Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Defensores de derechos humanos opinaron que es grave y riesgoso para la población que el Ejército ceda espacios a los grupos del crimen organizado como ha ocurrido en los últimos días en municipios como Arcelia y Tlapehuala donde los soldados fueron corridos por civiles cuando pretendían instalar campamentos.
“Es lamentable que las autoridades estén completamente rebasadas por la delincuencia organizada”, declaró Hipólito Lugo Cortés, doctorado en Derechos Humanos y ex coordinador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En tanto que el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández opinó que el “diagnóstico es grave y que éstos son “visos de la descomposición social que existe en estas regiones”.
Por su parte, el director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), Filiberto Velázquez, declaró que: “es una muestra de que la militarización no es la opción para el combate de la inseguridad y la violencia y sólo hace que la impunidad sea de ese tamaño”.
Lugo Cortés, quien también fue presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas, también se refirió a los videos donde aparecen civiles armados de la delincuencia organizada, presuntamente miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante los festejos de San Nicolás Tolentino en Zirandaro; “¡caramba, no puede ser, tienen mejores unidades y armamento que las propias autoridades legalmente constituidas”, declaró por teléfono.
Refirió que en estas condiciones es muy difícil que una policía municipal pueda hacer frente a estos grupos de la delincuencia organizada que están “perfectamente pertrechados”.
Pero además, agregó que si las propias autoridades están coludidas con estos grupos delictivos “es un cuento de nunca acabar; lejos de evitar la presencia de estos grupos delictivos los están protegiendo para que haya mayor presencia y control de estos grupos no solamente del estado, sino en el país”, criticó.
Opinó que con ello la consecuencia lógica es que las propias autoridades están abriendo estos espacios de participación de los grupos delictivos.
De acuerdo a los videos que se difundieron en las redes sociales de la participación del grupo delictivo en Zirándaro durante los festejos de San Nicolás Tolentino, también participó la presidenta municipal de Morena, Tania Pacheco Duarte.
Para Lugo Cortés, la consecuencia lógica de casos como la expulsión de los militares y la presencia de los grupos delictivos en esa región es el incremento de la violencia y de la inseguridad.
“El Estado está claudicando en su posición constitucional de brindar seguridad y protección a sus habitantes, es decir, están completamente rebasadas en materia de seguridad pública las autoridades de los tres niveles de gobierno”, dijo.
Opinó que una vez que el Estado abandona sus posiciones inherentes de brindar seguridad pública, se las deja a los grupos delictivos en detrimento de la propia población, y cuestionó: ¿dónde está el Estado de derecho que tanto se pregona?, ¿dónde están las funciones del Estado?, ¿dónde están las autoridades?, ¿para qué se les elige?.
Él mismo respondió que ante estas circunstancias, el Estado está lejos de cumplir con su obligación constitucional y de garantizar la paz y la tranquilidad, “máxime cuando hay colusión como se está viendo en esa región de la Tierra Caliente”, insistió.
Añadió que así no se va a terminar con la presencia de esos grupos delictivos y que para muestra ahí está un botón en el caso de Ayotzinapa, en el que la colusión de las autoridades con los grupos delictivos detonó en graves violaciones a los derechos humanos.
Opinó que la situación es preocupante y que es necesario que se levante la voz para que se corrija esa situación, “pero desde luego, tiene que haber voluntad de quien tiene la facultad y la decisión en el ámbito del Poder Ejecutivo y los congresos federal y local”.
Sin embargo, dijo que hablar de política “es entrar a un meollo del asunto donde los políticos persiguen otro tipo de intereses”.
Lugo Cortés declaró que el riesgo que ve es el incremento de violaciones a los derechos humanos, “si hay una colusión de la delincuencia organizada con las autoridades, la consecuencia serán las violaciones a los derechos humanos, desplazamientos no sólo interno sino a otros países y pedirán asilo por cuestiones de inseguridad porque se atenta contra la paz y la tranquilidad por la presencia de los civiles armados”.
Agregó que estos grupos se han venido incrementando en el estado, como a muchos les consta, en los lugares “donde las autoridades son complacientes con esta situación que viola el Estado de derecho”.
Hay ausencias y vacío de poder y la delincuencia tomó control de los territorios: Tlachinollan
Por su parte el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que lo que está pasando en los pueblos de Tierra Caliente evidencia la debilidad del Estado y cuestionó: “qué hace la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz, para prevenir estas situaciones”.
Y luego agregó: “Eso preocupa porque vemos que su trabajo no tiene ningún impacto a favor de la población”, declaró.
Añadió que casos como el de Tierra Caliente significa ausencias y vacíos de poder, así como el robustecimiento de los grupos de la delincuencia “que ya tomaron control de los territorios”.
Dijo: “Vemos que las autoridades municipales están débiles, están coludidas o son cómplices, porque no han podido hacer el trabajo de prevención o contención de estas situaciones graves”.
Añadió que la federación, a través de la presencia del Ejército, no ha podido realizar acciones para desmantelar a estos grupos y ser factor de disuasión para proteger a la población.
“El diagnóstico es grave, esto ya se dejaba venir, ya había visos de esta descomposición que existe en estas regiones, en términos de que no hay ley ni autoridades que tomen el mando para hacer valer el Estado de derecho”, denunció.
Barrera Hernández añadió que, en tanto, las autoridades estatales se ven desdibujadas, “están esperando que la federación les resuelva el problema; a un año, su estrategia de seguridad se ha invisibilizado y se han robustecido estos grupos que ya evidenciaron el peso que pueden significar porque las autoridades no son un contrapeso y poder de contención.
“Imaginamos que el escenario es catastrófico, en términos de que hay una alarma real porque no han podido con el paquete y eso es grave”.
Las organizaciones criminales han secuestrado a la sociedad y a los gobiernos: Centro Minerva Bello
El director del Centro Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio, declaró por su parte que lo que pasa en Tierra Caliente es una muestra de que la militarización no es la opción.
El defensor de derechos humanos declaró que con esto se ve que es una realidad que las organizaciones criminales ya están enquistadas en la sociedad y han secuestrado a la sociedad y a los gobiernos”.
Añadió que el riesgo de la ausencia del Estado de derecho es mayor, “y aquí vamos a ver cómo van a actuar las fuerzas armadas, si con una letalidad y se llevan a la ciudadanía entre las patas como ha sucedido y como le llaman ellos con los daños colaterales”.
Advirtió que en ello puede terminar esta situación si se sigue con la misma estrategia.
Timbren advirtió que dejarle territorios al crimen organizado significará más desplazamientos y más violaciones a los derechos humanos, “es una muestra evidente de lo que puede provocar, ya lo hemos visto en otras partes del estado, donde por la presencia del crimen organizado se han desplazado a comunidades enteras y esto va a seguir pasando”, adelantó.
