Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, informó que el Poder Legislativo ya fue notificado vía electrónica por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la invalidación de los impuestos adicionales que aprobaron en las leyes de ingresos de municipios, y que éstos ya no podrán ser cobrados en 2024.
En declaraciones telefónicas, Bernardo Ortega reconoció que la Comisión de Hacienda sabía que estos impuestos adicionales –que en las leyes pusieron como sobretasa– podrían ser invalidados por la SCJN, pero que buscaron la manera en la cual incluirlos en las leyes de ingresos de los municipios para no afectar los ingresos de los ayuntamientos.
De los impuestos adicionales dijo que “nos queda claro que hay que quitarlos, y tendrán los ayuntamientos que buscar otra manera de cómo recaudar esos ingresos adicionales, que ya se habían declarado (inválidos) pero nosotros habíamos tratado de ayudarles en la Comisión de Hacienda (para) que no perdieran esos ingresos”.
Reprochó que los alcaldes “no hagan lo que les corresponde” porque no realizan estudios o un análisis de cómo sustituir estos estos ingresos para que sus finanzas no se vean afectadas, y que como comisión buscaron ayudarles cambiando el nombre de estos cobros, “chamba que le corresponde a los ayuntamientos”.
Para las leyes de ingresos del ejercicio fiscal 2024 que los ayuntamientos deben entregar el próximo mes al Congreso local, ya no se podrán contemplar estos cobros adicionales, y si se busca incluir estos impuestos entonces los alcaldes deberán presentar alguna propuesta o estrategia para hacer nuevos cobros.
Por lo pronto, dijo que la Comisión de Hacienda notificará a los alcaldes que estos cobros adicionales fueron invalidados por la Corte, por lo que se deben dejar de hacerlos y sobre todo no incluirlos en sus leyes de ingresos.
El perredista festejó la decisión de la Corte de declarar constitucional el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) que antes se había considerado inconstitucional.
Bernardo Ortega dijo que lo que realmente preocupaba al Congreso local y a la Comisión de Hacienda era que la SCJN declarara inconstitucional el cobro del DAP, porque eso sí afectaría económicamente a los ayuntamientos.
Precisó también que el cobro del DAP debe ser proporcional al consumo de luz que realiza el consumidor.