Metales pesados
Tryno Maldonado
México atraviesa un punto álgido en su larga pesadilla de desapariciones forzadas. El oscuro hito de haber alcanzado la cifra oficial de 100 mil personas desaparecidas en el país no ve fin.
Pero los números a la alza en casos de desapariciones involuntarias han dejado ver otras crisis paralelas: la trama de complicidad de las autoridades, la de la impunidad y la forense. Más aún si consideramos que éstas son sólo cifras oficiales: un gran número de desapariciones involuntarias no son denunciadas por los familiares por temor y desconfianza.
Por si no fuera suficiente la parálisis y complicidad del aparato del Estado en esta crisis contra los derechos humanos en México, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó en días recientes en su Informe de la Cuenta Pública que nueve estados subejercieron los recursos federales destinados a la atención de búsqueda de personas desaparecidas. Esto implica en sí mismo una violación más a los derechos de las miles de víctimas en todo el país.
Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Guanajuato, y Nuevo León son las entidades que devolvieron a la federación; un total de 121 millones 721 mil 500 de pesos destinados a la búsqueda de desaparecidos sin ejercer. Los desaparecidos en estos nueve estados suman oficialmente 49 mil 644. Es decir, 46 por ciento del total nacional. Sin embargo, sus gobiernos no se tomaron la molestia de emplear el recurso público asignado para su búsqueda. En algunos casos, como señala la ASF, dichas entidades devolvieron desde 30 hasta 100 por ciento del recurso, sin tocarlo en absoluto. Las comisiones de búsqueda estatales, según la ASF, ni siquiera presentaron los motivos del subejercicio.
Así el nivel de insensibilidad, inoperancia y de infamia de los gobiernos ante una herida abierta por todo el país.
Dado el desinterés y el nulo acompañamiento de parte del Estado para estas tareas tan sensibles, las propias familias han asumido la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Muchas veces, por desgracia, a costa de sus vidas.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) publicó en 2020 el libro Nos llaman las locas de las palas. El documento recopila los testimonios de mujeres con familiares desaparecidos y realiza un análisis de su papel en esta búsqueda incansable. En el texto se aborda cómo, de la misma manera en que ocurrió durante las décadas de los sesenta a los ochenta en México, la búsqueda por verdad y justicia de las y los desaparecidos se la han echado a la espalda sus propios familiares ante la inacción y complicidad del Estado. Pero, significativamente, es una tarea que se han echado a cuesta mujeres buscadoras. Acuerpadas en colectivos durante las últimas décadas, estas mujeres han dado ejemplo de dignidad y resistencia. Pero, como muchos testimonios de madres de desaparecidos nos han confesado, es una dolorosa lucha a las que el propio Estado las orilló y no una vida que ellas hubieran elegido.
“Dentro del movimiento de familiares de viìctimas –señala el documento citado–, las mujeres juegan el papel principal. Son la amplia mayoriìa de quienes se organizan y movilizan, sin que la sociedad conozca y reconozca el rol que estaìn desempenÞando para enfrentar la crisis. De la misma manera, son quienes reciben la mayoriìa de los impactos como viìctimas indirectas, tanto por su nuìmero dentro de las organizaciones como por su situacioìn especiìfica de geìnero”.
A partir del estudio de varios casos de mujeres buscadoras, el documento del Centro Prodh aporta datos muy valiosos de por qué son las mujeres dentro de las familias quienes asumen la responsabilidad de las búsquedas: 1) Los roles patriarcales de la mujer como cuidadora y del hombre como proveedor. 2) En algunos casos, nadie más que las mujeres dentro del núcleo familiar pueden hacerlo. 3) Los hombres se resignan o se desesperan rápidamente. 4) Para no exponer a otros miembros de la familia. 5) Los varones están demasiado afectados por la desaparición para sumarse a las búsquedas.
“Ellas –madres, esposas, hermanas, hijas, cunÞadas– son la mayoriìa en las marchas, en la confrontacioìn o la interlocucioìn con funcionarios, en las brigadas de buìsqueda en terreno, en las reuniones. Y sin embargo, la preponderancia de su papel es invisibilizada fuera de sus ciìrculos”.
También se desglosan las consecuencias irreversibles para estas mujeres a nivel de salud física y sicológica, además de la estigmatización y el desgarramiento dentro de su tejido social. Para no ir más lejos, tan sólo en lo que va de 2022 en México les han quitado la vida al menos a cinco mujeres por las labores de búsqueda de sus desaparecidos.
Ana Luisa Garduño, asesinada el 27 de enero en Temixco, Morelos; buscaba a su hija Ana Karen. Brenda Jazmín Beltrán, 37 años, del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme; buscaba a su hermano. Rosario Lilián Rodríguez, de Sinaloa, 44 años; buscaba a su hijo Fernando. Blanca Esmeralda Gallardo, asesinada el 4 de octubre en la carretera México-Puebla; buscaba a su hija. El caso más reciente es el de María Carmela Vázquez, 46 años, del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas de Pénjamo, asesinada el 7 de noviembre en Abasolo, Guanajuato; buscaba a su hijo Osmar.
