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Piden damnificados por Manuel en Tlapehuala que la Sedatu arregle sus casas y se las entregue

Las casas que construyó la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Tlapehuala para damnificados por la tormenta tropical Manuel en 3013 ya están cuarteadas, además de que las recientes lluvias las inundaron y, por el abandono en el que han estado durante casi un año, han sido saqueadas constantemente.
Este martes, se reunieron con la alcaldesa Anabel Balbuena los 57 beneficiados con casas en el fraccionamiento que se construyó en esta localidad, para pedirle su apoyo, porque siguen sin entregarles las casas.
La alcaldesa hizo un recorrido con funcionarios del ayuntamiento a la colonia para constatar los problemas denunciados.
Mostraron que en las recientes lluvias el agua se metió a las casas. Algunas paredes están cuarteadas y, como las casas están abandonadas, les han robado las puertas, las tazas de baño y ventanas, entre otros elementos de construcción.
El suelo en el fraccionamiento es barroso, no entran los carros cuando llueve. Incluso, pese a que dejó de llover hace tres días, hay una laguna en una orilla que afecta el espacio de ocho casas.
Afuera de cada casa hay tinacos tipo Rotoplas de 450 litros que fueron instaladas como fosas sépticas, y que ya están llenas con agua de lluvia.
La colonia está a más de 300 metros alejada de la red de agua potable. A más de 200 metros del poste más cercano del cableado eléctrico y aún más lejos del drenaje.
La presidenta dijo que, “fue una pésima programación de obra, porque los servicios no se pueden llevar así porque sí. Me parece un error que hayan autorizado eso, porque la gente no puede habitar esa colonia”.
Expresó que, “le daré todo mi apoyo a la gente, vamos a tocar puertas, si es necesario vamos a manifestarnos, porque no está bien lo que le está haciendo el gobierno federal a esta gente”.
Anabel Balbuena dijo que se requiere que la Sedatu vea las obras y llegue a un acuerdo para solucionar ese problema que vienen arrastrando desde 2013, y que les dé una explicación a los vecinos de los motivos por los cuales se autorizó así la obra.

Afirman que fue adulterado el padrón de ejidatarios de Nuevo Guerrero, Tlapehuala

 

 Ejidatarios de la comunidad de Nuevo Guerrero, municipio de Tlapehuala, denunciaron que el padrón de campesinos fue adulterado porque están incluidas personas que no tienen derechos parcelarios, que no son posesionarios e incluso algunos ya fallecieron.

Esto lo indicaron los inconformes durante una reunión con la abogada Ángeles Cayetano Medina, donde ésta reiteró su solicitud de audiencia al gobernador René Juárez Cisneros para plantearle la situación.

Indicó que si esta vez no son atendidos se trasladarán a la ciudad de México para plantearle el problema al presidente de la República, Vicente Fox.

Los inconformes señalaron que algunas personas registradas como nuevos ejidatarios –registro que Cayetano Medina atribuye al también abogado Gabriel Alonso Márquez– son José Tranquilino Alonso Cayetano, Petra Alonso Osorio, José Ismael Santos, Sofía Alonso Muñoz, Abel Alonso Osorio, Eleazer Alonso Osorio, Alicia Pineda, Claudio Alonso Valle, Mária Angélica Gallardo Santana, esposa del abogado Gabriel Alonso Márquez; Inés Márquez Novas, tía de Gabriel Alonso; Ernestina Márquez Novas, madre del abogado; Isabel Nabor León, esposa del hermano de Gabriel, César Alonso, entre otros que suman 72.

Ángeles Cayetano Medina y los ejidatarios Celso Baylón Dallar, Anselmo Quiterio Tapia, Juan Florencio, María Elena Medina Blancas y Yolanda Ugalde Chamú, expresaron que desde febrero obtuvieron una copia certificada del acta firmada por la mesa directiva del comisariado ejidal y por el Consejo de Vigilancia, la cual tiene los numerales 12RA00000390 y fechada el 17 de marzo de 2003, en el Registro Agrario Nacional, y en su delegación Guerrero. Indicaron que en dicha acta consta la presencia de personas que ya están muertas, como Albino Cayetano Alvarez, Francisco Amadeo Ramírez, Asunción Valladares Alonso, Baltasar León Santos, Ciriaca Cruz Carlos, Ernesto Giles Isidro y Eutiquio Piedra Peredo, y que se falsificaron las firmas de Antonio Higinio Santamaría y Felipe Marquez Salgado, quienes tienen diez años en Estados Unidos.

La abogada manifestó que el acta elaborada no tiene validez legal y por ello solicita su anulación, pues no se fijaron las convocatorias correspondientes en términos del artículo 25 de la Ley Agraria, y además los nuevos ejidatarios no son posesionarios de parcelas en el ejido.

Agregó que “el 11 de noviembre se hizo la declaración de las áreas del ejido. Allí fungió como notario José Vélez Arce y dieron fe el presidente del comisariado ejidal Pedro Florencio Villa, el secretario Pedro Alonso Merlan y el tesorero Andrés Vargas. Como presidente del Consejo de Vigilancia firmó Ausencio Simón Pérez. Es por eso que los 90 ejidatarios inconformes demandan la anulación absoluta de esa acta por carecer de legalidad y porque afecta las relaciones entre las familias de Nuevo Guerrero”.

Sí hubo pleito en Tlapehuala y lo causó el alcalde, según el ex fiscal religioso

 

 El ex fiscal religioso de Nuevo Guerrero, municipio de Tlapehuala, Gabriel Alonso Marquez, confirmó ayer que en esa localidad sí hubo un connato de violencia, y responsabilizó al alcalde Gudelio González Luviano de generar la “desestabilización” en su intento por “imponer a un fiscal a modo”, para que éste le adjudique las obras sociales que se han construido con limosnas de la iglesia.

Alonso Marquez, consultado en sus oficinas, indicó que el domingo se designó –mediante votación– al nuevo fiscal religioso de la Iglesia del Santo Espíritu. De los dos candidatos que se registraron resultó ganador Moisés Campos Salvador.

Dijo que quien provocó la desestabilidad fue Lázaro Santa María Chávez “con el pretexto de que quería ser el fiscal, pero debió pedir el cargo como es costumbre y no lo hizo, incluso exigía repetir la votación, pero moralmente era imposible”.

Por la inconformidad de Lázaro Santa María hubo un fuerte intercambio de palabras, “incluso había gente armada y por esas personas se llamó a la policía, pero no intervinieron ni desarmaron a quienes fueron señalados”.

Para el lunes –según Alonso Marquez– cuando se dirigió a la iglesia para hacer el inventario los habitantes inconformes, encabezados por Lázaro Santa María, le impidieron el paso. “Fue ahí donde se dio el connato de violencia, hubo golpes y por ello detuvieron a dos personas. En la noche se dio un nuevo connato y la policía judicial detuvo a nueve personas, mismas que fueron liberadas de modo extraño”.

Del problema, responsabilizó al alcalde de Tlapehuala, Gudelio González Luviano, porque “busca poner un fiscal a modo –Lázaro Santa María– para que le avale las obras que se han hecho en la comunidad con las limosnas de la iglesia, pero él quiere que digan que los 800 metros de pavimento y los 200 metros de drenaje que se construyeron los hizo el municipio”.

Negó que al suprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Antonio Nogueda, le haya avisado que había un grupo de encapuchados, “yo le dije que había gente armada”

Desmintió también al subsecretario de Gobierno para Asuntos Religiosos, Javier Bataz Benítez, de que la fiscalía –la que recibe cada mes cerca de 10 mil pesos por limosnas– sirva para poder llegar después a cargos públicos, “eso no es cierto”.

Alonso Marquez indicó que “sí hubo connato de violencia”, pero que las autoridades no quisieron intervenir y contrariamente el agente del Ministerio Público de Arcelía integró una averiguación “amañada, creo que lo sorprendieron pues las cosas no fueron así, ellos son los que me agredieron a mí”.

Sigue el conflicto entre ruteros; el lunes retirarán combis de Tlapehuala, anuncian

 

 El conflicto entre concesionarios de transporte de pasajeros en la ruta Altamirano-Arcelia, los ruteros de Tlapehuala hacia Altamirano y el ayuntamiento de este municipio se mantiene vigente, por lo que el lunes se impedirá que las combis hagan base sobre la calle principal que sale a la carretera, anunció el secretario general del Ayuntamiento, Javier Núñez Carvajal.

En entrevista en su oficina, el funcionario recordó que el problema comenzó cuando la semana pasada, un chofer de esa ruta obstruía totalmente la calle Independencia, donde anteriormente se encontraban ubicados. Cuando el alcalde Gudelio González Jiménez quiso pasar por allí, el chofer lo ignoró “y ante la insistencia del alcalde le mentó la madre”, de acuerdo con el secretario del ayuntamiento.

Una semana después, el cabildo sesionó y determinó que el sitio de las combis fuera reubicado hacia la carretera federal Tlapehuala-Arcelia, pues su permiso es federal no municipal, indicó.

La notificación se hizo mediante el oficio 02/HMT-625/2004 de la Presidencia Municipal.

Núñez Carvajal aseguró que los concesionarios no tienen ningún permiso por escrito del ayuntamiento, y su ubicación en la calle Independencia es por costumbre. “La ciudad ha crecido y la calle era ya intransitable debido a la cantidad de combis estacionadas, sobre todo los días de plaza”. Manifestó que los transportistas no han pagado piso de plaza desde el año pasado, lo que les será requerido la próxima semana.

Por su parte, el síndico Silvano Vuelvas manifestó que los transportistas deben pagar 600 pesos al mes por vehículo, por lo que adeudan por ese concepto casi 60 mil pesos al ayuntamiento, y que el año pasado sólo dieron 2 mil 500 pesos por todos. Al igual que el secretario, manifestó que ese pago les será requerido la próxima semana.

La reubicación de ese sitio ocasionó ya enfrentamientos a golpes en dos ocasiones entre los choferes de las combis de la ruta Altamirano-Arcelia, la mayoría pertenecientes a la familia del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, y los choferes de la ruta Tlapehuala-Altamirano. Estos, en represalia, fueron reubicados de su sitio en el Centro de Ciudad Altamirano, ubicándolas varias calles fuera del centro de la ciudad.

La familia Soto Duarte amenazó con demandar penalmente al cabildo de Tlapehuala por daños y perjuicios, y en vez de obedecer la disposición del ayuntamiento de instalarse sobre la calle Abasolo –paralela a la carretera– lo hicieron sobre la salida de la calle Morelos, lo que ha molestado sobremanera a las autoridades municipales.

“El lunes serán ubicados en el lugar que se les asignó”, aseguró el secretario municipal, y al preguntarle si la delegación de Transportes no ha dispuesto algo al respecto, manifestó que no podría imponerles algo que no beneficiara a los ciudadanos de Tlapehuala.

Termina el conflicto por el fiscal en la parroquia de Nuevo Guerrero, Tlapehuala

 Gregorio Urieta Tlapehuala

Con la toma de posesión de Moisés Campos Alvarado como nuevo fiscal de la parroquia del Santo Espíritu, en la comunidad de Nuevo Guerrero, culminó momentáneamente el conflicto que por la administración de los bienes e ingresos de esa parroquia se gestó desde marzo de este año, cuando un grupo de feligreses manifestaron a El Sur su inconformidad por la falta de transparencia en la administración del anterior fiscal, Gabriel Alonso Márquez.

Los feligreses acusaron a Alonso Márquez de haber vendido dos kilogramos de oro pertenecientes al Santo Espíritu, patrono del lugar, sin avisar a los mayordomos y guananchas, y de negarse a informar de los ingresos que según los denunciantes, suman alrededor de 12 mil pesos al mes, tan sólo por concepto de limosnas.

El conflicto se agravó cuando el pasado 31 de mayo se celebró la elección de un nuevo fiscal, y Alonso Márquez decidió desconocer la elección que se llevó a cabo, ante lo cual un grupo de feligreses se plantó en el interior de la parroquia.

De acuerdo a una denuncia interpuesta ante la agencia del Ministerio Público de Arcelia por un grupo de feligreses, Alonso Márquez llegó hasta ese lugar y encerró a los manifestantes.

En la madrugada del martes, según la misma versión, éste llegó con varios de sus familiares armados con palos, piedras y machetes y golpearon a los feligreses que estaban encerrados, a los que posteriormente denunció como delincuentes ante el mismo MP de Arcelia, acusándolos de haber sustraído varios objetos de valor del altar y del Santo Patrono del lugar.

Ante ello, los feligreses decidieron interponer a su vez una denuncia penal en contra de Gabriel Alonso, por presuntos delitos de robo, amenazas de muerte, lesiones y otros.

La intervención del alcalde Gudelio González Luciano, hizo que finalmente se nombrara a Moisés Campos Alvarado como nuevo fiscal de la disputada parroquia de Nuevo Guerrero, a quien Alonso Márquez entregó las llaves después de rendir un informe en donde se supo de la existencia de dos coronas de oro que aseguraba ya haber vendido.

A Moisés Campos, que fungirá como fiscal a partir del 2 de junio hasta el 30 de mayo del 2005, lo acompañan como mayordomos fiesteros Carlos Luciano, Pedro Valenzuela Marín, Pedro Calixto León, Telésforo Vargas, Juan Ugalde Zeferino, Jesús Santamaría, y Moisés Santamaría Piedra.

Acuerda la Procuraduría dar seguimiento a la disputa por la fiscalía religiosa en Tlapehuala

Se reúnen habitantes inconformes con el subsecretario de Gobierno para Asuntos Religiosos, Javier Bataz, y el subprocurador de Justicia, Antonio Nogueda Carvajal
 Teresa de la Cruz Chilpancingo

En una reunión con funcionarios del gobierno del estado y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), habitantes de la comunidad de Nuevo Guerrero, municipio de Tlapehuala, acordaron establecer una mesa de trabajo “para dar seguimiento” a la disputa de la Fiscalía Religiosa.

Cerca de las 10 de la mañana, en la PGJE se reunió una comisión de habitantes de la comunidad de Nuevo Guerrero con el subsecretario de Gobierno para Asuntos Religiosos, Javier Bataz, y el subprocurador de Justicia, Antonio Nogueda  Carvajal.

Consultado al final de la reunión, Bataz Benítez indicó que los inconformes relataron lo ocurrido en Nuevo Guerrero, en torno a la disputa de la Fiscalía Religiosa y señalan que Gabriel Alonso –abogado del despacho del universitario Román Ibarra– “privó de su libertad a siete personas”. Dijo que expusieron otros asuntos de carácter agrario, pero esos se canalizaron con el subsecretario para Asuntos Agrarios, Esaú Tapia.
Aseguró que con la reunión “no quedó resuelto el problema, eso se va a dar paulatinamente”, lo que sí dijo es que acordaron establecer una mesa de trabajo “para dar seguimiento al caso”.
Por su parte, el subprocurador Nogueda                   Carvajal señaló que esa dependencia se comprometió a continuar con el proceso judicial que comenzaron contra Gabriel Alonso, por el delito de privación ilegal de la libertad de siete habitantes.

En Nuevo Guerrero, Tlapehuala, disputa por el liderazgo de la fiesta religiosa: Bataz

 Teresa de la Cruz Chilpancingo

El subsecretario de Gobierno para Asuntos Religiosos, Javier Bataz Benítez, aseguró ayer que el conflicto que se suscitó el pasado 30 mayo en Tlapehuala por el cargo de fiscal de las fiestas religiosas, tiene de fondo “la disputa por el control del dinero y el liderazgo” mismo que en tiempos posteriores los empuja a ocupar cargos en el gobierno municipal. Y negó que por este hecho se haya generado un enfrentamiento entre los habitantes; sólo “se maximizó el asunto”.

De acuerdo a la versión de medios locales, el 30 de mayo en la comunidad de Nuevo Guerrero, en el municipio de Tlapehuala ocurrió un enfrentamiento entre dos grupos religiosos quienes se disputaban el cargo de fiscal de las fiestas religiosas, mismo que se encarga de organizar las fiestas del santo patrono en esa comunidad.

Para Bataz Benítez el hecho “se maximizo, si hubo una situación tensa por quienes buscaban ocupar el cargo, pero no hubo nunca un enfrentamiento entre los habitantes” de la comunidad. Consultado vía telefónica, dijo que las elecciones para el cargo religioso fueron el mismo domingo, pero       al parecer un grupo de un ex ocupante del puesto, Gabriel Alonso Márquez –abogado del despacho del universitario Román Ibarra Flores– “se inconformó por la nueva designación y fue él quien comunico con alarma algunas dependencias de gobierno que había un enfrentamiento”.

Mencionó que ante esta situación el sacerdote de la capilla del Santo Espíritu, Abraham García pidió la intervención de esa dependencia incluso “participo el delegado de municipal para asuntos religiosos y hoy el asunto ya esta en calma”.

Agregó que la disputa también tiene que ver con el manejo del dinero “y ese asunto realmente se tiene que atender de manera inteligente a modo de que se respeten las leyes eclesiásticas ya que una disputa por mayordomía es una cuestión interna”

Expuso que por la mañana se reunió con el secretario de Gobierno, Luis León Aponte “él nos dio la orientación para ver que esta situación y las que prevalezcan en la entidad se resuelvan conforme a derecho para que prevalezca la paz social”.

Por su parte el subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia del Estado, Antonio Nogueda Carvajal indicó que en la comunidad de Nuevo Guerrero solo se dieron “algunas discusiones, no hubo ningún enfrentamiento”. Entrevistado en sus oficinas, señaló que el domingo       “una persona de nombre Gabriel Alonso Márquez,       vía telefónica me comunico que en la comunidad de Nuevo Guerrero se había presentado un grupo armado de encapuchados”, por lo que       solicitó que Policías Judiciales acudieran a la localidad.

Sin embargo, indicó que en Nuevo Guerrero los judiciales “no encontraron ningún grupo de encapuchados y solo había elecciones para nombrar a un       nuevo mayordomo”.

Para el lunes, según Nogueda Carvajal, “la misma persona reporta al Ministerio Público       de Arcelia que había un grupo armado, y resulto nuevamente falso se vuelven a encontrar con un conflicto de carácter religioso”.

Derivado de ese conflicto, dijo Nogueda Carvajal que el pasado martes el MP de Arcelia “recibió la denuncia de un grupo de personas que acusaron a Gabriel Alonso por lesiones y por privación ilegal de la libertad”

Nogueda Carvajal concluyó que la averiguación que interpusieron los habitantes de Guerrero Nuevo “es por delitos pequeños, por lesiones simples, es un delito del juzgado de paz que no tiene caso referir como un conflicto por que no hubo tal enfrentamiento”.

Casi de zeferinistas el festejo de 15 años del PRD en Tlapehuala

 

 Gregorio Urieta Tlapehuala

El PRD de Tlapehuala festejó el domingo, con una comida y baile, sus 15 años de vida, acto en el cual asistieron en su mayoría dirigentes y coordinadores de enlace de la precampaña de Zeferino Torreblanca en la región.

Por tal motivo, los pocos simpatizantes de los otros precandidatos decidieron retirarse.

Al comenzar el festejo, el maestro de ceremonias se abocó en presentar a los zeferinistas, pero luego retomó a los demás invitados.

Como en el acto en Tlalchapa, no asistieron los dirigentes estatales ni diputados locales, aunque la secretaria de la mujer del CEE, Sara Castro, disculpó a todos al indicar que estaban en la marcha de apoyo al jefe de Gobierno de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.

El acto se llevó a cabo en una huerta propiedad del ex candidato a la Presidencia Municipal, Aurelio Santamaría Bahena, y allí también acudieron Sara Castro Chamú, José Borja Luviano, coordinador regional de la precampaña de Zeferino Torreblanca; Jonás Daza, del PRD de Tlapehuala; el coordinador de enlace de la campaña de Zeferino Torreblanca en Pungarabato, Efraín Alvarado; el dirigente municipal de ese partido en Ajuchitlán, entre otros.

También el regidor del ayuntamiento de Tlapehuala, Angel Bahena Wences, del grupo de apoyo a Armando Chavarría, y el coordinador de la precampaña de Angel Pérez Palacios en Tlapehuala, Iñigo Álvarez Galán, a quien no mencionaron y se retiró del festejo junto con sus acompañantes.

Acusan a fiscal parroquial de Tlapehuala por vender oro donado por fieles

 Las guananchas y mayordomos de la parroquia de Santo Espíritu, de la comunidad de Nuevo Guerrero, manifestaron su inconformidad por la forma en que el fiscal de la parroquia, Gabriel Alonso Márquez, utiliza los recursos obtenidos por la venta del oro que desde hace cuatro años se acumuló por donativos de los creyentes, en el santo patrono de esa comunidad.

Asimismo, denunciaron que el fiscal ha vendido el oro sin pedir su opinión, a pesar de que son ellos quienes deben decidirlo y analizar en qué se invierte el dinero obtenido, pero que al señalarle el asunto los acusa de ser priístas.

Una de las inconformes, Yolanda Ugalde Chamú, explicó que el sábado pasado Gabriel Alonso Márquez citó a reunión a las guananchas y mayordomos del templo, a la que sólo asistieron unas treinta personas.

Allí les informó que desde hace un mes había vendido el oro producto de unos tres años de donativos de los feligreses y creyentes de los milagros del santo patrono, y que de la venta tenía un total de 58 mil 680 pesos.

explicó que parte de ese dinero se había invertido la remodelación de los baños y en la pavimentación de la calle Benito Juárez, de esa localidad.

Yolanda Ugalde dijo que las guananchas le reclamaron que no les avisara de la venta del oro, pues previamente él había anunciado, por medio de una bocina local, que cuando lo hiciera les avisaría para que lo acompañara una comisión.

“Nadie sabe cuándo fue a venderlo ni en dónde, cuánto pesó el oro, nadie sabe cúanto le pagaron, sólo él”, señaló.

Según Ugalde Chamú, semanalmente ingresan de 3 a 5 mil pesos por diversos conceptos, lo que daría más de 100 mil pesos al año.

Dijo que Gabriel Alonso prestó dinero de la parroquia                       a algunas personas, entre ellas, 5 mil a Simón Santa María y 3 mil a Juan Ugalde Zeferino, quienes no han pagado. “Todo ello sin contar con la aprobación ni el conocimiento de los mayordomos y las guananchas de la parroquia”.

Sobre las obras que se construyeron, dijo que los baños ya estaban, pues se hicieron durante la fiscalía de Alfa Hinojosa, “sólo que Alonso Márquez asegura haberlos remodelado, y de la pavimentación de la calle Benito Juárez lo que hizo fue rastrear dos calles adyacentes a la parroquia, para lo cual dijo que invertiría 7 mil pesos del dinero propio y pidió 8 mil pesos a un comité que se constituyó ex profeso, el cual vendió boletos para rifar varios artículos de uso doméstico”.

Exigen empleados la remoción del jefe de Regulación Sanitaria en Tlapehuala

 * Usa recursos de la dependencia para él, acusan

 Gregorio Urieta, corresponsal, Tlapehuala * Trece de 15 empleados del Estratégico Departamento de Regulación, Control y Fomento Sanitario, de la Jurisdicción Sanitaria número 01, exigieron al coordinador de la Jurisdicción, Lino Núñez Márquez, la remoción del actual jefe del Departamento, Armando Rodríguez de la Cruz.

Los trabajadores que firman el documento donde se exige la salida o remoción de Rodríguez De la Cruz, lo acusan de tener un mal desempeño y abusar en ejercicio de sus actividades, pues aseguran que el puesto lo maneja a su arbitrio y discrecionalidad.

Asimismo señalan que utiliza los recursos del departamento para su beneficio personal, y de parcialidad y solapamiento de propietarios de plantas purificadoras de agua.

En todo ello –aseguraron los denunciantes– cuenta con el apoyo del director general de Control y Fomento Sanitario de los servicios Estatales de Salud, Gonzalo Alonso Colmenares, a quien le lleva mezcal, quesos “y hasta la Mañanitas en el día de su cumpleaños”.

El documento entregado a este medio, está firmado por 15 de 13 trabajadores y va dirigido a Lino Núñez Márquez, quien recientemente asumió el cargo de coordinador y que –según se había anunciado– lo dejaría este mismo miércoles, sin que así halla sucedido.

En él dan cuenta de las presuntas irregularidades en que incurre Armando Rodríguez, quien según ellos los amenazó con despedirlos si publicaban el escrito. Señalan que el Departamento de Regulación, Control y Fomento Sanitario tiene dos vehículos, y uno lo usa para sus necesidades personales y el otro tiene casi un año en “reparación”, a pesar de que ya se pagó la compostura.

Agregaron que la gasolina se la gasta “inventando comisiones” y la niega al personal, además de que no les brinda cursos de capacitación y si la dependencia organiza alguno el que se inscribe es el propio Armando Rodríguez.

Indicaron que las medidas de seguridad en las plantas purificadores son imparciales, pues “solapa a determinados propietarios que son sus amigos”.

A fines del año pasado, un estudio de la Secretaría de Salud establecía que el agua de casi todas las plantas purificadoras de la región presentaba bacterias y era de mala calidad.

Los trabajadores concluyen que es necesaria la remoción del jefe del Departamento de Regulación y Fomento Sanitario, pues su permanencia impide el avance de la dependencia.

Este miércoles se buscó en su oficina al funcionario para escuchar su versión, pero no se pudo localizar.