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Me canso ganso

En su discurso en la plaza pública el sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy enfático sobre dónde se construirá el nuevo aeropuerto. No hubo cambio de señal. En Santa Lucía, como determinó tras una consulta ciudadana, se construirían dos pistas, y Texcoco, donde originalmente estaría, será un cementerio de cemento y fierro. El domingo, en el primer Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, bajo una nueva administración, se acordó mantener las obras mientras se hace una nueva reevaluación. Lo que hará el nuevo gobierno es ganar tiempo y maniobrar para salirse con su cometido sin afectación financiera.
La clave se encuentra en la segunda página del borrador de la minuta que trascendió el domingo por la mañana –la definitiva tiene matices–, donde señala que este mismo lunes emitirá en Nueva York una oferta de compra por mil 800 millones de dólares. Es decir, no significa que el aeropuerto en Texcoco será terminado, sino que seguirán la obra hasta que logren eliminar la contingencia de una demanda colectiva –denominada Class Action– de los tenedores de bonos que fueron ofertados y adquiridos a través de la Bolsa de Valores en Nueva York.
Se desconoce cuántos y cuáles fondos extranjeros estarían involucrados en la demanda colectiva. Algunos de estos fondos han hecho pública su participación en el aeropuerto de Texcoco. Por ejemplo Paul Hastings LLP, un despacho de abogados global, anunció en 2016 y 2017 dos ofertas por un total de 6 millones de dólares para financiar la construcción del aeropuerto en Texcoco, en representación de Citigroup Global Markets, HSBC Securities y J.P Morgan Securities, cuya cancelación podría acelerar el pago del bono y el interés. Varios manejadores de fondos viajaron a la Ciudad de México tras la cancelación de la obra en Texcoco para saber cómo resolvería el nuevo gobierno las pérdidas por incumplimiento del contrato, pero no hubo quién atendiera sus preocupaciones.
Tras las frustradas gestiones se empezó a preparar una demanda colectiva que se presentaría tan pronto como oficialmente el gobierno del presidente López Obrador cancelara la obra en Texcoco. La decisión de continuar las obras fue un primer paso para evitar una acción legal. Ir a comprar los bonos en poder de los fondos, es una acción estratégica. De otra forma, lo que podría enfrentar el nuevo gobierno es una situación similar a la que vivió Argentina cuando en 2011 incumplió pagos por 132 mil millones de dólares en empréstitos, en medio de una crisis económica que provocó disturbios y violencia en las calles que produjeron la muerte de 39 personas. El gobierno argentino reestructuró la deuda y el 93% de los tenedores de bonos aceptaron los términos de la negociación.
Ese 7% de los tenedores de los bonos demandaron al gobierno argentino en un largo litigio en la corte en Nueva York donde en octubre de 2012 el juez determinó que Argentina debía pagar el 100% de la deuda. El gobierno de Cristina Fernández apeló, no pagó y se fue dos años más a litigio, que finalmente perdió en un caso que se llamó “los fondos buitre”, luego que en el proceso llegaron a embargarle activos en el extranjero. Los tenedores de bonos recibieron casi cinco mil millones de dólares, y en cuando menos un caso, se estima que su retorno fue de mil 500 por ciento sobre la inversión original, profundizando la crisis económica con la que recibió el gobierno Mauricio Macri. Este precedente es el contexto de la decisión adoptada por el gobierno de López Obrador y evitar un juicio colectivo en Nueva York, donde residiría ese litigio porque el sistema de la Bolsa de Valores le otorga esa competencia.
La decisión, por esta razón, es estratégica. La nueva administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, bajo la dirección de Gerardo Ferrando, mantendrá activa la obra y los contratos mientras que el gobierno va recomprando bonos en poder de los fondos internacionales. Mil 800 millones de dólares no serán suficientes, por lo que se esperarían mayores ofertas de compra. El problema es que por más lento que avance la obra, seguirán concluyéndose etapas y los costos de la cancelación se incrementarán. Esto, sin embargo, no parece importarle al presidente López Obrador, cuando menos por ahora.
La apuesta tendrá que ser por la Fibra E y las afores, para seguir financiando las obras del aeropuerto “Benito Juárez” y la construcción en Santa Lucía, que en el borrador del presupuesto para 2019 no tiene asignado recursos. Las afores Pensionissste, Inbursa y XXI Banorte participaron en la emisión de la Fibra E con una inversión de 30 mil millones de pesos, que también congregó a fondos institucionales y privados, bancos y aseguradoras. No será algo sencillo de lograr, por la pérdida de valor que tendrán que absorber al cambiar la escala del proyecto, pero al ser empresas mexicanas que tienen un alto número de contratos con el gobierno, garantiza que no habrá demandas ni litigios.
El aplazamiento de la cancelación de la obra en Texcoco y la oferta de compra de bonos, tampoco es un camino sencillo y tiene que explicarse bien en México. La percepción de que el presidente López Obrador reculó es amplia. La comunicación tiene que ser precisa, sin márgenes a la confusión, y dirigida a dos mercados simultáneos: el doméstico, particularmente quienes se opusieron a Texcoco, que ratifique que la cancelación es definitiva; y a los mercados, que antes de parar la obra, pagarán lo que se invirtió. Las dos conviven y no son excluyentes, no hay que olvidar.

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Cuidaré que los conflictos sociales no se desborden, ofrece Zeferino Torreblanca



Magdalena Cisneros

Luego de los hechos de represión policiaca contra pobladores de San Salvador Atenco, tras los enfrentamientos del miércoles en Texcoco y esa población, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo afirmó que está muy atento de que en Guerrero no se vaya a desbordar ningún conflicto social, sobre todo porque, dijo, el estado “es complicado”.
Llamó a la “cordura” para que las divergencias se resuelvan con el diálogo y los cauces legales porque a nadie le convendría, dijo, que en el país se enfrenten mexicanos contra mexicanos.
En otro tema, Torreblanca consideró que el PRD, luego de consolidarse como la primera fuerza en el estado, necesita un cambio profundo interno para saber el papel que le corresponde en estos momentos, y criticó a quienes se dicen perredistas sólo por haberse inscrito en el partido, pero sin haber luchado contra la adversidad.
No quiso hablar sobre la ratificación del ex priísta César Flores Maldonado como candidato de la coalición Por el Bien de Todos en el distrito 09 porque dijo que está en “veda política” hasta el 2 de julio, “tengo una mordaza, automordaza de no hablar, yo me autocensuro”.
El gobernador ofreció una entrevista a reporteros al término de la ceremonia de abanderamiento a jóvenes que terminaron su Servicio Militar Nacional (SMN) en las instalaciones de la Novena Región Militar, que de manera simultánea se repitió en todo el país y encabezó el presidente Vicente Fox desde la ciudad de México.
Sobre si considera que la alerta roja decretada por el subcomandante Marcos por el conflicto de San Salvador Atenco se pueda presentar en Guerrero por el conflicto que existe por la construcción de La Parota dijo que espera que la cordura y la razón impere y que las manifestaciones se den por los cauces legales.
Pidió que no se polaricen ni se recrudezcan los ánimos en la sociedad, porque al haber seres humanos involucrados “siempre habrá efectos que nadie desea lamentar”.
Dijo que espera que los conflictos sociales no se intensifiquen por el final de sexenio de Vicente Fox y consideró que el llamado de las autoridades y de actores políticos debe ser para votar.
A pregunta expresa, Torreblanca dijo que no se puede prever si en Guerrero habrá problemas sociales “porque el estado es complicado, tiene enormes dificultades y hay puntos de vista a veces discordantes, pero espero que exista tranquilidad y paz”.
Afirmó que junto al gobierno federal atiende los conflictos por la disputa de la tierra que existen en el estado, los cuales pueden desencadenar problemas sociales, como el conflicto agrario entre Tlacoapa y Ocoapa, el cual consideró como de los más álgidos.
En el conflicto de La Parota, el gobernador dijo que seguirá buscando el diálogo e incluso dijo que tal vez podrían crearse algunas actividades para insistir en las ventajas de la construcción de la presa.
Al preguntarle si en Guerrero algunos grupos pudieran levantarse al llamado del subcomandante Marcos, Torreblanca insistió en su llamado para que se conduzcan por los cauces legales “porque a nadie le conviene en este país estar enfrentado mexicanos contra mexicanos”.
Reconoció que en el cumplimiento de su tarea algunos grupos de seguridad se exceden, sin embargo “la propia ley contempla el uso de la coacción cuando se transgrede el estado de derecho.
Agregó: “A nadie le gusta que haya estas escenas de brutalidad de una y otra parte”.
Dijo que los grupos armados como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y Ejército Revolucionario del Pueblo Independiente (ERPI) “tenían hasta cierta manera, razón de ser”, debido a que con las armas enfrentaban al autoritarismo pero en la actualidad es por la vía de votos como se decide.
El PRD debe cambiar su
mentalidad
Sobre el 17 aniversario de la fundación PRD, el gobernador consideró que ese partido en Guerrero tiene que comenzar un proceso “de cambio profundo hacia el interior”, preparar nuevos cuadros, fortalecer sus principios y sobre todo entender cuál es la “lógica” de ser gobierno.
Acerca de que su gobierno no es perredista sino de transición como dijo el presidente estatal del PRD, Sebastián de la Rosa, afirmó que en su administración tiene el ideario fundamental perredista de “democracia ya, patria para todos, lo que nosotros coincidimos fundamentalmente son las acciones que se refieren a la democracia y a la justicia que no son privativos de nadie, por eso no me siento excluido”.
Torreblanca señaló que el PRD no ha entendido que hoy día son gobierno “tiene que cambiar esa mentalidad, no puede seguir pensando como oposición, como las movilizaciones”.
Román Pinzón no es mi
recomendado
Respecto al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edmundo Román Pinzón, quien el jueves volvió a ser designado magistrado, Torreblanca dijo que no es su recomendado, sino que lo nombró con base a su carrera profesional y eso “nadie me lo puede negar”.
Consideró que sería una falta de absoluta respeto decir que los magistrados son empleados del gobernador cuando no ha tenido el gusto de conocerlos más que por la información que le proporcionaron.
A la ceremonia asistieron el comandante de la Novena Región Militar, Salvador Cienfuegos, los alcaldes de Acapulco, Félix Salgado, el de Coyuca de Benítez, Alberto de los Santos, y el otra vez recién nombrado presidente del TSJ, Edmundo Román Pinzón.

Intercambian experiencias de trabajo la síndica de Texcoco y Marcial Rodríguez

 * Hablan de seguridad, administración y servicios

 

 La síndica de Texcoco, Miriam Sánchez y el síndico de Acapulco, Marcial Rodríguez Saldaña se reunieron ayer por la mañana para el intercambio de experiencias en materia de seguridad pública, administración y servicios públicos.

En un boletín de prensa se informa que la síndica estará dos días conociendo los programas que se han aplicado en la administración del alcalde Alberto López Rosas, sobre todo en la recaudación de Catastro, el desenvolvimiento de las finanzas y la seguridad pública.

Rodríguez Saldaña señaló que este intercambio de experiencias entre ambos municipios durará dos días, que serán de trabajo, reuniones y exposiciones de lo que hacen las dependencias de la Secretaría de Protección y Vialidad, Subsecretaría de Administración, Coordinación de Servicios Públicos Municipales, Dirección de Catastro y Dirección de Vía Pública.

A la reunión asistieron el Subsecretario de Administración y Finanzas, Adrián Alarcón Ríos; el director de Recursos Humanos, Luis Andrés Lara García; el director de Regulación de Comercio y Vía Pública, Francisco Vázquez Rodríguez; el director de Servicios Municipales, Nazario Gutiérrez Martínez y el director de Seguridad Pública Roberto Hernández Romero.