Iris Velázquez / Agencia Reforma

Ciudad de México

Organizaciones que acompañan a las familias de los normalistas de Ayotzinapa, reprocharon que se permitiera al general Rafael Hernández Nieto, implicado en el caso, enfrentar su proceso en libertad, por considerar que se da un tratamiento preferencial y un sesgo a favor del Ejército.
La juez federal Raquel Ivette Duarte concedió a Hernández, ex comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, el beneficio de llevar en libertad su proceso por el delito de delincuencia organizada, relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Recibió un inusual beneficio para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria. No es la primera vez que este general recibe un tratamiento preferencial. La determinación adoptada por la juez segundo de distrito muestra un innegable sesgo a favor del Ejército. Las organizaciones que acompañamos a las familias no hemos conocido de otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen esta clase de beneficios, explicables sólo por la identidad militar del acusado y por el enorme poder que se ha otorgado a las fuerzas armadas en el presente”, señalaron en un posicionamiento las organizaciones Centro Prodh, Serapaz, Fundar y Tlachinollan.
Al hacer un recuento de los beneficios otorgados al general, recordaron que en agosto de 2022 fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió, lo que sostuvieron se logró de forma ilegal.
“Luego de casi un año de denunciar esa grave irregularidad, que en su momento motivó la salida de quien fuera fiscal del caso, las familias de los normalistas con el acompañamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) evidenciaron que esta decisión había sido ilegal y la orden se ejecutó finalmente, siendo detenido el general el 6 de julio de 2023, después, se le dictó auto de formal prisión.
“Además, de forma extremadamente inusual, la Guardia Nacional determinó, en menos de 24 horas, que el detenido no presentaba riesgo de fuga, celeridad y parcialidad que no se ha documentado en casos de civiles acusados de delitos, y que resulta sumamente sospechosa”, advirtieron.
Las organizaciones acompañantes subrayaron que el Hernández Nieto, quien era comandante del 41 Batallón de Infantería cuando ocurrieron los hechos, fue expresamente mencionado en los mensajes de textos intercambiados por narcotraficantes del grupo involucrado en la desaparición de los normalistas.
“Con menciones que muestran que tenía un trato asiduo de connivencia con la delincuencia organizada. Específicamente, en los mensajes se dice que ‘voy a ir a telo a traer cosas y ver al coronel Nieto para que esté bien todo’. Además de la mención directa por apellido, en esos mensajes existen otras muchas alusiones al estrecho trato del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos con los miembros del 27 y el 41 batallones de Infantería, mientras (Hernández) Nieto era la cabeza de este último”, añadieron.
Informaron que debido a la distancia, los padres de los normalistas apenas están conociendo la determinación y en su momento fijarán su postura.
“No obstante, es necesario señalar, desde ahora, que esta inédita decisión es otro fuerte golpe de impunidad que acredita, como lo hizo la negativa castrense a entregar los documentos requeridos por el GIEI, que el Ejército mexicano se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos, que obstaculiza impunemente el esclarecimiento de los casos de violaciones de derechos humanos en los que esta misma administración prometió verdad y justicia”, indicaron.