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Pleito Morena-PRD llega a la Corte

La pugna entre el PRD y Morena que tiene semiparalizado el trabajo legislativo, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que Cravioto solicitó que atraiga un juicio de amparo promovido este martes contra la ilegalidad en la ALDF.

En un escrito, los integrantes de la bancada de Morena expusieron que la destitución de su compañera Flor Ivonne Morales Miranda como presidenta de la Mesa Directiva de la Asamblea viola la ley orgánica.

El pasado 7 de noviembre, con el apoyo del PRI, PAN y del Partido Verde, el PRD impuso en la Mesa Directiva a Zárate Salgado, quien ya lleva tres sesiones como presidente del órgano legislativo.

En el oficio entregado a la SCJN, los legisladores de Morena también denuncian que “las otras fuerzas políticas, bajo el cobijo de mayorías ficticias, han violentado sistemáticamente nuestros derechos como representantes populares y han vulnerado los principios y normas rectoras del Estado constitucional de derecho ”.

Los choques entre ambos partidos en la ALDF comenzaron una vez que los perredistas aprobaron la creación de un fondo de garantía de más de 100 mil millones de pesos para la construcción de la Planta de Termovalorización El sarape —publicado en la Gaceta Oficial el 15 de noviembre—, proyecto del jefe de Gobierno, Miguel Ángel

Existe indiferencia del gobierno por el asesinato del ombudsman en BCS, denuncia la CNDH

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez alertó respecto a la indiferencia de las autoridades ante el asesinato del ombudsman de Baja California Sur, Silvestre De la Toba.

“Quiero elevar la condena por el homicidio del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur y la exigencia para que se esclarezca y no quede en la impunidad”, manifestó.

Durante el relanzamiento de la campaña Para que un día no tengamos que ser defensores de derechos humanos, González Pérez pidió guardar un minuto de silencio por los activistas asesinados.

Mencionó que la respuesta de los tres niveles de gobierno es insuficiente y advirtió que las autoridades han sido indiferentes a las recomendaciones de la CNDH para prevenir y sancionar agresiones.

“Una de las cosas que pedimos y que he reiterado pública y privadamente, es que desde las máximas autoridades del gobierno federal y de los gobiernos locales, que impulsarán una campaña que reconociera el trabajo de los defensores, porque si mandan ese mensaje se ve el respaldo, para que se lo piensen dos veces quienes atentan contra los defensores”, declaró.

Recordó que se ha planteado a los gobiernos dirigir parte del dinero público destinado a la publicidad oficial a una campaña que respalde a los defensores de derechos humanos, lo que no ha ocurrido.

En el caso del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, exigió que no se excluya la línea de investigación de que fue asesinado por el trabajo que realizaba.

Falta de información e impunidad bloquean la búsqueda de desaparecidos en México: Flacso

La falta de información sobre los desaparecidos en México es sistemática, y cuando hay es poco verídica, segmentada o auditable, aseguraron académicos, activistas y funcionarios públicos en el foro ¿Qué sabemos sobre desaparición en México?, de la facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Ese hecho, aunado a la impunidad, es el principal motivo que impide una operación eficiente en la búsqueda, en la aplicación de justicia y reparación, así como en las acciones que emprenden la sociedad civil y las autoridades.

Los expertos coincidieron en que se sabe más sobre la víctima y poco o nada de los perpetradores.

En un comunicado difundido por Flacso México se dio a conocer que la primera mesa del foro, el investigador de El Colegio de México, Jacobo Dagoyán manifestó que el Estado ha sido incapaz de crear un registro de desaparecidos y ha negado el derecho a la verdad.

Incluso desde la Comisión Nacional de Seguridad, representada por Patricia Pérez, se asume que el registro actual “no permite saber quiénes son las personas desaparecidas, pues es muy deficiente”.

Los especialistas señalaron que el problema de la falta de información aumenta exponencialmente, lo que Volga de Pina, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, llamó una “desaparición administrativa”, en la que las víctimas vuelven a desaparecer por inoperancia de las instituciones, los trámites burocráticos y la “pulverización de la información”.

Un ejemplo es que en el Ministerio Público las desapariciones se investigan por el delito de privación ilegal de la libertad, por lo que no existen protocolos adecuados.

“Las desapariciones no se pueden seguir de oficio, las personas no van a ser localizadas desde los escritorios sin un plan de política criminal”, explicó César Contreras, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

Al respecto, la exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Ángela Buitrago, dijo que el primer paso para dejar de revictimizar a quienes han sido víctimas de desaparición es que el Estado acepte el problema.

Fiscal de Sinaloa comparecerá en el Congreso por “nulos avances” en crimen de Javier Valdez

El Congreso de Sinaloa acordó llamar a comparecer al fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, para que informe sobre los avances de la investigación por el asesinato del periodista Javier Valdez, el pasado 15 de mayo.

El punto de acuerdo, aprobado de manera unánime con carácter de obvia y urgente resolución, fue presentada por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Marco Antonio Osuna, luego de que el miércoles 15 la Comisión Ciudadana de Seguimiento al caso Valdez solicitó la comparecencia del funcionario por los nulos avances en la investigación.

La comparecencia fue programada para el próximo 10 de diciembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de Derechos Humanos, de acuerdo con información difundida por el periódico de distribución local Ríodoce.

La Comisión Ciudadana había planteado ante los diputados su preocupación de que el expediente de Javier Valdez quede en la impunidad, tal como ha ocurrido con la mayoría de los asesinatos que se han registrado en la entidad.

Además, recordaron que el fiscal general deberá rendir cuentas al Congreso sinaloense porque los diputados fueron quienes lo nombraron, por lo que debe rendir cuentas sobre los avances en las investigaciones que lleva la dependencia.

Secuestros y matanzas en penal controlado por Los Zetas, muestra informe del Colmex

Entre 2010 y 2011 a la prisión estatal de Piedras Negras, Coahuila, a 6 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, entraban vacas vivas cuya carne era para armar fiestas del cártel de Los Zetas, vehículos que eran modificados para transportar droga, personas secuestradas y cadáveres para ser quemados.

Los únicos que no pudieron entrar, “por la inseguridad al interior de la cárcel”, en 2011, fueron los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes por calificación le dieron un cero.

Bajo conocimiento del gobierno estatal y federal, el penal de Piedras Negras funcionó como un búnker para el cártel de Los Zetas, de acuerdo con el informe El yugo zeta, elaborado por El Colegio de México.

“El control de los Zetas en Coahuila era total; el gobierno estatal era omiso y algunos funcionarios eran cómplices”, dijo el analista Jacobo Dayán, coautor del estudio junto con el investigador Sergio Aguayo.

Según el estudio, el autogobierno en cárceles era parecida en otros centros, pero tan sólo en 2011 el presupuesto público dedicado a las prisiones de Coahuila fue de 135 millones de pesos.

El informe resalta que el penal era un centro de negocios que le daba hasta 75 mil dólares anuales a Los Zetas, y les servía para reclutar sicarios, para esconderse de la policía, para castigar a sus rivales, inclusive el jefe de cártel elegía entre las esposas de los internos a mujeres para tener sexo y el área de seguridad de la prisión servía para ejecutar y deshacerse de los cuerpos.

“Los tenían hincados y amarrados de sus manos hacia atrás, en ocasiones gritaban personas, yo creo que los mataban ahí. Los ejecutaban de dos maneras: les daban un martillazo en la cabeza o un tiro en la nuca”, indica un testimonio.

El yugo zeta, que fue presentado este martes en el Colmex, fue armado con documentos oficiales, testimonios e investigaciones periodísticas e incluye la “venganza Zeta” de marzo de 2011.

Luego de una filtración de información desde la DEA, los sicarios Zetas, policías municipales e internos de piedras negras asesinaron hasta 60 personas en Piedras Negras y Allende, pero el informe se centra en el búnker.

Si bien en el estudio no hay acusaciones directas, sus autores afirman que esta situación era del conocimiento del ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira, hermano del actual gobernante, Rubén Moreira.

“Tenemos documentación que nos permite asegurar que Humberto Moreira y el gobierno interino de Jorge Torres sabían de lo que estaba sucediendo en el penal y durante la venganza”, dijo.

También existe un memorándum de Moreira sobre la operación del penal, el cual estaba a cargo del gobierno federal. “Pusimos el testimonio de Humberto para que quien le crea, le crea y quien no, pues no”, sostuvo Aguayo, quien enfrenta una demanda por daño moral a Moreira por una columna publicada en Reforma.

Abren pocas escuelas y con pocos alumnos en Chilapa

No hubo regreso a clases ayer en Chilapa a pesar de la presencia de policías y militares

El acuerdo del personal académico y administrativo fue volver primero a las cabeceras municipales, después a las comunidades, pero ayer fueron los padres quienes no enviaron a sus hijos porque consideraron que no hay condiciones de seguridad. Solamente laboraron dos primarias públicas y dos privadas, y con pocos alumnos

Zacarías Cervantes

Chilapa

A pesar de la vigilancia militar y policiaca en la cabecera municipal de Chilapa, ayer la mayoría de las escuelas de todos los niveles se mantuvieron cerradas, y sólo cuatro primarias(dos públicas y dos privados) de unas 70 que hay abrieron sus puertas, pero la mayoría de los niños no asistió.
Maestros y padres de familia opinaron que la presencia militar no es garantía de seguridad porque, por ejemplo, a pesar de la presencia de los soldados la noche del lunes fue ejecutado un hombre a la salida de la cabecera municipal, rumbo a la comunidad de Acazacatlán.
Las autoridades de la SEG convocaron desde el viernes, mediante un oficio enviado por el secretario técnico Jorge Sotomayor Landeta a los jefes de sector, supervisores y directores para que notificaran a los maestros que estaban dadas las condiciones para que regresaran a sus centros de trabajo este martes. Lo mismo declaró el secretario de Educación, José Luis González de la Vega.
Desde el 25 de septiembre la SEG ha emitido cinco documentos que ampararon la suspensión de labores que inició luego del colapso del transporte público, de la ruta Chilpancingo-Tixtla-Chilapa, y la protesta de maestros para pedir a las autoridades que no procedan contra ellos a causa de faltas o retardos, debido al temor de acudir a sus centros de trabajo ante las amenazas del crimen organizado en Whatsapp y otras redes sociales.
Después la SEG emitió otro oficio con fecha del 28 de octubre para que los maestros se presentaran el 6 de noviembre a sus labores, pero no regresaron porque consideraron que aún no había condiciones de seguridad. El viernes 2 de diciembre la SEG emitió la segunda convocatoria para que las escuelas se reabrieran este martes 21 de noviembre, pero esta vez al menos en la cabecera municipal, fueron los padres de familia los que no enviaron a sus hijos para no exponerlos al clima de violencia.
Uno de los trabajadores consultado en el Jardín de Niños Amado Rodríguez, en el centro de Chilapa, informó que el acuerdo del personal académico y administrativo fue regresar a trabajar primero en las cabeceras municipales para evaluar la situación de riesgo, y que posteriormente regresaría el personal de las comunidades, en donde existe el mayor riesgo por el traslado que tienen que hacer por caminos rurales.
Sin embargo ni en la cabecera municipal se abrieron la mayoría de las escuelas.
Consultado en este mismo Jardín de Niños en donde fue encontrado supervisando las escuelas que abrieron, el delegado de Servicios Educativos en la región Montaña Baja, Maurilio Morales informó que había confirmado que se habían reanudado las labores en las escuelas primarias públicas Justo Sierra, Dominga Sánchez, Vicente Guerrero y en la Miguel Hidalgo.
Asimismo en los colegios privados que cuentan con jardín de niños hasta bachillerato, Carrillo Cárdenas y Colegio Morelos.
Sin embargo en un recorrido por estas escuelas se confirmó que solamente comenzaron a trabajar los colegios privados y la escuela primaria pública Justo Sierra, mientras que la primaria pública Dominga Sánchez comenzó a trabajar ayer con 112 alumnos de un total de 551, porque los padres de familia no llevaron a sus hijos porque continúa el temor a la violencia, admitió uno de los padres que fue consultado adentro de las instalaciones, cuando fue a justificar la inasistencia de su hijo de tercer grado.
A la escuela primaria Miguel Hidalgo que se encuentra a tres cuadras del centro de la ciudad, solamente asistieron 12 de más de 300 niños de los seis niveles educativos. En este caso los maestros regresaron a sus casas a los 12 niños y convocaron a los padres para que envíen a sus hijos éste miércoles.
Esta escuela a pesar de que no hubo labores, permaneció custodiada afuera por tres militares. Uno de ellos informó que los maestros se encontraban reunidos (a las 9 de la mañana), y que acordaron convocar a los padres para que envíen a sus hijos a la escuela este miércoles.
El mismo soldado informó que en un recorrido en el municipio encontraron que en las comunidades también fueron muy pocas las escuelas que abrieron.
En la escuela Justo Sierra también reiniciaron las clases con custodia de tres soldados. Pero aquí no se pudo confirmar cuántos niños acudieron a clases debido a que no se encontraba el director y no se permitió el paso al reportero.
Aquí uno de los tres militares informó que este martes en la mañana recorrieron la cabecera municipal, y en donde se encontraban con escuelas abiertas se quedaban a brindarles seguridad.
Sin embargo, solamente comenzaron labores las primarias Justo Sierra y Dominga Sánchez, así como los colegios Carrillo Cárdenas y Colegio Morelos pero en éstos no se vio la vigilancia militar.
Tampoco abrió sus puertas la Escuela Preparatoria número 26 Albert Einstein de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Un trabajador administrativo de nivel preescolar dijo que los maestros quieren regresar a sus labores para no seguir afectando a sus alumnos, pero que no ven las condiciones a pesar de la presencia militar y policiaca en la cabecera municipal, mucho menos en las comunidades rurales que se encuentran totalmente desprotegidas.
Contó que por eso decidieron comenzar ayer a abrir paulatinamente las escuelas primero en la cabecera municipal, igual que en Zitlala y Ahuacuotzingo, y que en los próximos días regresarán los maestros de las localidades. Sin embargo, dijo que ayer en esta cabecera municipal fueron los padres de familia los que no llevaron a sus hijos a sus escuelas.

Las actividades educativas no se suspendieron al 100 por ciento en estos más de dos meses sin clases, dice delegado

El delegado de la SEG en la región Montaña Baja, Maurilio Morales aseguró que desde la semana pasada regresaron maestros a algunas de las comunidades, “y hoy tenemos varias escuelas abiertas aquí en la cabecera municipal”, dijo, pero se comprobó que solamente abrieron las dos primarias y los dos colegios privados.
En cuanto a la operación implementada por los gobiernos federal y estatal para garantizar la seguridad de maestros y alumnos se negó a opinar, “nosotros estamos haciendo lo propio, lo que nos corresponde, la cuestión de seguridad son otras instancias las que se encargan y yo ahí si no quiero comentar esa situación”.
–¿Pero cómo percibe la seguridad, el ambiente?
–Pues hay rondines del Ejército, pero nosotros nos avocamos al sector educativo.
El funcionario aseguró que las actividades educativas no se suspendieron al 100 por ciento, en estos más de dos meses sin clases primero por el sismo del 19 de septiembre y dos semanas después por las amenazas del crimen organizado, “los maestros diseñaron diferentes estrategias de como estar en contacto con sus alumnos”.
Admitió que físicamente sí estuvieron cerradas las puertas de las escuelas, “pero para la atención los maestros diseñaron diferentes estrategias para poder estar en contacto con sus alumnos, aunque no al 100 por ciento”.
Aseguró que no todas las escuelas han permanecido cerradas el mismo tiempo, “hubo escuelas que suspendieron después, en otras escuelas los maestros atendieron algunos días de la semana, no se puede asegurar que todas las escuelas estuvieron cerradas todo el tiempo”.
Aseguró también que en las comunidades hay varias escuelas que comenzaron a trabajar desde la semana pasada, pero no precisó cuántas ni en dónde, solamente informó que son las de educación indígena que están en los límites con los municipios de Tixtla, Mártir de Cuilapan (Apango) y Eduardo Neri (Zumpango), así como algunas secundarias y telesecundarias de Zapotitlán, Atlixtac, Acatepec y parte de Quechultenango.
El funcionario siempre dijo que tratar el asunto “es delicado” y que por eso prefería hablar solamente de la situación educativa. Dijo que “en su momento” hubo amenazas mediante las redes sociales, “pero nosotros nos estamos avocando a reactivar las actividades, es difícil y en este punto yo si pido a las autoridades que nos garanticen la seguridad para los maestros, los niños y los jóvenes, porque es fundamental la educación”.
Además de la vigilancia militar afuera de las escuelas que sí abrieron este martes, también se vio en las calles, cuando menos del centro de la cabecera municipal a soldados y policías estatales con rifles en ristre o colgadas a la espalda, en recorridos por la mañana.
También se vieron patrullajes por varios puntos de la ciudad. Aun así las calles lucían vacías de transeúntes y pocos automovilistas. También los padres de familia, pese a esta presencia militar y policiaca, aún no se animaron a mandar o llevar a sus hijos a sus escuelas.

Este año, el de más asesinatos en dos décadas en Guerrero; sigue primero

Este año, el de más asesinatos en dos décadas; Guerrero sigue como primero en ese delito

El Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Segob reporta un promedio de siete homicidios diarios, y en 10 meses suman 2 mil 85 casos, de los cuales 227 se cometieron en octubre

Lourdes Chávez

Chilpancingo

De enero a octubre de 2017 se registró el mayor número de homicidios dolosos de los últimos 20 años en Guerrero, con 227 asesinatos el mes pasado, con lo que suman 2 mil 85 casos, el doble de lo reportado en el mismo periodo de 1997.
El reporte es del informe de víctimas de homicidios dolosos en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por las agencias del Ministerio Público de cada entidad, que actualiza cada mes el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Según los datos oficiales en diez meses se superó el total anual de homicidios dolosos cometidos en 2015, que cerró el año con 2 mil 16 casos. Aunque 2016 cerró en 2 mil 213 homicidios dolosos para octubre había mil 832 asesinatos.
Las bases de datos indican que de enero a octubre de 2007 en Guerrero se registraron mil 14 homicidios dolosos, que representa 48 por ciento de los registrados este año, y 87.7 por ciento de los ocurridos en 2016. Incluso 2011, uno de los años más violentos en dos décadas, se encuentra 8.7 por ciento abajo de las muertes dolosas de 2017, en un comparativo de diez años.
Con un promedio de siete homicidios diarios se confirma como el estado con más homicidios dolosos de la República mexicana, por encima del Estado de México, que del primero enero al 31 de octubre registró mil 954, Baja California mil 914 y Chihuahua mil 640.
De acuerdo con la estadística del informe de víctimas en enero se documentaron en Guerrero 165 homicidios dolosos, en febrero 175, en marzo 210, en abril 189, en mayo 216, en junio 206, en julio 250, en agosto 232 y en septiembre 215 casos y octubre 227.
De 227 asesinatos en octubre, 125 fueron cometidos por arma de fuego (55 por ciento), siete con arma blanca y en 66 (29 por ciento) no hay datos precisos, sólo se clasifican como otros.
Se reportan 46 casos de homicidios culposos, que suman 475 en diez meses, 12 denuncias de extorsión en el mes, 145 en lo que va del año y seis secuestros, que dan 50 casos en 2017.
Por otro lado, el reporte de Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2017, señala 198 homicidios dolosos ocurridos en octubre, que acumulan mil 924 casos en lo que va del año. Con estos datos se estima una tasa de 53.34 homicidios en la entidad por cada 100 mil habitantes.
Guerrero mantiene el primer sitio de asesinatos encima de Baja California donde se registran mil 733 homicidios dolosos en el año.
La entidad está en el sexto lugar del país con más robo de vehículos, abajo del Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Sinaloa y Puebla. Tiene reportes de 2 mil 186, de los cuales 905 fueron en asaltos violentos. La mayoría ocurren en robos sin violencia. En octubre, se reportaron 459 robos de vehículos, 395 sin violencia.
Con 54 secuestros en lo que va del año, las cifras oficiales indican una tasa de 1.5 secuestros por cada cien mil habitantes. Asimismo en extorsión, con 144 casos, se habla de una tasa de 3.99 en este delito.
Los datos se presentan con una advertencia en las dos bases de datos, que la incidencia delictiva “se refiere a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas, reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, instancias responsables de la veracidad y actualización de los datos”.

Asesinan a la niña de 13 años desaparecida hace 10 días en Chilapa; hallan el cuerpo en una carretera  de terracería

Luis Blancas

Chilpancingo

La niña Diana Paulina Rendón Alcaraz de 13 años quien desapareció hace 10 días fue encontrada sin vida en Chilapa en la orilla de la carretera de terracería que conduce a la comunidad de Acazacatla.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que minutos después de las 7 de la mañana recibieron un reporte del hallazgo del cuerpo de una mujer en esta carretera.
Al lugar llegaron policías estatales que confirmaron la presencia del cuerpo en la orilla de la carretera, vestía una blusa con manga larga verde con rayas blancas, pantalón de mezclilla azul y zapatos negros.
Después de las 2 de la tarde la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el cuerpo encontrado era de Diana Paulina.
El jueves la FGE público en su cuenta de Facebook la Alerta  Ámber número AAGRO-115-2017 por la niña que desapareció el 12 de noviembre en Chilapa.
Policías estatales, municipales y ministeriales acordonaron la zona y peritos de la FGE hicieron las diligencias correspondientes.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para la necropsia de ley y después ser entregado a sus familiares.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia informó que la FGE pondrá todos los recursos humanos para investigar la muerte de niña y llevar ante la justicia a los responsables.
Álvarez Heredia difundió la noche de ayer un comunicado en el que expresó su repudio y consternación por el crimen de la niña.
El vocero de seguridad aceptó “que casos como éste generan indignación y lastiman a la sociedad guerrerense, por lo que la Fiscalía dará prioridad a la carpeta de investigación 12040190100505211117 que se integró por el delito de homicidio”.

El comerciante de Tlapehuala desapareció con cinco montadores de toros de Iguala
En la última comunicación por teléfono dijo que se iba detener en un retén de la Policía Comunitaria de Teloloapan, informa su hermano
Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Al comerciante de Tlapehuala Armando García González, que desapareció el 16 de noviembre, lo acompañaban cinco montadores de toros originarios de Iguala que también están desaparecidos, informó su hermano, Alejandro García.
Armando es también hermano del perredista y simpatizante de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, José Francisco García González, que dio a conocer el caso este lunes.  Ayer, Alejandro informó que a la fecha las autoridades no han localizado a los seis.
Expuso Alejandro García que Armando  salió de Chilpancingo el 16 de noviembre rumbo a Iguala y ahí se encontró con los montadores que participarían en la feria de una comunidad de Tlapehuala.
En su última llamada que fue entre las 7 y 7:30 de la noche, Armando García se comunicó con una de sus sobrinas y le informó que estaba por salir de Teloloapan, colgó porque iba a detenerse en un retén de la Policía Comunitaria de ese municipio, desde entonces no se sabe nada de él ni de sus acompañantes, sus familiares tampoco recibieron llamadas para pedir rescate.
Alejandro García estuvo ayer en la conferencia de prensa de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales y Estudiantiles en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), ahí dio a conocer la desaparición de su hermano y los montadores que viajaban en un vehículo tipo Chevy verde.
Según Alejandro García su hermano Carlos denunció ante el Ministerio Público (MP), la Fiscalía General del Estado (FGE) e incluso la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) sin que a la fecha las autoridades informen algún avance en la localización de los desaparecidos, “se echan la bolita” con la Policía Comunitaria.
Expresó que su familia se ha dedicado al comercio y a la lucha social además de que es conocida en la región Tierra Caliente, sospechó que su hermano y sus acompañantes pudieron ser confundidos por la delincuencia organizada.
Dijo que contrario a lo que presume el gobernador, Héctor Astudillo Flores, la seguridad en la región Tierra Caliente no está garantizada, la zona es intransitable y la sociedad está a manos de los delincuentes, por lo que lo llamó a intervenir para mejorar la situación.

Rompen homicidios récord en octubre
Antonio Baranda/Agencia Reforma

Ciudad de México

En octubre pasado se iniciaron 2 mil 371 carpetas de investigación por homicidio doloso, la cifra mensual más alta de que se tenga registro en el país, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Hasta ahora, el récord histórico era de junio de este año, que sumó 2 mil 238 asesinatos intencionales.
El número de homicidios dolosos durante los primeros 10 meses de este año es 23.6 por ciento mayor al registrado en el mismo periodo de 2016, con 16 mil 881.
Además, la cifra del periodo enero-octubre ya supera en 1.6 por ciento la registrada durante todo el año anterior.
De mantenerse el promedio mensual de 2 mil 87 homicidios dolosos en el último bimestre, 2017 se convertirá en el año más violento.
Incluso podría superar la barrera de los 25 mil casos anuales, siendo hasta ahora 2011 el año más violento al sumar 22 mil 855.
La espiral de violencia comenzó a mediados de 2016 y no ha podido ser frenada pese al despliegue de miles de elementos de fuerzas federales en puntos considerados como focos rojos.
Tampoco han funcionado las estrategias emergentes, como el plan de seguridad en los 50 municipios más violentos del país.

Suben otros delitos de impacto

El homicidio doloso no es el único delito considerado de alto impacto que ha aumentado este año.
Los secuestros, en el fuero común, subieron 4.8 por ciento en los primeros 10 meses de 2017, respecto al mismo periodo de 2016.
Datos del SESNSP indican que el robo de vehículo con violencia aumentó 40.9 por ciento en el mismo lapso, e incluso ya superó la cifra de todo el año pasado.
En tanto, el robo de vehículo sin violencia creció 7 por ciento, al pasar de 96 mil 704 a 103 mil 521.
El Gobierno federal ha justificado el aumento de la violencia con la fragmentación de los grupos delictivos, enfrentamientos entre bandas, debilidad de las Policías, liberación de detenidos con armas de fuego e incluso los cambios de Gobierno.

Repudian en la sesión del Congreso el asesinato de una adolescente de 13 años en Chilapa

Guardan un minuto de silencio por Diana Paulina a propuesta del diputado Ricardo Mejía quien preguntó: “Hasta dónde hemos llegado como sociedad? Además los diputados locales exhortan al ayuntamiento de Coyuca de Benítez a que “a la brevedad posible implemente mayores y más efectivas acciones de prevención del delito y fortalecimiento del tejido social”

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Pleno del Congreso de Guerrero guardó un minuto de silencio en memoria de la adolescente Diana Paulina Rendón Alcaraz, desaparecida desde el 12 de noviembre y que fue hallada asesinada este martes en Chilapa, en un camino que conduce a la comunidad de Acazacatla.
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, subió a tribuna donde dijo “vengo profundamente conmovido”, por el asesinato de la adolescente, y recordó que tras su desaparición se emitió una alerta Amber.
La víctima fue encontrada sin vida en Chilapa en la orilla de la carretera de terracería que conduce a Acazacatla, “tirada, arrojada, asesinada, exhibida… una niña de 13 años”.
El diputado de MC subió a tribuna porque manifestó que el episodio no solamente es un caso de impunidad o afectación a las mujeres, “sino ¿por qué hasta dónde estamos llegando como sociedad? Yo creo que el Congreso no puede sólo generar una reprobación o llamar la atención de la autoridad cuando se trata de asesinatos o hechos brutales cometidos contra políticos o luchadores sociales”.
Ayer por la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública recibió un reporte de que había el cuerpo de una mujer tendida en la carretera que conduce a Acazacatla.
Y en el el transcurso de la tarde la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el cuerpo encontrado en Chilapa correspondía a la adolescente.

Se han cometido 239 homicidios en el municipio de Costa Grande desde 2015

También se aprobó por unanimidad un exhorto al ayuntamiento de Coyuca de Benítez, para que “a la brevedad posible implemente mayores y más efectivas acciones de prevención del delito y fortalecimiento del tejido social”, y que realice “programas y proyectos en el que se fortalezca los valores de la familia que permitan contener el incremento de los índices de inseguridad en el municipio”
El coordinador de los diputados de MC presentó la propuesta como asunto de urgente y obvia resolución. Argumentó que de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante 2015, 2016 y 2017, en Coyuca de Benítez se han cometido 239 homicidios dolosos.
Y que representa el 4.2 por ciento de los homicidios que se cometen anualmente en Guerrero, en contraste, la población de Coyuca de Benítez representa sólo el 2.1 del total estatal.
En el mismo municipio van a la alza otros delitos del fuero común “de alto impacto social”, como las lesiones dolosas, el robo, el secuestro y la extorsión.
“Algo no se está haciendo bien en Coyuca de Benítez. En materia de seguridad pública, es claro que ahí, no se ha podido contener la actividad de la delincuencia y al contrario parece ir en aumento”, dijo en tribuna Mejía Berdeja.
En el punto de acuerdo consideraron los diputados de MC que Coyuca de Benítez, tendrá que atender la inseguridad y realizar una plataforma de desarrollo social, de bienestar humano y de crecimiento económico y que, por tanto, requiere de atención prioritaria, eficaz y constante”. Coyuca de Benítez es gobernado por el priista Javier Escobar Parra.
Ricardo Mejía relacionó la violencia en el municipio a la cercanía con Acapulco, “la ciudad más violenta del país, y que, consecuentemente, debería de realizar mayores esfuerzos las autoridades para contener la expansión de la delincuencia que opera en el puerto, hacia los municipios circunvecinos y hacia la Costa Grande del Estado, mejorando la coordinación institucional en la materia, incrementando su estado de fuerza policial y previniendo el delito, en su territorio, dentro del marco constitucional que le corresponde”.
Originalmente en el orden del día, el exhorto estaba dirigido al secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, pero tras un acuerdo de la fracción de MC y la del PRI, únicamente se dirigió al alcalde.
Por su parte el perredista, Ociel García, señaló que no se puede transitar “como si nada” en Chilpancingo, Acapulco, Tierra Caliente y Costa Grande.
En el caso de la Costa Chica dijo que “todavía se puede andar”, aunque señaló que en el municipio de Cuajinicuilapa ya se están “complicando las cosas”.
Reconoció que muchos diputados no hablan del tema de la violencia por temor, pero recordó que como legisladores deben tener el compromiso con la sociedad, y coadyuvar con las autoridades para que se pueda resolver el problema de la inseguridad.
“Si hoy no alzamos la voz, vamos seguir rebasados en temas de seguridad, hoy los legisladores tenemos un compromiso real con la ciudadana, de velar por lo menos por el concepto mínimo que debe tener la gente, la seguridad, pero pocos diputados lo hacen  por temor, ¿quien no tenga temor?”.
El perredista afirmó que “Guerrero está siendo rebasado”, por ello llamó al gobierno federal, estatal y municipal para que “redoble los esfuerzos para que se logre una paz en el estado y no se tenga mas muertes por gente que no tiene escrúpulos en este estado, y que han optado por andar asesinando y hacer desorden en Guerrero, mano se tiene que hacer, no es con miedo, ni con marcha atrás como se va  avanzar”, dijo Ocie García.

Solicita la alcaldesa 2 millones para familias de policías acribillados en Cualac

Al pleno se le notificó de la llegada de un oficio de  la alcaldesa de Cualac, Evelia González Ortega, quien solicita que se autorice una partida especial por 2 millones de pesos para pagar indemnizaciones por muerte y lesiones en cumplimiento del deber de los policías acribillados en el robo del pago de Prospera el 1 de junio pasado.
Fueron tres los policías asesinados y tres más quedaron heridos al igual que una empleada que llevaba los recursos para pagar, en la comunidad de Coatlaco del municipio de Cualac.
Al Congreso también llegó otro oficio por el alcalde de Apaxtla de Castrejón Salvador Martínez Villalobos, por el que solicitó autorización de una partida presupuestal extraordinaria para “dar cumplimiento al pago de laudos condenatorios”, pero no se especificó la cantidad en la sesión. En ese mismo sentido el municipio de San Marcos pidió ampliación presupuestal de pagos de laudos laborales.
También la directora, presidenta, y consejeras del jardín de niños “Estado de Chihuahua”, de Juan R. Escudero, Estela García Morales, Laura Lizet Bedolla Puente, Olivia Sandoval Castañón, Laura Grizell Rivera Garcoa y Elizabeth Bibiana Gallegos Contreras, que pidieron dos millones de pesos, para la compra de un predio que servirá como áreas de seguridad para evacuar en caso de un siniestro.
De primera lectura quedaron los dictámenes con proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2018 de los municipio de Ometepec, Florencio Villarreal, Alcozauca, Ajuchitlán del Progreso, General Canuto Neri, Copala, San Miguel Totolapan, Olinalá, La Unión de Isidoro Montes de Oca, San Luis Acatlán, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Quechultenango, Coyuca de Benítez, Petatlán, Eduardo Neri, Juan R. Escudero, Zitlala, Iliatenco, San Marcos, Pilcaya, Cuajinicuilapa y Tixtla.
Todas las primeras lecturas fueron obviadas, entre ellas la del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base a los ayuntamientos La Unión de Isidoro Montes de Oca, San Luis Acatlán, Ixcateopan, Quechultenango, Coyuca de Benítez, Petatlán, Eduardo Neri, Juan R. Escudero, Zitlala, Iliatenco, San Marcos y Pilcaya para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018.
También se aprobó la licencia por tiempo indefinido a los regidores de Tepecoacuilco, Pascasio López Nava, Luisa Pineda Matías.

Derogan artículos para dar más autonomía a la Codehum

Y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso derogó los artículos 100, 101, y 102 de la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), propuesta que enviaron Ramón Navarrete Mag-daleno, Nancy Bravo Gómez, Manuel García Guatemala, Víctor Manuel Castrejón Huicochea y Ángel Miguel Sebastián Ríos, presidente, consejeros y secretario técnico respectivamente del Consejo Consultivo de la comisión.
La comisión argumentó en su propuesta que los artículos derogados no aseguraban el ejercicio y protección de los derechos humanos de las personas, debido a que en estos se establecía la oportunidad de las autoridades en las que recaían las recomendaciones para ampararse.
Y con la derogación se fortalecen “las atribuciones, independencia, y la autonomía de este organismo de protección no jurisdiccional de los derechos humanos”.
Con la derogación aprobada ayer en el Poder Legislativo las recomendaciones que se consideran “como documentos de carácter moral y definitivo, pero no son obligatorias para las autoridades o servidores públicos a las que se dirigen, es decir, que pueden o no aceptarse, lo que hace innecesaria su impugnación, además no se está en presencia de una resolución de carácter jurisdiccional, por lo que no constituyen instancia que pudiera dar lugar a medios de impugnación”.

Repudian en la sesión del Congreso el asesinato de una adolescente de 13 años en Chilapa

El Pleno del Congreso de Guerrero guardó un minuto de silencio en memoria de la adolescente Diana Paulina Rendón Alcaraz, desaparecida desde el 12 de noviembre y que fue hallada asesinada este martes en Chilapa, en un camino que conduce a la comunidad de Acazacatla.
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, subió a tribuna donde dijo “vengo profundamente conmovido”, por el asesinato de la adolescente, y recordó que tras su desaparición se emitió una alerta Amber.
La víctima fue encontrada sin vida en Chilapa en la orilla de la carretera de terracería que conduce a Acazacatla, “tirada, arrojada, asesinada, exhibida… una niña de 13 años”.
El diputado de MC subió a tribuna porque manifestó que el episodio no solamente es un caso de impunidad o afectación a las mujeres, “sino ¿por qué hasta dónde estamos llegando como sociedad? Yo creo que el Congreso no puede sólo generar una reprobación o llamar la atención de la autoridad cuando se trata de asesinatos o hechos brutales cometidos contra políticos o luchadores sociales”.
Ayer por la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública recibió un reporte de que había el cuerpo de una mujer tendida en la carretera que conduce a Acazacatla.
Y en el el transcurso de la tarde la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el cuerpo encontrado en Chilapa correspondía a la adolescente.

Se han cometido 239 homicidios en el municipio de Costa Grande desde 2015

También se aprobó por unanimidad un exhorto al ayuntamiento de Coyuca de Benítez, para que “a la brevedad posible implemente mayores y más efectivas acciones de prevención del delito y fortalecimiento del tejido social”, y que realice “programas y proyectos en el que se fortalezca los valores de la familia que permitan contener el incremento de los índices de inseguridad en el municipio”
El coordinador de los diputados de MC presentó la propuesta como asunto de urgente y obvia resolución. Argumentó que de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante 2015, 2016 y 2017, en Coyuca de Benítez se han cometido 239 homicidios dolosos.
Y que representa el 4.2 por ciento de los homicidios que se cometen anualmente en Guerrero, en contraste, la población de Coyuca de Benítez representa sólo el 2.1 del total estatal.
En el mismo municipio van a la alza otros delitos del fuero común “de alto impacto social”, como las lesiones dolosas, el robo, el secuestro y la extorsión.
“Algo no se está haciendo bien en Coyuca de Benítez. En materia de seguridad pública, es claro que ahí, no se ha podido contener la actividad de la delincuencia y al contrario parece ir en aumento”, dijo en tribuna Mejía Berdeja.
En el punto de acuerdo consideraron los diputados de MC que Coyuca de Benítez, tendrá que atender la inseguridad y realizar una plataforma de desarrollo social, de bienestar humano y de crecimiento económico y que, por tanto, requiere de atención prioritaria, eficaz y constante”. Coyuca de Benítez es gobernado por el priista Javier Escobar Parra.
Ricardo Mejía relacionó la violencia en el municipio a la cercanía con Acapulco, “la ciudad más violenta del país, y que, consecuentemente, debería de realizar mayores esfuerzos las autoridades para contener la expansión de la delincuencia que opera en el puerto, hacia los municipios circunvecinos y hacia la Costa Grande del Estado, mejorando la coordinación institucional en la materia, incrementando su estado de fuerza policial y previniendo el delito, en su territorio, dentro del marco constitucional que le corresponde”.
Originalmente en el orden del día, el exhorto estaba dirigido al secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, pero tras un acuerdo de la fracción de MC y la del PRI, únicamente se dirigió al alcalde.
Por su parte el perredista, Ociel García, señaló que no se puede transitar “como si nada” en Chilpancingo, Acapulco, Tierra Caliente y Costa Grande.
En el caso de la Costa Chica dijo que “todavía se puede andar”, aunque señaló que en el municipio de Cuajinicuilapa ya se están “complicando las cosas”.
Reconoció que muchos diputados no hablan del tema de la violencia por temor, pero recordó que como legisladores deben tener el compromiso con la sociedad, y coadyuvar con las autoridades para que se pueda resolver el problema de la inseguridad.
“Si hoy no alzamos la voz, vamos seguir rebasados en temas de seguridad, hoy los legisladores tenemos un compromiso real con la ciudadana, de velar por lo menos por el concepto mínimo que debe tener la gente, la seguridad, pero pocos diputados lo hacen  por temor, ¿quien no tenga temor?”.
El perredista afirmó que “Guerrero está siendo rebasado”, por ello llamó al gobierno federal, estatal y municipal para que “redoble los esfuerzos para que se logre una paz en el estado y no se tenga mas muertes por gente que no tiene escrúpulos en este estado, y que han optado por andar asesinando y hacer desorden en Guerrero, mano se tiene que hacer, no es con miedo, ni con marcha atrás como se va  avanzar”, dijo Ocie García.

Solicita la alcaldesa 2 millones para familias de policías acribillados en Cualac

Al pleno se le notificó de la llegada de un oficio de  la alcaldesa de Cualac, Evelia González Ortega, quien solicita que se autorice una partida especial por 2 millones de pesos para pagar indemnizaciones por muerte y lesiones en cumplimiento del deber de los policías acribillados en el robo del pago de Prospera el 1 de junio pasado.
Fueron tres los policías asesinados y tres más quedaron heridos al igual que una empleada que llevaba los recursos para pagar, en la comunidad de Coatlaco del municipio de Cualac.
Al Congreso también llegó otro oficio por el alcalde de Apaxtla de Castrejón Salvador Martínez Villalobos, por el que solicitó autorización de una partida presupuestal extraordinaria para “dar cumplimiento al pago de laudos condenatorios”, pero no se especificó la cantidad en la sesión. En ese mismo sentido el municipio de San Marcos pidió ampliación presupuestal de pagos de laudos laborales.
También la directora, presidenta, y consejeras del jardín de niños “Estado de Chihuahua”, de Juan R. Escudero, Estela García Morales, Laura Lizet Bedolla Puente, Olivia Sandoval Castañón, Laura Grizell Rivera Garcoa y Elizabeth Bibiana Gallegos Contreras, que pidieron dos millones de pesos, para la compra de un predio que servirá como áreas de seguridad para evacuar en caso de un siniestro.
De primera lectura quedaron los dictámenes con proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2018 de los municipio de Ometepec, Florencio Villarreal, Alcozauca, Ajuchitlán del Progreso, General Canuto Neri, Copala, San Miguel Totolapan, Olinalá, La Unión de Isidoro Montes de Oca, San Luis Acatlán, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Quechultenango, Coyuca de Benítez, Petatlán, Eduardo Neri, Juan R. Escudero, Zitlala, Iliatenco, San Marcos, Pilcaya, Cuajinicuilapa y Tixtla.
Todas las primeras lecturas fueron obviadas, entre ellas la del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base a los ayuntamientos La Unión de Isidoro Montes de Oca, San Luis Acatlán, Ixcateopan, Quechultenango, Coyuca de Benítez, Petatlán, Eduardo Neri, Juan R. Escudero, Zitlala, Iliatenco, San Marcos y Pilcaya para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018.
También se aprobó la licencia por tiempo indefinido a los regidores de Tepecoacuilco, Pascasio López Nava, Luisa Pineda Matías.

Derogan artículos para dar más autonomía a la Codehum

Y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso derogó los artículos 100, 101, y 102 de la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), propuesta que enviaron Ramón Navarrete Mag-daleno, Nancy Bravo Gómez, Manuel García Guatemala, Víctor Manuel Castrejón Huicochea y Ángel Miguel Sebastián Ríos, presidente, consejeros y secretario técnico respectivamente del Consejo Consultivo de la comisión.
La comisión argumentó en su propuesta que los artículos derogados no aseguraban el ejercicio y protección de los derechos humanos de las personas, debido a que en estos se establecía la oportunidad de las autoridades en las que recaían las recomendaciones para ampararse.
Y con la derogación se fortalecen “las atribuciones, independencia, y la autonomía de este organismo de protección no jurisdiccional de los derechos humanos”.
Con la derogación aprobada ayer en el Poder Legislativo las recomendaciones que se consideran “como documentos de carácter moral y definitivo, pero no son obligatorias para las autoridades o servidores públicos a las que se dirigen, es decir, que pueden o no aceptarse, lo que hace innecesaria su impugnación, además no se está en presencia de una resolución de carácter jurisdiccional, por lo que no constituyen instancia que pudiera dar lugar a medios de impugnación”.

Condena el grupo Pro AMLO el asesinato de dos trabajadores de la minera Media Luna

Los integrantes del movimiento Pro AMLO, condenaron este martes el asesinato de los dos simpatizantes del paro de trabajadores de la minera Media Luna, subsidiaria de la empresa canadiense Torex Gold, y exigieron respeto al derecho que tienen los trabajadores a afiliarse al sindicato de su preferencia.
También criticaron al gobernador Héctor Astudillo Flores por asumir una postura parcial en este conflicto, luego de que el lunes en su declaración en vez de condenar el asesinato de los dos guerrerenses, se lamentó por las inversiones que pone en riesgo el movimiento laboral.
“Las inversiones deben de llegar y son necesarias en Guerrero, pero no mediante procedimientos violentos”, dijo Misael Medrano Baza, quien anunció que el jueves una caravana de miembros de esa agrupación política irá al plantón de los trabajadores en solidaridad.
Los integrantes de Pro AMLO se reunieron este martes para evaluar los trabajos que vienen realizando a favor de la campaña del aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador.
Entre los asistentes estuvieron, el coordinador estatal Félix Salgado Macedonio y los integrantes del movimiento, Medrano Baza, Apolinar Segueda Dorantes, Saúl López Sollano, Carlos Sánchez Barrios, Félix Bautista Matías, Pablo Hernández Acevedo, (hermano del ex presidente estatal del PRD asesinado, Ranferi Hernández), Fernando Pineda Ochoa, Jesús Villanueva Vega y Rodrigo Cortés.
También estuvieron integrantes de comisiones que vinieron de los municipios de Ahuacuotzingo, Tlapa, Chilapa y Tepecoacuilco.
Durante la reunión, López Sollano dijo que la agresión a los trabajadores en paro de la minera Media Luna, no se debe dejar pasar, “no podemos quedarnos en que como hay muchos muertos, que sigan más”, dijo en referencia al asesinato la noche del sábado de los hermanos Javier y Marcelino Zahuatitla en el bloqueo que mantienen los trabajadores en la entrada de la comunidad de Atzcala, municipio de Cocula.
A nombre de los miembros de Pro AMLO condenó el doble asesinato porque dijo que no solamente se trata de un atentado en contra de los trabajadores, sino en contra de sus familias y de una fuente de trabajo.
Después, en la misma conferencia de prensa, Misael Medra Baza, declaró que el asesinato de los dos mineros es un tema delicado, “pero no debemos quedarnos con los brazos cruzados”.
Dijo que “vamos a darles una visita a través de la caravana Pro AMLO”. La caravana partirá la mañana del jueves.
Agregó que en van a exigir que se respete el derecho de los trabajadores a organizarse libremente en el sindicato que ellos decidan.
Además, lamentó la declaración del lunes del gobernador Héctor Astudillo quien dijo que el paro de los trabajadores ahuyenta la inversión en Guerrero. Medrano Baza, declaró que el gobernador tiene una visión “muy parcial” del conflicto y que tiene que tomar en cuenta a las comunidades que viven allí, a los pobladores, a los trabajadores y a sus derechos”.
Agregó que “la extracción del oro mediante procedimientos violentos daña y lastima a la población”.
Entre otros acuerdos que tomaron este martes está la incorporación de lleno del movimiento Pro AMLO en la gira que realizará por Guerrero el aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador del 30 de noviembre al 3 de diciembre cuando estará en ciudades de la Costa Grande, Costa Chica, zona Centro, zona Norte y Tierra Caliente.
También acordaron apoyar una gira del coordinador de organización, Félix Salgado Macedonio. López Sollano, dijo que el acuerdo de Pro AMLO “es apoyar a Félix con todo, para unificar a todos los equipos que apoyan a Andrés Manuel”.