En el foro del grupo Pro AMLO, llaman a vencer la estrategia del PRI de fragmentar a la izquierda


Liderazgos nacionales de la izquierda, militantes y ex militantes del PRD expusieron los riesgos del proceso electoral de 2018 para ganar la presidencia de la República con el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, en el foro Por la unidad y la transformación de México, que se llevó a cabo en el auditorio de la escuela de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
El senador ex perredista Alejandro Encinas Rodríguez consideró que en Morena no existe una operación política para remontar la estrategia del PRI de fragmentar a la izquierda y de promover el sectarismo para mantenerse en el poder. Y advirtió que otros partidos van a buscar a los inconformes de Morena, para convertirlos en candidatos, en aparente alusión al caso de Ricardo Monreal en la Ciudad de México.
El veterano dirigente de la izquierda socialista del país y ex senador perredista Pablo Gómez Álvarez señaló que México tiene los peores indicadores de los últimos 30 años, resultado de las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos del PRI y del PAN, y planteó que para remontarlos se requieren gobiernos de izquierda. Sin embargo, reconoció que el contrincante no han sido solamente los políticos del PRI, sino la corrupción que alcanzó a dirigentes del PRD.
El ex senador del PRD, Carlos Sotelo García, convocó a todos los perredistas a votar por todos los candidatos que postule Morena, no sólo por López Obrador. Aclaró que eso no indica que los perredistas no puedan opinar y presentar aspirantes que ayuden a elevar la votación, con impacto en los resultados de la elección para presidente. Consideró que aún están a tiempo de hacer propuestas de candidatos, porque ya no es suficiente el efecto AMLO para ganar un espacio de representación popular.
Todos los participantes exigieron que se haga justicia en caso del asesinato del luchador social y perredista Ranferi Hernández Acevedo. El líder histórico del PRD en Guerrero, Eloy Cisneros Guillén, y el universitario Rafael Aréstegui incluyeron la la denuncia de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
En la clausura, Cisneros Guillén propuso a los liderazgos nacionales que impulsen la creación de un comité de enlace entre las izquierdas, que incluya a los sacerdotes y defensores de derechos humanos Raúl Vera, Alejandro Solalinde y Miguel Concha; y la periodista y escritora Elena Poniatowska, para romper con esa línea que impide a todas las fuerzas de esa corriente ideológica cerrar filas en un programa contra el modelo neoliberal.
Subrayó que esta contienda requiere de la unidad más amplia de los grupos progresistas “para terminar con esta condición de Estado fallido”.

Hay que remontar la fragmentación y el sectarismo: Encinas

Alejandro Encinas se refirió de la violencia en Guerrero, unos 2 mil asesinatos en lo que va del año, y a los homicidios de luchadores sociales. Adelantó que Morena va a exigir el esclarecimiento de la muerte, no sólo de Ranferi Hernández Acevedo, sino de todos los asesinados del movimiento social.
Aunque destacó los logros de Morena en los comicios de 2015, en elecciones del estado, aceptó que en 2018 será necesario recuperar el espíritu de unidad de las izquierdas, que trascienda el ámbito de los partidos, recuperar el vínculo con los movimientos sociales para ganar la presidencia de la República.
Destacó que en 2006 el PRD llegó a la cima de la movilización de la izquierda del país, gobernaba más de la mitad de la población, a 26 millones de habitantes, pero las disputas por candidaturas y luego los espacios de gobierno, lo transformaron.
Aclaró que el PRD trasciende en Guerrero porque su militancia es real, “sin abandonar su partido, van a votar por AMLO en 2018”, pero denunció que en Morena se están cerrado en un momento que necesita fortalecerse.
Explicó que la estrategia de la derecha es la fragmentación y sectarismo. Adelantó que habrá muchos candidatos independientes, enfrente de los partidos, para reducir los votos de Morena en las demarcaciones locales, para minar el voto por la presidencia, “no sólo es una campaña, se necesita una operación política para hacer frente a la elección de Estado que se avecina”.
Señaló que en la elección de 2015, por la gubernatura del Estado de México, el aparato de gobierno, los medios de comunicación y los órganos electorales no escatimaron recursos para mantener el poder. “El PRI quiere quedarse en el poder y hará todo lo que tenga que hacer. Tenemos que prepararnos para eso”.
Adelantó que en la Ciudad de México, el Frente PRD-PAN tienen diálogos con Encuentro Social, Partido Ecologista de México, Nueva Alianza y se puede sumar el perredista Ricardo Monreal. Aclaró que no van a ganar, sino a minar la votación que se requiere para hacer la diferencia en la elección presidencial.
Una vez que Morena determine quiénes serán sus candidatos, el frente “va a ir a la pepena de los inconformes, y no veo ese trabajo político de Morena en Cdmx, ni en Guerrero” para contrarrestarlo. Pidió cerrar filas, no favorecer la deserción de sus compañeros porque consideran que no les tocó lo que creían que les tocaba, “vamos a profundizar debilidades”.
Insistió en construir acuerdos, con generosidad “para entendernos y reencontrarnos”.
Aclaró que con algunos dirigentes “es imposible, pero no con la base social que quiere un cambio de país”.
Por lo tanto, reiteró el llamado a construir ese capital con la nueva generación de jóvenes, “el electorado que tenemos que convencer, que en la ciudad de México sólo ha conocido los gobiernos del PRD.
Sobre Guerrero lamentó que la alternancia no haya significado un cambio, sino al contrario, aceptó que el PRD pasó de víctima a victimario con los hechos de Iguala, en alusión a las autoridades municipal y estatal que gobernaban el 26 de septiembre de 2014, donde fuerzas públicas de todos los niveles intervinieron en el ataque a estudiantes, donde mataron a cuatro personas y desaparecieron a 46.
Señaló que al autocrítica es parte de la generosidad que se debe tener para recuperar la confianza de los electores.
Pablo Gómez habló de las políticas de los gobiernos neoliberales “indolentes” en los últimos 30 años, que agudizaron la pobreza y la desigualdad. Aseguró que “hay universidades quebradas” y problemas económicos en las escuelas de todos los niveles educativos.
Calificó los 12 años del PAN en la presidencia como “parte del hoyo negro del neolibreaismo, del incremento de la pobreza. La dirigencia del PRD se alió con los panistas en las elecciones de 2018 para la continuidad del modelo de corrupción.
Sobre la situación nacional, aclaró que los actuales dirigentes del PRD pidieron la renuncia de quienes apoyan a AMLO, y como no lo hicieron les suspendieron sus derechos. Consideró que ellos, los administradores del registro del partido, son traidores en el PRD.
“No he querido hacer lo que parece lógico (retirarse del PRD). Prefiero seguir en el conflicto con ellos. No es que me guste. Si fueran de la derecha sí. Sólo que ellos ya no están en la izquierda, nos han dejado solos pero no lo reconocen”.
Estimó necesario seguir en el conflicto partidista, “creo que es una obligación, al menos de algunos, seguir exigiendo que nos regresen el registro del PRD, que es del Partido Socialista de México, para reivindicar el respeto de mucha gente que dio la vida por el PRD, ustedes lo saben”, dijo en alusión a la represión de sus militantes en los años 90, ante unos 300 asistentes ahora de distinta filiación política, pero la mayoría tuvo trayectoria en el sol azteca.
Asimismo, Carlos Sotelo, quien renunció a la dirigencia nacional del PRD este 4 de octubre cuando concluyó el periodo del comité nacional, pero sigue en funciones, señaló que en todo el país hay coincidencia en la necesidad de detener la operación de la derecha, pero falta construir una sola propuesta de organización.
Destacó que la elección presidencial de 1988 hubo un movimiento político extraordinario, pero aunque ahora la participación de la gente es más clara “me parece que tenemos una organización menor”.
En este sentido, llamó los perredistas a votar por todas las candidaturas que postule Morena, “no podemos estar a medias tintas, con AMLO sí y con los otros no. Se requiere para derrotar a los neoliberales en 2018.
Aclaró que serán respetuosos de lo que decida Morena, aunque sigue la definición y los perredistas están a tiempo de “observar a quien estimamos no es lo mejor para que AMLO potencie sus posibilidades de triunfo en 2018”.
El ex perredista e integrante de la dirección nacional de Morena, José Antonio Rueda, denunció que por muchos años desde el PRD se combatió al PRI, pero no se percataron entonces que no era asunto de partidos, “sino una cultura nacional que se contagia”,
“Este PAN no es el de Gómez Morín, se parece al PRI. Son idénticos, sólo cambiaron las banderas. Al PRD le pasó algo similar, se contagió de los moches en el Estado de México, porque los diputados exigían varillas y cemento para ir comprar pobreza, para tener clientela, y se generalizó en todo país”.
Lamentó que desde el PRD no fueron capaces de combatir esa política, “se convirtió en un partido con careta de izquierda, oportunista, desleal y colaborador del sistema”.
Destacó que Guerrero, es uno de los estados con un perrredismo más consecuente con los principios del partido. “El PRD nacional se quedó con los símbolos y renunció a la causa profunda de la izquierda”.

Apoya IDN a De la Rosa para el Senado y el cambio total de dirigencia del PRD

Integrantes de Izquierda Democrática Nacional (IDN) dieron su respaldo al diputado local con licencia Sebastián de la Rosa Peláez como aspirante a la candidatura al Senado. En una reunión estatal, en voz de los consejeros de IDN, Porfirio Leyva Muñoz manifestó que apoyarán la renovación total de la dirigencia del partido en la sesión del Consejo Estatal del próximo sábado.
Este domingo por la mañana, los 32 consejeros estatales de IDN se reunieron en un salón del hotel Acapulco Tortuga. La reunión se llevó a cabo en privado y sólo se permitió el acceso a la prensa durante la inauguración de los trabajos.
En su intervención, el dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc), Sebastián de la Rosa, destacó que hay coincidencias con IDN, como el que ambos grupos trabajan en el territorio, atendiendo las necesidades de la gente.
Reiteró que Coduc apoya al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, como aspirante a la candidatura presidencial, porque no debe ser el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Ricardo Anaya, el candidato que postule el Frente Ciudadano por México sólo porque es el partido que numéricamente tiene más fuerza que el PRD.
Señaló que Anaya está desacreditado, el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, está muy abajo en las encuestas y Margarita Zavala dividió al PAN; mientras que Mancera “sigue creciendo”.
Insistió en que debe cambiar la forma en que se reparten las candidaturas en el partido y darle los espacios a los candidatos que cuenten con el respaldo de los ciudadanos.
Se manifestó a favor de que se renueve la dirigencia del partido, para que sea capaz de enfrentar la elección de julio del próximo año.
En declaraciones, Óscar Chávez Rendón indicó que se mantiene en el PRD e insistirá “hasta el último momento” en la unidad de la izquierda, porque no ve posibilidades de que la militancia en el estado respalde a un candidato panista a la presidencia de la República y consideró que el Frente Ciudadano por México “está tambaleándose”.
Óscar Chávez sostuvo que milita en el PRD y mantiene diferencias con la postura del partido de aliarse con el PAN. Indicó que continuará en su trabajo de integrar comités de base del MNE, “no voy en alianza con el PAN”.
De la posibilidad de que se apliquen sanciones, como ya lo hicieron con Pablo Gómez y Carlos Sotelo, Chávez Rendón confió en que no habrá expulsiones en el PRD, porque eso significa debilitar al partido y eso no es conveniente.
A los perredistas les dijo que Andrés Manuel López Obrador “no es enemigo de la izquierda, es un actor importante y fundamental”.
El alcalde de Tixtla, Hossein Nabor, anunció que desde IDN van a luchar porque el candidato presidencial que postule el Frente no sea un panista, pues advirtió que eso provocaría “una debacle” en el partido y dijo que Ricardo Anaya “representa la continuidad de un sistema político caduco, un sistema político que centraliza el poder económico en la federación, como se hizo en las culturas prehispánicas, un sistema que le hace daño a los pobres.
Sobre la decisión de sumarse a López Obrador, como lo hicieron los dirigentes nacionales Dolores Padierna y René Bejarano, el alcalde de Tixtla dijo que lo valorarán, “nosotros respetamos esa decisión, sin embargo las condiciones son diferentes”.

Dejan siete cuerpos desmembrados en ocho bolsas quemadas en la periferia de Chilapa


Los cuerpos de siete hombres desmembrados fueron hallados la mañana de ayer en ocho bolsas de plástico negras quemadas en la colonia Las Margaritas, en la periferia de la cabecera municipal de Chilapa. Por otra parte, en la Costa Grande, un hombre de 55 años fue ejecutado a balazos en La Unión y un joven de 28 en los límites del municipio de Atoyac y San Jerónimo.
En el caso de Chilapa, en un primer momento fuentes de la Fiscalía General del Estado  (FGE) informaron que probablemente fueran cinco los cuerpos en las ocho bolsas pero no habían confirmado esta información. Después, a las 3:15 de la tarde las fuentes dijeron que los restos humanos hallados en las bolsas de plástico eran de ocho hombres. Finalmente, minutos antes de las  5 de la tarde rectificaron y aclararon que se trataba de siete personas.
En lo que va del año en Chilapa suman 205 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, con base en un recuento de la información publicada en El Sur.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 9:18 de la mañana recibieron un reporte sobre el hallazgo de restos humanos en bolsas negras en la carretera Chilapa-Acazacatla.
Al lugar acudieron policías que hallaron en la calle 11 Oriente de la colonia Las Margaritas, ubicada en la salida hacia Acazacatla, restos humanos desmembrados en ocho bolsas de plástico, a las que los agresores les prendieron fuego.
En la orilla de la carretera de terracería se observaron ocho bolsas de plástico negras con restos humanos que se estaban quemando, en algunas bolsas que estaba rotas se veían las piernas y brazos de la víctimas.
Policías municipales, estatales y ministeriales acordonaron la zona y peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes.
Los restos de los siete hombres desmembrados sin identificar fueron trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para realizar las pruebas de ADN para su identificación.
A pesar de los planes operativos de seguridad anunciados por el gobierno del estado para bajar los índices de violencia en Chilapa, éstos continúan debido a la disputa del territorio entre grupos de la delincuencia organizada.
El viernes, un comerciante de 19 años fue ejecutado a balazos frente a una vulcanizadora en el bulevar Eucaria Apreza, en la colonia La Joya de Chilapa.
El miércoles una taxista y un hombre fueron ejecutados a balazos en distintos hechos de violencia en este municipio.
Hace nueve días, los cuerpos de dos hombres calcinadas fueron encontrados en la cajuela de un vehículo incendiado en el camino de terracería cerca de la comunidad de Acazacatla en Chilapa.
El 20 de octubre, un hombre murió al recibir atención médica en el hospital general de Chilapa, luego de ser atacado a balazos en la colonia Centro en Chilapa.
El 19 de ese mes el cuerpo de un hombre calcinado fue encontrado adentro de un vehículo incendiado en el camino que conduce a Acazacatla, a unos 15 minutos de Chilapa.
El 14 de octubre fue torturado y ejecutado el dirigente social y ex presidente estatal del PRD, y miembro del Movimiento Pro AMLO, Ranferi Hernández Acevedo, y fue hallado dentro de su camioneta quemada junto a su esposa, su suegra y su chofer.
El 6 de octubre, un estudiante de la preparatoria 26 de la Universidad Autónoma de Guerrero  (UAG), decapitado fue encontrado en la calle 10 Poniente en la colonia Progreso en Chilapa.

Un cuerpo tirado en una carretera  en La Unión

El cuerpo de un hombre de unos 55 años de edad, ejecutado a balazos, atado de manos y vendado de los ojos, fue encontrado en la carretera que se dirige a la comunidad de Feliciano, en el municipio de La Unión.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 9:30 de la mañana recibieron el reporte de que había una persona asesinada cerca de esta comunidad.
El cuerpo de la víctima estaba tendido boca arriba y en la orilla de la carretera, vestía pantalón de mezclilla azul, playera gris y tenis negros. Las fuentes informaron que tenía dos impactos de bala en la tetilla izquierda y en la cabeza.
Cerca de la comunidad Feliciano llegaron policías municipales, estatales y militares quienes acordonaron la zona  y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes.
El hombre fue trasladado a una funeraria habilitada como Servicio Médico Forense en Zihuatanejo, para su posible identificación.

Asesinan a un joven maniatado, en los límites de Atoyac y San Jerónimo.

?Un joven de unos 28 años de edad fue hallado asesinado a balazos y con las manos atadas con cuerda de plástico en la zona baja del municipio de Atoyac, cerca de los límites con Benito Juárez (San Jerónimo).
Fuentes de seguridad pública informaron que huerteros y vecinos reportaron a las autoridades el hallazgo a las 8 de la mañana de este domingo.
La víctima fue encontrada en un basurero en la carretera que comunica la comunidad de Corral Falso con San Jerónimo.
Vestía pantalón azul marino, playera gris y tenis azul con gris.
Tenía disparos de arma de fuego en espalda, cuello y cabeza. Se desconoce calibre pues no se encontraron casquillos en el lugar de los hechos.
Se localizó una credencial emitida por el Consejo Estatal del Mango como productor a nombre de Jesús Ortiz N originario de Papanoa municipio de Tecpan.
El cuerpo fue llevado a la funeraria Sarabia en Atoyac para la necropsia de ley y para que sea reclamado por sus parientes.

Lleva 9 días desaparecido en Cuajinicuilapa el estudiante de veterinaria de la UAG

El estudiante de la Escuela de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jorge Cortés Carmona quien es sobrino del luchador social y sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortés Chávez, cumplió nueve días desaparecido sin que las autoridades hayan informado a los familiares los avances de las investigaciones a pesar de que han presentado elementos claves para su localización.
Cortés Carmona de 24 años y originario de Cruz Grande del municipio de Florencio Villarreal desapareció la noche del sábado 28 de octubre en Cuajinicuilapa, región de la Costa Chica, ahí el joven cursaba su seminario de titulación.
Según sus familiares el joven esa noche acudió a una fiesta y desapareció cuando fue a comprar a una tienda de conveniencia.
Consultados vía telefónica, Efrén Cortés Chávez y la secretaria técnica de la Red Solidaria Década contra la Impunidad (organismo que da acompañamiento a los familiares del desaparecido), María Magdalena López Paulino informaron que las autoridades federales y estatales no les han dado a conocer avances de las investigaciones, incluso Magdalena López denunció que hay algunas irregularidades que obstaculizan la investigación.
Denunció que la mesa 8 del Juzgado Octavo de Distrito con sede en Acapulco en donde los familiares solicitaron un amparo para que las autoridades rindan un informe ante la posibilidad de que Cortés Carmona haya sido detenido por alguna corporación policiaca, se negó a recibir el viernes pasado documentos con los que Efrén Cortés quiso aportar elementos para su localización.
Informó que los trabajadores de ese juzgado argumentaron que esos documentos ya habían sido requeridos en la solicitud de amparo.
Magdalena López informó que los documentos rechazados son copias de lo actuado por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y los lugares donde pueden ir a buscarlo, entre éstos el cuartel militar de Acapulco.
Informó que en respuesta a la solicitud de amparo el viernes pasado ese Juzgado concedió la suspensión definitiva y les pidió a los familiares que el desaparecido tenía que ir a firmar, lo cual les pareció ridículo, Cortés Chávez les dijo que ante la ausencia de la víctima directa sería él quien firmaría.
Los familiares y la Red solicitaron el 31 de octubre la intervención del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Consultado vía telefónica, Cortés Chávez insistió que las autoridades investiguen la línea política ya que no descartó que la desaparición de su sobrino esté vinculada con su activismo social y político.
Exigió a las autoridades que respondan a los recursos legales y políticos a los que han recurrido para la presentación con vida de Jorge Cortés. “Se tiene que saber lo que pasó y dónde está, no se puede perder una persona así nomás y de esa forma”, expresó.
Dijo que la FGE ya tiene argumentos sólidos y que debe empezar a requerir a todas las personas implicadas o que saben quién se lo llevó, insistió que “nosotros pensamos que puede ser un móvil político, una represalia dirigida hacia mí pero que la estén enfilando hacia mi sobrino”.
Añadió que si no es así el gobierno debe actuar en su localización y deslindarse, “y presentar una investigación seria a efecto de que demuestre que si no son ellos (el gobierno) que presente a los responsables”.
Explicó que la población de Cuajinicuilapa no es muy grande, “allí todo mundo se conoce y a nosotros nos ha llegado información de que puede estar por acá (en Cuajinicuilapa), pero es la fiscalía la que debe de ver qué es lo que pasó”.
Admitió que aunque no tienen mucha confianza en la FGE ven que está investigando, “pero sí queremos que la agilice porque mi sobrino todavía no aparece, y si la fiscalía estatal no tiene la capacidad para resolver el caso, que intervenga la Procuraduría General de la República (PGR) porque se necesita que se avance”.
Declaró que ya entregaron a la Fiscalía estatal información valiosa que se debe rastrear, por ejemplo los teléfonos del desaparecido y de las personas que estaban con él el día que desapareció. “Hay personas que si no son culpables sí deben de saber qué pasó”, insistió que la FGE ya tiene toda esta información, pero que no hay avances.

Nuevas amenazas del crimen organizado a maestros de la Montaña Baja impiden el regreso a las escuelas

Mientras que la Secretaría de Educación (SEG), envió un oficio a los maestros de la región Montaña Baja para que se presenten a trabajar a partir de hoy lunes, ayer circularon nuevas amenazas del crimen organizado en contra de los maestros a través de las redes sociales, para que no se presenten a laborar, “no queremos lastimarlos y no nos están dejando alternativas”, dice la advertencia.
Los maestros circularon un aviso en grupos de Whatsapp, en el que proponen no ir a sus labores, “estamos conscientes que los padres de familia y los niños quieren que haya clases, pero no depende de nosotros, depende del gobierno estatal y federal (son los responsables), no los maestros”, dicen.
La Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) envió el 28 de octubre el oficio 1.0.1/2017/2808, al sector educativo de la región Montaña Baja en el que notifica que la “suspensión temporal de clases” que se autorizó para la revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas, tras el sismo del 19 de septiembre, se termina el próximo 6 de noviembre, que es mañana.
El oficio firmado por el director general de la Unidad, José Abraham Godínez Maldonado, establece que los trabajos de revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas ubicadas en dicha región “lleva un avance significativo y que en fechas próximas estaremos en posibilidades de concluir”.
El funcionario notificó a los maestros que “con la finalidad de continuar garantizando la seguridad e integridad de quienes conforman nuestro sector en las instituciones y centros de trabajo que aún no han sido visitados, se hace de su conocimiento que se extiende la suspensión temporal de clases hasta el 6 de noviembre, por lo que durante estos días (del 28 de octubre al 6 de noviembre) quedarán sin efecto los retardos y faltas del personal docente y administrativo de las escuelas en el supuesto ya mencionado”.
Sin embargo, a unas horas del retorno a clases, un grupo de la delincuencia organizada lanzó este domingo una nueva amenaza en contra de los maestros, que intimidó a los maestros de esa región.
La amenaza, transcrita textual y con las faltas de ortografía es la siguiente: “Aver maestritos pendejos como van a entender que nada de claces en chilapa no sean pendejos no queremos lastimarlos y no estan dejando alternativas. Bola de pendejos entenderan hasta que la mera reata les de una violada a las maestritas sabrosas del quinderr. I a ustedes maestros pendejos igos de su puta madre esten en su funeral no clases em todo chilapa y zus aleededores entiendan”
Algunos de estos mensajes se difundieron junto con fotografías de los cuerpos encontrados la mañana de este domingo en Chilapa en bolsas negras, con el siguiente pie de foto: “Los restos descuartizados de un número aún no determinado de personas, fueron hallados dentro de 8 bolsas de plástico, a las que también les prendieron fuego a un costado de la carretera Chilapa-Acatzacatla, a la altura del punto conocido como Las Pilas.
Luego de la nueva amenaza, algunos maestros de la región, mediante mensajes a través de sus grupos de Whatsapp, analizaron la posibilidad de no regresar a sus centros de trabajo este lunes.
El aviso de los profesores, establece: “Ante la situación que vivimos, es necesario esperar la notificación oficial por la SEG (sobre la reanudación de labores); no es un asunto que depende de nosotros, es un asunto estatal y federal. La notificación debe llegar por la vía debida, por el delegado regional, inspectores y supervisores escolares”.
Sigue: “Varios quieren regresar a las escuelas y es correcto, pero debe ser oficialmente y todos, no de manera aislada e individualizada. Así mismo, estamos conscientes que los padres de familia y los niños quieren que haya clases, pero no depende de nosotros, depende del gobierno estatal y federal (son los responsables) no los maestros”.
El texto concluye: “El rezago académico, el atraso de las estadísticas y evaluaciones es responsabilidad de las autoridades educativas superiores y del gobierno estatal y federal”.
Organismos como el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, han aclarado que la SEG sigue utilizando la justificación de que las clases se encuentran suspendidas para revisar las escuelas por los daños ocasionados por el sismo, pero que en realidad los maestros no han regresado a clases desde el 19 de septiembre por el temor a la violencia y a las amenazas del crimen organizado en esa región que se disputan los grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos.
En las escuelas de todos los niveles de la región Montaña Baja continúa la incertidumbre sobre el regreso a clases mañana martes 7.
Maestros y representantes sindicales consultados dijeron que aún hay miedo e incertidumbre de viajar hacia Chilapa, en el caso de los profesores originarios de los municipios de Acapulco, Chilpancingo o Tixtla.
Las mismas fuentes informaron que han manifestado esta preocupación al delegado de Servicios Educativos de La Montaña Baja, Jerónimo Maurilio Morales, quien les habría contestado que no deberían de arriesgar su integridad física y que en caso de que algún supervisor, jefe de sector, director o docente quiera laborar, la Delegación Regional de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) se deslinda de lo que pudiera suceder.
En la ciudad de Chilapa, hasta el viernes pasado los colegios privados Carrillo Cárdenas y el Plancartino Morelos tomaron el acuerdo de reanudar clases este martes 7 de noviembre, en una postura similar se encuentra la preparatoria por cooperación José Vasconcelos y el plantel de la Universidad Tecnológica.
Las escuelas restantes de todos los niveles en la ciudad y la mayoría de las de la región, integrada de siete municipios, no han informado de su regreso a clases y su último informe a los padres de familia es reanudar “hasta nuevo aviso”.
Sólo en la ciudad de Chilapa hay  50 planteles con 10 mil 100 alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria; mientras que en toda la región en el mismo nivel básico hay un total 663 escuelas con más de 62 mil 300 alumnos atendidos por 3 mil 400 maestros y personal de apoyo.
En la región sólo laboran con normalidad los planteles del Colegio de Bachilleres ubicados en Zitlala y Atlixtac.

Daña a toda la población la disputa criminal en Chilapa, con escuelas cerradas y el transporte interrumpido


La imparable violencia por la disputa del territorio entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos afecta directamente ya a toda la población de Chilapa, donde no hay actividades escolares y se ha interrumpido el servicio de transporte público.
Ante la inseguridad y amenazas del crimen organizado a maestros, se mantienen cerradas las escuelas desde hace seis semanas en los municipios de Chilapa, Ahuacuotzingo y Zitlala, mientras que el servicio de camionetas en la ruta Chilapa-Chilpancingo se interrumpió en septiembre y octubre tras una ola de asesinatos de choferes, y no se ha normalizado.
En este contexto de violencia la Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) envió un enésimo oficio, el 1.0.1/2017/2808, de fecha 28 de octubre, a los maestros de la región Montaña Baja en el que les notifica que la “suspensión temporal de clases” que se autorizó para la revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas se termina el próximo lunes 6 de noviembre.
Sin embargo, el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro, aseguró que la suspensión de clases que lleva ya seis semanas no es por la “revisión de las condiciones estructurales” de las escuelas, sino porque los maestros se niegan a ir a sus centros de trabajo ante el riesgo de violencia, e igual los padres de familia no quieren enviar a sus hijos.
Díaz Navarro, quien es maestro jubilado, dijo que debido a la violencia no hay condiciones para que los maestros regresen a sus centros de trabajo el próximo lunes.

Por su parte, el vocero de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, en declaraciones publicadas ayer en este diario dijo que no existe una operación de seguridad específica  para atender la demanda de profesores que suspendieron clases en Chilapa. Sin embargo, consideró posible que este lunes se reanuden las labores en los planteles educativos.
“Estoy convencido de que existen acciones por pare de la SEG que buscan generar las condiciones de seguridad para que las escuelas puedan abrir  este próximo lunes”, indicó.
El oficio dirigido al “sector educativo de la región Montaña Baja”, firmado por el director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEG, José Abraham Godínez Maldonado, establece que los trabajos de revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas de esa región “lleva un avance significativo, y que en fechas próximas estaremos en posibilidades de concluir”.
Con fecha del 28 de octubre el funcionario notificó a los maestros de esa región que, “con la finalidad de continuar garantizando la seguridad e integridad de quienes conforman nuestro sector en las instituciones y centros de trabajo que aún no han sido visitados, se hace de su conocimiento que se extiende la suspensión temporal de clases hasta el 6 de noviembre, por lo que durante estos días quedarán sin efecto los retardos y faltas del personal docente y administrativo de las escuelas en el supuesto ya mencionado”.
Antes de este documento la autoridad de la SEG había enviado otros tres oficios en los que ha prorrogado la normalización de las clases en esos tres municipios. En ellos se ha esgrimido la misma causa: la revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas.
Pero Díaz Navarro dijo que el problema por el que las escuelas están cerradas desde hace seis semanas no es el sismo, “definitivamente el problema es por la inseguridad pero están agarrando como excusa que es por el sismo”, afirmó el maestro jubilado.
Aseguró que las escuelas de esta zona de la Montaña Baja quedaron “totalmente a salvo” de los daños del sismo, y denunció que “aquí lo que está presente es la mano de la delincuencia, son las amenazas a los maestros, a la sociedad, a todo Chilapa”.
El presidente del Colectivo Siempre Vivos señaló concretamente que quien “está metiendo la mano es (el líder del grupo criminal Los Ardillos) Celso Ortega Jiménez, quien está amenazando y ya tiene bajo su total dominio a todo el municipio de Chilapa, es él el que está metiendo las manos para adueñarse del transporte y ahora se está adueñando hasta de las vidas de los habitantes del municipio de Chilapa, de las escuelas, y no hay quien lo pare, y aquí hay complicidad de (su hermano el político perredista) Bernardo Ortega Jiménez quien está protegiendo a su familia”.
Los municipios de la Montaña Baja se vieron afectados por la violencia desde el 15 de septiembre cuando los sitios de transporte público de las empresas Morelos y Transportes de la Montaña, que cubren la ruta Chilapa-Chilpancingo, suspendieron temporalmente su servicio debido a la violencia que azota al municipio.
Los choferes de las Urvan se negaron a prestar el servicio luego de que la tarde del día anterior cerca de la comunidad del Ahuejote, municipio de Tixtla, un chofer del sitio Morelos fue asesinado por hombres armados. Antes, el 1º de septiembre, tres choferes de ambas empresas fueron ejecutados en la comunidad de Zoquiapa, municipio de Tixtla. Desde entonces continúan las ejecuciones de los transportistas y el servicio no se ha regularizado.
Mientras tanto, las escuelas comenzaron a cerrar a partir de los primeros días de octubre, cuando varias camionetas con hombres armados comenzaron a recorrer las calles de Chilapa y de comunidades vecinas. La situación se agravó el 12 de octubre. Desde la mañana los vecinos de las áreas del centro de la cabecera municipal reportaron a hombres armados, encapuchados y a bordo de camionetas que circulaban por varias calles, lo que provocó el pánico que vació la plaza cívica y obligó a la suspensión de clases.
En la tarde el gobierno estatal por medio de su vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia aclaró que recorrió la cabecera municipal personal de seguridad.
Sin embargo las amenazas de un grupo del crimen organizado a los maestros para que suspendieran clases continuaron y entonces la SEG, a través del director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEG, José Abraham Godínez Maldonado, comenzó a enviar oficios al personal de las escuelas de la Montaña Baja autorizando la “suspensión temporal” y anunciando que “quedarán sin efecto los retardos y faltas del personal docente y administrativo de las escuelas”. Las prórrogas a esta suspensión se han dado en tres ocasiones y la última fue mediante oficio del 28 de octubre ampliando la suspensión de clases hasta este próximo 6 de noviembre.
La zozobra de los maestros, choferes y vecinos de estos tres municipios es justificada. En los últimos dos años han estado sometidos a una violencia que no cesa, como consecuencia de la guerra entre dos grupos del crimen organizado que se disputan el territorio. Los tres niveles de gobierno han reconocido que estos grupos son Los Ardillos y Los Rojos.

Ejecutados por la narcoviolencia

La guerra entre estos dos grupos, según un recuento del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, dejó desde 2016 a septiembre de 2017, 282 víctimas sólo en Chilapa, de las cuales 22 fueron mujeres.
El registro de hechos violentos en este año son, en enero 15 ejecutados y dos desmembrados, en febrero 14 ejecutados y un desmembrado. Mientras tanto en marzo la criminalidad aumentó considerablemente y el organismo registró 15 ejecutados, dos desmembrados, 12 calcinados y un decapitado. En abril 13 ejecutados, dos desmembrados y dos decapitados, en mayo cinco ejecutados, cuatro desmembrados, tres calcinados, 15 decapitados y un herido.
En junio se contabilizaron 24 ejecutados, un decapitado, un lapidado y dos heridos, en julio 15 ejecutados, cinco desmembrados, tres decapitados y ocho heridos. En agosto seis ejecutados, tres desmembrados, un ahorcado, un decapitado y se halló una cabeza, en septiembre ocho ejecutados, un herido y el hallazgo de bolsas con restos humanos y no se confirmó a cuantos cadáveres correspondieron estos restos.
Mientras tanto el recuento desde el 2016 es de ocho secuestrados, 26 heridos, 41 desaparecidos y 205 asesinados, de los cuales 23 fueron decapitados, 68 ejecutados con arma de fuego, seis calcinados, 16 desmembrados, y 33 murieron en enfrentamientos.
Asimismo se hallaron cuatro osamentas y 56 restos de cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas.
Además de la cabecera municipal, las acciones violentas se han presentado en Acalco, Acatlán, Acazacatla, Ahuihuiyuco, Ajacayán, Atzacoaloya, Ayahualco, Corral de Piedra, El Limón, El Paraíso, Lodo Grande, Los Magueyes, Nejapa, Tepehuizco, Tetitlán de la Lima, Tlalxingan, Xochimilco y Zizicazapa,
Mientras tanto un recuento de El Sur publicado en la edición del 2 de noviembre, destaca que de las 194 personas asesinadas en Guerrero en el mes de octubre ocurrieron en Chilapa 25 de ellas, cifra solamente superada por Acapulco en donde ocurrieron 71 asesinatos y en Zitlala fueron cinco.
Para el Centro Morelos las estrategias de las autoridades responsables de garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad, en esta zona son rezagadas, “y sólo abonan a la simulación, pues a pesar de que se encuentran repletos de policías estatales, y militares, la criminalidad se incrementa. Todos los días hay cuerpos trasladados al Servicio Médico Forense asesinados”, dijo en un diagnóstico de la violencia en la zona.
“Chilapa se distingue por ser uno de los municipios más militarizados y con el mayor número de policías, pero también con el mayor índice de criminalidad, actualmente, a nueve meses del presente año hay alrededor de 220 asesinados y más de 100 desaparecidos que no se explican si no se toma en cuenta la corrupción y complicidad de gobernantes y autoridades de los tres niveles con los diferentes grupos que se disputan el control del territorio”, dijo en su escrito el organismo.
Destacó que para nadie es un secreto la crisis que se ha vivido en el sector del transporte público, el cual después de sufrir el asesinato de varios choferes y el incendio de diversas unidades, han suspendido por varios días y en distintos momentos el servicio, ocasionando graves daños económicos para las familias de los usuarios como de los choferes”.
Añadió que algo más grave aún, es que el accionar de los grupos de la delincuencia organizada “han provocado por medio de amenazas que más de 600 planteles educativos de la Montaña Baja se encuentran cerrados desde el 20 de septiembre (un día después del sismo) y que alrededor de 60 mil estudiantes no hayan tenido clases”.
El organismo subrayó que la SEG sigue manejando la “justificación ya absurda” del sismo del 19 de septiembre “insultando con ello la inteligencia de la ciudadanía”.

Detiene la CRAC de Xochistlahuaca a un regidor, mediador en el caso de un herido por un policía


La Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Cozoyoapan del municipio de Xochistlahuaca detuvo ayer al regidor panista Herving Santiago Cruz.
La detención fue porque el Ayuntamiento incumplió con el pago que ofreció a los familiares de un adolescente de 17 años atacado a balazos por un policía municipal en estado de ebriedad en mayo pasado, luego de discutir en una fiesta.
La alcaldesa priista, Aceadeth Rocha Ramírez  comisionó a dicho regidor por ser de la colonia Cruz Verde donde vive la familia del adolescente para que intermediara, ofreciéndose Santiago Cruz como aval y responder por la agresión, indicó uno de los integrantes de la CRAC.
Se informó que el policía municipal de nombre Porfirio Silvestre Morales hirió al joven con dos balazos, uno le perforó la nuca y otra bala le dio en la espalda y lo dejó inválido. Luego de la agresión el agente municipal se refugió en el rancho “Las Tortolitas” de la alcaldesa y ayer que lo fueron a buscar los policías de la CRAC no lo encontraron.
En un principio el regidor entregó 50 mil pesos a la familia por parte del gobierno municipal y los familiares volvieron a solicitar una cantidad similar por los gastos de atención médica, además de un pago mensual por el estado del joven, pero el regidor les negó esta ayuda y los familiares denunciaron el caso ante la Policía Comunitaria.
El regidor fue detenido a la 1:30 de la tarde y fue presentado ante el comisario municipal Emiliano Valtierra López y otras autoridades de la CRAC. Afuera de la comisaría más de 100 simpatizantes de la alcaldesa priista exigieron la libertad del regidor, y la salida del sistema de justicia comunitario.
A las 7 de la noche los familiares, el regidor y las autoridades de la CRAC firmaron un acuerdo sobre la presentación del policía responsable, además  el panista entregó 10 mil pesos a la familia del afectado y quedó sin efectos la orden de aprehensión del regidor en la CRAC, y que éste ayudará a la familia del menor a hacer la demanda penal ante el Ministerio Público (MP).

Vinculan a proceso a los 42 policías comunitarios detenidos en Zumpango; trasladan a tres al penal de Durango

Un juez de control de Acapulco vinculó a proceso a los 42 policías comunitarios del municipio  Eduardo Neri que fueron detenidos el 26 de octubre en la cabecera municipal, Zumpango, por los delitos de portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército, así como posesión de cartuchos, informó el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia.
Álvarez Heredia  difundió la noche de ayer un boletín de prensa en el que informa que a tres de los 42 detenidos se les vinculó a proceso  por el delito de secuestro.
Señaló que 39 de los imputados están recluidos en la cárcel de Las Cruces en Acapulco, mientras que los otros tres imputados por el delito de secuestro fueron trasladados a la prisión federal de Gómez Palacio en Durango.
El vocero comentó que las autoridades ministeriales de la Procuraduría General de la República (PGR) ampliaron un plazo de 5 meses para la investigación complementaria.
El 26 de octubre policías estatales detuvieron en tres momentos distintos a 49 policías comunitarios que patrullaban desde hacía un mes la cabecera municipal de Eduardo Neri e instalaban retenes de vigilancia, les decomisaron 54 armas largas y cuatro cortas, dos días después fueron liberados siete de ellos porque son menores de edad.
El 27 de ese mes los familiares de los comunitarios detenidos por policías estatales en Zumpango acudieron a la Delegación de la PGR para exigir su liberación y pidieron la intervención del gobernador, Héctor Astudillo Flores.

Aún no reubican a 20 familias que perdieron su casa tras un deslizamiento de tierra en la capital


Damnificados por un deslizamiento de tierra el 24 de septiembre en El Mirador que deslizó viviendas y colapsó otras reprocharon que el Ayuntamiento insiste que el único terreno que hay para reubicar a las 20 familias afectadas es en la comunidad de Petaquillas donde dijeron que no hay servicios públicos, además manifestaron que urge se reubique a seis familias con pérdidas totales.
Los damnificados están con familiares o rentando, aún cuando el alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva Mena prometió darles mil pesos para una renta nunca fue posible y la actual administración de Jesús Tejeda Vargas no les ha dicho nada, además de que sólo han logrado una vez reunirse con funcionarios y no con el edil.
En el albergue en el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) continúan familias que vivían en cinco casas.
En consulta telefónica la damnificada Isabel Aparicio indicó que no los han reubicado y que junto con sus vecinos no quieren irse a Petaquillas por la lejanía que implica y porque no hay servicios públicos.
“Nosotros ahorita la prioridad que queremos es que les den ayuda a los que se les fueron las casas, a ellos no los han ayudado con nada. De pérdida total son seis, eso es lo que urge porque no tienen, nosotros estamos rentando y de los mil pesos jamás llegaron”, se quejó.
“Yo creo que vamos a hacer un paro indefinido ahí en el Zócalo, ahí nos vamos a plantar porque eso es lo que ellos quieren”, manifestó.
Dijo que en su caso está rentando, que de los 20 damnificados que están agrupados ya se salieron del albergue porque el trato es “pésimo”.
Los damnificados pidieron una audiencia con el alcalde pero los atendió el secretario general, Joel Eugenio Flores y les dijo que el presidente ya quiere que le den la respuesta para ver si aceptan o no el terreno, situación que rechazan pues el único terreno para la reubicación es el de Petaquillas.
Familias de cinco viviendas que continúan en el albergue

En una llamada el afectado Rodolfo Nava García manifestó que le preocupa su situación y la de familias de otras cuatro viviendas que también resultaron afectadas porque no tienen certeza de que los reubiquen.
Dijo que son afectados desde Manuel e Ingrid y señaló que en las casas habitaban varias familias y sólo una de ellas fue reubicada en el Nuevo Mirador, donde las casas son pequeñas.
Debido al tamaño pequeño de las casas donde pretendían reubicarlos algunos vecinos siguieron habitando sus casas afectadas, pero luego del deslizamiento la situación de sus viviendas se agravó y ya no pudieron vivir ahí.
Indicó que necesitan que las familias que habitaban ahí sean reubicadas porque en su caso su mamá vive en el Nuevo Mirador donde fue reubicada. Agregó que en su casa vivían cinco familias pero sólo su mamá se fue a la nueva casa porque es muy pequeña y no entraban todos. “Estamos pidiendo lo justo, no es una vivienda apta para una familia (la del Nuevo Mirador)”, recalcó.
Aclaró que su terreno es regularizado y lo compró al Instituto de la Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (Invisur), cuando hay familias que las van a reubicar y estaban en terrenos irregulares.
Abundó que les siguen permitiendo vivir en el albergue sin embargo ya no están a gusto, sólo les dan las comidas y víveres para el aseo del lugar pero no de aseo personal, además que las despensas que había en el lugar se las llevaron luego de la licencia que pidió Marco Antonio Leyva Mena.
El damnificado expuso que la única información que tienen del Ayuntamiento es que de las cinco viviendas de los que están en el albergue sólo se van a tomar en cuenta cuatro, sin embargo desconocen cuáles son y cuál no será tomada en cuenta.

Denuncian pobladores de Olinalá que el alcalde quiere imponer un comisario con elecciones a modo

Pobladores de la comunidad de Zontecomatlán del municipio de Olinalá se inconformaron porque este domingo acudió un representante del Ayuntamiento y del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) para hacer nuevamente las elecciones de comisario luego de que ganaron un juicio para anular las elecciones de junio, sin embargo lo único que quieren es que se reconozca al comisario que ese día ellos eligieron por usos y costumbres.
La convocatoria para las elecciones que programó para este domingo el alcalde priista, Saúl Apreza Patrón, no se definió en Cabildo, además no se emitió 15 días antes y por lo tanto  no se llevaron a cabo, lo único que se provocó fue un conflicto verbal y físico entre el grupo afín al del edil y el de los pobladores que ganaron la anulación.
En una llamada el abogado de los pobladores inconformes, Panfilo Sánchez Almazán relató que “nosotros promovimos un juicio de reconocimiento de nuestras autoridades, lógico que el Ayuntamiento lejos de reconocerlo reconoció a su grupo, lo cual lo hicieron en una casa particular (la elección de junio), nada más recabaron las firmas, nosotros promovimos el juicio, acreditamos que hubo varias inconsistencias por lo tanto el Tribunal (Electoral del Estado de Guerrero) le ordena al Ayuntamiento cancelar los nombramientos y que el Cabildo debiera emitir una nueva convocatoria con fecha de elección”.
Agregó que el día de las elecciones, el 25 de junio el grupo de pobladores que representa hicieron su elección por usos y costumbres como lo han hecho siempre y en la comisaría como se indica el proceso.
Recordó que ese día hubo inconformidad por parte del grupo del alcalde porque no beneficiaba sus intereses, por lo tanto hicieron sus propias elecciones en una casa particular.
Dijo que luego de las elecciones el Ayuntamiento no les reconoció a su comisario y reconocieron al otro.
Abundó que la semana pasada el Ayuntamiento emitió la nueva convocatoria sin que les notificara.
“La convocatoria que emitió de mala fe y con alevosía y ventaja la convocó para hoy (ayer), pero sin notificar a la contraparte que somos nosotros, digo nosotros sabíamos de la resolución. Resulta que el presidente de manera de mala fe, sin que se sesionara en Cabildo emitió una convocatoria a intereses de ellos y la programaron para el día de hoy, nosotros ya nos enteramos muy tarde el día viernes, porque para justificarse fueron a pegar una convocatoria a un poste”, detalló.
Por lo tanto los vecinos acudieron al auditorio donde fue convocada —cuando debería ser en la comisaría— y fijaron su postura ante el secretario general y el representante del IEPC.
“Nosotros argumentábamos que el Ayuntamiento en ningún momento sesionó para acordar en qué términos se iba a lanzar la convocatoria y para cuándo”, indicó.
Además  pidieron que se leyera la resolución del Tribunal en la que decía que primero el Cabildo debiera acordar los términos de la convocatoria y la fecha, pero no se hizo, que se iba a llevar a cabo por usos y costumbres, sin embargo se pretendía hacer sólo con las personas que tuvieran credencial de elector.
“Cuando en los pueblos sabemos, primero cada comunidad indígena tiene un padrón y se lleva el control de los ciudadanos que están al corriente con su servicio como con sus cooperaciones”, manifestó el abogado.
Lo único que se provocó fue un enfrentamiento a golpes y verbal entre ambos grupos de pobladores.
Sánchez Almazán argumentó que ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) recurrieron a un recurso donde se le está exigiendo a las autoridades electorales que reconozcan la elección que efectuaron en junio, donde eligieron como comisario a Fidencio Cruz, porque lo hicieron en términos de ley y apegado a derecho, que por lo tanto están  en espera.
Con esta situación los pobladores consideran que el alcalde quiere imponer a su comisario afín a sus intereses priistas.