Familiares y guardias comunitarios del municipio de Eduardo Neri (Zumpango) bloquearon 3 horas la carretera federal México-Acapulco en Mezcala, para exigir la liberación de los 49 integrantes de la autodefensa detenidos el jueves.
En una ficha informativa la Secretaría de Seguridad Pública Estatal dijo que a las 12:40 de la mañana de este sábado, 60 personas bloquearon intermitentemente la carretera que conduce de Chilpancingo a Iguala, como medida de presión para la liberación de sus familiares, 15 minutos después el bloqueo se volvió total en los dos carriles.
Este jueves policías estatales desarmaron y detuvieron a 49 civiles armados, quienes integraban tres grupos de guardias comunitarios del municipio de Eduardo Neri en la cabecera municipal, Zumpango, y que desde hace un mes hacían recorridos de seguridad e instalaban retenes de vigilancia en la zona.
La movilización de esta mañana fue encabezada por mujeres que portaban carteles en los que acusaban al alcalde perredista, Pablo Higuera Fuentes, de haber entregado a los 49 hombres.
En algunas de las cartulinas decían que Higuera Fuentes los llamó para que fueran a Zumpango, y ahí les tendió una trampa donde fueron detenidos y trasladados a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR).
En una segunda tarjeta informativa se detalla que a la 1:30 de la tarde un grupo integrado por 120 policías estatales antimotines fue a Mezcala a desbloquear la vía.
Dentro de las tarjetas informativas se dice que al mediodía se recibió un reporte anónimo, en el que se denunció que hombres armados estaban obligando a transportistas y pobladores a movilizarse.
El subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado del Moral se presentó en la comunidad para negociar.
Las mujeres que participaron en el bloqueo que duró poco más de tres horas, denunciaron que habían sido víctimas del uso desmedido de la fuerza por los policías estatales cuando se llevaron a los comunitarios.
El vocero en materia de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia confirmó a las 3 de la tarde que se había determinado desalojar, sin que se llegara a un acuerdo sobre la petición de los manifestantes.
En un boletín oficial se informa que a la negociación acudió personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes sostuvieron una reunión con nueve comisarios.
El vocero Roberto Álvarez Heredia, señaló que se dispuso un operativo conjunto con la Policía del Estado, Policía Federal y Ejército Mexicano, que se trasladó al punto del bloqueo en espera de que los servidores públicos concluyeran el diálogo con quienes bloquearon.
Se informó que los manifestantes, la mayoría familiares o conocidos de los detenidos bloquearon la carretera federal en la mañana.
“Se tuvo conocimiento de que transportistas y particulares fueron obligados por miembros de la delincuencia organizada a cerrar la carretera, lo que motivó que las fuerzas de seguridad dispusieran un operativo para retirar el bloqueo”, se lee en el comunicado.
En el documento se insiste que minutos antes de iniciar el bloqueo había hombre armados en la zona.
A pesar de anunciar que se mantenía un operativo de seguridad después de la manifestación, sobre la carretera no había ningún grupo de alguna dependencia encargada de la seguridad, sólo una camioneta de la Policía Estatal en el retén que construyeron los policías comunitarios en Plan de Liebres.

El Grupo Universidad informó que se creó una comisión de funcionarios, ex rectores y maestros eméritos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) para atender a los integrantes del Movimiento Acciones por la Educación y el Bien Común (MAE) con la disposición de la institución por “escuchar y resolver todos los casos que reúnan los requisitos que contemplen la legislación universitaria”.
Este sábado el rector Javier Saldaña dio una conferencia de prensa para informar los avances a seis meses de que inicio su rectorado y cuando se le preguntó sobre la situación del MAE, quienes ya habían trasladado su protesta del Ayuntamiento al Asta Bandera,  fue el ex rector y vocero de Grupo Universidad, Florentino Cruz Ramírez quien informó del acuerdo que se tomó y subrayó que la universidad no ha abandonado ni un ápice de lo que es su historia vinculada al pueblo.
“En esta ocasión en un gesto de carácter humanitario y tratando de evitarle el sufrimiento a este joven (Alejandro Reyes que se encuentra en huelga de hambre), se nombró una comisión para visitarlo en los próximos día y la cual está encabezada por el secretario general Alfredo Romero Olea, el coordinador de la Zona Sur, Efrén Areallano Cisneros, los ex rectores así como maestros eméritos de la máxima cada de estudios y los funcionarios de las áreas responsables de atención a jóvenes.
“Pero también debemos dejar claro que cuando se encuentran situaciones de cerrazon y de excesos de necedad por resolver asuntos que no son claramente pensados, y de manera transparente dados a conocer por la sociedad, la UAG no va a cancelar derechos a nadie para otorgar situaciones que en ley y derechos no corresponden”, expuso.
Dijo que es motivo de preocupacion que un joven tenga ya varios días en una situacion de vulnerabilidad debido a la huelga de hambre, pero “queremos dejar claro que no es la cerrazon de la universidad, y podemos decirlo también, no es insensibilidad del Ayuntamiento ni del gobierno del estado lo que ha impedido el diálogo”.
“No entendemos la estrategia de los jóvenes que encabezan este movimiento, pero queremos dejar constancia de que la universidad tiene apertura y disposición, y el rector ha instruido a una comison encabezada por el secretario general, Alfredo Romero Olea para que está atenta de tiempo completo”, agregó.
Relató que desde el 1 de septiembre un joven que no es estudiante de la UAG ni trabajador está en huelga de hambre, “en el caso de Alejandro Reyes de manera inmediata la universidad con los servicios médicos universitarios y el labortario de análisis hizo presencia de perduadir al joven de no persisitr en su accion de huelga de hambre, acudió en más de una ocasión el representante de derechos humanos con él para dialogar”.
Dijo que pide la derogacion de la ley federal de educación, “eso es materia que no le correponde a la UAG, proyectos productivos para algunos miebros de su agrupación, no corresponde, pero hemos dialogado con el presidente y el gobernador del asunto, han mostrado la disposicion conociendo los fundamentos concretos, hay la dispocion de colaborar”.

Quisiera que la universidad tuviera una cobertura mayor para recibir a más jóvenes, dice el rector

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán dijo que quisiera una cobertura mayor para recibir a más jóvenes, pero a pesar de las dificultades económicas y porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) les dijo que podían abrir espacios, se crearon 25 nuevas carreras y “la verdad estamos haciendo un sacrificio muy importante en favor de Guerrero”.
Expuso que va creciendo en medida de las posibilidades de la universidad y que la federación les puso un retén y les advirtió: “si ustedes abren un grupo más es responsabilidad de ustedes”.
El rector indicó que a pesar de las dificultades han tratado de ir avanzando y actualmente se tienen 77 licenciaturas, 47 preparatorias así como posgrados de calidad, quisieran abrir más carreras pero tienen un tope.
Agregó que por los problemas financieros ha pedido a los directores no contraten personal, y que han tenido que dar de baja a cerca de 30 asistentes porque no se tiene suficiencia presupuestal.
Al abrir la conferencia se informó que el objetivo central era mostrar los avances de los primeros seis meses del rectorado, porque es necesario que la ciudadanía sepa lo que se hace todos los días, pues se ha manejado una ruta de mucha interlocución con la sociedad, así como ser muy transparentes todos los días.
Saldaña Almazán informó que se tiene una matrícula de 88 mil 788 estudiantes, con una cobertura del 74 por ciento en nivel medio superior y el 35 por ciento en nivel superior.
Agregó que se han abierto espacios para grupos vulnerables y hay 700 proyectos de alto impacto, además de que hay calidad y competitividad de nivel internacional.
Informó que tienen a 64 mil jóvenes becados y ocupan los primeros lugares en movilidad, se tiene tres comedores universitarios y reconoció que hay problemas financieros, por eso ha estado constantemente gestionando recursos. Agregó que nada más para finalizar el año se requieren 182 millones de pesos y que hay logros importantes, pero también dificultades, y por eso tienen que informar que la universidad está trabajando y que no se va claudicar para dar lo mejor a los estudiantes.
Estuvieron en la conferencia de prensa el secretario general Alfredo Romero Olea, el coordinador de la zona Sur, Efrén Arellano Cisneros, los ex rectores José Hugo Vázquez Mendoza, Gabino Olea, Arturo Contreras Gómez, Alberto Salgado, Ramón Reyes Carreto, la secretaria del STTAISUAG Brenda Alicia Alcáraz, los maestros eméritos José Legorreta Soberanis, Berenice Illades así como funcionarios y estudiantes.

Ante el riesgo de quedar incomunicados ante los trabajos de ampliación que se están haciendo en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, vecinos de los pueblos El Pedregal, San Francisco y El Llano en la zona baja del municipio de Tecpan, bloquearon la vía federal.
El bloqueo de más de 5 horas inició a las 7 de la mañana del sábado por unos 100 habitantes de los tres pueblos afectados, en la vía en la comunidad El Pedregal.
El delegado de la comunidad de San Francisco, Armando Serrano Serna dijo que “la carretera nos la quieren tapar, nosotros queremos un puente y que la carretera quede igual como está para que no quedemos incomunicados”.
Agregó que los vecinos de la zona al cerrarse la carretera quedarían aislados y tendrían que dar vuelta, generando más riesgo para los vecinos y principalmente a los estudiantes, en su mayoría niños.
Pidió que no se modifique el proyecto, pero sin afectar a los pueblos de esa zona.
Los manifestantes también se quejaron de que la empresa constructora que hizo la ampliación de los cuatro carriles de la carretera dañó las entradas y salidas a la comunidad, pero no las rehabilitó y piden que construya las rampas que promedió.
Al lugar llegó el alcalde Leopoldo Soberanis, quien dialogó con los vecinos afectados y se comprometió a que dará seguimiento para la construcción porque ya hay un proyecto para el puente.
Los habitantes del lugar indicaron que si no se cumple volverán a tomar la carretera para exigir que se les atienda.

El Frente por la Dignidad de Coahuila anunció ayer ante unas 2 mil personas que enfocará su atención en los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya que el PRI acudirá ante esta instancia tras el dictamen de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que establece que su candidato a la gubernatura Miguel Riquelme, rebasó el tope de gastos de campaña hasta en un 11 por ciento.
Los ex candidatos al gobierno del Estado e integrantes de este frente Guillermo Anaya, del PAN; Javier Guerrero, Independiente; Armando Guadiana, de Morena; José Ángel Pérez, del PT y Horacio Salinas, Independiente, destacaron en esta protesta que se realizó en la Alameda Zaragoza la importancia del dictamen que se someterá a consideración del pleno del Consejo General del INE.
“El PRI volverá a impugnar y volverá a irse al Tribunal Federal. Precisamente el próximo sábado 4 de noviembre iremos con los magistrados como bien dijeron mis compañeros, iremos con los magistrados del Tribunal Federal Electoral, a decirles que todo Coahuila y todo México espera que actúen con responsabilidad, con imparcialidad, con profesionalismo, con independencia de cualquier poder y de cualquier presión”, indicó Anaya.
“Cuando el PRI acuda con los magistrados del Trife otra vez a que les ayude a reducirles los gastos, ya no estará peleando con el Frente por la Dignidad o con un partido, con un candidato, sino que va a estar el dictamen precisamente en manos del Trife y va a estar confirmando a la autoridad que va a decir el próximo año quien va a ser el próximo Presidente de la República y no puede estar debilitando al árbitro nacional ya lo hizo una vez, ya no podrá hacerlo dos veces”.
El ex candidato panista señaló que los consejeros del INE tuvieron el cuidado de fundamentar este dictamen para que los magistrados del Tribunal Electoral Federal no tengan margen de maniobra, ni excusa para no anular la elección de Coahuila.
“Y vamos a estar desde aquí, desde la Laguna, hasta el norte de nuestro Estado, pasando por supuesto por la Ciudad de México, vamos a estar a partir de la semana próxima diciéndole a los magistrados que la decisión no solo afectará a Coahuila y a los coahuilenses sino que la decisión que tomen si no es la correcta afectará a todo México”, añadió.

El alcalde de Ocuilan, Félix Alberto Linares, pidió al gobierno del Estado de México seguridad para ejercer su labor, luego de que el viernes fuera golpeado por decenas de vecinos del municipio que pretendían linchar a dos mujeres.
Habitantes de la comunidad La Pastoría acusaron a las mujeres de querer robar a dos niños e intentaron lincharlas, por lo que el Edil acudió para evitar la agresión y poner a disposición de la Policía a las acusadas.
“Me encontré primero unos 250 ciudadanos, que, conforme fue pasando la tarde, llegaron a 500; ahí me encontré que la gente tenía amarradas a dos personas femeninas de aproximadamente 35 años de edad.
“Traté de negociar para que nos lleváramos a las mujeres a las galeras, para que se siguiera el debido proceso, pero no quisieron y la gente se puso todavía más agresiva”, explicó Linares en rueda de prensa.
Acompañado del Alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, aseguró que la gente decidió quemar una patrulla.
Indicó que pidió refuerzos a la Secretaría de Seguridad del Estado de México, cuyos agentes liberaron a las víctimas, pero no le brindaron protección.
“Les pedí a un comandante que nos apoyaran, porque sólo tengo 10 policías en turno, pues hizo caso omiso (…), una vez que fueron liberadas, la gente se nos fue encima, alrededor de unas 150 personas, me siguieron unas 60 y me golpearon”, acusó.
El Edil dijo que resultó con fracturas en la nariz y en “un costado”, así como contusiones en el abdomen y el tórax.
Linares indicó que el intento de linchamiento surgió tras una alerta falsa, pues no fue posible comprobar que las mujeres agredidas hayan pretendido robar a dos niños.

El ex gobernador priista de Colima, Mario Anguiano, fue inhabilitado por el Congreso local para ejercer cargos públicos por 23 años y recibió multas por 45 millones de pesos tras detectarse irregularidades presupuestarias en 2013, 2014 y de enero a agosto de 2015.
Los legisladores colimenses acreditaron que durante la gestión de Anguiano hubo un daño al erario por mil 867.6 millones de pesos, por lo que avaló sancionar a ex varios funcionarios estatales, excepto al que fuera Secretario General del Ejecutivo y ahora dirigente tricolor estatal Rogelio Rueda.
Las irregularidades fueron detectadas desde hace un año por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.
De acuerdo con el documento aprobado, el ente fiscalizador encontró un déficit de mil 867.6 millones de pesos entre 2013 y 2014 en la partida de servicios personales, donde se falseó información contable, se desviaron recursos y hubo gastos no presupuestados.
Ante estas irregularidades Anguiano sólo fuera sancionado por el Congreso con la reintegración directa de 38.5 millones y 6.5 millones de forma subsidiaria, además de inhabilitarlo por 23 años para ejercer cargos públicos.
Rueda, por su parte, no recibió sanción pese a que se observó que cuando fungió como Secretario General omitió licitar la adquisición de equipo de cómputo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal y luego que el Órgano fiscalizador había propuesto una amonestación pública.
Jesús Orozco Alfaro y Clemente Mendoza Martínez, quienes alternaron la titularidad en la Secretaría de Finanzas durante el Gobierno de Anguiano, fueron inhabilitados por tres años y se les impuso sanción por 1.4 y 42.9 millones de pesos respectivamente.
Juan José Alcaraz, ex director del Instituto Colimense para la Información, deberá resarcir al erario 42.9 millones de pesos y no podrá ejercer cargos públicos durante tres años, al hallarse irregularidades en un programa para colocar internet en espacios públicos.
Las sanciones alcanzaron a Gustavo Allen Ursúa, ex titular del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien fue multado con 34.2 millones, mientras que Rafael Gutiérrez Villalobos, quien fuera secretario de Fomento Económico y titular de la Secretaría General, y Blanca Isabel Ávalos, ex secretaria de Finanzas y Administración, sólo recibieron una inhabilitación por tres años.
La diputada local por el PAN, Martha Sosa, advirtió que su fracción en el Congreso esperaba castigos más severos contra los ex funcionarios.
“Sanciones mínimas para todo el daño causado por un Gobierno irresponsable que dejó a nuestro estado sumido no sólo en una crisis financiera, sino en un espiral de violencia e inseguridad”, acusó.

Héctor Quiroz, líder del Partido del Trabajo (PT) en Aguascalientes, fue vinculado a proceso por realizar, en el interior del país, operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Juez Gerardo Moreno, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, consideró que Quiroz fue parte de un “plan rudimentario” de una ruta ilegal de uso de recursos públicos y que tuvieron su origen en el Gobierno de Nuevo León.
Quiroz recibió, por lo menos, 12 millones de pesos provenientes de una cuenta de la esposa de Alberto Anaya, líder nacional del PT, María Guadalupe Rodríguez, coordinadora general de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) auspiciados por el Frente Popular Tierra y Libertad, organización petista.
El juez consideró que la confabulación del delito se originó desde que el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Jaime “El Bronco” Rodríguez, depositó ese dinero público a la cuenta de una particular aún cuando los Cendis cuentan con unas propias.
“Lo cual fue delicado porque el Gobierno de Nuevo León depositó ese dinero a petición de ella y el funcionario, sea quien sea, se prestó a esa ilegalidad”, expresó el juzgador tras más de 10 horas de audiencia.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal aseguró que hará una extensa investigación sobre este caso y que incluye a autoridades de Nuevo León.
En tanto, el perito contable Roberto Porras, ofertado por la defensa, citó convenios firmados por autoridades de Nuevo León con los Cendis, entre ellos el actual Gobernador
De acuerdo con las rutas del dinero, el Gobierno de Nuevo León entregó recursos federales por 100 millones de pesos, de la cuenta terminación 9514 de Santander, para la operación de 13 Cendis en la entidad.
En febrero pasado, a petición de María Guadalupe Rodríguez, el dinero fue depositado en su cuenta personal terminación 0285.
El juzgador detalló que, días después del deposito, la esposa de Anaya retiró 98 millones para depositarlos a la cuenta de inversión 8289, con el fin de sacar rendimiento a esos recursos públicos.
De la cuenta de Rodríguez también egresaron 12 millones de pesos hacia la cuenta 9811 de Banorte, de Héctor Quiroz, quien también coordina Cendis mediante la organización Sierra Fría, según lo expuesto por el fiscal.
Esa última cuenta fue asegurada por la PGR con más de 60 millones de pesos tras detectar la triangulación de recursos.
Quiroz, señaló la PGR, cuenta con seis domicilios (cuatro en la Ciudad de México, uno en Aguascalientes y otro en Monterrey), y de 2012 a 2016 realizó 269 operaciones por más de 100 millones de pesos.

Ante el riesgo de quedar incomunicados ante los trabajos de ampliación que se están haciendo en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, vecinos de los pueblos El Pedregal, San Francisco y El Llano en la zona baja del municipio de Tecpan, bloquearon la vía federal.
El bloqueo de más de 5 horas inició a las 7 de la mañana del sábado por unos 100 habitantes de los tres pueblos afectados, en la vía en la comunidad El Pedregal.
El delegado de la comunidad de San Francisco, Armando Serrano Serna dijo que “la carretera nos la quieren tapar, nosotros queremos un puente y que la carretera quede igual como está para que no quedemos incomunicados”.
Agregó que los vecinos de la zona al cerrarse la carretera quedarían aislados y tendrían que dar vuelta, generando más riesgo para los vecinos y principalmente a los estudiantes, en su mayoría niños.
Pidió que no se modifique el proyecto, pero sin afectar a los pueblos de esa zona.
Los manifestantes también se quejaron de que la empresa constructora que hizo la ampliación de los cuatro carriles de la carretera dañó las entradas y salidas a la comunidad, pero no las rehabilitó y piden que construya las rampas que promedió.
Al lugar llegó el alcalde Leopoldo Soberanis, quien dialogó con los vecinos afectados y se comprometió a que dará seguimiento para la construcción porque ya hay un proyecto para el puente.
Los habitantes del lugar indicaron que si no se cumple volverán a tomar la carretera para exigir que se les atienda.