El aumento del salario mínimo debió ser a 95.24 pesos para ubicarse por arriba de la canasta básica alimentaria, criticaron 60 organizaciones unidas en la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Apuntaron que el alza de 80.04 a 88.36 pesos es siete pesos menor al necesario para la canasta básica de una persona, además de que se encuentra por debajo de la inflación.

“El salario mínimo no puede ubicarse por debajo del umbral usado por Coneval para medir la pobreza. El costo de la canasta básica para una persona es un límite mínimo, indispensable; el monto del salario mínimo debe estar por encima de ese monto”, reclamaron.

Las organizaciones urgieron a iniciar en 2018 un plan multianual de ajuste al salario mínimo hasta alcanzar la cantidad necesaria para cubrir la canasta básica.

También pidieron al Congreso sustituir la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) por un nuevo órgano transparente y con gobernanza democrática.

“Vergonzoso y ofensivo”

La bancada del PRD en la Cámara de Diputados cuestionó el aumento otorgado al salario mínimo, de 80.04 a 88.36 pesos, por considerarlo insuficiente. “Es verdaderamente vergonzoso y ofensivo el incremento que el día de hoy autoriza la Comisión Nacional de Salarios Mínimos como incremento para el salario mínimo de los trabajadores mexicanos al subirlo a 88.36 pesos”, calificó el diputado Jesús Zambrano.

El vicecoordinador de la bancada perredista en San Lázaro recordó que la Confederación Patronal de la República Mexicana, por consideraciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, establece que la línea básica para mantener la canasta indispensable de una familia de cuatro personas obliga a un salario de 95.5 pesos.

“¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Qué México estamos padeciendo? Aquel en el que el órgano institucional, la Conasami, decreta un aumento absolutamente insuficiente y los patrones del país dicen: ‘es que debió haber sido de más’. Es verdaderamente indignante, ofensivo, por eso debe desaparecer la Conasami y por eso debiera corregir”, sostuvo.

“Exijo a la Conasami y el propio gobierno de la República corrijan esta decisión y se admita, por lo menos, lo que recomendó el Coneval y que la propia Coparmex ha estado diciendo que es necesario”, insistió.

Industrial de Servicios & Outsourcing (ISO), una de las proveedoras de Petróleos Mexicanos que aparece en los Paradise Papers, tuvo como socio fundador a un empresario involucrado en la llamada Estafa Maestra.

De acuerdo con esa investigación publicada en septiembre pasado, el gobierno federal utilizó 128 empresas para desviar 7 mil 670 millones de pesos.

Entre esas empresas estaba AUCF Servicios SA de CV, la cual fue fundada en Villahermosa, Tabasco, el 26 de junio de 2009 por Rogelio Siller de la Cruz y una hija.

Ese mismo empresario había fundado el 14 de septiembre de 2004 Industrial de Servicios & Outsourcing (ISO), empresa que vendió en 50 mil pesos cinco años después, en febrero de 2009, a empresarios de Monterrey, quienes a partir de entonces lograron contratos en Pemex por 6 mil 410 millones de pesos para la renta de plataformas marinas.

A los cuatro meses de haber vendido sus acciones en ISO, Rogelio Siller formó la empresa AUCF Servicios, especializada en alquiler de tráileres-habitación y oficinas móviles.

En 2013 obtuvo contratos por 2 millones 712 mil pesos con Pemex a través de la Universidad Tecnológica de Tabasco por servicios de renta de aulas y oficinas móviles, baños y servicios de limpieza.

En la revisión de la cuenta pública de 2013, la Auditoría Superior de la Federación reportó que se cuenta con los comprobantes de facturación, pero no se tienen los comprobantes de que fueron cumplidos los servicios.

En total se formalizaron 20 convenios entre AUCF Servicios y la Universidad Tecnológica de Tabasco.

La empresa no cuenta con antecedentes registrales o inscripciones en el padrón de proveedores del gobierno federal. Se visitó físicamente la dirección fiscal que proporcionaron y no se encontró oficina formal que ofreciera algún tipo de servicio.

El presidente Enrique Peña reconoció la labor del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, quien dejará el cargo al finalizar este mes para desempeñarse como gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS).

Durante un acto realizado en Los Pinos, en el que se firmó el Convenio de Coordinación para la Ejecución de Acciones en Materia de Formalización del Empleo, elpresidente se despidió de Carstens.

“Seguramente será el último evento público que compartamos, señor gobernador, y ocasión para felicitarle y reconocerle por todo el trabajo realizado en distintas trincheras al servicio de México, pero de manera muy marcada y significada como gobernador del Banco de México, para propiciar estabilidad económica para nuestro país”, le halagó.

Tras el reconocimiento, los presentes en el Salón Adolfo López Mateos aplaudieron al funcionario, quien estuvo en el presídium junto con funcionarios y gobernadores.

Los diputados de la oposición emplazaron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a negociar al mismo tiempo las reformas sobre seguridad interior y el mando mixto policial, a fin de que se puedan aprobar ambos temas en el actual periodo ordinario de sesiones.

De esa forma se podría responder al llamado del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, su solicitud de que el Congreso legisle sobre la labor de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen, coincidieron.

El coordinador de la bancada panista, Marko Cortés, y el vicecoordinador perredista, Jesús Zambrano, se dijeron dispuestos a aprobar una legislación sobre ese tema si al mismo tiempo el PRI descongela la minuta del Senado sobre mando mixto.

Cortés comentó que hay descontrol en el gobierno ante el alza de índices en todos los delitos, por lo que ahora se pretende solucionar el problema con una ley para las fuerzas armadas.

Para el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) ha fracasado la estrategia del Ejecutivo, basada en la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y la creación de una súper Secretaría de Gobernación, por lo que ahora se quiere hacer otra reforma para atender la grave situación de inseguridad.

En el PAN, dijo, están dispuestos a debatir el tema de las fuerzas armadas si de forma paralela se aborda también el dictamen del mando mixto: “Nosotros hemos dicho: legislemos en la materia, estamos listos para hacerlo, tenemos una minuta del Senado en la congeladora, pero lo que no podemos hacer es solamente legislar de forma aislada la reglamentación del Ejército en tareas de seguridad sin fortalecer nuestras policías civiles”.

Y recalcó: “De forma paralela y simultánea quiere decir al mismo tiempo”.

En opinión de Cortés, se debe fortalecer a las policías civiles mediante el esquema del mando mixto policial, el cual prevé capacitación de los policías de forma homogénea, un sueldo igual y coordinación de corporaciones.

“Que no haga la policía mayor lo que debe y puede hacer la policía menor. Que cuando ésta sea superada, entonces intervenga la policía estatal; cuando la policía estatal sea superada, entonces intervenga la Policía Federal; si ninguna policía civil puede enfrentar una situación, entonces que intervengan las fuerzas armadas”, ejemplificó Cortés.

El vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, expresó que su fracción está dispuesta a legislar sobre la actuación de las fuerzas armadas. Sin embargo, no hay voluntad política para negociar con la oposición ni descongelar la minuta de mando mixto, lamentó.

En el Frente Ciudadano por México, destacó, se ha avanzado en la propuesta de regular la labor de las fuerzas armadas y están dispuestos a negociar con el PRI.

“Nosotros no nos oponemos a eso (seguridad interior). Lo que han faltado, han sido los acuerdos y la voluntad política, especialmente del PRI, que nos reclama que debemos avanzar en eso y que somos los que nos oponemos a una iniciativa de ellos para sacar adelante una Ley de Seguridad Interior.

“Nosotros decimos que lo que ellos plantearon debe y puede ser incorporado como un capítulo de la Ley de Seguridad Nacional, porque además muchas de las cosas que plantean son violatorias de derechos, de libertades y del marco jurídico que hoy nos rige. Y hay que tener mucho cuidado con eso”.

Como precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador plantea el combate al lavado de dinero y la evasión tributaria en paraísos fiscales por parte de políticos y empresarios mexicanos.

El dirigente de Morena estima que la aplicación de un programa anticorrupción en los sectores fiscal y financiero reportaría al país un ahorro de 1 billón 270 mil millones de pesos al año aproximadamente.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, presentado este lunes durante el Congreso Nacional Extraordinario de Morena, México ocupa el tercer lugar como país exportador de capitales ilícitos a nivel global, y en los últimos siete años la cifra ascendió a 514 mil 259 millones de dólares, sólo abajo de Rusia y China.

Al mismo tiempo, México es el país integrante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que tiene la menor recaudación como porcentaje del PIB, lo que propicia la concentración desigual de la riqueza.

Expone que en 2015, por concepto de IVA e ISR, se detectó una evasión fiscal de casi 600 mil millones de pesos, cifra que equivale a más del 3 por ciento del PIB.

“La evasión fiscal y el lavado de dinero son dos caras de la misma moneda y constituyen una realidad lacerante que frena el desarrollo económico y vulnera la democracia.

“La evasión se suma a otros abusos como la elusión fiscal, los fraudes comerciales y el blanqueo de activos. Todo ello alimenta y nutre el crimen organizado y el narcotráfico, que son las caras más oscuras de la corrupción público-privada”, señala.

El proyecto de Morena anticipa que el gobierno mexicano colaborará con autoridades de organismos internacionales y propone endurecer los controles al sistema bancario y la eliminación absoluta del secreto bancario, fiduciario y fiscal durante la investigación de paraísos fiscales.

Refiere que el Departamento de Estado de Estados Unidos reportó que el sistema financiero mexicano es un “centro de lavado” para el crimen organizado, y ha estimado que en el país se blanquean hasta 29 mil millones de dólares al año.

“Los bancos y las instituciones financieras no son las víctimas, sino los principales responsables y beneficiarios del total descontrol en materia de lavado de dinero que existe en el país”.

El plan prevé aplicar auditorías inmobiliarias a propiedades demexicanos en Estados Unidos que provienen de la política y los altos negocios”. Sugiere también establecer nuevas sanciones para servidores públicos que colaboren con estos delitos, entre otras medidas.

Gerardo Fernández Noroña anunció que contenderá contra López Obrador en la encuesta de Morena-PT para elegir candidato presidencial.

Noroña expuso su desacuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 presentado por el tabasqueño, porque “da continuidad a políticas neoliberales”, y criticó la participación del empresario Alfonso Romo y de Esteban Moctezuma, ex colaborador de Ernesto Zedillo.

“Voy a defender una visión de izquierda y de los cambios que el país requiere para lograr la independencia, la soberanía de nuestra patria”, dijo en una videocolumna. “¿Que es muy fuerte la candidatura de López Obrador? Sin duda. ¿Qué es el líder más importante de la izquierda? Sin duda. Pero se está equivocando, y una posición crítica es necesaria, y yo la voy a jugar, la he jugado siempre, no veo por qué no la juegue en esta ocasión, con lealtad, con honestidad, con compromiso con el pueblo de México, y con la convicción de que no basta un gobierno honesto, uno que no sea corrupto, hay que hacer una transformación de fondo en beneficio de nuestro pueblo”.

La investigación en México por el caso Odebrecht no se puede congelar, porque aún están pendientes ocho casos de solicitudes de asistencia jurídica con Brasil sobre dicha investigación, alertó el diputado del PAN Jorge López Martín.

A un mes de la renuncia de Raúl Cervantes como procurador general, no se ha procesado ante un juez la indagatoria de la PGR, pese a que el anterior titular afirmó que ya estaba concluida.

El vocero de los diputados del PAN señaló que, si sigue vigente el intercambio de información, de ninguna manera se pueden congelar ni ocultar los resultados. “Hay procedimientos abiertos, se tienen que agotar e informar a la población. Hace un mes, Cervantes dijo que estaba lista la indagatoria, que íbamos a tener información y hoy conocemos que hay 12 mecanismos de cooperación internacional sobre este caso específico, que nos dice que sí hay flujo de información entre el gobierno brasileño y el gobierno mexicano del caso Odebrecht, los cuales no los pueden erradicar ni borrar ni dejar en el olvido”, manifestó López Martín.

El pasado 27 de octubre solicitó a la PGR que informara cómo se ha implementado la aplicación del Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre Estados Unidos y México.

En la respuesta ofrecida por la PGR se reconoce que hay solicitudes que están vigentes y que se está a la espera de las respuestas del gobierno mexicano.

El panista dijo que si hay intercambio de información, es momento de que “el PRI-gobierno” deje de lado la impunidad y la intentona de generar intocables y de seguir ofendiendo a la opinión pública.

“En el PAN señalamos que no se puede congelar la investigación, porque, de acuerdo a información oficial de la PGR, hay más de 12 mecanismos jurídicos de intercambio de información que se tienen que procesar de manera pronta y expedita, no como demanda un diputado, sino como dice la Constitución”, expresó.

Es momento de que la PGR sea más activa y deje de construir espacios de impunidad, dijo y recordó que México sigue siendo el único país que no ha sancionado a nadie por el caso de corrupción internacional más importante de los últimos tiempos. Y reclamó que nadie se acuerde de Emilio Lozoya, cuando debería estar en la cárcel por el caso Odebrecht y por el manejo financiero que hizo de Pemex.

El Instituto Nacional Electoral (INE) investiga a legisladores y gobernadores priistas por presuntamente acudir a actos proselitistas en días y horas hábiles, lo cual está prohibido por la ley.

Los cuadros priistas que están bajo la lupa de la autoridad electoral son el senador Emilio Gamboa, el diputado César Camacho; el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata, y el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira.

Según una denuncia presentada por Morena, los priistas acudieron el pasado viernes 20 de octubre a la 41 Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI, lo cual es una violación al artículo 134 constitucional y a diversos criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que señalan que los servidores públicos no pueden acudir a actos proselitistas en días hábiles.

En dicha sesión del Consejo Político del PRI se definieron los métodos de selección de candidaturas a la Presidencia de la República, diputados y senadores para las elecciones del próximo año.

En julio, en un caso similar, los magistrados del Tribunal ordenaron sancionar a 12 senadores del PT-Morena, entre ellos Miguel Barbosa y Manuel Barlett, por asistir, en días y horas hábiles, a un mitin de Delfina Gómez, ex candidata al gobierno del Estado de México.

La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) y la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR convocaron a organizaciones civiles a participar en la conformación de la Red Nacional Ciudadana de Observación.

De acuerdo con la convocatoria, con esta red se busca que la sociedad civil colabore en tareas de observación, vigilancia, prevención y combate de delitos electorales mediante un grupo de ciudadanos distribuido estratégicamente por todo el territorio nacional.

“Tiene como propósito establecer una comunidad permanente de observadores” con las herramientas adecuadas.

“Estamos conscientes de que el fortalecimiento y consolidación de la democracia mexicana requiere tanto de autoridades electorales como ciudadanos informados en la materia, particularmente sobre delitos electorales, a fin de prevenir la comisión de conductas delictivas”.

La convocatoria, de Fepade y la Subprocuraduría, fue emitida en colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Organización de la Naciones Unidas, a través de la Oficina contra las Drogas y el Delito (UNODC). y está dirigida a organizaciones cuyos temas de interés o trabajo prioritario estén relacionados con la democracia en México, procesos electorales, perspectiva de género y combate a la corrupción.

La Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México continúa detenida en la Asamblea Legislativa de la capital (ALDF). En esta ocasión, lo que frenó su fue la readecuación de algunos puntos que no terminan de convencer a los damnificados, admitió el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna.

A pesar de que el punto de la Ley de Reconstrucción estaba considerado en la orden del día de este martes, el legislador comentó que falta afinar algunos detalles con un grupo de expertos.

Reveló que la nueva versión contiene un cambio radical: que los trabajos de reconstrucción serán pagados en su totalidad con recursos públicos, como lo demandaban las familias de capitalinos cuyos inmuebles se vieron afectados por el sismo del 19 de septiembre.

“Estamos buscando que todo surja de un fondo de reconstrucción, eso significaría que no habrá la necesidad de aplicar créditos para la reconstrucción, salvo que no se trate de inmuebles que sean destinados a vivienda”, explicó.

El ex delegado en Álvaro Obregón añadió que el dinero podría subsidiarse de fondos federales, recursos de la iniciativa privada, organizaciones civiles y el fondo de reconstrucción de la capital.

“Estamos trabajando en buscar todos los recursos”, puntualizó y anunció que el jueves 23 se discutirá la ley en el pleno.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, César Cravioto reiteró que desconocerán cualquier acción o decisión que asuma el presidente de la Mesa Directiva “espurio”, Fernando Zárate Salgado.

En la sesión de este martes, los diputados de Morena tomaron la tribuna y se negaron a pasar lista.

“No vamos a pasar lista para no darles el quorum, que vean que los legisladores de otros partidos son los que no trabajan”, aseguró Cravioto, quien acompañado de los diputados de Morena, colocó una corona fúnebre al pie de la tribuna con la leyenda “Murió la legalidad”.

Luego de montar una guardia por algunos minutos, Cravioto agregó: “El muertito es la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa que no la respetan, no la hacen valer”.