer en la Procuraduría.

Además de la tardanza en la expedición de la orden de aprehensión, de lo que no se ha dado explicación, también sin justificación el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, se reunió este miércoles en una oficina del Congreso del Estado con el alcalde Mosso Porfirio, con los coordinadores de los diputados del PRI y del PAN, Juan José Castro Justo y Max Tejeda Martínez, así como el presidente estatal del PAN, Francisco Rodríguez Otero. Este encuentro dio lugar a sospechas de una probable búsqueda de impunidad para el ex alcalde.

La solicitud al juez penal que lleva la causa se hizo el lunes, informó ese día el subprocurador de Averiguaciones Previas, Antonio Nogueda Carvajal.

Sin embargo hasta ayer la orden de aprehensión no se había liberado, por lo que los ex funcionarios municipales aún no podrán ser detenidos por la muerte de cinco indígenas, miembros de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), la noche del 11 de mayo del año pasado.

La orden de aprehensión contra los funcionarios municipales panistas fue solicitada luego de que diputados del Congreso local aprobaron hace dos semanas las solicitudes de renuncia a sus cargos del alcalde, el síndico y el regidor.

La PGJE había pedido el desafuero de los tres funcionarios municipales, luego de que son señalados por su presunta participación en el asesinato de cinco indígenas, en la comunidad de Escalerilla Laguna.

Los cinco indígenas fueron asesinados con machetes, palos, barretas por policías municipales y miembros de Antorcha Campesina que acudieron a rescatar al alcalde Silvino Mosso Porfirio, quien había sido retenido por miembros de la LARSEZ cuando pretendía interceder para liberar a tres antorchistas que fueron detenidos por un comisario que pertenece a la LARSEZ.

A pesar de que la Procuraduría solicitó al juez la orden de aprehensión, trascendió que inmediatamente después de que el Congreso local aprobó las renuncias del alcalde, el síndico y el regidor, éstos fueron amparados por la justicia federal, lo que fue negado el 5 de mayo por el alcalde, quien dijo, incluso que estaba en manos de la Procuraduría de Justicia.

Pero la Procuraduría envió un escrito al juez penal de Tlapa el lunes en donde pide la ampliación de la consignación de la averiguación previa sobre los hechos ocurridos en Escalerilla Laguna, porque considera que los tres ex funcionarios municipales son responsables por el delito de homicidio, lesiones y abuso de autoridad en contra de los cinco indígenas.

En la misma causa penal también aparecen ocho policías municipales y seis militantes de Antorcha Campesina que son señalados como participantes en la muerte de los cinco indígenas. Contra ellos ya existe orden de aprehensión, pero a casi un año de los hechos de violencia, la Policía Judicial (Ministerial) no ha ejecutado las detenciones.

“Irregular”, la reunión del ex alcalde de Zapotitlán y el procurador de Justicia

Opinión de Jiménez Rumbo y Félix Bautista

 Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

Diputados de oposición calificaron de “irregular” la reunión del pasado miércoles entre el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero y el alcalde panista con licencia de Zapotitlán, Silvino Mosso Porfirio.

En la reunión también estuvieron el presidente de la Comisión de Gobierno, Juan José Castro Justo; el coordinador del PAN, Max Tejeda Martínez y el delegado estatal del PAN, Francisco Rodríguez Otero en el Congreso del Estado, por lo que los diputados de oposición señalaron que dicho encuentro “es una muestra de que en Guerrero la justicia se aplica con criterio político”.

El coordinador de la fracción del PRD, David Jiménez Rumbo aseveró que “resulta grave” que se haya llevado a cabo una reunión de este tipo, cuando el alcalde panista, quien solicitó licencia para ser investigado por el crimen de cinco miembros de la LARSEZ el año pasado, está sometido a un proceso judicial.

Por su parte, el diputado por Convergencia consideró que en la reunión “posiblemente” hicieron una reflexión sobre la situación jurídica del alcalde indiciado y adelantó que solicitarán información a los diputados, Juan José Castro y Max Tejeda para que expliquen a los integrantes de la Comisión de Gobierno el motivo del encuentro.

Consultado al término de la reunión que sostuvo el diputado David Jiménez con el alcalde de Chilapa, Maclovio Ariza Acevedo, quien enfrenta un proceso de juicio político, el coordinador perredista aseguró que “causa suspicacia” la reunión furtiva realizada el miércoles pasado y dijo que esperaran escuchar la versión de los diputados involucrados para tomar una decisión.

En caso de comprobarse que estuvieron reunidos el procurador de Justicia y el alcalde con licencia de Zapotitlán en las instalaciones del Congreso y ante diputados, “quedará una muestra de que en Guerrero se continúa aplicando la justicia bajo el criterio político y no jurídico”, expresó Matías Bautista al término de la sesión de ayer.

Por otra parte, fuentes del Congreso afirmaron que el coordinador priísta, intensificó esta semana el cabildeo entre los coordinadores de fracción y representantes de partido para que acepten su propuesta para ocupar el cargo de fiscal especial para delitos electorales.

La misma fuente dijo que Castro Justo promueve al actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y ex procurador de justicia, Miguel Barreto Cedeño para ocupar el cargo. Sin embargo, el cabildeo se lleva a cabo al margen de la legalidad ya que el término legal para nombrar al fiscal especial para delitos electorales ya prescribió.

Con base a la nueva ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia, aprobada por el Congreso del Estado, el tercer artículo transitorio señala que el gobernador, René Juárez Cisneros tenía como plazo un mes a partir de la entrada en vigor de la ley, para presentar una terna al Congreso local y que el pleno designara al fiscal especializado en la atención de los delitos electorales.

La nueva ley orgánica de la PGJ entró en vigor el pasado 13 de febrero y el plazo para la presentación de la terna ante el Congreso local concluyó en el mes de marzo.

En la reunión del miércoles trascendió que se negoció el aval de los diputados del PAN a la propuesta del diputado del PRI Juan José Castro Justo, a cambio de inmunidad para el alcalde panista con licencia, Silvino Mosso Porfirio.