Daniel Velázquez

El concurso de licitación convocado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para la elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Costera de Coyuca de Benítez fue declarado “desierto”.
En el acta de fallo emitida ayer se informa que las tres empresas que presentaron propuestas fueron declaradas “no solventes” por el área técnica del Fonatur por lo que el concurso fue declarado desierto.
La convocatoria se emitió el pasado 30 de junio y tres empresas presentaron propuestas: Espacio Multiescalar Estratégico SA de CV por un millón 10 mil pesos; Consultoría en Planeación, Desarrollo y Territorio SC por 899 mil 967 pesos; y PPI, Proyectos y Planeación Integral SA de CV por 770 mil pesos, todos los precios mas Impuesto al Valor Agregado (IVA).
En la evaluación técnica se calificaron: la capacidad del licitante, experiencia y especialidad del licitante, propuesta de trabajo, cumplimiento de contratos, le puntaje mínimo requerido por las empresas era de 52.5.
La empresa Espacio Multiescalar Estratégico SA de CV obtuvo 48.55 puntos y la empresa Consultoría en Planeación, Desarrollo y Territorio SC obtuvo 52.18 puntos, ambas por debajo de la puntuación mínima requerida por los que fueron declaradas no solventes.
PPI, Proyectos y Planeación Integral SA de CV logró 61.95, por lo que acreditó esa fase del concurso pero no la evaluación económica por lo que se desecharon las propuestas de las tres empresas “y al no contar con ninguna propuesta solvente se declara desierta la invitación”.
Fonatur ha tomado la directriz de la zona turística de Acapulco y Coyuca de Benítez desde marzo de este año, como parte del compromiso hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para recuperar la actividad económica de estos municipios luego de los impactos de los huracanes Otis en 2023 y John en 2024.
Actualmente en Acapulco Fonatur tiene en proceso otras dos obras, una para la rehabilitación de dos accesos a playa, Plaza Japón y Hornitos, y el cambio de la señalización y mobiliario urbano en la avenida Costera.

Ramón Gracida Gómez

El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) requiere al Estado mexicano “continuar la indagatoria sobre el presunto involucramiento de los 9 policías miembros de la patrulla 388” en la desaparición de Jhonatan Guadalupe Romero Gil.
El documento compartido a medios de comunicación por la mamá de la víctima, Socorro Gil Guzmán, incluye la solicitud de identificar y citar a declarar al testigo que acusa a los policías y al testigo con información sobre la investigación a ellos; además, citar a declarar a los dueños del bar La Mandona, empleadores de Carlos Ignacio Rojas Montes de Oca, quien desapareció junto con su amigo el 5 de diciembre de 2018 y fue encontrado muerto un día después.
El comité de la ONU externa su preocupación con relación a la comparecencia de los policías municipales de la patrulla 388 que habría sido cancelada, por lo que no fueron citados a declarar, “ello a pesar de los elementos probatorios contundentes relacionados con su alegada participación en la desaparición” de Carlos Ignacio.
Asimismo, dicta el documento remitido a la también representante de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia el 5 de mayo en el que le comparte la Nota Verbal que hizo el organismo internacional al Estado mexicano, “la carpeta de investigación habría sido modificada en relación con un video mencionado por el fiscal David Muñoz García que contendría material que compromete a los integrantes de la patrulla 388”.
El comité de la ONU indica que en la información provista por el Estado mexicano en la nota recibida el 27 de mayo de 2024, con relación a la Acción Urgente 1824/2024 relativa a la alegada desaparición de Jhonatan Guadalupe, no consta la apertura de una línea de indagatoria relacionada con el dueño del Bar La Mandona, donde trabajaba Carlos Ignacio.
“Según las alegaciones recibidas por el Comité, el eventual involucramiento en los hechos del dueño de dicho establecimiento no habría sido investigado, a pesar de que el Sr. Rojas Montes de Oca habría pedido apoyo al Sr. Romero Gil para denunciar a su empleador porque lo habría obligado a vender drogas”.
Tampoco los resultados del análisis de la línea telefónica y la sábana de llamadas de Jhonatan Guadalupe Romero Gil no habrían sido incluidos en la carpeta de investigación.
El Estado mexicano enlistó las acciones que ha hecho para buscar al hijo de Gil Guzmán, entre ellas las búsquedas en 2020; 2023, cuando fueron encontrados 17 cuerpos en el poblado de Carabalí; 2024 y confrontas masivas del sistema contra otras bases de datos.
Para el comité de la ONU, no obstante, estas acciones “no evidencian que se hayan adoptado medidas eficaces para establecer un plan de acción y un cronograma para la búsqueda y la investigación de su desaparición”.
Por ello, el organismo internacional considera necesario “establecer de forma urgente una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda inmediata”.
Toma nota del hecho de que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha brindado acceso a la familia de Jhonatan Guadalupe de la carpeta de investigación y ha mantenido contacto con ella.
“No obstante, según la información reunida en el contexto de la presente acción urgente, aún no se ha garantizado un flujo sistemático de información a los familiares”, apunta el Comité contra la Desaparición Forzada y le requiere a la FGE fortalecer los mecanismos de información, permitir la participación de los familiares en las búsquedas, ofrecerles apoyo socioeconómico, y brindarle información sobre las acciones de estas recomendaciones.
Indica que la familia de la víctima “ha recibido amenazas de forma reiterada, frente a las cuales ha tenido que trasladarse a la Ciudad de México. Adicionalmente, según información recibida por el comité, el titular de la Guardia Nacional habría manifestado que carecía de personal suficiente para brindarles protección”.
Por ello, el organismo internacional le pide al Estado mexicano preservar la vida de los familiares de Jhonatan Guadalupe, investigar las amenazas, todo ello antes del 5 de agosto del año en curso.
En su edición impresa de ayer, El Sur publicó que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía General de la República (FGR) hicieron la semana pasada una búsqueda de Jhonatan Guadalupe y llevarán a cabo otra la semana próxima porque el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU atrajo el caso y “está detrás de ellos”, declaró la madre de la víctima.

Víctor Fuentes / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia clausuró ayer el último periodo de sesiones de la integración derivada de la reforma judicial de 1995, que ya sólo volverá en agosto para dos sesiones de Pleno y dos de Salas.
El Pleno tuvo ayer una larga sesión privada para resolver un caso de responsabilidad administrativa, y acordar el trámite, durante su receso, de inconformidades contra la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF.
En la sesión pública, con solo ocho Ministros presentes, se votó parcialmente un asunto, y la presidenta Norma Piña clausuró el periodo sin dar algún mensaje.
La Corte se va al receso sin haber designado a tres de los cinco integrantes del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ), como ordena la Constitución, nombramientos que el gobierno y ministras afines parecen interesados en dejarle a la nueva integración.
Con datos al 4 de julio, la Corte tenía mil 341 asuntos pendientes de resolución, más los que seguirán ingresando hasta el 29 de agosto, último día hábil de la actual integración.
En 2025, el promedio de ingreso de expedientes por día hábil ha sido de 65, por lo que en los 21 días hábiles de agosto, podrían llegar alrededor de mil 300 casos.
De estos, sin embargo, entre 70 y 80 por ciento serán desechados por la Presidencia, en su mayoría amparos directos en revisión, por lo que no generan carga de trabajo para el resto de la Corte.
En total, al 14 de julio hay 457 asuntos con proyecto terminado en nueve ponencias. Los seis nuevos Ministros y Ministras tendrán que decidir qué proyectos adoptarán como suyos, y cuáles desecharán para elaborar uno nuevo.
Las tres Ministras que seguirán en el puesto tienen en sus ponencias 314 asuntos que, presumiblemente, seguirán bajo su control, de los cuales 166 ya tienen proyecto de sentencia.
El ministro Alfredo Gutiérrez ya entregó a la Secretaría General de Acuerdos de la Corte 110 expedientes que no serán listados, y otros Ministros ya también enviaron esta semana 16 asuntos, que se irán acumulando para la nueva integración.
Casos relevantes
El 36 por ciento de los pendientes son controversias y acciones de inconstitucionalidad, la gran mayoría de ellos promovidos por la CNDH y el Ejecutivo Federal para impugnar leyes locales de poca importancia nacional.
Otro 35.5 por ciento son amparos, que desde hace décadas son resueltos por las Salas, salvo casos excepcionales, pero quedarán para el Pleno de nueve integrantes, ante la desaparición de las Salas.
Contradicciones de criterios, solicitudes de atracción, incidentes de inejecución y recursos de reclamación son el grueso del resto de los expedientes que quedan abiertos, y que también resolvían las Salas, donde las sesiones privadas permiten una discusión más ágil.
Hay 211 asuntos que ingresaron después del 16 de abril, fueron admitidos por Presidencia, pero al no ser considerados urgentes, ya no se turnaron a Ministro o Ministra.
En las sesiones de agosto, es probable que la Corte resolverá entre 70 y 80 asuntos, sobre todo en la Primera Sala, salvo cambios de última hora en las listas. Entre ellos, destacan:
El amparo del ex Presidente del INE, Lorenzo Córdova, contra un libro de texto que lo describe como discriminador; un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara para permitir el consumo de hongos alucinógenos, y la propuesta de Margarita Ríos Farjat para inaplicar la prisión preventiva oficiosa (PPO) a un acusado en Michoacán.
El Pleno regresará en agosto obligado a resolver juicios de inconformidad contra la elección de dos miembros de la Sala Superior del Trife.
Además, un expediente para ejecutar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que ordena eliminar la PPO, pendiente desde enero de 2024, ocupa el penúltimo lugar de la lista de Pleno, pero difícilmente será discutido si no se le da prioridad.