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Coordinador de comisariados llama a evitar la toma del TUA en Iguala por abogados

Alejandro Guerrero

Iguala

El coordinador del Consejo de Comisariados Ejidales en la región Norte, Gabriel Díaz Hernández denunció que un bufete de abogados privados que lleva 60 casos de núcleos comunales y ejidales, a los que han prometido resolver sus casos a favor, pretende tomar este martes las instalaciones del Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Iguala, lo que pone en riesgo que el gobierno federal cierre esta sede que atiende a 25 municipios de la zona Norte y Tierra Caliente, y llamó a los ejidatarios a no prestarse a estos movimientos e impedir la toma.
En conferencia de prensa en su consultorio médico, Díaz Hernández alertó que un grupo de abogados privados está acaparando los conflictos agrarios, cobrándole altas cantidades a los ejidatarios y prometiéndoles que los resolverán a su favor, lo que advirtió que “no es cierto”. Informó que ese buró de abogados, del que no reveló el nombre, lleva 60 asuntos agrarios de las dos regiones.
Destacó que el problema “muy fuerte” que se tiene en Iguala, es que el gobierno federal pretende cerrar la sede del Tribunal Agrario que atiende a 25 municipios de la región Norte y Tierra Caliente, y dejar sólo la oficina en Acapulco.
Adelantó que este grupo de abogados particulares tienen previsto tomar la mañana de este martes la oficina del Tribunal Unitario Agrario de Iguala con ejidatarios a los que representan, “porque quieren que el Magistrado Francisco Marcos Hernández Báez emita sentencias en su favor o que sea despedido porque no da sentencias a favor de sus asuntos legales que tiene con los ejidatarios”.
Llamó a comisariados ejidales y comunales que llevan casos con esos abogados a que “no se presten a esos movimientos personales y afecten a un tribunal agrario que está trabajando”, y por el contrario, convocó a ejidatarios a que asistan para que se evite la toma de las instalaciones.
“Vamos a estar ahí en la mañana esperando lograr que no se tomen las instalaciones porque no es justo ni correcto”, destacó el representante ejidal.
 

Presentan pruebas en el TUA para impugnar al comisariado ejidal de Chichihualco

Ejidatarios del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco) tuvieron su sexta y última audiencia en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) para desahogar las pruebas de la impugnación de las elecciones del comisariado, del 15 de enero del año pasado, cuando fue electo Enrique Pérez Morales.
Siete vecinos que impugnan la elección de Pérez Morales, declararon para el desahogo de pruebas.
En entrevista al término de la audiencia, el presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) de Leonardo Bravo, Pablo Ortiz Cuevas señaló que ésta es la última audiencia para presentar pruebas testimoniales de que el día de las elecciones no hubo boletas para la elección del comisariado.
Recordó que el tribunal dio al comisariado ejidal cinco días para presentar las boletas utilizadas en la elección, y aunque la parte contraria aceptó el plazo para entregar las boletas, el presidente de la CNC dijo que no entiende cómo harán para presentarlas, cuando ni siquiera hubo una convocatoria para las elecciones, aunque ellos aseguren que sí. Contó que la parte contraria se contradijo en sus declaraciones, porque algunos dijeron que sí existía la convocatoria y otros que no.
Finalmente, comentó que van a esperar la sentencia del TUA, en 15 o 20 días según les dijeron, y que también les dijeron que hay un 95 por ciento de probabilidades de que les sea favorable, ante las pruebas que presentaron. Después de la sentencia, dijo que pedirán que se separe de su cargo al comisariado y que tome su lugar el suplente del comisariado anterior.
Se intentó consultar a Pérez Morales, pero éste sólo se limitó a decir que no tenía nada que declarar.

El gobierno no hace nada para detener la tala de sus bosques

Sobre la tala inmoderada de árboles en la sierra de Chichihualco, que aseguran se da con el consentimiento del comisariado, dijo que pareciera que, “hay un complot del gobierno”, ya que interpusieron la denuncia ante la delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Maricela Ruiz Massieu, “hicieron una inspección a la partes demandadas de la sierra, y ahí dice que encontraron bastantes irregularidades… no sé porqué no actúan”.
Dijo que la tala continúa y la Profepa ni siquiera les informó del tamaño de la superficie talada, a qué compañía se le está vendiendo la madera, ni del ingreso económico.
Detalló que por las noche acuden a marcar y a cortarlos los árboles, pero que de día no va nadie. La última vez que escucharon las motosierra, dijo, fue hace tres días.
Manifestó que saben que quienes acuden a marcar los árboles son de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), y que los ejidatarios exigen que les respeten sus derechos y beneficios del ingreso de la tala en el ejido, como lo marca la ley. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Exigen ejidatarios de Xitopontla, Ahuacuotzingo, un fallo a su favor en un conflicto con Olinalá

Pobladores del ejido nahua de San Martín Obispo Xitopontla, municipio de Ahuacuotzingo, mediante un comunicado exigieron que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) falle a su favor para recuperar mil 300 hectáreas de tierra que se apropiaron pobladores de Olinalá.
En el documento, autoridades agrarias del ejido compuesto por 17 comunidades, y la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero explican que desde 1988 comenzaron una lucha por la restitución de tierras de las que se apropiaron pobladores de Olinalá.
Señalaron que han recuperado 942 hectáreas. En 2002 recuperaron 878 hectáreas y este año 64 hectáreas.
Recordaron que, desde 2013 el TUA falló a su favor para la recuperación de las 64 hectáreas, sin embargo hasta el 5 de enero pasado les restituyeron las tierras. Refieren que aún están pendientes dos juicios que les permitirían recuperar mil 300 hectáreas.
Explicaron que las 17 comunidades viven en pobreza y cada año, pobladores migran a estados del norte del país y a Estados Unidos para sostener a sus familias.
“Por nuestros abuelos sabemos que las tierras nos pertenecen, pero que nos fueron arrebatadas, ya que diferentes pequeños propietarios se aprovecharon de ellos porque no hablaban español y no sabían leer ni escribir; y, mediante el alcohol, engaños y amenazas les obligaron a ceder el uso de estas tierras. Todo ello con la protección y apoyo de las autoridades estatales y federales”, detalla el comunicado.
Finalmente, exigieron a las autoridades agrarias y al gobierno del Estado que actúen conforme a derecho en los dos juicios que faltan.