Zacarías Cervantes
Chilpancingo
A 16 años del asesinato del diputado local perredista y presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, las investigaciones están estancadas, en completa impunidad y sin verdad ni justicia, declaró ayer la viuda del malogrado político de izquierda, Martha Obezo Cázarez.
Chavarría Barrera fue ejecutado el 20 de agosto del 2009 afuera de su casa, ubicada en la colonia Lomas del Diamante, al sur de la capital.
En entrevista, a un día del aniversario del crimen, la viuda de Chavarría Barrera, dijo: “A 16 años, es mucha la impotencia y desesperanza porque a pesar de la alternancia con el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, no hay absolutamente ningún avance”.
Obezo Cázarez, declaró que sigue sin siquiera conocer el estado que guarda la investigación.
Como lo ha dicho en otras ocasiones, en el 2019, ya en el gobierno de Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, solicitó la atracción del caso por la Fiscalía General de la República (FGR), pero se la negaron.
Derivado de ello, la viuda promovió dos amparos en contra de esa determinación y aunque un juez federal le dio la razón, el Fiscal General de la República le negó la solicitud, “dijo que no éramos sujetos de la justicia federal que el caso tenía que investigarse en Guerrero”.
Martha Obezo, abundó que la FGR argumentó que tenían que ser las instancias de Guerrero las que debían investigar, pero en el ámbito estatal, a los familiares desde el primer momento no les permitieron coadyuvar en las investigaciones y les han negado cualquier recurso legal que solicitan.
“No hemos tenido aún la forma de romper esas inercias y no hay ningún avance, las investigaciones están en stand by y en condiciones inciertas. Lo único que sé es que no hay ningún detenido y no tenemos información”.
Por ello, la viuda, con el acompañamiento de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le ha dado entrada y ha iniciado lo que llaman “el fondo del caso” y ha solicitado al Estado mexicano el informe del estado que guarda la investigación.
Martha Obezo, informó que en abril pasado recibió una notificación de la CIDH en el que le informaron que nuevamente le requirieron información al Estado mexicano pero que “no les contesta nada”.
Dijo que el organismo internacional le notificó que de seguir ocurriendo esto se reservan el derecho de darle continuidad al fondo del caso.
La Red Solidaria Década contra la Impunidad y la viuda Obezo Cázares llevaron el caso ante la CIDH en septiembre del 2015 y fue admitido en el 2021.
Pistas hacia el ex gobernador, desaparecidas
Mientras tanto, las investigaciones del asesinato de Chavarría Barrera quedaron suspendidas desde el 2019, después de que en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), llegaron las últimas notificaciones de que había sido rechazado por un juez el no ejercicio de la acción penal contra supuestos implicados en el caso “por no haber suficientes elementos de prueba”.
Es decir, el juez negó la orden de aprehensión en contra de cuatro personas supuestamente implicadas en el asesinato. Ellos eran integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
La viuda de Chavarría Barrera recordó que esa era la salida que quería darle el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, “pero no existió una investigación que soportara la consignación, y así quedó y ahí sigue, ya no sé qué habrán hecho con el expediente”.
Informó que para el 2019, de las cuatro líneas de investigación de las que se habló inicialmente, esa, la que se atribuía responsabilidad al grupo guerrillero, era la única que se seguía.
Las cuatro líneas de investigación que se establecieron en el expediente fueron delincuencia organizada, grupos armados, entorno político, así como entorno familiar y afectivo.
Martha Obezo reiteró lo que ha dicho en otras ocasiones, que por la información que recibió de la Procuraduría de Justicia del Estado (PJE), cuando fungió como procurador Alberto López Rosas, el crimen habría sido ordenado por el entonces gobernador Zeferino Torreblanca.
“El licenciado López Rosas me informó que tuvo la información directa del comandante de la Policía Ministerial, Trinidad Zamora Rojo, que participó en la ejecución y proporcionó los nombres de otros policías ministeriales que participaron con armas de cargo y dijo que por órdenes superiores”.
Recordó que, incluso, el entonces procurador mandó a peritos a validar la información a un penal de máxima seguridad en donde estaban recluidos dos de esos elementos policiacos debido a que a Zamora Rojo ya lo habían asesinado.
“Tiempo después dijo el procurador que Zamora Rojo no había alcanzado a rendir declaración ministerial y que solamente le había informado verbalmente, “ocurrieron una serie de imprecisiones y cuestiones extrañas”, recordó la viuda.
Sin embargo, agregó: “Evidentemente que esa información por supuesto que apuntaba a Zeferino Torreblanca, porque ¿cuáles más órdenes superiores hay, si no son las del gobernador?”.
Afirmó que esta línea de investigación quedó estancada porque nunca se investigó el móvil político, “todos los gobernadores que siguieron, me atrevo a decir, protegieron al contador Zeferino Torreblanca para que no se le investigara, nunca se le dio seguimiento y si se le dio seguimiento en algún momento, después extrajeron esa información del expediente”.
Indicó que una cosa queda clara; que el expediente ha sido manejado en la más completa opacidad, pues recordó que, incluso, un procurador (Albertico Guinto Sierra), compareció ante el Congreso local y dijo que no encontró el expediente, aunque después se aclaró que lo que no aparecía era la glosa, que se había extraviado.
“Ese expediente ha sido trasegado, mutilado, escondido en los sótanos de la Fiscalía, y, después, en el TSJ, y ahora se desconoce dónde está, pero no han podido cerrar la investigación porque no pudieron consignar ni detener a nadie, tampoco dar una conclusión de las investigaciones”.
Obezo Cázarez añadió que tan no se sabe del expediente que la CIDH ha estado solicitando información del estado que guarda la investigación y no se la han dado.
Recordó que a ella también siempre le negaron las copias, aunque en el 2019, después del cambio de gobierno, a la llegada de Andrés Manuel López Obrador, supuestamente le autorizaron copias pero solo le mostraron diez cajas con papeles revueltos, por lo que se negó a recibirlos, “les dije que eso no era un expediente, que, más bien, era basura, hojas sueltas, sin coser, foliar, sin sellos, no era realmente un expediente”.
Informó que después fue cuando solicitó que el caso lo atrajera la FGR.
A 16 años del asesinato de su esposo, Martha Obezo dijo que, a pesar de todo, “alguien como yo que fui formada en la vieja izquierda, con ideales, sobre todo con determinación de luchar, no puedo perder la esperanza, menos ahora que las cosas están tan descompuestas y que se sigue criminalizando a la lucha social, a los luchadores sociales y al pensamiento progresista”.
Se dijo convencida de que “el asesinato impune del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, abrió la puerta a la macrocriminalidad y así lo demuestra el caso de casos que sucedió después de que quedó impune el asesinato de Armando Chavarría. Me refiero al caso de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, donde está documentada la participación del Ejército mexicano, policías municipales, estatales y los grupos criminales”.
Sostuvo que si el caso tan emblemático como es el de Ayotzinapa no se esclarece, “¿por qué habría yo de tener confianza en el gobierno federal, menos en el del estado?, pues vemos cómo están las cosas, por supuesto que no les tengo confianza”.
Indicó que está convencida que con ellos y aquí no va a haber justicia, aunque con el cambio en el Poder Judicial se abre un poco la esperanza e hizo un llamado al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) electo, Hugo Aguilar Ortiz, “que vuelva la mirada a Guerrero inmerso en la desgracia, en la macrocriminalidad y que retomen estos casos emblemáticos que están en la oscuridad y en los sótanos y que marcaron esta noche escura en Guerrero que no merecemos”.
En su caso va a seguir la lucha, no importa el tiempo que pase, por verdad, por justicia y para que no se repitan estos crímenes, “para que recuperemos un día la justicia que es un bien público, hoy por hoy inexistente en Guerrero y para que un día se recupere la paz y la justicia”.
