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Rechazan empleados del hospital de Zihuatanejo a los nuevos jefes del área de Gobierno

 

Los trabajadores sindicalizados del hospital general Bernardo Sepúlveda Gutiérrez de Zihuatanejo, rechazaron los nuevos nombramientos en los puestos de confianza en el área de gobierno del nosocomio y amagaron este miércoles con declararse en asamblea permanente para parar labores, porque argumentan que los funcionarios recién llegados no tienen el perfil para ocupar los cargos.
Debido al cambio de gobierno estatal, el pasado martes se presentaron en el sanatorio los nuevos jefes, el de Recursos Humanos, Alejandro Campos Cadena, quien es ex director de Servicios Públicos de Zihuatanejo, el de Recursos Financieros, Marco Polo Rocha Galindo, abogado y conocido militante priista, el de Recursos Materiales, Audel Bravo, quien fuera administrador municipal de mercados en la pasada administración y la de Compras, Marlén Montaño Alba, militante priista y regidora en el trienio 2008-2012.
El director del hospital, Alejandro Reséndiz Rosales fue ratificado en el cargo, mientras que el puesto de administrador sigue ocupado por Víctor Armenta Rosales, pero se prevé que sea relevado en el transcurso del mes.
Se conoció que cuando los recién nombrados se presentaron en el hospital para tomar protesta, los trabajadores, principalmente los sindicalizados, expresaron su rechazo y amagaron con parar labores ayer, sin embargo, su líder sindical, Mireya Reyes Grande se reunió con ellos durante más de dos horas para discutir la situación.
De acuerdo con uno de los trabajadores, en la reunión sus compañeros rechazaron a las personas designadas en esos cargos, “porque ya los conocemos, sabemos que no vienen a levantar el hospital, no van a hacer nada bueno por el hospital, por eso se acordó que no vamos a permitir que se queden aquí, sólo aceptamos los nombramientos del director y del administrador, a los demás no los queremos aquí”, comentó.
Al plantearle que esos nombramientos son para trabajadores de confianza que suelen relevarse cuando cambia la administración estatal, otro de los trabajadores aseveró que “aquí tenemos también compañeros que pueden ocupar esos cargos, además de que el sindicato también tiene derecho a proponer a compañeros para que estén en esos lugares, a los que nombraron no los queremos porque no vienen solos, son en total 12 personas las que vienen con ellos, si es así, aquí también hay compañeros esperando ser contratados”, se quejó.
En la reunión acordaron que van a esperar esta semana para ver cómo se desarrolla la situación y después, “vamos a tomar otro tipo de acciones”, expresó el trabajador.

Denuncian trabajadores del Donato que sigue el hostigamiento de la delegada sindical

Trabajadores del hospital general Donato G. Alarcón, de Ciudad Renacimiento, denunciaron que sigue el hostigamiento de la delegada de la Subsección 21 de la Sección 36, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Raquel Estrada Villaseñor, en los cambios de puesto.
También acusaron al jefe de Recursos Humanos, Ariel Terrazas Téllez, de estar coludido con la representante sindical que le facilita información de los trabajadores.
En conferencia de prensa en el Zócalo, el trabajador de base, Javier Castrejón Martínez, señaló que el jefe de Recursos Humanos “filtra información a cualquier persona”, pues, dijo, al tramitar el Estímulo Anual y Asistencia Perfecta, el funcionario informó a la delegada Raquel Estrada Villaseñor, acción que no está permitida; “ellos dicen quién se va o no a los estímulos”.
Contó que por recomendación de Terrazas Téllez fue a Chilpancingo a revisar en el sector central la prestación a la que tiene derecho como trabajador. De su visita a Chilpancingo, tanto el jefe de Recursos Humanos como la delegada sindical esparcieron el rumor entre los trabajadores de que fue a Chilpancingo a reportar a quienes están comisionados en el SNTSA, “me confrontó (Ariel Terrazas Téllez) con los mismos compañeros”.
Castrejón Martínez manifestó que por las constantes quejas y denuncias públicas contra funcionarios del hospital y la representante sindical, lo bloquearon de los estímulos como parte de sus derechos laborales.
Expuso que teme por su seguridad física y laboral “ellos me han amenazado con quitarme la base”, y al preguntarle quién lo ha hecho, respondió: “compañeros me han dicho que la delegada sindical señala que no sé en qué problemas me metí, que hasta la plaza me pueden quitar”.
Abundó que hay un grupo de choque de sindicalizados que lo han amenazado: “me han dicho que tenga mucho cuidado”.
Por su parte, el trabajador de contrato, el enfermero Joel Hernández Gómez, expuso que los problemas contra él y Javier Castrejón se originaron desde que él denunció que en el proceso de entrega de plazas se privilegió a gente cercana a la delegada sindical y que no cumplía los requisitos.
Hernández Gómez aseguró que el jefe de Recursos Humanos mantiene constante comunicación con la delegada sindical, a quien le informa de las acciones administrativas de los trabajadores.
Lamentó que no se guarde confidencialidad en el uso de la información de los trabajadores de la Secretaría de Salud en el hospital Donato G. Alarcón.

Plantan autoridades del ISSSPEG a trabajadores que no cotiza y exigen su reincorporación

Autoridades del Instituto de Seguridad Social de los Servicios Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) no se presentaron a la reunión con trabajadores de la Sección 27 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), quienes están inconformes porque 144 trabajadores no están cotizando y quieren su reincorporación.
La reunión estaba programada a las 5 de la tarde de ayer en la casa de un trabajador del sindicato, ubicada en la colonia Vista Alegre, pero solo acudieron el secretario de la Sección 27 del SUSPEG, Gilberto Baños, y por parte de la paramunicipal el ex director operativo Juan Caballero, además por parte de los inconformes, Ernesto Ríos Martínez.
Ríos Martínez denunció que dos trabajadores de la paramunicipal que en 2011 se jubilaron “no han cobrado su pensión, y algunos trabajadores que están vigentes no pueden gozar de esos beneficios como préstamos, debido al adeudo que está (pendiente) con la institución” y espera que el actual secretario de la sección 27 del SUSPEG, Gilberto Baños, los ayude.
Explicó que el ex secretario sindical Ángel Domínguez Cortés “no se preocupó y al final de su periodo, en lugar de ayudar a los trabajadores les quitó el beneficio a 144 de ellos de seguir cotizando al ISSSPEG, suspendiéndoles el derecho y retirándoles el pago, y con ese hecho, violentó el derecho de cada uno de los trabajadores”.
Ríos Martínez dijo que platicaron con el actual secretario del sindicato y les manifestó que tendrán el apoyo para buscar la forma de que la CAPAMA haga los pagos al instituto, “para que la quincena que nos descuenten vaya de inmediato al fondo del instituto para tener los beneficios para la seguridad social, es lo que estamos buscando”.
Abundó que hay unos 400 trabajadores que ya se jubilaron, pero actualmente están sin ese derecho 144 trabajadores que ya tienen derecho a la jubilación, “no están cotizando al ISSSPEG y queremos la reinstalación para estar vigentes, porque hay compañeros que están cotizando, pero no están dados de alta y no están con su número vigente”.
“Citamos a la reunión para que funcionarios del ISSSPEG nos informen desde cuando está el adeudo de la CAPAMA con el instituto y el monto real de la deuda, y conocer cuál es el mecanismo para ponernos al corriente y gozar de los beneficios que tenemos derecho todos los trabajadores sindicalizados de la paramunicipal”, puntualizó.
Finalmente, Ríos Martínez abundó que estaría en la reunión el director del ISSSPEG, David Guzmán y su gabinete de colaboradores; “me confirmaron la cita en este lugar, quién sabe que haya pasado, quedaron muy formal que a la cinco, pero la plática la vamos a tener y vamos insistir para que las autoridades estén presentes y no vamos a quitar el dedo del reglón”.

Liberarán la Jurisdicción hasta que les den las plazas, dicen trabajadores de Vectores

Trabajadores de contrato del departamento de Vectores que mantienen tomadas las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria 07 desde el 13 de septiembre, dijeron que el viernes acudieron el jefe de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud estatal, Marcos Marváez, y el delegado administrativo Julio Ortiz, quienes les pidieron que terminaran la protesta.
Los integrantes del “movimiento de los 63”, como se autonombran, indicaron que mantendrán la exigencia de la entrega de plazas, a las que desde la administración anterior se comprometió el secretario de Salud.
El trabajador Ramiro Hernández Alonso contó que el viernes los dos funcionarios llegaron a las instalaciones que mantienen tomadas y les ofrecieron el pago de las quincenas retenidas de septiembre y octubre, además de ser considerados para la próxima remesa de plazas de la Secretaría de Salud federal.
Pero reiteró que su postura es de sólo levantar el paro cuando se les otorguen las plazas.
Indicó que les respondieron al nuevo jefe de Recursos Humanos, Marcos Marváez, y al todavía delegado administrativo Julio Ortiz que si el anterior secretario de Salud, Edmundo Escobar Habeica, sabía que no tenía la función de decidir sobre la entrega de las plazas porqué se comprometió a entregarlas.
También les expusieron a los enviados del secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, que dentro de la minuta firmada por su antecesor, Escobar Habeica, éste se comprometió a remover del cargo al coordinador del departamento de Vectores en Acapulco, Raúl Estrada, a quien acusan de hostigamiento laboral.
De sus peticiones, las más importantes no se han atendido.
Se acordó que ambos funcionarios volverán a reunirse el martes con los 63 trabajadores en paro y revisarán todas las minutas del conflicto que inició desde finales de junio; “en su momento nosotros guardamos todos los papeles que nos iban firmando, ellos nos dijeron que los trajéramos al plantón y ya de ahí empezamos de cero”.
Otra de las trabajadoras, Isabel Miranda, dijo que los funcionarios trataron de persuadirlos pero volvieron al mismo punto: que ya no hay plazas para ellos.
Señaló que ha escuchado rumores de que el martes se liberará el edificio de la Jurisdicción ubicado en el fraccionamiento Hornos, pero aclaró que eso era falso y su postura es de no dar las oficinas hasta que se les entreguen las 63 plazas.
Aclaró que sí hay plazas para los trabajadores de Vectores porque tiene conocimiento de que la federación destinó dos mil 400 de ellas para los empleados del sector salud en el estado y sí se incluyó a los del área de Vectores; “a nosotros nos están excluyendo como trabajadores de Salud, ellos (el gobierno del estado) argumentan que nuestro departamento no entra a formalizaciones, no es verdad, tenemos una ley que nos respalda”.
El 29 de septiembre, los inconformes iniciaron sus protestas por el adeudo de tres quincenas y para exigir la formalización o entrega de plazas. Aquella vez tomaron por tres días las oficinas de la Jurisdicción y entregaron el edificio después de que se reunieran con el secretario de Salud, Edmundo Escobar Habeica, quien se comprometió a interceder en el proceso de integración a la nómina de la Secretaría de Salud como basificados.
El 11 de septiembre, los empleados iniciaron una protesta de brazos caídos en las oficinas del departamento de Vectores en Ciudad Renacimiento, pues aseguraron que no eran incluidos para el proceso de formalización que ya había iniciado.
La noche del 13 de septiembre, los inconformes llegaron a las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria 07 y tomaron el edificio, y desde ese día se han mantenido en protesta.

Prevén especialistas y autoridades que la pensión de retiro de los trabajadores resulte insuficiente

 

Sí, trabajar durante décadas y acumular recursos en la Administradora de Fondos de Retiro (Afore) es complicado, porque una reforma sobre el tema quedó inconclusa.
La pensión no solo será baja, sino que es posible que sea insuficiente para todo el tiempo que le resta de vida al trabajador, coinciden especialistas y autoridades.
La entrega de pensión a los trabajadores, conocida como fase de desacumulación, es la última parte de un proceso que apenas comienzan a enfrentar algunos.
Actualmente, la ley señala que para retirarse con los recursos de la Afore, un trabajador solo tiene la opción de contratar con una aseguradora un programa de rentas vitalicias, bajo el cual la aseguradora le dará una renta durante el tiempo que se estime será su sobrevida.
La aseguradora cobrará una comisión.
Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), explicó que las rentas vitalicias son un mercado poco desarrollado en México porque sólo lo ofrecen cinco aseguradoras, hay un sólo producto y la dispersión de comisión es amplia entre la más alta y la más cara.
Para dar una renta vitalicia, las aseguradoras hacen un cálculo del monto acumulado durante la vida laboral del pensionado y los años que podría vivir.
“Estamos viendo que a la hora de elegir aseguradora, la elección no está siendo necesariamente la mejor y estamos discutiendo cambios en los formatos de información que reciben los trabajadores que están por pensionarse porque una compañía que es más cara que otra, te puede consumir recursos más rápido”, explicó Ramírez.
Pero además especialistas de OCDE señalan que se necesitan más opciones al momento para retirarse, como puede ser un retiro programado, con él, una parte del dinero ahorrado se queda en la Afore para que siga generando rendimientos, pero cada mes se desembolsa una parte al trabajador para que forme parte de su pensión.
El monto desembolsado, se recalcula cada año con base a los intereses que genere el ahorro que aún permanece en la Afore.
Esta combinación de renta vitalicia y retiro programado protege al trabajador del riesgo de que viva muchos años y su dinero se acabe, pero también lo cuida de la volatilidad que puede generar pérdidas en la inversión que tiene en su administradora, según Ramírez.
Pablo Antolini, economista principal y jefe del equipo sobre las pensiones privadas de la OCDE, recomendó a México combinar en distintos instrumentos los activos para el retiro, así como dar origen a distintos productos de rentas vitalicias, pues hasta ahora sólo existe uno.
Sin embargo, la creación de más productos requiere nuevos requisitos de reserva y capital para las aseguradoras, destacó.
En 2013 se propuso una iniciativa de cambios en la seguridad social donde se proponía incluir el retiro programado, pero dicha iniciativa que también contenía el seguro de desempleo y otros cambios a las Afores, se quedó sin aprobar en el Senado
“Ese brinco del día que yo alcance 65 años, saque el dinero de mi Afore y compre una pensión, requiere una regulación integral”, reconoció Carlos Noriega, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).
Agregó que el SAR es un modelo incompleto que delegó mucha responsabilidad al trabajador y que dejó pendientes que actualmente urge resolver.
Mencionó que parece que la función de la Afore termina el día que el trabajador cumple 65 años cuando la realidad es que la Afore sigue activa y en relación con el trabajador cuando se pensiona.
Sin embargo, todo este funcionamiento aún no está definido.
Expuso que al crear el sistema de cuentas individuales, no se consideró que se estaba asignando una responsabilidad muy grande al trabajador, al asumir que su pensión dependerá de su esfuerzo.

Reconoce Salud estatal el abandono de puestos de trabajadores del sector ante la inseguridad

 

El secretario de Salud del estado, Carlos de la Peña Pintos, reconoció que por la inseguridad se abandonan los centros de Salud. Consultado al finalizar el curso taller de autoprotección médica impartido por el Comité Internacional de la Cruz Roja en un hotel de la avenida Costera, dijo que la anterior administración no le ha entregado la relación de personal médico que ha cambiado o renunciado de su sitio de trabajo.
De la balacera en Atenango del Río donde un una persona del sector salud fue asesinada de bala y otra fue herida, De la Peña Pintos informó que quien resultó herida es una enfermera y se envío a un hospital de Morelos, por la cercanía, para su atención debido a que requirió un trasplante. Por otro lado, de los 60 médicos desplazados en Filo de Caballo, dijo que corresponde a las autoridades responsables de seguridad atender ese problema, y que ya está en pláticas con sindicatos para su eventual regreso.
Del techo presupuestario para el pago de la nómina, informó que para cubrir el pago de los 5 mil trabajadores del sector Salud se tomaron recursos del Seguro Popular y de otros programas, afectando directamente la atención de los pacientes.
“No es posible que nuestras comunidades tengan que abandonar los centros de salud por problemas de inseguridad”, afirmó el funcionario al salir del taller de autoprotección médica que inauguró.
El también secretario de Salud en la administración de René Juárez Cisneros dijo que, por el ambiente de inseguridad se refleja en incertidumbre, “una persona que está nerviosa, que está temerosa, que no sabe qué pueda suceder, obviamente repercute en la atención de los pacientes”.
De la Peña Pintos expuso que desconoce cuántos médicos y trabajadores del sector son desplazados por la inseguridad, “en eso estoy porque no nos han entregado toda la relación de aquellas personas que han cambiado y que han abandonado su sitio o lugar”.
Para el funcionario, el eje de su plan de trabajo será la atención de los guerrerenses en la prevención de enfermedades y la detección temprana de enfermedades.
Sobre la muerte de un trabajador frente al centro de Salud en Atenango del Río, dijo que es “un problema”, y de la enfermera herida en el brazo informó que se mandó al Centro de Trasplantes en Cuernavaca, que “se le pudo poner a la paciente una prótesis”.
El jueves de la semana pasada, hombres con fusiles AR-15 atacaron a balazos a un empleado de la Secretaría de Salud, quien murió por tres impactos de bala, afuera del centro de salud de ese municipio. El empleado, José Carlos Silva Urquiza estaba acompañado por Julissa Nájera Alonso de 18 años.
Por el desplazamiento de 60 trabajadores del hospital comunitario en Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo y que permanecía cerrado desde el 15 de octubre, tras un enfrentamiento entre dos grupos armados en la comunidad de Puentecilla, del que se reportó la entrada de un helicóptero y de 40 pistoleros en ese municipio, y un albañil asesinado; Peña Pintos dijo que tenía conocimiento de ese hecho, y que trabajará con el sindicato y autoridades de seguridad para reintegrar a los trabajadores a ese centro de salud.
De la deuda histórica de 10 años que tiene la Secretaría de Salud estatal, entre adeudo a proveedores y falta de techo presupuestario para trabajadores, respondió que “se tiene que deslindar responsabilidades”. Reconoció que sí afecta al funcionamiento a la secretaría porque “no hay dinero que se tiene que pagar”.
Por la toma de las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria 07 en Acapulco, manifestó que es un problema ajeno a la Secretaría de Salud estatal y que desconoce los compromisos de la anterior administración con los 63 trabajadores de vectores que piden la entrega de plazas en el sector Salud, “bases nosotros no tenemos, no tenemos recursos, es un problema. Si teníamos nosotros más de cinco mil trabajadores sin respaldo financiero que teníamos que tomar del Seguro Popular o de otros programas, eso afecta la dinámica de la atención de los pacientes, ahorita ya bajó a 3 mil y tantos, es un problema, que así recibimos y tendremos que resolverlo”.
Puntualizó que lo único que pueden ofrecer es la continuidad de trabajar en la dependencia estatal: “no hay bases, más que por contrato”.

Tiene la Capach un déficit de 50 millones de pesos; anuncian despidos de trabajadores

El encargado de despacho de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), Omar Francisco Pérez Guzmán dijo que el organismo tiene un déficit financiero de 50 millones de pesos y 30 porciento de los trabajadores en nómina “están de más, porque son recomendados y serán despedidos”.
Dijo que la Capach tiene un déficit financiero de 50 millones de pesos, porque durante varios periodos municipales se acumularon adeudos.
Uno de los principales problemas es el gasto de la energía eléctrica y el pago que hace la paramunicipal es alto, por lo que reducirá el tiempo del bombeo para la distribución para así reducir el pago.
Informó que habrá recorte de personal porque el organismo está rebasado de trabajadores con un 30 por ciento, “tenemos que aprovecharlos, distribuirlos y eliminar personal que no sea eficiente. Hay trabajadores que están de más, algunos son recomendados y serán despedidos”.
Pérez Guzmán dijo que otro problema es el aumento de la nómina, porque hay trabajadores recomendados que no son eficientes para el organismo.
Agregó que la Capach puede ser autosuficiente y no ser privatizada como dijo el alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena. Los trabajadores han detectado varios puntos críticos que podrían llevar a la quiebra a la paramunicipal como la comercialización de agua.
Un problema más es la operación y distribución del agua, los colonos se quejan de no recibir el servicio y no pagan, mientras que “la Capach dice, ‘no me pagas no te doy agua’, este círculo se deberá de romper, se deberá de brindar el servicio para que el organismo tenga derecho a cobrar”.

Reciben los trabajadores a Héctor Astudillo en el Palacio de Gobierno

 

En su primer día de trabajo como gobernador, Héctor Astudillo Flores sorprendió a los trabajadores del Palacio de Gobierno por su aparición inesperada caminando por donde lo hace el común de la gente.
Como una muestra de aprobación por el regreso del PRI al gobierno, Astudillo Flores fue recibido por los trabajadores mientras caminaba entre los burócratas que se desvivían por saludarlo.
Al medio día de este miércoles, Astudillo Flores llegó al Palacio de Gobierno acompañado por su secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quienes detenían el paso para atender el saludo de algún trabajador.
Astudillo Flores ingresó por la puerta principal del edificio Centro, uno de los siete que conforman el Palacio de Gobierno, en el que se ubica la secretaría particular del gobernador.
Desde la puerta, Astudillo Flores fue rodeado por los trabajadores e inclusive algunos ciudadanos que intentaban solicitarle ayuda para sus comunidades, colonias u organizaciones.
La primera dificultad a la que se enfrentó el gobernador fue que su secretario particular, César Armenta, quien antes era síndico del gobierno capitalino, llevaba 10 minutos encerrado en el elevador que conduce a su despacho en la segunda planta.
Ante ello el gobernador decidió subir por las escaleras principales, por donde entran todas las personas que piden una audiencia con él; ya en el segundo piso se acercó el encargado del mantenimiento del elevador, quien apenado y con angustia le pedía disculpas por el mal funcionamiento.
La antesala de su oficina estaba más llena que los últimos días de la administración de Rogelio Ortega, y entre su equipo de seguridad logró pasar a su oficina donde ya lo esperaban dos secretarias.
Entre saludos de beso y abrazos, Astudillo Flores pidió a una de sus asistentes que le mostrara las oficinas y cómo se podía llegar a la Secretaría General de Gobierno.
En el recorrido le mostraron los pasillos que conectan a los edificios aledaños a su despacho, como el de la Secretaría de Finanzas y Administración, pasillos que no pueden ser utilizados por la gente que realiza trámites.
La asistente lo condujo por el pasillo que conecta a la Secretaría de Gobierno, donde se encontró con los representantes de Prepas Populares, quienes lo felicitaron por su llegada a la gubernatura.
En la Secretaría de Gobierno se dedicó a saludar a las secretarias y subsecretarios que salieron a recibirlo; entre fotos y apretones de manos al gobernador se le mostro el segundo pasillo que conecta de manera directa a su oficina.
Desde su despacho principal se puede contemplar la entrada principal del Palacio de Gobierno.
Su oficina se divide en tres espacios; el primero es una sala de sillones blancos; en medio del espacio está su escritorio de cristal, y en el tercero que queda de espaldas a su escritorio hay una mesa grande blanca.
En la pared que queda a la espalda de su escritorio fue colocado el escudo del estado y el nombre de Guerrero con letras de metal. Los pisos son de losetas de colores claros.

Pagan a 44 trabajadores de la Cruzada contra el Hambre los salarios que les debían

Trabajadores del programa federal Cruzada Nacional Contra el Hambre recibieron el pago de cuatro meses de sus salarios devengados, después de permanecer 12 días en plantón frente al edificio de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en esta ciudad.
Uno de los promotores que durmió en la banqueta de la entrada principal del edificio ubicado en la colonia Burócratas al sur de la ciudad, informó que poco después de las 10 de la noche de este lunes se les entregó el pago de sus salarios.
El pago cubrió a los 44 trabajadores que durante poco más de un año laboraron en el programa, pero dejaron de recibir el pago en los últimos meses.
Desde el 14 de octubre los promotores y coordinadores del programa federal que se dedicaban a establecer comités municipales en comunidades marginadas por su pobreza, cerraron el edificio federal ante la falta de pago.
Durante los 12 días que mantuvieron su plantón los trabajadores exigieron que la dependencia federal cumpliera con el contrato, porque no les habían pagado desde marzo.
Este es el segundo grupo de trabajadores de la delegación federal que se manifiesta en la dependencia para exigir el pago de sus salarios, en menos de 2 meses 182 trabajadores de ese programa se han manifestado en la capital del estado debido a que no les pagan.

Cumplen dos días en paro trabajadores del almacén de Salud en Iguala; exigen viáticos

Trabajadores del almacén de la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte con sede en Iguala, mantuvieron ayer por segundo día la toma de las instalaciones, exigen el pago de viáticos para seis empleados de base de la Secretaría de Salud.
Se prevé que este día tengan una reunión con las autoridades regionales y sindicales para que les den una respuesta a su petición.
Este lunes en la mañana los seis empleados encargados del abasto de medicamentos en los 16 municipios de la zona Norte pararon labores y tomaron el almacén con el apoyo de 11 de sus compañeros administrativos para exigir 20 mil 880 pesos de viáticos y el mantenimiento a los vehículos con los que trabajan.
Según información de los trabajadores en paro, a los que no les pagan viáticos desde julio pasado, desde mediados de agosto dejaron de repartir medicamentos y material de curación a las 157 unidades médicas de los 16 municipios de la zona Norte, lo que ya ha generando un desabasto en éstas.
También piden que les den el combustible para los recorridos, pues sólo les entregan 60 litros de gasolina, cuando se requieren en promedio 90 litros para cubrir las rutas de los 16 municipios de la región.
Uno de los afectados, Francisco Javier Hidalgo Sánchez informó que la toma del almacén, el cual está junto al hospital general Jorge Soberón Acevedo, al oriente de la ciudad, será por tiempo indefinido hasta que les paguen los viáticos a los seis trabajadores.
Informó que la mañana de ayer se presentó con ellos el jefe jurisdiccional, Miguel Villanueva González sólo para informarles que hoy acudirán los representantes sindicales de la sección 36 y la subsección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) a la que pertenecen, para buscar un acuerdo y ver la posibilidad de que sus peticiones se resuelvan y liberen las instalaciones.
Hasta la tarde de ayer el almacén seguía tomado y los trabajadores en paro.