Etiqueta: Tierra Caliente

Presuntos federales asesinan a dos hombres, levantan a 20 y hieren a otro en El Salitre, Arcelia

Hombres armados asesinaron a dos taxistas, levantaron a 20 hombres e hirieron a otro, e incendiaron dos taxis en una boda que se celebraba anoche en la comunidad de El Salitre, municipio de Arcelia, en la región de Tierra Caliente.
Se conoció que los hombres armados que irrumpieron en la fiesta se dijeron policías federales; los testimonios que se conocieron indican que los hombres que fueron levantados son vecinos de la cabecera municipal de Arcelia.
La información que se reveló anoche fue que los hombres asesinados, Lot Bahena y David Burgos eran taxistas, pero no se conoció el nombre del herido.
La información que se conoció fue que en la comunidad se celebraba una boda, cuando unos 60 o 70 hombres armados vestidos con ropa tipo policiaca y equipo táctico rodearon el lugar donde estaba el festejo y se llevaron a 10 o 20 hombre, de acuerdo con versiones de los vecinos.
Los carros incendiados fueron los taxis de las víctimas, y en el lugar quedaron abandonados también una docena de camionetas y motos.
Los vehículos fueron remolcados con grúas y los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo).
La comunidad de El Salitre se ubica a unos 35 minutos de trayecto desde la cabecera municipal; está a un costado del camino de terracería que va a la comunidad de Campo Morado, y es vecino de San Miguel Totalapan.

Hubo 10 homicidios en el primer mes del relanzamiento del Operativo Tierra Caliente

 

En el primer mes del relanzamiento del Operativo Tierra Caliente hubo 10 homicidios en la región, uno más que en noviembre de 2015, pese a que se incrementó el número de agentes federales.
Según las cifras del gobierno federal a partir del 5 de diciembre de 2015 se instalaron en Tierra Caliente 500 policías federales, incluyendo de la Gendarmería, que por primera vez opera en Altamirano.
En la primera semana de la operación fue asesinado un adolescente muy cerca de Altamirano, quien fue secuestrado en calles del centro de la ciudad a plena luz del día, y más tarde apareció asesinado a balazos en la carretera federal Altamirano-Iguala, a 10 kilómetros de la ciudad.
También se reportó que en Zirándaro de los Chávez fueron asesinadas con armas de grueso calibre dos personas, padre e hijo, en una emboscada cerca del poblado de San Rafael.
La violencia continuó después en San Miguel Totolapan, primero en la comunidad de la Tinaja, donde fueron ejecutados tres integrantes de una familia, a quienes sacaron de sus casas para matarlos en calles del centro de la comunidad.
También en la comunidad de El Terrero, de ese mismo municipio, fue asesinado por personas armadas un ex funcionario municipal a quien también sacaron de su casa y le dispararon delante de su familia.
En Ajuchitlán fue asesinado a balazos un ex regidor en la comunidad de Santana del Águila el 24 de diciembre, con un método parecido, pues también lo sacaron de su vivienda y le dispararon en la calle.
Además en el municipio de Arcelia fue asesinado un profesor a quien intentaron asaltar, pero lo dejaron amarrado junto con su esposa en un cuarto y con una una bolsa en la cabeza, y se asfixió.
En el municipio de Tlapehuala hubo una persona asesinada a golpes la noche del 25 de diciembre cuando salió de un bar.
En noviembre la Fiscalía reportó oficialmente nueve homicidios cuando en uno de los casos, en Guayameo, municipio de Zirándaro, la gente reportó al menos cuatro personas muertas en un enfrentamiento pero sus compañeros se llevaron los cuerpos y las autoridades sólo hallaron uno.
El Operativo Tierra Caliente inició el 5 de diciembre de 2014 y desde entonces las fuerzas federales tienen el control de la seguridad de los nueve municipios de Tierra Caliente, pero tras las denuncias de extorsión del alcalde de Pungarabato Ambrosio Soto Duarte, el gobernador Héctor Astudillo Flores y el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia relanzaron la operación, a la que se integraron más policías de la Gendarmería.

Marchan maestros, organizaciones y vecinos con la UPOEG en la clausura de su Congreso en San Marcos

Integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) marcharon en las calles de San Marcos en el último día de actividades de su Congreso Estatal, en el tercer aniversario de su creación.
Una marcha y una misa fueron las últimas actividades del Congreso Estatal de la UPOEG, que inició el lunes, en las que los integrantes de la organización demandaron al gobierno respeto al derecho de los pueblos indígenas a organizar su propio sistema de seguridad y justicia.
En la misa, el sacerdote de Xalpatláhuac, Mario Campo Hernández llamó a la UPOEG a recordar que el centro del proyecto es la población y la familia, para no perder sus objetivos de brindar seguridad y lograr la paz en las comunidades donde operan. “Que no se pierdan las asambleas, si se dejan de hacer corren el riesgo de que el movimiento se tergiverse”, advirtió el padre.
Al cierre del Congreso asistieron el asesor del gobernador Héctor Astudillo Flores, César Flores Maldonado; el presidente municipal priista de San Marcos, Juan Carlos Molina; el ex diputado local perredista, Bertín Cabañas López; y el fundador de la CRAC, y hermano de Bruno, Cirino Plácido Valerio, quien no quiso adelantar ninguna declaración de su presencia en el Congreso de la UPOEG.
Minutos antes de las 12 del mediodía, unos 500 integrantes de la UPOEG, policías ciudadanos que portaron sus escopetas, vecinos del municipio y maestros de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur salieron en marcha de la colonia Campo de Aterrizaje.
En la vanguardia, cinco integrantes de la organización portaron la bandera nacional, seguidos del promotor de la UPOEG, Bruno Placido Valerio; los fundadores y promotores de la organización, Ernesto Gallardo Grande y Crisóforo García Rodríguez; además de delegados de los municipios de la Costa Chica.
Después, venían los policías ciudadanos portando mantas en las que se leía, “Los pueblos originarios, reconocidos, nos unimos a la UPOEG por el reconocimiento por el derecho del reconocimiento humano, defensa de nuestro territorio y de los recursos naturales. Un territorio con seguridad es un pueblo con justicia”.
Atrás, maestros de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, quienes exigieron el reconocimiento de la institución para que jóvenes indígenas y afro-mexicanos puedan seguir sus estudios. Los maestros portaron una manta donde demandaban la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, en septiembre de 2014 en Iguala.
La marcha fue casi a paso veloz y al ritmo de dos bandas de viento; caminó en las principales calles de la ciudad y la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, llegó al Zócalo y regresó al punto de partida, 40 minutos después.
En el trayecto, los vecinos de San Marcos dieron una cooperación a los integrantes de la UPOEG, quienes les acercaban unos botes sellados, con una ranura para depositar su contribución.
Llama el cura de Xalpatlahuac a no olvidar que el centro del proyecto debe ser la familia y la comunidad

En la misa, el presbítero Campo Hernández pidió por los 15 integrantes de la UPOEG asesinados durante los tres años de trabajo de la organización para restablecer la seguridad y la paz en los pueblos de la Costa Chica, Centro, Acapulco, y ahora en la Sierra y en un municipio de la Tierra Caliente.
También pidió por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y sus familias, y para que la sociedad guerrerense encuentre paz y justicia.
En la homilía, el padre llamó a los presentes a mantener un compromiso y asumir una actitud de responsabilidad con el pueblo, y que los integrantes de la organización no olviden que el centro del proyecto debe de ser la familia y la comunidad en las asambleas, un criterio que otras organizaciones sociales deben de retomar, dijo.
Asimismo, instó a la UPOEG a que no pierda sus objetivos y a que no se corrompa por intereses personales, y pidió que logre salir de las crisis internas. “2016 debe de ser un año de esfuerzo, de apertura, de construcción conjunta, y no de un año de trabajo solitario”, recalcó.

Fortalecer el diálogo con el gobierno para plantear el desarrollo en las comunidades, pide Bruno

En la clausura del Congreso, el dirigente Bruno Plácido Valerio dijo que en 2016 buscará el diálogo con el gobierno del estado para plantear el desarrollo en las comunidades e infraestructura y seguridad, además de mantener el diálogo con los presidentes municipales, que se tiene que fortalecer.
En breves declaraciones, el dirigente expresó que el gobierno está en su derecho de investigarlo por las narcomantas que en diciembre lo señalaron de estar relacionado con integrantes de la delincuencia, pero afirmó que, “la UPOEG, entre más avanza, afectamos a más intereses”.
Por su parte, Flores Maldonado dijo que se tiene que seguir trabajando en unidad para sacar adelante al estado. Mientras el presidente municipal, Juan Carlos Molina agradeció la presencia del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano en el municipio.
En declaraciones, el alcalde dijo que serán los integrantes del cabildo quienes decidirán el reconocimiento de la UPOEG como un sistema de seguridad, e indicó que él promueve el respeto de la ley y que bajo sus principios habrá coordinación con la organización.
A nombre de los comisarios de los municipios de la Costa Chica donde opera la UPOEG, el comisario de la comunidad de Colotepec, Ayutla, Honorio Rodríguez reconoció el trabajo del fundador de la organización, Bruno Plácido.
En su mensaje, se dirigió al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores, a quienes dijo que la UPOEG está haciendo el trabajo que el gobierno dejó de hacer de dar seguridad a las comunidades, y solicitó respeto a la organización.

Baja la presencia de gendarmes en Tierra Caliente; los envían a los sitios turísticos

La Gendarmería redujo a la mitad su presencia en Ciudad Altamirano y Coyuca de Catalán, pues varios grupos fueron enviados a zonas turísticas a brindar seguridad a los vacacionistas.
Después del anuncio del relanzamiento del Operativo Tierra Caliente, la Gendarmería se instaló en tres hoteles de Altamirano y Coyuca de Catalán, para cumplirr las labores de seguridad.
Este martes y miércoles se vio a varias patrullas partiendo. En plenas vacaciones, los gendarmes fueron removidos de la región y redujeron hasta la mitad su presencia en Tierra Caliente, donde los hoteles quedaron prácticamente vacíos. La Gendarmería hizo recorridos en la ciudad con menos patrullas.
Fuentes de la dependencia informaron que los gendarmes fueron removidos a sitios turísticos de Guerrero para dar seguridad a los vacacionistas en esta temporada, y que del resto de la seguridad en la región se encargaría la Policía Federal.
Ayer no hubo reunión en el Zócalo por la mañana, como se acostumbraba a diario, de más de 100 gendarmes en 20 patrullas.
La Gendarmería concentró sus actividades del Operativo Tierra Caliente entre Altamirano y Coyuca de Catalán, pero no se le vio en San Miguel Totolapan o Ajuchitlán, donde se recrudeció la violencia, ni en municipios fronterizos con el Estado de México como Cutzamala y Arcelia.

Pide el secretario de Salud auditorías a todas las áreas por el boquete financiero

El titular de la Secretaría de Salud del estado, Carlos de la Peña Pintos declaró ayer en Iguala que está solicitando auditorías a cada una de las áreas de esta dependencia para hacer los deslindes necesarios, y que la Contraloría y la Auditoría del estado y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tomen las medidas necesarias para determinar la responsabilidad del boquete financiero de casi 5 mil millones de pesos.
Señaló que la “contratación desmedida” de personal administrativo que cobra sin trabajar, y de administrativos que cobra como médicos, químicos o enfermaras, es parte del problema financieros que generó el enorme boquete, del que dijo que, “es más grande que el que haya dejado un meteorito”.
En declaraciones a reporteros la tarde de ayer en el salón Sala San Luis, del Centro de esta ciudad, en la primera Reunión Regional de Coordinación de la Secretaría de Salud con presidentes municipales de la zona Norte, a la que asistieron 13 de los 16 munícipes, De la Peña Pintos declaró que por el boquete financiero que recibió en esa dependencia y por la inseguridad, unos 30 centros de Salud en el estado están cerrados.
Informó que se hará un estudio “minucioso” del recurso humano en cuanto al perfil profesional de cada trabajador de Salud, principalmente de los tres mil 500 empleados que están sin techo presupuestal, entre los que dijo que hay trabajadores administrativos que cobran como médicos especialistas, sin precisar cuantos casos han detectado.
Dijo que a mitad de 2016, en coordinación con el gobernador Héctor Astudillo y la secretaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSSA), Beatriz Vélez, se hará la formalización de trabajadores, que incluye a algunos de esos 3 mil 500 sin techo presupuestal, para contratar a más médicos y enfermeras, y que “el área administrativa no esté tan abultada”.
Dijo que al término de ese diagnóstico, se analizará lo que procederá con esos trabajadores, de acuerdo con su condición laboral, sin descartar que sean reasignados a otras áreas, “porque nos hemos encontrado administrativos que no tienen el perfil y ganan como químicos, médicos o enfermeras, sin tener el título correspondientes. Además de que hemos encontrado gente que está como personal contratado, pero que no trabaja (aviadores)”, de los que aún desconocen cuántos son.
Insistió que el boquete financiero de cerca de 5 mil millones de pesos en la Ssa que recibió esta administración afecta directamente a la contratación de médicos y a algunos programas de salud, como vacunación, planificación familiar, de atención a problemas crónico-degenerativos como diabetes, hipertensión e insuficiencia renal y lo que corresponde al programa epidemiológico estatal.
Señaló que las investigaciones “ya están en manos de las autoridades correspondientes”, y precisó que entraron a un proceso de entrega-recepción dentro del que encontraron todas las irregularidades señaladas, “por lo que estamos solicitando que el siguiente paso es hacer auditorías en cada una de las áreas de Salud, en recursos humanos y finanzas, y después hacer los deslindes necesarios para que, a través de la contraloría y la auditoría del estado y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tomen las medidas correspondientes para cada uno de esos aspectos, que se encuentren, y se determine quién es el responsable”.
Declaró que, por el boquete financiero que recibió este gobierno en la Secretaría de Salud y la inseguridad que ha afectado a diferentes regiones de la entidad, 30 centros de salud están cerrados en Tierra Caliente, la Montaña y parte de la sierra, específicamente los hospitales de Tlacotepec y Filo de Caballos.
Dijo que, para 2016 el presupuesto de la Secretaría de Salud se incrementó en 10.7 por ciento “gracias a las gestiones del gobernador”, lo que se destinará a la contratación de más personal y a los programas de Salud. Detalló que el incremento es de cerca de 400 millones de pesos, es decir que la dependencia recibiría unos cuatro mil 500 millones de pesos el próximo año.
Por su parte, el subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Juan Manuel Santamaría Ramírez, que acompañó en la reunión a Carlos de la Peña, reafirmó que el quebranto financiero de la Secretaría de Salud es de unos 5 mil millones de pesos.
Detalló que, entre estos, “existen adeudos de impuestos, pago de miles de trabajadores sin techo financiero, adeudos a proveedores y obras paradas, etcétera”.
“Creo que la Secretaría, como muchas otras áreas de gobierno, tuvo un manejo discrecional en cuanto a los recursos, lo que genera esta discrecionalidad, abuso y corrupción”.

Patrulla la Gendarmería Altamirano y Coyuca en el primer día del nuevo Operativo Tierra Caliente

En el primer día del relanzamiento del Operativo Tierra Caliente, policías de la Gendarmería patrullaron en el centro de Ciudad Altamirano en diferentes horas del día, y por momentos había en las calles grupos de más de 100 efectivos. También estuvieron en Coyuca de Catalán.
Desde las 10 de la mañana de este domingo, comenzaron a verse las patrullas por las calles de Altamirano. No así una noche antes en la Expo Feria, donde presuntamente hubo más de 5 mil personas.
Los gendarmes se dividieron en grupos; uno de ellos se instaló en el hotel El Encanto, en el bulevar Altamirano-Arcelia, y otro grupo se instaló en el hotel Aries, en la calle Benito Juárez, casi esquina con la avenida principal Lázaro Cárdenas. Un tercer grupo se instaló en Coyuca de Catalán, en el hotel Rosy.
Cerca de las 2 de la tarde, unos 30 efectivos pararon en la plaza principal, donde los formaron para darles instrucciones. Ahí los tuvieron durante media hora, mientras que el resto se formó en posición de seguridad alrededor de la plaza. Eran 23 patrullas estacionadas en la plaza y calles cercanas, y permanecieron ahí cerca de una hora.
No hubo filtros de revisión ni se observó que interrogaran a los comerciantes del centro de la ciudad.
En el primer día, el operativo no salió de Altamirano y Coyuca de Catalán, y sólo se concentró en la zona urbana.
Este sábado, se dio el banderazo al relanzamiento del Operativo Tierra Caliente, en una reunión con la presencia del comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, y el gobernador Héctor Astudillo Flores, además de ocho de los nueve alcaldes de la región de Tierra Caliente.
En la reunión, en las instalaciones del ayuntamiento de Pungarabato, en Ciudad Altamirano, se habló del problema de la inseguridad y la violencia en la Tierra Caliente, y se relanzó el “Operativo Tierra Caliente”, que se estableció inicialmente el 4 de diciembre de 2014, después del ataque a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, el 26 y 27 de septiembre, con el que se confirmó que la delincuencia organizada controlaba a la policía municipal de Iguala y otros municipios.
El sábado se informó que la operación Tierra Caliente tendrá ahora 200 policías federales más.
El anuncio se dio diez días después de que la dirigencia nacional del PRD denunció los intentos de extorsión de la delincuencia organizada al alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte.

Cierran unidades médicas ante la inseguridad y la falta de profesionistas en Tierra Caliente

 

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 en Tierra Caliente, Enrique Robles Romero informó que por la inseguridad están cerrados tres centros de salud en la sierra de San Miguel Totolapan y faltan 45 médicos y 60 enfermeras en 95 centros de la región.
El funcionario denunció que hay desabasto de medicamento y se dijo sorprendido porque no había suero antialacrán en la mayoría de las clínicas.
Robles Romero fue consultado al finalizar el encuentro estatal de personal operativo de las jurisdicciones sanitarias en el hotel Emporio de Acapulco, quien confirmó que se tiene contabilizado un faltante de 45 médicos y 60 enfermeras en 95 centros de salud de la región, aunque destacó que no es por la inseguridad, sino por la situación geográfica de algunas clínicas.
Dijo que hace dos años asistían médicos pasantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Nacional Autónoma de México, pero “dejaron de ir a la región, ahorita sólo hay dos pasantes”. Agregó que en 2013, cuando él fue jefe jurisdiccional, eran 25 pasantes médicos.
Afirmó que médicos y enfermeras se niegan a ir por la lejanía y por la inseguridad en la región de Tierra Caliente, problema que “está fuera de nuestro alcance y muchos médicos no quieren ir”.
Las unidades médicas cerradas están en la comunidad de San Rafael en el municipio de San Miguel Totolapan, Loma Bonita del municipio de Cutzamala de Pinzón y San Antonio Texas del municipio de Coyuca de Catalán.
El también ex alcalde priista de Ciudad Altamirano de 1993 a 1996, dijo que la unidad médica de Coyuca está lejos de la cabecera municipal y el personal no ir a la sierra.
Dijo que eran 45 médicos los que asistían, “los pasantes ya no se quieren ir para allá, no quieren ir a Tierra Caliente”. De las 60 enfermeras que hacen falta en la región, dijo que “desde antes de la inseguridad, simpre ha habido carencias de enfermeras por falta de recursos económicos”. Agregó que 45 médicos son los que hacen guardias y doblan turnos.
Dijo que independientemente de la necesidad de personal médico se llevan caravanas a la sierra, “tenemos seis caravanas móviles para llevar programas federales”.
También dijo que en el hospital general de Coyuca de Catalán hay carencia de médicos especialistas, generales y enfermeras, pero se va equipar el nuevo hospital Guillermo Soberón Acevedo. Afirmó que los vecinos no confían que se abra y sea funcional, porque “desde la administración de Ángel Aguirre inició la construcción y todavía no se entrega”.
Agregó que el abasto de medicamento no se explica y desconocía el porcentaje del suministro en los almacenes.
Detalló que en la Jurisdicción 01 no hay suero antialacrán, es un problema álgido, porque en la zona se dan muchos casos de picaduras, reconoció que el problema es en todo el estado, porque hay varias especies de alacranes en esta región. Informó que se compraron de forma urgente “300 sueros para todas las jurisdicciones y 200 para el hospital de Coyuca de Catalán”.
Dijo que el número de casos de chikungunya es bajo, pero hay casos en hospitales privados que no se registran, y agregó que combatiran el mosco transmisor de la enfermedad.
Dijo que en casos de picaduras de alacrán y por la falta de mediamentos, la población acude a farmacias particulares y pagan mil pesos por el suero. En algunas casos “los médicos de Salud mezclan medicamentos que tienen la misma reacción para que la población no gaste”.
Reconoció que hay trabajo rezagado pero ya está en coordinación con el secretario de Salud estatal con quien se reunirá la próxima semana para entregarle un diagnóstico de salud en Tierra Caliente.

Armenta, nuevo delegado de Sedatu; se detuvo la entrega de viviendas por extorsiones, admite

Ayer tomó protesta como nuevo delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el renejuarista José Manuel Armenta Tello, quien sustituye a Alfredo Fernández Peri.
En el acto, en el que la Sedatu estuvo representada por Ramón Sosamontes, el nuevo delegado anunció que no se frenarán los proyectos de construcción de viviendas para los afectados por fenómenos naturales.
Armenta Tello reconoció que en la Tierra Caliente y en la Costa Grande las extorsiones a empresas constructoras detuvieron la entrega de unidades habitacionales, y afirmó que el trabajador de la Sedatu que desapareció en Ajuchitlán se encuentra en su casa desde el jueves pasado.
El cambio se llevó a cabo en las oficinas del Infonavit, en la avenida Costera, donde Armenta Tello puntualizó que cuenta con el respaldo de Rosario Robles y recalcó que la funcionaria ex perredista “ha recorrido (la región) en innumerables ocasiones, ya contadas más de 30”.
Por su parte, el representante de la Sedatu, Ramón Sosamontes expresó que también se tienen que atender problemas territoriales que colman al estado y le pidió resolverlos “con justicia”. Dijo que Armenta Tello llega con un mandato “nada sencillo, la parte urbana tiene que ver mucho para el desarrollo de las ciudades que tenemos en Guerrero, el crecimiento de Chilpancingo tiene que planificarse, con autocrítica, y no puede seguir igual que Acapulco”.
Al finalizar el acto protocolario, el ex secretario privado del ex gobernador René Juárez, consultado por los reporteros destacó que hará un inventario de los problemas existentes, porque ya se tiene un diagnóstico “trabajado previamente con el delegado (Saliente)”, se dará atención inmediata a todos los procesos y, aseguró, no se interrumpirán los proyectos.
En su diagnóstico, dijo que “rezagos con la inseguridad, el haber proporcionado predios a tiempo, el esperar dictámenes por parte del gobierno del estado de factibilidad de construir en ellos, hay pendientes con las manifestaciones de impacto ambiental”.
Sobre las entregas retrasadas de casas para damnificados de la tormenta Manuel, expuso que ayer inició pláticas con la Cámara de la Industria de la Construcción para conocer la postura de los empresarios; justificó en parte los retrasos, “yo he hablado que se han empalmado fenómenos, primero fue Manuel e Ingrid y después los sismos de semana santa, después fue Trudy, y la gente lo que pide es ser atendida”.
Precisó que de Manuel e Ingrid, el gobierno federal absorbió los gastos para la reconstrucción, “el estado no hizo aportación para que se hiciera la reconstrucción. Cosa distinta a lo que pasó a los fenómenos de los sismos y el de Trudy donde esperamos todavía una aportación del gobierno del estado”.
De las casas que todavía no se han entregado, insistió en que están en revisión y que se han entregado fianzas “por vicios ocultos”.
Armenta Tello aceptó que la inseguridad fue un factor para que se detuviera la construcción de las casas en zonas como Tierra Caliente, “en algunos casos sí, tenemos casos puntuales en Tierra Caliente, se supo de algunas situaciones en la Costa Grande, pero definitivamente tenemos oferta de instituciones dedicadas a la justicia y seguridad”. A la pregunta sobre intentos de extorsión a empresas constructoras, respondió que no se ha cuantificado el número de empresas afectadas, aunque reconoció que fue en Tierra Caliente y Costa Grande.
Resaltó que la relación con el gobierno estatal de Héctor Astudillo es “espléndida y articulada”.
Sobre la fecha de entrega de la unidad habitacional de El Mirador, en Chilpancingo, expuso que todavía no hay un día programado y se otorgarán, “cuando haya condiciones para que sean ocupadas”; precisó que no sólo es cuestión de finalizar la construcción de viviendas, sino de garantizar los servicios públicos.
Otro de los factores para la entrega de casas es un dictamen, ya sea del Cenapred o de Protección Civil, y también están a la “espera (de que) en cualquier momento” lo tengan.
Al preguntarle porqué no se hizo el dictamen previo a la cimentación de las casas, dijo que “es algo que se debió haber hecho, es algo que no te puedo garantizar o decir con seguridad, pero se debió haber hecho la factibilidad del uso del predio, y más para garantizar su uso habitacional”.
Dijo que en caso de que no se pueda seguir construyendo en ese predio, “si no son seguras, nosotros no vamos a permitir que sean habitadas, pero eso es un extremo al que no podamos llegar”.
De Azinyaualco, donde se detuvo la construcción de las 93 casas, y de San Vicente, ambas localidades de la Sierra de Chilpancingo en las que hubo damnificados por la tormenta Manuel que llevan dos años esperando a que les entreguen sus casas, Armenta Tello manifestó que todas las reubicaciones están bajo el proceso de evaluación, porque se están revisando los padrones y los predios donde se cimentan las casas, y precisó que esos predios tienen que reunir ciertas características para ser habitables.
De la comunidad de San Vicente, apuntó que tampoco están los censos de los afectados y se buscan alternativas para solucionar la necesidad de vivienda, “ya estaba dotado, pero no estaba dentro del esquema de construcción de la Secretaría, ya se están desarrollando aulas por parte del Inifed”.
Enfatizó que hasta el momento no se ha cancelado ningún proyecto.
Se le preguntó si tenía conocimiento de la investigación sobre los responsables de otorgar permisos de construcción en humedales de la zona Diamante de Acapulco que se inundaron, José Armenta Tello dijo desconocer el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, “Son investigaciones que no lleva la delegación, es un asunto de lo que yo no tengo en mi recepción, pero habré de informarme”.

Inician delincuentes el cobro de cuotas de fin de año a comerciantes de Ciudad Altamirano, dicen

 

Desde el pasado fin de semana, en Ciudad Altamirano la delincuencia organizada comenzó a cobrar la cuota anual de derecho de piso impuesta a los negocios en la Tierra Caliente durante los últimos cuatro años, sin que ninguna autoridad intervenga.
Jóvenes en moto, con una mochila al costado llegan a los negocios del centro de Ciudad Altamirano con un pedazo de papel en el que hay anotado un número telefónico al que les piden llamar para recibir indicaciones de lo que deben pagar, dijeron algunos locatarios vía telefónica.
El trato de los jóvenes que llegan a los negocios es amable. No dan más detalles de lo que piden, solamente que se comuniquen “de favor” al teléfono que les dan.
Los comerciantes de Ciudad Altamirano están acostumbrado a esta práctica. Durante los últimos cuatro años Los Caballeros Templarios impusieron una cuota a cada negocio, que varía de acuerdo al giro comercial, a su ubicación y a su tamaño.
En los últimos cuatro años, la Policía Federal y el Ejército han reportado por lo menos cinco detenciones relacionadas con los cobros de piso anuales. A los detenidos les han encontrado listados de nombres de negocios y cantidades. Los detenidos han sido procesados y más tarde liberados.
Aun así, no han impedido el pago de piso impuesto a los negocios por los delincuentes. En 2014, los comerciantes estimaron en una reunión de seguridad con el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, que el 95 por ciento de los negocios pagan cuota, desde un comercio ambulante hasta las grandes tiendas.
Este lunes se observó a policías federales recorriendo todos los negocios de la avenida principal Lázaro Cárdenas, para levantar un censo y conocer a quiénes les están cobrando, así como las cantidades que piden.
A locales de venta de celulares les piden 50 mil pesos. Algunas farmacias reportaron solicitudes parecidas.
A partir de que reciben el número telefónico al que deben llamar par saber el monto del pago de piso, les dan un plazo para cobrar. El barrido de cobros continúa durante diciembre y enero, y de Altamirano sigue a Coyuca de Catalán, donde hacen lo mismo incluso con negocios cercanos a la base de la Policía Federal.

Piden en Tierra Caliente mayor inclusión en las mesas de trabajo para la reforma del Estado

 

Promotores culturales y creadores de la región de Tierra Caliente se sumarán a la petición de incluir a más representantes de la comunidad cultural guerrerense en las mesas temáticas para la reforma del Estado y sugieren que por lo menos esa región tenga dos representantes.
Lo anterior lo dio a conocer el director de la Compañía Teatral de Tierra Caliente, Josafat Nava Mosso, luego de que el pasado 30 de diciembre recibieron la propuesta detallada que hacen promotores culturales y creadores del estado, y que fue aceptada por los creadores y promotores de Tierra Caliente.
Entrevistado vía telefónica, el promotor cultural detalló que recibieron vía correo electrónico esa propuesta y sugieren que sea el promotor José Espinosa Quiroz y el propio Josafat Nava quienes pudieran representar a Tierra Caliente en las mesas temáticas para la reforma del Estado, que convocó el propio gobierno estatal y para lo cual se nombró el Consejo Consultivo Ciudadano.
“Estamos de acuerdo en ser parte de esa petición que se hace, de que se sumen otros representantes de la comunidad cultural. De entrada estamos de acuerdo en todos los puntos ahí propuestos y estamos a su vez sugiriendo que podamos estar dos personas como representantes de Tierra Caliente”, dijo.
Abundó que de darse esa posibilidad de que se amplíe el número de representantes de la comunidad cultural, “estaremos en la inquietud de ser parte de esas mesas de debate, prepararíamos algunas ponencias, e incluso proponer reformas a algunas leyes, tenemos por ejemplo la Ley de Fomento a la Cultura, que está desde que estuvo Alejandro Cervantes Delgado como gobernador, entonces son leyes que se tienen que adaptar a los tiempos”, aseveró el promotor cultural.
Sobre la propuesta que hacen de él y de José Espinosa Quiroz par representar Tierra Caliente, Nava Mosso señaló que fue por medio de una decisión por mayoría de los representantes de la comunidad cultural de esa región, y citó por ejemplo, que José Espinosa fue nombrado el año pasado como coordinador de las actividades culturales de los festejos de Pungarabato.
Detalló por último que aprueban los puntos contenidos en esa propuesta, “ya que la intención es abrir la posibilidad de que nos incorporemos más representantes de la comunidad cultural a esas mesas de trabajo”, añadió.