Abelardo Martín M.
En tanto el gobierno estatal encabezado por Héctor Astudillo anuncia planes y firma convenios, incluso con instituciones internacionales, para poner fin a la violencia de niños, niñas y adolescentes, la realidad guerrerense ha rebasado a nuestra burocracia, y da cuenta de hechos que debieran encender todas las alarmas de la comunidad.
La situación en Rincón de Chautla, una pequeña población del municipio de Chilapa, da muestras de la desesperación de sus habitantes ante la agresión y el asedio del crimen organizado, en este caso de la banda conocida como Los Ardillos, quienes desde el inicio del año han intensificado su ofensiva en la región.
Los habitantes denuncian que los delincuentes quieren reforzar el dominio del territorio y obligar a los campesinos a sembrar amapola. Con ello se ha generado una oleada de secuestros, desapariciones y asesinatos, y por supuesto el miedo y la inconformidad. Pero esta vez se ha llegado demasiado lejos.
Luego de la ejecución en Chilapa de dos concejales de una agrupación indígena a principios del mes, se dio a conocer un video en que un grupo de niños menores de diez años, “armados” con rifles de madera o con simples palos, hacen ejercicios militares y dicen ser sobrevivientes de los ataques de criminales a su comunidad, y haberse convertido en guerreros, parte de su policía comunitaria, dispuestos a enfrentarse a los delincuentes.
Después fueron las mujeres. Algunas con bebes en brazos, otras ancianas, también grabadas con armas, exigiendo ayuda para defenderse de la oleada delincuencial.
En todo ello, tal vez lo más alarmante es la reacción de las autoridades. Al gobernador le pareció un montaje excesivo, en tanto el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló que se trata sólo de una estrategia publicitaria para llamar la atención.
Es muy probable que así sea, pero debiera ser efectivamente un llamado de atención sobre la situación que viven innumerables comunidades de Guerrero, asoladas por el crimen, las extorsiones, las incursiones de grupos criminales y la proliferación de policías comunitarias, algunas tal vez auténticas, otras armadas por los mismos delincuentes o por los cacicazgos que desde siempre han tenido el control de determinadas zonas.
El exceso al que se refiere el gobernador no está en el productor aficionado o profesional al que se le ocurrió escenificar una especie de guerrilla infantil. El problema se encuentra en la degradación a la que hemos llegado, en que esas ideas suenan factibles o cercanas.
¿Les espera a esos niños un futuro brillante, la posibilidad de estudiar, desarrollarse, abrigar sueños y poder realizarlos? ¿Tienen sus madres la expectativa cierta de verlos crecer y convertirse en una generación próspera y feliz?
Mientras en Guerrero los niños quieren ser policías comunitarios, en Sinaloa los jovencitos desean aprender a pilotar un avión, porque han visto a sus mayores hacer fortuna como aviadores del narco.
Mal está una entidad y un país que no puede garantizar a sus niños y jóvenes un porvenir promisorio. A las carencias ancestrales, a la pobreza de toda la vida, a la falta de empleo y de oportunidades, ahora se suma la inseguridad y sus dramas de violencia irracional, así como la distorsión de los proyectos de vida.
Estamos mal y mal vamos, tanto que es difícil generar expectativas positivas de planes integrales y estrategias consensadas con organismos internacionales de las que hemos oído hablar muchas veces, sin que hayan dado resultado.
A estas alturas, además de la credulidad, parece que se ha acabado el tiempo.
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