El oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alan García Campos señaló que Guerrero representa “dos momentos lacerantes” de la desaparición forzada de personas: la guerra sucia y la actualidad, durante su participación en la Tercera Jornada del Estudiante Detenido Desaparecido en la Facultad de Filosofía y Letras.
Precisó que las diferencias de hace cuatro décadas con la fecha actual es que hace 40 años dos instancias federales ejercían la desaparición forzada como método de represión política, particularmente contra las disidencias de izquierda. Ahora se está perpetrando por una multiplicad de actores del Estado, incluso agentes de Tránsito y de Inmigración que han entregado a gente detenida a grupos de la delincuencia.
El funcionario participó como ponente en el segundo y último día de la jornada conmemorativa del Día del Estudiante que organiza el Colectivo Revueltas desde 2014, y coincidió con la denuncia de estudiantes de la escuela de Artes del asesinato de su compañero Raymundo Darwin Barrientos, ocurrido el día anterior.
García Campos expresó su conmoción por el homicidio dado que en su anterior visita a Guerrero, en el foro Las voces de la víctimas de un Estado fallido, hace dos semanas, conoció el asesinato de otro alumno de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jahaziel Gálvez.
En la conferencia señaló que “desgraciadamente” Guerrero expresa la síntesis de dos momentos lacerantes por la desaparición forzada, “una práctica que se cometió desde los años 70 (la década de 1970), que no ha sido atendida por el Estado y que ha permitido el resurgimiento de la misma con niveles particularmente consternadores”.
En el contexto de la guerra sucia se puede hablar de la desaparición forzada como método de represión política contra disidencias de izquierda que optaron por la lucha armada o por el ejercicio de las libertades democráticas, y como brazo ejecutor a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Dirección General de Seguridad, explicó.
Consideró que entonces la descentralización política bastó para que el método de control y temor “cesara en su intensidad”, pero fue insuficiente para que los actores responsables rindieran cuentas, se revelara la verdad de lo ocurrido y se hiciera la reparación del daño.
Ahora ya no son hechos exclusivos de la Sedena o de Gobernación, sino de una multiplicidad de actores estatales omisivos, en un contexto de mayor complejidad que en los años 70.
“Las autoridades que perpetran de manera directa la conducta o la cometen de manera indirecta por consentimiento o aquiescencia, hacen posible que actores privados sean los que cometan actos de aprehensión de las víctimas. Esta dualidad de autoridades indolentes que han dejado de atender la función primaria de ofrecer seguridad, se ha convertido en factor de permisibilidad para que actores privados realicen actos de desaparición”.
Añadió que se estima que 30 por ciento de las desapariciones que ocurren en el país son niños y niñas, detenidos con distintos modos de operación. Como ejemplo señaló que hay registros de que agentes de Tránsito que entregan a personas a bandas de la delincuencia, y que agentes migratorios aprenden a migrantes centroamericanos a los que no se les vuelve ver, y que se presume son blancos de las redes de trata de personas.

Se necesitan respuestas estructurales ante la inoperancia del sistema de justicia

El oficial del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Alan García confirmó que Guerrero fue epicentro de la desaparición forzada y que el problema permanece y se extendió a otras entidades de la República, como un “brote endémico”.
Opinó que México precisa respuestas estructurales para resolver la inoperancia del sistema de justicia, para identificar a las personas que han sido desaparecidas y decir cuál fue su destino o paradero.
“En el caso de que hayan sido ultimadas que se verifique con mecanismos científicos la identidad, y que los restos sean de manera dignificada entregados a familiares, que se mantenga viva la memoria y se honre el legado de estas víctimas”.
Sin embargo, en el país las búsquedas “son fundamentalmente de escritorio” y en los servicios forenses “la ciencia está ausente”, denunció.
Advirtió que el Estado mexicano está jugando su reputación en la elaboración de una estrategia de cambios institucionales y normativos, “que aún no están a la altura del gran desafío”.
Destacó la contribución actores fundamentales en este proceso: las víctimas que reivindican sus demandas con protestas, organizaciones de la sociedad civil que promueven y entienden los derechos humanos, organismos internaciones que ya iniciaron un ciclo intenso de escrutinio y que han dado al Estado un catálogo amplio de recomendaciones para remontar el momento crítico que enfrenta, y la academia que está colocando sus saberes y conocimiento al servicio de la causa. En este último bloque colocó también a la población estudiantil.

Respaldo a los presos de la CRAC y a la universitaria Lucy Baltazar

A la actividad en Ciudad Universitaria acudieron también la esposa e hija del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González, preso en el penal de Chilpancingo, para dar su testimonio de la lucha de los familiares desde la aprehensión del luchador social ocurrida el 6 de noviembre de 2013.
La señora Ausencia Honorato Vázquez dijo que antes de la detención de su esposo ella no conocía nada de la lucha social, pero a él siempre le gustó apoyar a los campesinos y a los maestros, gestionar apoyos al campo y servicios en su barrio El Fortín, en Tixtla.
Recordó que como promotor de la CRAC acudió a los pueblos a organizar a la gente, que se interesó en formar policías comunitarias porque cuando llamaban a las policías municipal o estatal por problemas en los pueblos nunca llegaban, no obstante fue detenido en una excesiva operación de la Policía Estatal en Tixtla.
Añadió que durante tres días no supo en dónde se encontraba recluido, hasta que recibió una llamada del penal federal de Miahuatlán, Oaxaca.
“Desde que lo conozco a él le ha gustado la lucha y eso no le gusta al gobierno”, denunció con sencillez.
La mamá de la estudiante Lucy Baltazar Miranda, la señora Hermininia Miranda pidió apoyo a la comunidad universitaria para conseguir la libertad de su hija, una joven detenida y trasladada a un penal de máxima seguridad a pocos días de concluir la licenciatura de Artes, en 2014, como alumna de excelencia de la UAG.
En un escrito leído por una joven a su lado, señaló el origen humilde de la universitaria, que trabajó desde pequeña para sostenerse y apoyar a sus hermanos menores, descargando fruta, elaborando alimentos, vendiendo discos y en últimas fechas, tomando fotografías.
Está detenida en el penal federal de Coatlán del Río en el Estado de México, y se sabe muy poco de su detención porque la familia no tiene información del caso.
Informó que buscaron apoyo en las instituciones estatales pero un caso de humanidad fue complemente politizado, y Lucy continúa escribiendo cartas, pintando cuadros, escribiendo poesía, “sigue dándole al arte como un método de resistencia, seguimos organizándonos para que lo que le ha pasado a ella no quede en olvidó”.
Uno de los organizadores de la Jornada del Estudiante Detenido Desaparecido recriminó que ayer habría verbenas en Ciudad Universitaria para celebrar con música y alcohol el día del estudiante, auspiciadas por los directivos y el rector Javier Saldaña Almazán, quien no se pronunció por la joven detenida ni por los estudiantes asesinados en días recientes. No obstante llevó a la prensa la denuncia del ataque a su camioneta.