Este lunes la Policía Federal (PF) cumplió dos años de hacerse cargo total de la seguridad en la región de Tierra Caliente, sin cumplir las metas a corto plazo y con severas muestras de abandono en la mayoría de los municipios.
Desde el 5 de diciembre del 2014, el gobierno federal anunció el desarme total de todas las policías municipales en los nueve Ayuntamientos que conforman Tierra Caliente, tras descubrirse que en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa participaron policías municipales de Iguala que estaban coludidos con delincuentes del grupo criminal de Guerreros Unidos. Además algunos municipios del estado de México y Michoacán también fueron desarmados.
La medida se planteó en un comunicado en el que decía que pondrían bajo investigación a todas las corporaciones municipales de la región, considerando que podrían estar infiltradas (por la delincuencia organizada), a cambio la PF y la Gendarmería se encargarían de la seguridad en estos municipios.
La PF instaló su base de operaciones en cada municipio con apoyo del Ejército. Contrató de uno a dos hoteles en cada localidad, tres tienen albercas y algunos son los que brindan las mayores comodidades en esos municipios.
El primer objetivo del operativo era brindar seguridad en los municipios porque “las policías locales no podían dar considerando que estaban infiltradas”, se anunció en 2014.
Durante el primer año del operativo hubo homicidios muy sonados como el asesinato de un juez en Altamirano a 50 metros de la puerta del 34 Batallón y plena luz del día. El homicidio de un sacerdote de Altamirano. Además se dio el incremento de los secuestros en San Miguel Totolapan y Ajuchitlán.
El operativo quedó en evidencia cuando en noviembre del 2015, el entonces alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte denunció el estado de inseguridad y de extorsiones que se vivía incluso con la presencia de la PF.
El 5 de diciembre del 2015 la Gendarmería arribó por primera vez a Tierra Caliente con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y el vocero del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), Renato Sales Heredia, para relanzar el operativo Tierra Caliente que ya tenía un año funcionando pero que aceptaron que tenía severas deficiencias.
El los ajustes del operativo incluía la presencia de más de 500 agentes de la Gendarmería y su primer objetivo era brindar seguridad al alcalde Ambrosio Soto quien había denunciado amenazas de la delincuencia organizada y quien fue asesinado el 23 de julio de este año.
Previamente, a una cuadra del hotel donde se hospedaba la Gendarmería secuestraron al esposo de la síndica de Pungarabato, Rosalba Rendón Andrade.
En marzo la PF y la Gendarmería retiró el 90 por ciento de sus agentes.
Los policías federales y gendermes retornaron a Tierra Caliente cuatro meses después luego del homicidio del alcalde de Pungarabato, regresaron con otro fuerte número de agentes quienes duraron un mes y medio y se volvieron a retirar.
En el segundo año del operativo hubo más de 50 secuestros y al menos en cuatro casos fueron masivos, entre Arcelia, San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del Progreso.
La PF regresó con sólo 80 agentes a Tierra Caliente y se instalaron recientemente entre los municipios de Arcelia, Pungarabato y Coyuca de Catalán.
En noviembre la PF envió documentos a los Ayuntamientos de Pungarabato, Coyuca y Tlapehuala anunciando que terminaba con el operativo de la seguridad en Tierra Caliente, pero que seguiría colaborando dando seguridad pero bajo otras estrategias.
Esto incrementó la solicitud de Ayuntamientos como Arcelia, Tlapehuala y Coyuca de Catalán de que les regresen las armas para volver a restablecer las corporaciones municipales pero siguen sin resolverles.
