Al cumplir un mes refugiados en el auditorio de Chichihualco, los desplazados de comunidades del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco) por la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) exigieron ayer a los gobiernos federal y estatal que los regresen a sus casas, y que repliegue a los civiles armados que siguen en Filo de Caballos, para garantizar su seguridad.
En conferencia de prensa el mediodía de este miércoles, los representantes de los desplazados Crescencio Pacheco González y Alma Delia Barragán declararon que no quieren pasar la Navidad y el Año Nuevo fuera de sus casas y de sus pueblos.
Dijeron que les preocupan los 150 niños menores de 14 años y los 20 adultos mayores porque ha llegado la temporada de frío y duermen en el piso, y sin el abrigo suficiente.
Informaron que el total delos desplazados varia de 400 a 500 porque la mayoría se fue a vivir con sus familiares a otras ciudades, o se han ido de migrantes o jornaleros. Los primeros días del desplazamiento se informó que había de mil 600 a 2 mil desplazados.
Pacheco González denunció que a un mes de que abandonaron sus casas han perdido todo porque los que se dicen policías comunitarios les robaron sus cosechas, sus animales, sus cosas que tenían en sus casas, y en algunos casos se han apoderado también de sus viviendas.
Denunció que los saqueos siguen aún ante la presencia de los soldados y policías estatales que no hacen nada por evitar los robos.
Cuando la conferencia había terminado sorprendió un niño de 10 años, estudiante de quinto grado de la escuela primaria Benito Juárez de Los Morros. Bajó de las gradas abriéndose paso entre los desplazados y se sentó en medio de Pacheco González y Alma Delia, sin más, soltó: “Yo lo que le pido al gobernador es que haga su trabajo, que nos ayude a sacar a la gente mala que está en nuestros pueblos para que nosotros podamos regresar a nuestras casas”.
Entre sollozos siguió: “yo ya no quiero seguir aquí, ya me cansé de seguir aquí. Allá dejé a mis abuelitos y ellos ya no pueden caminar. Quiero regresar a mi casa”.
Insistió, “le pido al gobernador que nos ayude a sacar a la gente de Tlacotepec para que nosotros podamos regresar. Yo quiero estudiar, quiero ir a la escuela”.
Antes, Pacheco González dijo que ya tienen un mes fuera de sus casas y comunidades de donde fueron sacados por quienes se hacen llamar policías comunitarios, y que el gobierno no ha hecho nada, aun cuando recordó que el gobernador Héctor Astudillo ha dicho que los grupos de civiles armados no pueden hacerse responsables de la seguridad pública.
Expresó que todo mundo sabe, “el obispo, el secretario de Gobierno Florencio Salazar, el propio gobernador Astudillo, quién está detrás de los civiles armados que nos desplazaron, pero no actúan para retirarlos”.
Reprochó que las autoridades ni si quiera les han ido a decir cómo está la situación, por qué no pueden retirar a los comunitarios y cuánto tiempo van a permanecer así, fuera de sus casas, y quien se va a hacer cargo de la seguridad en la zona de la sierra.
“Si el gobernador no puede retirarlos, cuando menos que nos venga a dar la cara y nos venga a dar personalmente una explicación”, demandó.
Agregó que a un mes de que se refugiaron aquí ya se encuentran en condiciones “no gratas, se nos está acabando todo el apoyo. El gobierno ha dicho que nos está brindando todo el apoyo pero no es cierto”.
Aseguró que la última remesa de despensas que les llevaron del gobierno estatal fue el 16 de noviembre. Dijo que a partir de entonces se ha encargado el municipio y la gente de la cabecera municipal.
Informó que desde entonces “tampoco se ha venido a parar nadie del gobierno y no sabemos qué pasa ni qué traman”.
Contó que ayer por estar fuera de sus pueblos incumplieron con las costumbres de su fe religiosa que es la veneración a la Virgen de Guadalupe, y que no quieren pasar Navidad y Año Nuevo fuera de sus casas porque son fechas de reconciliación y de unidad familiar.
“Pedimos a los gobiernos federal y del estado que se sensibilicen, que nos regresen a nuestros pueblos o que nos den una explicación y nos digan hasta cuándo vamos a seguir así”.
También denunció que a un mes de que dejaron sus casas siguen los saqueos, y que ya han perdido todo, “hemos perdido completamente todos nuestros bienes, la cosecha, animales, las cosas que teníamos en nuestras casas y algunos hasta estas han perdido porque los comunitarios se las han apropiado para vivir”.
También dijo que han perdido su convivencia y sus tradiciones.
Denunció que no entienden por qué los saqueos de siguen cometiendo ante la presencia de militares y policías estatales.
Acusó a las autoridades de inacción y omisión, pues dijo que “ya pasó un mes para que el gobierno realizara una investigación y se hiciera llegar información de lo que pasó, y actuar contra los responsables pero todavía no hace nada, por eso hoy le exigimos que nos regrese a nuestras casas, ya no queremos seguir aquí”.
Dijo que lo que más desean ahora que se acercan las fiestas de diciembre es “llegar a nuestras casas y restablecer nuestra vida como Dios manda. Toda la gente está sufriendo aquí, tenemos 150 niños y 20 adultos de la tercera edad y son los que más recienten el frío, porque duermen en el piso”.
Alma Delia Barragán quien salió de Los Morros con sus seis hijos y su esposo negó que hayan dejado sus pueblos porque deben algo, como han dicho los comunitarios, añadió que se salieron porque temen por la vida de sus hijos, y reclamó que el gobernador no haga nada a pesar de que ya tenía conocimiento que los llamados comunitarios iban a entrar a Filo de Caballos.
También reprochó lo que dijo el secretario Florencio Salazar en el Congreso Local cuando compareció con motivo del tercer informe de Gobierno, en el sentido de que están pagando las consecuencias por dedicarse a sembrar amapola, “pero la culpa es del gobierno porque nunca apoyan con proyectos ni empleos a la sierra. La sembramos porque no tenemos de donde más, otra fuente de trabajo”.
Le pidió al gobernador Astudillo Flores que ayude ahora a los desplazados, “que no se haga el sordo, y si no nos cree cómo vivimos que suba y le presto mi casa un día para que oiga los balazos, a ver si sigue diciendo que es nuestra culpa habernos salido”.
Alma Delia declaró que sólo Dios sabe por lo que están pasando y que sienten feo que la Navidad y el Año Nuevo no los van a pasar en sus casas, “y nunca había pasado estas fechas fuera de mi pueblo, hoy sé que no es agradable pasar estas fechas fuera de la casa y durmiendo en el piso”.
Aspecto del refugio instalado en el auditorio municipal de Chichihualco, donde llevan más de 20 días familias desplazadas por la violencia de la Sierra, quienes demandan seguridad para poder volver a sus pueblos -Foto: Jessica Torres BarreraRecién nacida que vive en el refugio instalado en el auditorio municipal de Chichihualco, junto a su joven madre, quien 7 días antes de dar a luz huyó de la violencia en su pueblo y por la falta de médicos que la atendieran en el parto, abraza a su pequeña de 15 días de nacida -Foto: Jessica Torres Barrera
Asustada por los disparos que se escucharon la tarde del 11 de noviembre cuando la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) tomó Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), una joven embarazada abandonó su pueblo, Carrizal. Siete días después, el 18 de noviembre su hija nació y es la primera bebé nacida en un refugio para desplazados por la violencia.
Desde entonces la joven madre pasa los días en el auditorio municipal de Chichihualco igual que el resto de las demás desplazadas, sin atención médica, sin pañales para su hija, sin ropa apropiada y duerme en el piso con su bebé en brazos.
Ayer contó que el 18 de noviembre tuvo que trasladarse del auditorio municipal de Chichihualco, en donde está refugiada, a Iguala para tener a su hija en el hospital general de esa ciudad, porque allá vive su abuela y le ofreció alojamiento.
Sin embargo dijo que apenas dio a luz se regresó al refugio con la intención de estar pendiente del momento en que los regresen a sus pueblos, porque ella ya no quiere seguir viviendo fuera de su casa, “allá bien que mal nos sentimos más cómodas que aquí viviendo entre el montón”, dice mientras sentada en un banco amamanta a su hija recién nacida.
La joven madre, no mayor de 20 años, expuso que el 11 de noviembre salió de Carrizal asustada porque escuchó los disparos en Filo de Caballos, al momento que entraron los policías comunitarios, y porque muchas familias de ese pueblo pasaron por allí asustadas rumbo a Chichihualco.
Ella pensó que en cualquier momento podría dar a luz y que como en Carrizal estaba cerrado el centro de salud y a Filo de Caballos ya no podría ir, abandonó su pueblo para irse a refugiar a Chichihualco.
Su madre, que la acompañaba ayer, lamentó la situación en que se encuentran las tres y demandó a las autoridades que hagan algo para que puedan regresar a sus casas.
Dijo que a su nieta solamente le aplicaron las vacunas cuando nació y ya no la ha vuelto a revisar ningún médico, igual que a su hija recién parida, porque no hay médicos que atiendan a los desplazados. “Afortunadamente mi nietecita nació muy sana, no se nos ha enfermado, si no imagínese, cómo le haríamos”, se quejó la abuela mientras alternaba miradas de ternura a su nieta y a su joven hija, en medio del resto de mujeres y niños desplazados de sus pueblos debido a la violencia.
En el auditorio municipal ayer había desplazados que llegaron desde el 11 de noviembre, cuando irrumpieron los comunitarios en Filo de Caballos, también los que han ido llegando en los días posteriores.
Los más recientes fueron los del viernes que llegaron de Los Morros, aunque todavía ayer en la mañana dos hombres adultos se incorporaron al grupo de desplazados luego de que salieron de Filo de Caballos, aprovechando la presencia de policías ministeriales que fueron a ese pueblo, en donde los dos hombres estaban en contra de su voluntad, obligados por los comunitarios.
Entre los desplazados menudearon las críticas ayer. Denunciaron que el gobierno estatal los ha abandonado, no solamente en cuanto a la seguridad que no les garantiza para que regresen a sus pueblos, sino en cuanto a los apoyos para que sobrevivan.
Un hombre adulto dijo que después de más de dos semanas personal del gobierno del estado les llevó la noche del viernes (cuando llegó otro grupo de desplazados) 50 despensas, “¿pero usted creé que esto nos va a alcanzar?, esto nos dura apenas para un día o dos, tomando en cuenta que somos más de 500”, dijo.
También denunció que en los paquetes de despensa van muchas cosas que no comen, como el huevo en polvo, “que se nos hace masa en la boca, y no pasa, y si alguien tiene diabetes con eso se muere”.
Agregó que en los 21 días que llevan han sobrevivido gracias a la solidaridad de la gente de la cabecera municipal o de otros pueblos, “sólo así vamos comiendo a veces, pollo, frijol, arroz, sardina o atún, pero no siempre alcanza para toda la gente y los que se quedan sin comer se enojan”.
Informó que los primeros días hacían colecta entre los mismos desplazados para comprar otro tipo de alimento, pero se han quedado sin dinero y ahora se aguantan con lo que hay. Los hombres adultos han solicitado que el gobierno los apoye incorporándolos al programa de empleo temporal para que tengan algún ingreso, “podemos trabajar en la limpieza de la carretera de aquí a Chilpancingo, para que tengamos algún ingreso y nos distraigamos cuando menos, pero ni en eso quieren apoyarnos”, reprochó uno de ellos.
Otro denunció que los funcionarios están engañando al gobernador, “por eso le hemos pedido por escrito que venga personalmente a platicar con nosotros”, pues dijo que el secretario de gobierno, Florencio Salazar, el subsecretario Martín Maldonado y la delegada de gobierno, Norma Yolanda le han informado que sólo son 70 los desplazados. “Pedimos que venga el gobernador personalmente a ver cuántos somos y cómo vivimos”, exigió.
Policías comunitarios de Heliodoro Castillo quemaron una vivienda en Filo de Caballos, luego de tomar la población ayer domingo para controlar el corredor Tlacotepec-Xochipala . Foto: El Sur
Tras dos horas de tiroteos entró a Filo de Caballos, informa la Policía Comunitaria de Tlacotepec
El vocero Roberto Álvarez dice que policías estatales que patrullaban la localidad fueron atacados con armas de fuego y se originó una balacera, pero no reportó muertos. Los hechos ocurren luego de que comisarios de la zona donde opera su grupo rival se reunieron con el gobernador Astudillo
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Después de un tiroteo que duró más de 2 horas, la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) entró anoche a Filo de Caballos, informaron fuentes de Tlacotepec.
Mientras tanto el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, aseguró que su entrada fue “pacífica” y no hubo muertos o heridos, pero en una fotografía se observa una casa incendiándose.
Alvarez Heredia informó que en el pueblo había presencia de soldados del Ejército y la Policía Estatal para evitar enfrentamientos.
Fuentes de Tlacotepec informaron que antes de la incursión hubo un enfrentamiento de las 5 de la tarde a las 7 de la noche pero tampoco se reportaron víctimas.
Se informó que anoche habría una reunión entre los representantes de los pueblos de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Eduardo Neri (Zumpango) con los de Tlacotepec para llegar a acuerdos y resolver el problema de violencia en la zona.
Ataque a la policía
Antes, civiles armados atacaron a balazos a policías estatales cuando recorrían Filo de Caballos, Chichihualco, informó mediante un boletín el vocero Roberto Álvarez.
Dijo que el ataque a la Policía Estatal ocurrió a la 1:50 de la tarde y que no se reportaron muertos o heridos. Tampoco precisó quien atacó a los policías.
Minutos antes pobladores del lugar denunciaron vía telefónica y en las redes sociales un tiroteo de policías comunitarios de Heliodoro Castillo, entre los que también fueron avistados civiles armados.
Desde la mañana ciudadanos de Filo de Caballos denunciaron que los policías comunitarios de Heliodoro Castillo y otros civiles armados intentaban entrar a los pueblos del corredor de Xochipala a Filo de Caballos, y denunciaron tiroteos cerca de los pueblos de Mirabal y La Laguna, municipio de Eduardo Neri.
Sin embargo, el vocero Álvarez Heredia aseguró que los policías estatales rurales recorrieron esos pueblos y no confirmaron la versión.
Pero a la 1 de la tarde vecinos de Filo de Caballos insistieron en que había nuevos tiroteos, esta vez en el otro extremo, por el lado de Puentecillas rumbo a Tlacotepec, y demandaron el apoyo de la Policía Estatal y del Ejército.
Álvarez Heredia informó que la Policía del Estado que patrullaba la localidad de Filo de Caballos para proteger a la población fue agredida con armas de fuego, e informó que se originó un enfrentamiento, pero no reportó muertos.
Dijo que derivado del reporte e información en redes sociales, soldados del 50 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), policías del estado y rurales acudieron a dar seguridad a la población.
Informó que a la 1:50 de la tarde la policía estatal reportó que al patrullar por la calle principal de Filo de Caballos fue agredida con armas de fuego por un grupo de civiles armados.
“Acto seguido los elementos agredidos repelieron la agresión derivándose un enfrentamiento. Hasta el momento no reportan bajas ni heridos”, aseguró.
Hubo disparos en la zona desde el sábado
Vecinos de Filo de Caballos dijeron que desde el sábado civiles armados dispararon contra algunos hombres que trabajaban en el campo y que ayer como a las 8 de la mañana hubo disparos cerca de las comunidades de Mirabal y La Laguna, por el lado de Xochipala, mientras que después de la 1 de la tarde el tiroteo se escuchó en Puentecillas, cerca de Filo de Caballos, la población más grande de la zona.
Uno de los líderes del pueblo informó que a esa hora había una reunión de representantes de varios pueblos de Leonardo Bravo y Eduardo Neri en la que tomaban acuerdos precisamente para asumir su defensa, en caso de la irrupción de los comunitarios y civiles armados de Heliodoro Castillo.
Los pueblos de Leonardo Bravo y Eduardo Neri también crearon una Policía Comunitaria tras los ataques ocurridos en junio en las comunidades de Corralitos y en Puentecillas, aunque en los últimos meses ya no se les ha visto.
A las 6 de la tarde los pobladores informaron que los agresores se encontraban cerca de Puentecillas.
Acudieron las autodefensas Tecampanera, Movimiento Apaxtlense, de Cocula, de Cuetzala y de Mezcala a “pacificar” la zona
A su vez, la coordinación de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo informó que se trata de una incursión de policías comunitarios de ese municipio apoyados por la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan, del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón, de Apaxtla, la Policía Comunitaria de Cocula, la Policía Comunitaria de Cuetzala del Progreso, la Policía Comunitaria de Mezcala, Eduardo Neri, que quieren tomar el control de Filo de Caballos para garantizar la seguridad debido a que en ese lugar no puede pasar la gente de Tlacotepec que viene a Chilpancingo, o quiere regresar a esa cabecera municipal o a las comunidades.
La fuente aseguró vía telefónica que la intención es asumir el control a fin de “pacificar” la zona.
La violencia regresó a la zona luego de que el 2 de junio la Unión de Comisarios de la Sierra que agrupan a comunidades de Leonardo Bravo y Eduardo Neri se reunieron en Los Morros, municipio de Leonardo Bravo, en donde acordaron ofrecer garantías de seguridad en su zona para el paso de la gente de Tlacotepec.
Asimismo, el lunes pasado se reunieron con el gobernador Héctor Astudillo Flores acompañados por el presidente municipal priista de Leonardo Bravo,
Ismael Cástulo Guzmán, para agradecerle el reforzamiento de la seguridad en la zona con policías estatales y militares.
Se enfrentan policías y un grupo criminal en Coahuayutla: alcalde; va contra él, advierte
Clama Rafael Martínez de Morena ayuda del gobernador mientras consigue quién quiera ser policía municipal. La consigna que trae la célula delincuencial “es liquidarme a mí… estoy en estado de indefensión”, insiste
Redacción
El presidente municipal de Coahuayutla de Morena, Rafael Martínez Ramírez informó que este domingo en la comunidad Las Juntas de Bustos, a 20 minutos de la cabecera municipal, ocurrió un enfrentamiento entre policías estatales y una célula de un grupo de la delincuencia organizada que tiene asolada a la población de ese municipio.
“Agradezco mucho el apoyo del coordinador regional Pedro Castro, una persona comprometida e institucional, pero sí me gustaría que el gobernador me autorice el apoyo permanente de la Policía Estatal porque en cuanto ellos se salen llega el grupo armado a hacer de las suyas y yo no he podido ir al Ayuntamiento hasta la fecha. No se está trabajando, se trabaja unos dos, tres días y la gente se sale porque todos estamos amenazados, no sólo los trabajadores, sino todos los habitantes del municipio estamos en esa incertidumbre de no saber qué va a pasar y no podemos seguir así, esto no es vida ya”, apuntó.
Dijo que no se reportaron bajas entre los uniformados ni los civiles, pero hubo decomiso de vehículos.
Martínez Ramírez, quien desde antes de tomar posesión como alcalde de Coahuayutla denunció la presencia en ese municipio de un grupo delincuencial denominado Los Cuernudos, vía telefónica informó que ayer domingo al mediodía ocurrió el enfrentamiento.
Manifestó que “fue una célula de ese grupo” la que se enfrentó a los policías estatales, “y fueron los mismos que el domingo de la semana pasada asesinaron a dos muchachos afines a mi partido político”.
Rafael Martínez dijo que el coordinador regional de la Policía Estatal, Pedro Castro “es el único que ha estado más al pendiente de apoyarnos a hacerle frente a ese grupo y brindarle seguridad a la población que cualquier otra corporación, llámese militares, marinos, él es quien ha estado allá. Del enfrentamiento hubo un policía estatal que recibió un balazo pero afortunadamente llevaba chaleco y no pasó a mayores, incluso se habla de granadazos también, hubo el decomiso de dos camionetas de ese grupo armado”.
“Nuevamente solicitamos el apoyo del gobernador, que intervenga, toda vez que estamos en estado de indefensión ya que no tenemos armamento en el municipio”.
Indicó que la ayuda que necesita del gobernador es que autorice que un grupo de la Policía Estatal esté de manera permanente en ese municipio, mientras él consigue personas que quieran ser policías municipales y se certifiquen para estar en la licencia colectiva 110, porque no hay ningún ciudadano de su municipio que quiera ser policía municipal.
“No encuentro elementos en el municipio, gente que quiera entrarle como policía municipal por el riesgo que conlleva, por las amenazas que ha habido de esta gente”.
Advirtió que la consigna que trae este grupo criminal “es liquidarme a mí, es la idea que traen y digo, estoy en estado de indefensión, ni para mí mismo, no puedo traer armas ni en mi municipio, ya ve lo que pasó en la campaña, me detuvieron porque traía armas de bajo calibre queriendo cuidar mi vida y a raíz de eso me vi en la necesidad de no traer nada”.
Aseguró que ha acudido a todas las corporaciones policiacas estatales y federales, “pero nadie de las autoridades federales me contestaron, que la primera instancia era el municipio para brindar seguridad a los ciudadanos y de ahí seguía el estado y si el estado se veía rebasado hasta entonces podían ellos intervenir, ya fui con el estado también y lo que me dicen es que no hay la capacidad para estar de manera permanente acá, entiendo todo eso, pero acá estamos en estado de indefensión”.
Rafael Martínez aseguró que la situación en materia de seguridad en Coahuayutla no puede compararse con el resto de los municipios de la Costa Grande, “no tenemos ningún policía que esté registrado para estar dentro de la licencia colectiva 110 y esté facultado para portar armas, así que por lo tanto de qué manera me defiendo yo y al municipio”.
“Por eso mi petición al gobernador que autorice la permanencia de la Policía Estatal en mi municipio mientras encuentro gente que quiera ser policía municipal”, insistió.
Firman líderes de la sierra, diputados, dos alcaldes y enviados del gobierno y del electo el Plan Lindavista
Demandan que se legisle “para dar certeza legal” a los movimientos de autodefensa. Incluyen una propuesta de decreto por el que se crea la Zona de Atención Especial para el Desarrollo Sustentable de la Sierra de Guerrero y fue aprobado durante el Primer Encuentro Regional para el Desarrollo Integral de la Sierra, en esa población del Filo Mayor
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Representantes del gobierno federal electo y del gobierno del estado, la diputada federal María del Carmen Cabrera, cuatro diputados del Congreso local, los alcaldes de San Miguel Totolapan y Leonardo Bravo, un representante de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y 37 líderes de la sierra firmaron el sábado en Linda Vista, municipio de San Miguel Totolapan, el Plan Linda Vista por la Unificación, la Pacificación y Regionalización de los Pueblos de Guerrero.
Incluye una propuesta de decreto por el que se crea la Zona de Atención Especial para el Desarrollo Sustentable de la Sierra de Guerrero y fue aprobado y firmado durante el Primer Encuentro Regional para el Desarrollo Integral de la Sierra, en esa población enclavada en lo alto de la sierra del Filo Mayor.
Al encuentro al que asistieron representantes de los tres niveles de gobierno, diputados federales y locales, así como dos alcaldes, dirigentes y actores de 14 municipios de la zona demandaron la remunicipalización, que los congresos local y federal legislen “para darle certeza legal” a los movimientos de autodefensa, que el estado eleve a rango constitucional el cuarto poder representado por los comisarios municipales, elaborar un esquema micro regional para atender los problemas de inseguridad así como resolver los distintos conflictos agrarios.
Según los audios y documentos generados durante el encuentro, los líderes de la región insistieron en la creación de la octava zona económica, la Sierra, una demanda que vienen planteando desde el gobierno de René Juárez Cisneros.
“La sierra ha callado por mucho tiempo, ha sufrido bastante”
Una de las participantes, Isabel Hernández Urióstegui, vecina de Plan Verde municipio de San Miguel Totolapan, reclamó a los asistentes: “La sierra ha callado por mucho tiempo, ha sufrido bastante, ha aguantado un chingo, hemos callado por años”.
Dijo que en la sierra “sabemos de qué nos mantenemos, de qué nuestros padres y madres nos han dado la oportunidad de prepararnos, es gracias a lo que se siembra acá, porque no han habido otras oportunidades, no ha habido de dónde agarrar recursos para sacar a sus hijos adelante”, expresó en referencia a que se dedican a la siembra de amapola.
Sin embargo, añadió que “hoy esto (la amapola) ya no vale y vivimos en una crisis económica que nos pone al borde de la muerte, porque se han presentado enfermos y no ha habido dinero para mandarlos a la ciudad, el problema es que para llegar a Atoyac donde está el hospital son 8 horas, y los enfermos se mueren en el camino porque están tirados”.
Concluyó: “la sierra ya aguantó mucho, es momento de que se le dé un trato digno, un trato diferente”.
A su vez, Eréndira Herrera Carranza, vecina y catedrática del Colegio de Bachilleres de Vallecitos de Zaragoza, reclamó que la gente de la sierra vive en el abandono por culpa de muchos gobiernos, y demandó que para terminar con el rezago haya una remunicipalización, es decir, la creación de nuevos municipios.
Demandó la participación de los ciudadanos porque dijo que de nada va a servir si el gobierno y los diputados hacen su trabajo y los habitantes no hacen nada por sus propias comunidades.
Un representante de Pueblos Unidos por la Paz Social y del movimiento de autodefensa de San Miguel Totolapan, leyó un documento en el que reclaman a los 3 niveles de gobierno atención y acción para el desarrollo de los pueblos de la sierra que han estado marginados desde hace cuatro años.
Dijo que en materia de seguridad fueron abandonados y que tuvieron que surgir como movimiento de autodefensa un 28 de octubre del 2014 para frenar la delincuencia organizada “bajo el marco constitucional de la legítima defensa”.
Agregó que sólo así lograron que los prestadores de servicios, maestros, médicos, sacerdotes y comerciantes se desenvuelvan en la zona en un contexto seguro, a pesar de que, informó, “hay compañeros que han perdido la vida por lograr la pacificación en los pueblos”, mientras que hay pueblos que siguen sufriendo el lastre de la seguridad.
Aseguró que la autodefensa de San Miguel Totolapan no está subordinada ni sirve a los intereses de partidos, narcotraficantes, guerrilla, religiones, gobiernos o caciques.
Tampoco persigue delincuentes, “no denunciamos, no ajusticiamos, sólo actuamos por flagrancia de delitos, como estipula el marco constitucional”.
Las demandas
En su documento propusieron elaborar un esquema micro rregional para atender los problemas de inseguridad, la autorización de 300 elementos para la Policía Rural, así como asignar un presupuesto para apoyar a todas las autodefensas, la dotación de vehículos terrestres, armamento y capacitación, “en el entendido de que ninguna estrategia de seguridad funcionará sin la participación ciudadana”.
También demandaron que el Congreso local y federal legislen para darle certeza legal a los movimientos de autodefensa, además, que eleve a rango constitucional el cuarto poder representado por los comisarios municipales.
Atrajo la atención la intervención del diputado local Servando de Jesús Salgado Guzmán, quien entre sollozos expresó que conoce y ha visto la carencia de los pueblos de la sierra, porque es sierreño, “soy uno de ustedes”, les dijo a los asistentes de los pueblos, e incluso se dijo perseguido por gestionar proyectos para la sierra.
“Me ha tocado ser perseguido por las autoridades por luchar por ustedes, por los transportistas, por mi pueblo Jaleaca de Catalán”.
Contó que 6 veces fue perseguido porque en el 2016 encabezó una manifestación pacífica en Chilpancingo por proyectos productivos, “pero verdaderamente sustentables para la sierra, no proyectos de traspatio, gallinas ponedoras, que no sirven para nada, porque al final de cuentas hay tanta necesidad y carencia en sa Sierra que esas gallinas nos las venimos comiendo en unas semana”. En seguida exigió un “Ya basta”.
Demandó unidad para sacar del atraso a la sierra, “que me entienda quien me quiera entender, necesitamos el desarrollo de nuestra pueblo”, dijo.
El coordinador en Guerrero de la iniciativa para la pacificación y reconciliación nacional del gobierno federal electo, Álvaro Urreta Fernández, expuso los programas para el cambio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que entrará en funciones el 1 de diciembre, y ofreció gestionar la solución de sus peticiones.
Añadió que el presupuesto tiene que aplicarse de manera distinta en la sierra, “sí, hay hartazgo, pero tenemos esperanza y vamos a trabajar con sensibilidad y con humildad”.
También se comprometió a trabajar con los desplazados e informó que se está integrando una lista para ver qué se puede hacer con los desplazados de la violencia “porque es muy triste lo que está pasando”.
Se comprometió también a gestionar ante el nuevo gobierno federal el problema de la inseguridad, y que además se discutirá con el gobierno estatal.
El Plan Linda Vista que fue firmado reconoce que la mayoría de la población de la Sierra padece condiciones precarias en la calidad de vida, “producto de históricos procesos de rezago y exclusión económica, social y cultural”.
Se establece que en eso se sustenta la creación de la zona de atención especial para el desarrollo sustentable de la sierra, “cuyo objetivo es establecer una nueva relación entre el estado y la sociedad, de manera que se capitalice el esfuerzo social a favor del desarrollo de la región”.
Se propone que la zona de atención especial para el desarrollo sustentable de la Sierra de Guerrero, se integre por 31 comunidades de Ajuchitlán del Progreso; 71 de Atoyac de Álvarez; 63 de Coahuayutla de José María Izazaga, 3 de Coyuca de Benítez, 210 de Coyuca de Catalán; 285 de general Heliodoro Castillo; 26 de Chilpancingo; 74 de José Azueta; 37 de Leonardo Bravo; 67 de Petatlán; 52 de Miguel Totolapan; 59 de Tecpan de Galeana, y 20 de Zirandaro de Los Chávez.
Otro de los acuerdos fue la solución definitiva de los conflictos agrarios, algunos de ellos que llevan más de 5 décadas de litigios y que los agravó el programa del Procede, por la medición incorrecta de los núcleos agrarios.
Convinieron que estos conflictos agrarios son unas de las principales limitantes y estancamientos del desarrollo social y económico en la sierra “porque no dan certidumbre a la inversión económica tanto social como privada”.
Otro de los acuerdos son la creación de la Comisión Especial para la pacificación y Desarrollo de la Sierra por el Congreso local, para asignar un presupuesto con fuente de los tres órdenes de gobierno para la pacificación y desarrollo de la sierra, constituir un fideicomiso o secretaría de desarrollo para la Sierra como mecanismo de operación de los recursos asignados a la región.
Asimismo, considerar a la Sierra dentro de la estrategia de los territorios de paz en que participan instancias de seguridad nacional como estrategia de pacificación y reconstrucción.
Además, iniciar acciones para el reconocimiento de la sierra como octava zona económica, administrativa, incluyendo la remunicipalización con comunidades de los municipios de Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Coahuayutla, Tecpan de Galeana, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, Chilpancingo, Atoyac.
El Plan Linda Vista Por la Unificación, la Pacificación y regionalización de los Pueblos de Guerrero, fue firmado por Álvaro Urreta Fernández, coordinador en Guerrero de la iniciativa por la pacificación y reconciliación nacional. Constantino González Vargas en representación del senador Félix Salgado Macedonio y la diputada por el distrito 03, María del Carmen Cabrera Lagunas.
Del gobierno del estado firmaron el documento Alejandro Carbajal Cruz, coordinador de Desarrollo Rural de la Región Sierra; en tanto que por el Congreso del estado firmaron los diputados del PT, Servando de Jesús Salgado Guzmán, los de Morena Alfredo Sánchez Esquivel y Adalid Pérez Galeana, así como el priista Olaguer Hernández Flores.
Estaba anotado el nombre también del diputado Arturo Martínez Núñez, pero éste no asistió.
Por la Universidad Autónoma de Guerrero, firmó David Franco García Orozco, así como los alcaldes de San Miguel Totolapan, el perredista Juan Mendoza Acosta, y de Leonardo Bravo, el priista Ismael Cástulo Guzmán.
También firmaron 37 líderes y actores de la Sierra, entre ellos: Severo Oyarzabal Díaz, José Concepción Hernández, Rigoberto Acosta González, Roberto Fuentes Catalán, Cipriano Olea Estrada, Humberto Aguilar Marino, Zeferino Cortés Díaz, Miguel Rojas Bernardino, Humberto Nava Reyna, Arturo López Torres y Carlos García Jiménez.
Ante el cierre de centros de salud debido a la violencia y la poca atención médica en la zona de la sierra, el diputado local electo por el PRI, Olaguer Hernández Flores y vecinos del municipio General Heliodoro Castillo (Tlacotepec), se reunieron con el secretario de Salud, Carlos de la Peñas Pintos, para solicitarle médicos y medicamentos.
Consultado en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, antes de que iniciará la reunión con el funcionario, Hernández Flores informó que el encuentro era para solicitar la reactivación del hospital Básico de Tlacotepec, y que es urgente atender a más de 25 mil pobladores.
Detalló que el hospital no está cerrado, “se da atención médica pero no es suficiente, ya que hace falta personal, como médicos, enfermeras y medicamentos, se atiende pero es insuficiente para unos 25 mil habitantes”.
El diputado local electo dijo que, “a raíz de ciertas situaciones que se dieron de manera violenta los doctores dejaron de subir a la sierra”. Reiteró que hay atención pero es insuficiente.
Del medicamento externó que en el Hospital Básico hay pero hace falta que se surta en los centros de salud, que algunos están cerrados debido a la violencia, por lo que replantearía que se abran.
Dijo que como diputado electo propondrá que en el caso de la sierra se debería de tener una mejor atención e incentivar a médicos y enfermeras que van a la parte alta, “porque no es lo mismo que estén en la ciudad a que vayan a dar atención médica a una parte muy marginada”.
Al finalizar la reunión algunos vecinos informaron que solicitaron al secretario de Salud mejor atención porque es urgente, porque quienes se enferman tienen que viajar a Chilpancingo, y son casi 3 horas de camino en vehículo.
Se comprometen funcionarios con la reincorporación del personal de Salud a Tlacotepec
En un comunicado oficial se informó que De la Peña Pintos y su equipo de trabajo recibieron a los vecinos de Heliodoro Castillo, encabezados por Olager Hernández Flores, Julián Torres Flores quien es presidente del Comisariado Ejidal de Bienes Comunales, Lázaro Guadalupe Arellano presidente de la asociación PUEDES, y con el representante del Ayuntamiento, Abraham Vega Alejo.
En este encuentro se establecieron compromisos entre los cuales destacan la reincorporación del personal de Salud al hospital de Tlacotepec, la cabecera municipal de Heliodoro Castillo.
Dice que se programará una visita de supervisión a la unidad del área de Planeación, con el fin de hacer un diagnóstico para el mantenimiento de su infraestructura y equipo, en tanto se gestione el procedimiento normativo para su sustitución.
Además se buscarán alternativas de acercamiento entre autoridades municipales, incluyendo comisarios, a fin de establecer mecanismos que garanticen la seguridad del personal.
El 23 de junio integrantes de la Unión de Comisarios de la Sierra acudieron a la Jurisdicción Sanitaria 03 de Chilpancingo para pedir médicos y que se abriera el Hospital Básico Comunitario de Filo de Caballos.
En Tlacotepec y Filo de Caballos operan grupos criminales antagonistas, que han provocado mediante la violencia la falta de los servicios.
La coordinación de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) confirmó que tuvo en sus manos el cadáver del líder del grupo criminal de Los Tequileros, Raybel Jacobo Dealmonte, pero declaró que desconoce en dónde está, luego de que quedó abandonado cerca de la comunidad de Laguna de Hueyanalco, municipio de San Miguel Totolapan.
Según información transmitida la noche del lunes en el noticiero En Punto que conduce la periodista Denise Maerker en el canal 2 de Televisa, la familia del jefe que azotó con secuestros y extorsiones la región Tierra Caliente (sobre todo el municipio de San Miguel Totolapan) y las instancias de gobierno lo dan por muerto.
Al respecto la coordinación de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo consultada por teléfono, dijo que la muerte de El Tequilero ya había sido confirmada por esta organización el mes pasado, pero a las autoridades no les convenía que se supiera.
El noticiero de Televisa consultó con autoridades federales, “y nos confirmaron que de acuerdo con información de intervenciones telefónicas tanto la familia de El Tequilero como las instancias que lo han estado buscando dan por muerto a El Tequilero, pero que ante la ausencia de un cuerpo y por lo tanto de una confirmación científica, no habría ni habrá un pronunciamiento público”, expuso la conductora.
Vía telefónica uno de los coordinadores de la Policía Comunitaria declaró ayer miércoles que desde el día que cayó muerto, los gobiernos estatal y federal trataron de ocultar la información, mientras que el gobierno federal se guardó información relacionada con los detalles del caso.
Uno de los coordinadores de la Policía Comunitaria informó que el día que cayó muerto El Tequilero también fueron asesinados en una emboscada cuatro de sus compañeros policías comunitarios.
Informó que cuando transmitieron el reporte a las autoridades estatales “la Fiscalía estaba molesta, (no precisó qué funcionario) y que cuando los policías comunitarios se llevaban los cuatro cuerpos de sus compañeros, policías estatales les exigieron que se llevaran todos los cuerpos, incluido el del líder del grupo criminal Los Tequileros.
Uno de los coordinadores de la Policía Comunitaria que ayer fue consultado por teléfono dijo que después llamaron a las autoridades y preguntaron qué hacían con el cuerpo, y que a medio camino les dijeron: “pues crémenlo, nosotros para qué lo queremos si era un cabrón, para qué lo queremos”.
Agregó que entonces el presidente municipal de San Miguel Totolapan se dio cuenta del error que habían cometido al pedir que el cuerpo se lo llevara la Policía Comunitaria, y pidió que se lo regresaran, “pero ya entonces los compañeros lo estaban cremando y solamente estaba un pedazo de pierna, entonces se la entregamos a las autoridades para que hicieran los estudios”.
Uno de los coordinadores de la Policía Comunitaria declaró que el enfrentamiento con los policías comunitarios en el que murió El Tequilero ocurrió aproximadamente a las 6 de la mañana del 2 de febrero.
Declaró que ese día Raybel Jacobo los emboscó y mató a cuatro policías comunitarios y dejó heridos a seis más, “entonces nosotros nos organizamos, mandamos refuerzos de la Comunitaria” pero hubo un momento en el que el gobierno estatal les pidió que se contuvieran.
En la nota publicada en El Sur este martes, se citan versiones de vecinos que señalan que el cuerpo sin identificar fue entregado por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado a la Policía Comunitaria de Tlacotepec, junto a otros tres muertos que eran comunitarios de esa localidad de la sierra, y que esta organización lo quemó. Posteriormente intervino la Procuraduría General de la República (PGR) que se llevó muestras del cadáver para estudios de ADN y confirmar si es Raybel Jacobo Dealmonte.
Ayer la coordinación de la Policía Comunitaria dijo que el cuerpo sí estuvo en su poder, que lo dejaron cerca de Laguna de Hueyanalco, donde fue el enfrentamiento.
El coordinador de la Policía Comunitaria del municipio General Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Humberto Moreno Catalán dijo que no acepta el diálogo en las condiciones que propone la Policía Ciudadana de Leonardo Bravo y Eduardo Neri, y plantea que las pláticas deben de ser solamente entre los representantes de los grupos armados, sin la mediación del gobierno del estado o del obispo Salvador Rangel, como lo pide la Policía Ciudadana.
Entrevistado por teléfono informó que no se ha reabierto el paso a los transportistas ni a los prestadores de servicios en el tramo de Xochipala a Filo de Caballos, y que son hostilizados y extorsionados en ese tramo de la carretera por un grupo delictivo.
Expresó que están de acuerdo en platicar con los representantes de la Policía Ciudadana de Leonardo Bravo y Eduardo Neri para que se restablezca la paz en la zona, “pero no en donde ellos digan”.
El coordinador de la Policía Comunitaria que tiene su base en Tlacotepec propuso que los representantes de la Policía Ciudadana vayan a platicar a esa cabecera municipal, pero se dijo en desacuerdo de que participen el gobernador o el obispo, “porque ellos no respetan, después de que se dan los acuerdos no respetan nada”.
Añadió que en Tlacotepec no les tienen confianza, “intervenga quien intervenga”, y que los acuerdos se deben de dar pero cumpliendo en los hechos, “porque están diciendo que ya hay paz”, “y eso no es cierto”.
Dijo que todavía ningún transportista se quiere arriesgar a pasar por Filo de Caballos desde el ataque del 9 y el 11 de junio, porque han sido amenazados de que les van a quemar los vehículos.
Informó que en la zona sólo hay paso para algunos automovilistas particulares que llegan a pasar algunos víveres para Tlacotepec, “pero hasta allí”.
Otro vecino de la cabecera municipal informó que los pueblos tienen que entrar por Apaxtla, lo que significa rodear la zona de conflicto, y por esa vía entran algunos vehículos de empresas con mercancías, aunque tardan de seis a siete horas, mientras que por Filo de Caballos es sólo de dos a dos horas y media.
De las elecciones, Humberto Moreno Catalán declaró, “no veo garantías de seguridad pero, bueno, tampoco puedo ser ave de mal agüero”.
Informó que su Policía Comunitaria va a seguir sus actividades y no va a participar en alguna operación de vigilancia especial durante la elección del domingo próximo, “nosotros no tenemos nada que ver con las elecciones, no tenemos nada que ver con el INE”.
El sitio del transporte público de Chilpancingo a Tlacotepec de la Unión de Transportistas de Heliodoro Castillo siguió cerrado ayer, con lo que suma 19 días sin dar el servicio debido a la violencia en la sierra.
Un chofer que se reservó su nombre comentó que no hay fecha para que se reanude el servicio de transporte público, porque no hay condiciones de seguridad en el camino de Corralitos, municipio de Leonardo Bravo, a Tlacotepec.
El sábado 9 de junio integrantes del grupo criminal que encabeza Juan Castillo Gómez, El Teniente, atacaron simultáneamente los pueblos de Izotepec, municipio de Heliodoro Castillo, y Corralitos donde las autoridades confirmaron tres muertos.
Desde ese día los transportistas suspendieron el servicio por temor a un ataque y para proteger la integridad física de los pasajeros.
El lunes 11 ocurrió otro enfrentamiento entre grupos armados en la carretera Casa Verde- Filo de Caballos en el tramo entre Filo de Caballos y Corralitos en el punto conocido como El Chorrito, allí fueron encontradas dos camionetas clonadas del Ejército mexicano y en una de ellas el cuerpo de un hombre con varios balazos.
Miembros de la Unión de Comisarios de la Sierra y de la Policía Ciudadana de los municipios de Leonardo Bravo y Eduardo Neri, de reciente creación, durante la conferencia de prensa en la sala de juntas del Palacio Municipal de Chichihualco Foto: Jesús Eduardo Guerrero
La coordinación de la Policía Ciudadana de Eduardo Neri (Zumpango) y Leonardo Bravo (Chichihualco) aceptó el llamado de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) para coordinarse y trabajar por la seguridad en la sierra, a fin de evitar una confrontación entre ambos grupos.
El coordinador de la nueva Policía Ciudadana, Crescencio Pacheco González dijo que “todos tenemos responsabilidad y obligación de poner lo que está de nuestra parte para que se restablezca la seguridad y la paz en la zona”, añadió que de su parte “no vamos a caer en una provocación”.
La postura de la Policía Ciudadana de Leonardo Bravo y Eduardo Neri y de la Unión de Comisarios de la Sierra se dio luego de que el viernes pasado el coordinador de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo, Humberto Moreno Catalán advirtió que si sigue la inseguridad en el corredor de Xochipala a Filo de Caballos realizará una incursión armada con el apoyo de las policías de autodefensa de Teloloapan y de Apaxtla de Castrejón.
En conferencia de prensa este lunes en el Palacio Municipal de Chichihualco, la Unión de Comisarios de la Sierra y la coordinación de la Policía Ciudadana demandaron al gobernador Héctor Astudillo Flores, que convoque a los representantes de las dos corporaciones a una mesa de diálogo para coordinar sus acciones.
La Unión de Comisarios también denunció que desde el sábado se retiraron los militares y policías estatales de la zona, por lo que nuevamente existe riesgo de violencia.
Los comisarios de las 18 comunidades que la semana pasada conformaron la Policía Ciudadana, aglutinados en la Unión de Comisarios de la Sierra estuvieron representados por el coordinador de la Policía Ciudadana Crescencio Pacheco González, el presidente de la Unión de Comisarios de la Sierra, David Barragán López y el comisario de Filo de Caballos, Alfonso González Pacheco.
Ante el llamado al diálogo y coordinación de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo, Pacheco González declaró que los de Eduardo Neri y Leonardo Bravo están abiertos al diálogo o reunión, “que ellos nos inviten” y pidió que pongan el día y la hora “para reunirnos y buscar el bienestar de nuestra sociedad civil”.
“El día que gusten nos sentamos a platicar en beneficio de la ciudadanía”, recalcó Pacheco González.
En la mañana los comisarios de los pueblos de Leonardo Bravo y Eduardo Neri tuvieron una reunión en el Palacio Municipal de Chichihualco, y al final ofrecieron una conferencia de prensa en la que aseguraron que nunca ha estado bloqueado ni tapado el paso en Filo de Caballos a los habitantes de Tlacotepec y sus comunidades, como se dijo en la conferencia de prensa del viernes en Tlacotepec.
Aclaró que los vecinos de las comunidades “tenemos el temor y la pensamos en viajar” por la violencia que ocurrió el 9 y el 11 de junio en Corralitos, pero aseguró que ya se está restableciendo la paz y se están restaurando los servicios.
Dijo que por eso buscan como Policía Ciudadana y Unión de Comisarios “abonar a un clima de paz y que se restablezca la seguridad dentro de nuestra zona”.
Añadió que si de verdad se han cometido asaltos, robos y asesinatos en el corredor Xochipala-Filo de Caballos, y que es la causa por la que no pasan por esa zona los comerciantes y prestadores de servicios que van a Tlacotepec, deben de poner su denuncia ante las autoridades correspondientes porque “muchas veces nomás son díceres”.
Conminó a que se presenten las denuncias, “nosotros no vamos a solapar ni encubrir a las personas que anden haciendo ese tipo de cosas”, dijo e insistió que el paso ha estado abierto para todos, y que la Policía Ciudadana está dispuesta a colaborar y a coadyuvar para reforzar la seguridad.
En cuanto a la advertencia de la Policía Comunitaria de Tlacotepec de que podrían realizar una incursión armada si siguen los delitos en ese corredor, Pacheco González respondió que la propuesta de la Policía Ciudadana es llegar a acuerdos de colaboración, “yo siento que poniéndonos de acuerdo y poniendo las cartas sobre la mesa en una plática formal sería como vamos a sacar varias dudas dentro del área de seguridad”.
También pidió al gobernador Astudillo Flores o alguna instancia los llame a una mesa de diálogo y se pongan a trabajar. Dijo que igual podrían mediar en el conflicto el obispo Salvador Rangel, sacerdotes, maestros o doctores, “nosotros estamos dispuestos al diálogo porque queremos vivir en paz y tenemos que poner de nuestra parte”.
El coordinador de la Policía Ciudadana se quejó que los militares y policías estatales que llegaron la semana pasada se retiraron el sábado, pidió al gobernador Astudillo Flores que regresen y sigan sus recorridos para garantizar la seguridad y la gente siga retornando a sus comunidades.
Pacheco González informó que ayer elaborarían oficios para el gobierno del estado, para solicitar formalmente el regreso de los militares y la Policía Estatal, “y nosotros estaremos en disposición de coadyuvar en lo que nos corresponde como Policía Ciudadana, pero sabemos que la mayor parte le corresponde al gobierno y tiene que hacer su trabajo”.
Dijo que la coordinación se demostró la semana pasada que subieron los militares y policías estatales, “nos pusimos de acuerdo, ellos operaron, recorrieron la zona, no encontraron nada y se bajaron nuevamente”.
Agregó que cuando se retiraron platicaron con él y le informaron que bajarían a entregar su informe y que regresarían, pero reprochó que ya ayer tenía tres días sin seguridad la zona.
Declaró que como Policía Ciudadana están atentos “a lo que se mueve” dentro de su área, “dentro del pueblo”.
Desconocen si hay un grupo delictivo en Filo de Caballos
El presidente de la Unión de Comisarios de la Sierra y comisario de Los Morros, municipio de Leonardo Bravo, David Barragán López declaró que desde hace meses solicitaron la presencia del Ejército y de la Policía Estatal en el corredor de Xochipala a Filo de Caballos, “porque cuando el gobierno está allí todo está tranquilo, la gente duerme tranquila, pero cuando se bajan es cuando se dan los enfrentamientos”.
Denunció que las comunidades se están quedando solas por la violencia.
A su vez el comisario de Filo de Caballos, Alfonso González Pacheco se quejó de que de por sí las comunidades están siendo abandonadas porque “toda la gente se está yendo a otros lados a trabajar, aquí ya no hay trabajo, la amapola ya no vale nada y la gente se está yendo a las ciudades a buscar trabajo, entonces que nos haga caso el gobernador”.
Del llamado de la Policía Comunitaria de Tlacotepec a que la Policía Ciudadana se deslinde de un grupo delictivo que opera en Filo de Caballos para que puedan coordinarse con ella en materia de seguridad, el comisario González Pacheco dijo que desconoce si existe este grupo, “nosotros simplemente estamos abiertos al diálogo para que se establezca realmente una tregua y que cada quien vele por la seguridad de sus comunidades y de las familias”.
Demandó al gobernador “que ponga atención” a este corredor que conforman comunidades de los municipios de Eduardo Neri y Leonardo Bravo y que no solamente mande refuerzos para la seguridad, sino que realmente apoye con proyectos a la gente de los pueblos.
Contó que sólo en Filo de Caballos unos 80 ciudadanos le han solicitado licencia para emigrar de la comunidad e ir a buscar la vida, fuentes de trabajo, fuentes de ingreso, “porque las familias ya no tienen qué comer, la amapola se devaluó tanto que ya no es un modo de vida, la gente tiene que buscar nuevas formas de vivir”.
Insistió al gobernador Astudillo Flores y al gobierno federal que pongan atención “a nuestra gente, porque vas a las comunidades y lo único que encuentras es desolación, las calles vacías, ves los rostros de los niños y de las familias con tristeza por la violencia, tenemos ausencia de paz y mientras el gobierno no ponga atención en todo esto así vamos a seguir”.
Destacó que los comisarios no hablan a título personal y que piden la paz para las familias de sus pueblos. Informó que los pueblos de la zona han pedido la instalación de un destacamento militar de manera permanente, “eso nos brindaría la seguridad que tanto estamos anhelando”.
El sitio del transporte público de Chilpancingo a Tlacotepec de la Unión de Transportistas de Heliodoro Castillo cumplió ayer 17 días sin dar el servicio.
Ayer se observó una Urvan estacionada en el lugar.
El miércoles se creó la Policía Ciudadana en los pueblos de la sierra de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Eduardo Neri, ese día policías del estado y militares recorrieron caminos rurales, pero el transporte sigue parado.
El jueves los choferes del transporte público informaron que debido a la falta de condiciones de seguridad en el camino de la comunidad de Corralitos municipio de Leonardo Bravo hacia Tlacotepec, no reanudaron el servicio.
Un chofer detalló que debido a este problema modificaron la ruta en la que sólo hay servicio de Tlacotepec hacia Apaxtla de Castrejón y viceversa, en los horarios de 6 de la mañana y a las 4 de la tarde, en la que sólo dos Urvan dan el servicio.
En estas zonas ocurrieron los hechos de violencia el sábado 9 de junio cuando integrantes del grupo criminal que encabeza Juan Castillo Gómez, El Teniente, atacaron simultáneamente los pueblos de Izotepec, municipio de Heliodoro Castillo y Corralitos, de Leonardo Bravo, en esta segunda localidad la autoridad confirmó tres muertos.
Ese día los transportistas de la ruta Chilpancingo-Tlacotepec suspendieron el servicio de transporte público para proteger la integridad física de los pasajeros.
Después, el lunes 11 ocurrió otro enfrentamiento entre grupos armados en la carretera Casa Verde-Filo de Caballos en el camino entre Filo de Caballos y Corralitos en el punto conocido como El Chorrito, allí fueron encontradas dos camionetas clonadas como del Ejército y en una de ellas el cuerpo de un hombre con varios balazos.
El sitio no es la única ocasión que suspende el servicio debido a la violencia. El 10 de septiembre del año pasado un chofer ejecutado a balazos y una Urvan incendiada fue el saldo de un ataque de un comando.
La información de la coordinación de la Policía Comunitaria de General Heliodoro Castillo (Tlacotepec) sobre el asesinato de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, es únicamente mediática y debe denunciar los hechos ante el Ministerio Público, declaró el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia.
El viernes luego de una conferencia de prensa en Tlacotepec los coordinadores de esa autodefensa informaron que el jefe delincuencial fue asesinado en una balacera que se prolongó dos días cerca de la localidad de Laguna de Hueyanalco, municipio de San Miguel Totolapan, los hechos habrían ocurrido el 1 y 2 de febrero pasado.
Al respecto Álvarez Heredia declaró que al Ministerio Público (MP) le compete investigar la veracidad de la muerte del delincuente, y que los comunitarios deben señalar el lugar donde podría encontrarse su cuerpo.
El MP deberá hacer las diligencias en el lugar y los estudios correspondientes para la plena identificación del cuerpo, al contrastar las muestras que se tomen a los familiares.
Según los coordinadores de la policía comunitaria no consideraron importante informar en febrero pasado sobre la muerte de El Tequilero a los medios de comunicación, y nadie les había preguntado. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está enterada del hecho porque les preguntó a quién pagaría los 3 millones de pesos que se ofrecían de recompensa, pero el dinero fue rechazado. Además, soldados habrían cortado un pedazo de piel al cuerpo del jefe de la gavilla delincuencial para que se le practicaran los estudios del ADN y confirmar su identidad.
