Chilpancingo, Guerrero, a 1 de julio de 2025.- Con la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas hace 30 años, se pretendió desarticular a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) para evitar “levantamientos” en la Costa Grande de Guerrero similares a los del estado de Chiapas, se establece en la resolución 3/96 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que recoge los resultados de la investigación de la matanza.
En Guerrero “prevaleció antes y después de los graves acontecimientos del 28 de junio de 1995 un generalizado estado de enfrentamiento entre un grupo de organizaciones campesinas y el gobierno del estado, preocupado obsesivamente por evitar ocurrieran levantamientos similares a los del estado de Chiapas”, señala el expediente.
El 1 de enero de 1994 ocurrió en Chiapas el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
De acuerdo con los resultados de la investigación que realizaron los ministros Juventino Castro y Castro y Humberto Román Palacios de la masacre en el vado de Aguas Blancas, en Guerrero se habían dado enfrentamientos “destacables” especialmente en los municipios de Coyuca de Benítez y Atoyac de Álvarez de la Costa Grande.
“El gobierno del estado fue rebasado, aparentemente por estos continuos enfrentamientos y no pudo neutralizarlos debidamente”, dice la resolución de la SCJN.
“Esta continua irregularidad en el convivir de los grupos inconformes dentro de la región propició frecuentes hechos de sangre dentro de los cuales los gobernantes guerrerenses no pudieron o no quisieron superar un grave y extendido estado de no respeto a los derechos fundamentales que otorga nuestra Constitución política y que individualmente garantiza mediante el ejercicio de la acción de amparo”.
Estas confrontaciones, señala el documento, se daban en condiciones en las que la población civil de la región, no ha logrado superar las graves carencias económicas, políticas y sociales que ancestralmente ha padecido, “mucho menos podría convivir bajo un orden sostenido de violación a las garantías constitucionales”.
En estas circunstancias, es “significativa y lamentable la ejecución de las personas viajantes hacia Coyuca de Benítez en el segundo camión atacado”.
Sobre todo, porque, destaca, eran personas “que no consta que fueran ciudadanos que finalmente intentaran llegar a Atoyac de Álvarez para tener un acto de protesta de carácter político, como sí ocurría con los viajantes del primer camión que se sometieron sin violentarse”.
De acuerdo con la resolución de la SCJN la mayoría de los campesinos atacados eran habitantes del municipio que viajaban en el segundo camión a Coyuca de Benítez a realizar sus labores, a hacer sus compras regulares o a arreglar sus asuntos personales.
“En cambio, los agresores eran miembros de la llamada Policía Motorizada avezada en el enfrentamiento a motines y plantones, supuestamente integrando un retén para desarmar a las personas, portando armas de fuego de alto calibre, capaces de disparar en ráfaga y que el día de los hechos carecían de un funcionario responsable capaz de dialogar, vista la inexplicada ausencia del encomendado del gobernador, Rosendo Armijo de los Santos, (del que, dice el informe, hasta la fecha no se puede saber la verdadera razón de su conducta omisa) y bajo la presencia lejana e indiferente de un subprocurador de justicia (Rodolfo Sotomayor Espino), que se dice, se guarecía de la lluvia que se producía al momento de los hechos”.
Los ministros responsabilizan directamente al ahora ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer y a ocho de sus funcionarios de primer nivel, entre ellos su secretario general de Gobierno Rubén Robles Catalán y a su procurador General de Justicia, Antonio Alcocer Salazar, y señalan violaciones a las garantías individuales consagradas en los artículos, 1, 6, 8, 9, 11, 14, 16 y 22 de la Constitución General de la República.
Además, la violación a la garantía de tránsito, “puesto que se detuvo sin orden de autoridad competente a pasajeros que viajaban en camiones del servicio público que transitaban pacíficamente”; violación a la garantía de libre expresión, “puesto que la propia autoridad del estado reconoce que intervenía para que no hubiera acto de protesta contra la presidenta municipal de Atoyac”; violación a la libertad personal de los transeúntes, “puesto que sin orden de aprehensión detuvieron a personas y les impidieron desplazarse libremente para atender sus asuntos”, y finalmente, violaron sus garantías de seguridad, de defensa, de petición y de respeto a la vida.
“Tales violaciones se traducen en grave atentado a su dignidad, puesto que salvo la dudosa conducta de dos de los viajantes (los que supuestamente agredieron con machetes a dos policías), todas las demás personas se sometieron resignadamente al procedimiento arbitrario del cuerpo motorizado, con el resultado de que se produjo la muerte de 17 personas y más de 20 heridos, al alegarse que los policías oyeron disparos aún no totalmente identificados hasta la fecha”.
El ataque se habría producido “a la manera de un mandato o una señal, para disparar en ráfaga sus armas automáticas sobre los civiles indefensos, lo que igualmente se traduce en una violación a la garantía de respeto a la vida y a la seguridad en una detención”, se subraya.
Todos estos hechos, además, constituyen a la vez, ilícitos penales, “los cuales, por supuesto están siendo juzgados por las autoridades jurisdiccionales competentes del estado de Guerrero y no es materia de la presente investigación”, se deslindan los ministros.
Sin embargo, señalan que un acontecimiento de tan graves y lamentables consecuencias “no puede atenderse correctamente sólo con dar a conocer al gobierno federal, a los medios de comunicación y a la opinión pública con un videocassette manipulado a favor de responsables, ni tampoco con dar conferencias de presa e informes contrarios a la verdad”, como dicen los ministros que lo hizo el ahora exgobernador.
“Tampoco fue suficiente la consignación de dos comandantes y ocho policías (que fue la primera acción del gobierno estatal, pero después por la presión aumentaron a 26 policías, dos comandantes y el director de la Policía Estatal Manuel Moreno González).
Para los ministros se necesitaba haber demostrado por el encargado del gobierno del estado, “no solo lamentaciones, sino auténtica indignación, similar a la que sufrieron los campesinos y la población de la entidad al enterarse de los hechos; se necesitaba haber tomado acciones rápidas y eficaces para llegar a conocer la verdad e informarla a todo el pueblo de México”.
La conclusión es que en el Vado de Aguas Blancas se cometió “una grave violación del derecho a la vida de 17 campesinos y se causaron heridas a 21 más (23 según la OCSS) y aun así no hay evidencia de que el gobierno del estado hubiera actuado como era su responsabilidad, como mandatario de los habitantes de la entidad, más bien, actuó como grupúsculo detentador del poder que había que conservar aun cuando ello implicara ocultar la verdad y proteger a los responsables de los hechos”.
Indican: “Es ahí donde aparece como sumamente preocupante para la sociedad mexicana la persistencia de incurrir en una política falta de ética, de ocultamiento, de engaño y de desprecio a la propia sociedad por parte de quienes son elegidos o designados precisamente para defenderla y servirla”.
Señalan que entregar a la comunidad una información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas, que le vede conocer la verdad, para participar libremente en la formación de la voluntad general, “es característica de los regímenes dictatoriales”.
Plantea que desde sus primeras explicaciones las autoridades estatales presentaron los hechos como un acto de legítima defensa de los policías que constituían un supuesto retén para revisar la portación ilícita de armas ante el ataque de un grupo de campesinos de oposición.
“Inclusive se alegó que la mayor parte de los supuestos atacantes eran sumamente peligrosos, que tenían varias órdenes de aprehensión pendientes de ejecución y que ante la orden de detenerse en vez de disciplinarse atacaron a la policía a machetazos, a pesar de la inverosimilitud de que por el ataque de menos personas que portaban machetes hubiera necesidad ineludible de usar en su defensa armas automáticas que abatieron, entre muertos y heridos a más de 37 personas”.
Reiteran que la justicia se hubiera magnificado si el gobernador se hubiere unido a la indignación general de la sociedad guerrerense, y del país y si hubiera actuado con energía a través de su procurador –no de un procurador o fiscal especial– y de sus principales autoridades y hubiese dictado de inmediato disposiciones para aclarar totalmente los hechos y reestructurar a sus funcionarios y cuerpos de la policía preventiva, mostrando, además, lo realmente filmado para escarnio de los asesinos y de sus cómplices.
Por el contrario, el gobernador consideró que lo más conveniente era ocultar la verdad, confundir los hechos, callar a los familiares de las principales víctimas bajo ridículas indemnizaciones y multiplicar las explicaciones y entrevistas sobre todo radiofónicas y televisivas.
Cuestionan que para evidenciar que los hechos de Aguas Blancas fue un enfrentamiento de policías con un grupo armado, se manipuló la filmación de un video y fotografías en las que se ven cadáveres con pistolas empuñadas en algunos casos y sin ellas en otros y “el inexplicado movimiento de cadáveres”.
Ello, para los ministros “es una palmaria maquinación para demostrar que hubo un enfrentamiento, una batalla campal, entre dos grupos con armas de fuego; los atacantes campesinos, por un lado, y los policías defensores por el otro. Los primeros desatinados y los segundos exitosos”.
Zacarías Cervantes / Foto: Carlos Carbajal
