La Policía Ministerial trató de intimidarlo en su casa, denuncia Nicolás Chávez

El activista Nicolas Chávez Adame acompañado del dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, Raúl Nájera y el representante de la Dirección Colectiva, José Daniel Nava Cabrera a su ingreso a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Luis Daniel Nava

Chilpancingo

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, denunció intimidación por parte de la Policía Ministerial, de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los agentes le iban a notificar dos carpetas de investigación, por los presuntos daños a una bandera de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) y a la infraestructura de la alameda Francisco Granados Maldonado, por parte del Ayuntamiento de Chilpancingo.
Este jueves por la tarde, el ex asesor de la Secretaría General de Gobierno en la actual administración, se presentó a las instalaciones de la FGE en Chilpancingo para conocer su situación jurídica.
En la entrada informó, en conferencia de prensa, que dos agentes de la Policía Ministerial a bordo de la patrulla 334 se presentaron a su domicilio el miércoles, pero sin dar a conocer el motivo.
El dirigente llegó acompañado de Raúl Najera Najera, coordinador estatal, y José Daniel Nava Cabrera, integrante de la dirección colectiva de la APPG.
“Vengo a presentarme porque ayer se apersonó una patrulla ministerial, con dos agentes, y tocaron mi domicilio fuertemente, mientras otro agente de la ministerial tomaba fotos”.
Dijo que los policías preguntaron a su suegra si Nicolas Chávez se encontraba.
“Nosotros decimos que no debemos nada, estamos haciendo pleno uso de nuestros derechos constitucionales”.
Responsabilizó a los tres órdenes de gobierno de su integridad y la de luchadores sociales, en este momento que la entidad vive una crisis de seguridad complicada.
“Hacemos un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado y al senador Félix Salgado, de que la integridad de todos los luchadores sociales se está poniendo en riesgo”.
Mencionó el caso de Soledad Hernández Mena, hija del extinto luchador social Arturo Hernández Cardona, a quien el gobierno federal le retiró las medidas cautelares.
“En Guerrero, el tema de seguridad es muy delicado, nosotros somos fácil de localizar, hacemos una vida social y política en Chilpancingo, Guerrero, y fuera del estado”.
“Regresamos y decimos que aquí estamos. Vamos a preguntar el requerimiento de qué se trata. Los agentes llevaban un documento y vamos a asumir la responsabilidad”.
Hizo también un llamado a las organizaciones sociales, para poner atención a la situación actual de los activistas.
“Responsabilizamos públicamente a los tres órdenes de gobierno. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo al inicio de su gobierno que no iba a perseguir a ningún luchador social. (Pero) hoy vemos que todavía hay esas secuelas”.
Nicolás Chávez salió de la Fiscalía alrededor de las 10 de la noche. Informó que que presenta dos situaciones, la primera relacionada a una protesta en 2021, contra la presidenta de la Codehum, Cecilia Narciso Gaytán, donde los manifestantes, entre ellos Nicolás Chávez, se llevaron una bandera de la comisión como un acto de protesta.
Otra denuncia que tiene Nicolás Chávez es por la violación a los monumentos históricos, por parte del gobierno de Norma Otilia Hernández.
Está relacionada con las manifestaciones que ha hecho la APPG en defensa del monumento de los luchadores sociales caídos de 1960, en la alameda central de Chilpancingo, y los supuestos daños a las fuentes danzarinas.
El activista tiene que presentarse a una audiencia de la que no le han dado fecha.
Dijo que estas denuncias son cosas raras, de intimidación, que se dan a 29 días de la entrega de la presea Sentimientos del Pueblo que entrega la APPG.