El prestigiado Pew Research Center publicó recientemente un estudio en que da cuenta de tendencias delicadas de la opinión pública acerca de la democracia en 38 países. A diferencia de muchos, a nuestro país no le va nada bien, y es probable que haya quien se rasgue las vestiduras y nos culpe por nuestra cultura política parroquial, que se diga que no apreciamos la democracia porque no hemos vivido dictaduras y otras cosas así de simples. No es el caso y, sin embargo, los resultados del estudio preocupan, pues conjugan la desafección democrática global con nuestros males locales, abriendo posibilidades peligrosas.
México es el país con menor compromiso con la democracia representativa en América: tiene apenas 9 por ciento de demócratas convencidos y una zona gris amplísima, 48 por ciento, de “demócratas poco comprometidos” –que son quienes consideran buena la democracia, pero también otras opciones, como un líder fuerte que carezca de contrapesos, un gobierno de expertos o uno militar. Un 27 por ciento de nuestra población sería directamente autoritaria, con una preferencia exclusiva por estas últimas opciones.
A la pregunta sobre qué tan satisfecho se está con la forma en que la democracia funciona en el país, 93 por ciento de los mexicanos se declaró insatisfecho (y sólo 6 por ciento está satisfecho). Se trata de la mayor insatisfacción reportada en el estudio, mucho peor que en Venezuela: vivimos, sin duda alguna, en la democracia más decepcionante del mundo. Las causas deben ser muchas, pero el resultado es claro y uno: una extendida y profunda crisis de representación política.
Se reporta, asimismo, lo que parecería una obviedad, pero merece inquisición: que la gente en países más ricos o con economías en crecimiento tiene mayor satisfacción con la democracia. El dato nos dice una de dos cosas, elija el/la lector/a entre las opciones. La primera sería que la gente es idiota y los politólogos, sabios; o sea, que la incultura democrática hace que se juzgue a la democracia según vaya la economía, sin tomar en cuenta que se trata de cosas diferentes, como si no se buscara quién la hizo sino quién la pague. Esto tendría varios problemas, en primer lugar, que es algo que también sucede en democracias avanzadas. La segunda opción sería, creo, mucho más sensata. Implicaría aceptar que los conceptos existen en tanto significan socialmente.
De tal modo, si la gente no considera democrático un sistema que cumpla sólo con la existencia de varios partidos, el derecho al voto, un sistema electoral razonable y un entramado de reglas e instituciones, es muy probable que no lo sea. Lo han dicho los más notables teóricos de la democracia: si ésta logra imponerse como la mejor forma de gobierno es porque promete igualdad política y social, que nadie valga menos que nadie, que todos puedan acceder a los bienes mínimos indispensables para ejercer sus libertades políticas en condiciones similares. La democracia es también sustancia y no sólo una forma que pueda dotarse de cualquier contenido. La conclusión obvia es que a lo que tenemos le llaman democracia y no lo es.
Si optamos por ese sentido común y asumimos que a nuestro pluralismo le falta mucho para ser democrático, si aceptamos como definición de democracia la que en el artículo tercero lo estatuye como una forma de vida fundada en el constante mejoramiento del pueblo, entonces ello será un aliciente para conseguir una democracia auténtica, un cambio verdadero. Pero están quienes piensan distinto. Quienes asumen que esto es una democracia, en efecto, y que siendo así como funcionan las democracias, lo mejor sería transitar a un régimen cuya principal definición fuera otra. Y surgen así dos salidas probables a la crisis de representación, una democratizadora y otra autoritaria, ambas con bases sociales. Lo dicen los datos.
Pese a que un 67 por ciento considera que la democracia representativa es un camino correcto para el país, hay un 34 por ciento que la considera mala cosa. Y es aún mayor el porcentaje de ciudadanos, 42 por ciento, que estaría de acuerdo con un eventual gobierno militar –otra vez, el porcentaje más alto en América. No es casual. Desde que Felipe Calderón se vistió de soldado, se ha hecho recaer sobre los militares todo el prestigio del “Estado de derecho” por el que se lucha, mientras han sido las policías quienes pagan el costo simbólico. La guerra ha dado a los militares una presencia que no tenían en los territorios, hasta hacerse beneficiarios de tráficos comerciales –y del comercio de la violencia. Eso ha hecho que se envalentonen, que aumenten su activismo político, sus conferencias de prensa y sus desayunos periódicos con empresarios, algo impensable para el viejo civilismo priista que sabía que había que separar a la institución militar de la política si no se quería echar a perder todo. Y ese bloque de poder ansía que sigan gobernando quienes les permiten medrar, de manera que no se atarán las manos para favorecer a los cruzados de la ley (y la muerte): Meade, Zavala, Anaya, quien sea.

@gibranrr

En solidaridad con Indyra Sandoval, defensora de derechos humanos.
En memoria de Ranferi Hernández, luchador social.

Veinticuatro de febrero de 2017. ¿Quién se acuerda de esa fecha? Casi nadie y sin embargo ese día se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional más importante en materia laboral desde 1917. De manera sorpresiva, la iniciativa había sido enviada por el presidente de la República y aprobada por una amplia mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados y por los Congresos de las entidades del país entre abril de 2016 y enero de 2017.
Una reforma que cambia sustancialmente cuatro aspectos centrales: primero, la justicia laboral (aunque únicamente para los trabajadores del sector privado), eliminando las juntas de conciliación y arbitraje tripartitas que ahora serán sustituidas por tribunales laborales locales y federales del Poder Judicial que deberán actuar bajo los principios de “legalidad, imparcialidad, trasparencia, autonomía e independencia”. También, separa las funciones de impartición de justicia de la conciliación entre trabajadores y patrones. En tercer lugar, se crea una nueva institución para hacerse cargo de esta tarea y, lo más sobresaliente, para el registro de todos los sindicatos y los contratos colectivos, un organismo descentralizado que tendrá  “plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión” y operará bajo los principios de “certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad”. En cuarto lugar, para la resolución de conflictos entre sindicatos, la elección de dirigentes y, muy importante, para solicitar la firma de un contrato colectivo, se requerirá el voto de los trabajadores “personal, libre y secreto” el cual será garantizado por la ley.
Esta reforma ataca directamente severos problemas que han padecido los trabajadores: la parcialidad, el burocratismo y la corrupción endémica de las Juntas;  el registro de sindicatos y contratos  bajo el  consentimiento y directriz de los gobiernos federal y estatales, anulando casi totalmente la posibilidad de formar sindicatos independientes; la continuidad de dirigentes electos antidemocráticamente en las organizaciones gremiales; y, de manera destacada, la existencia  de los contratos de protección patronal, el cáncer mayor que corroe la vida laboral en México.
Se trataba, sin duda, de una reforma constitucional que avanzaba en el camino de la democracia y la libertad sindical, la justicia y la legitimidad de las representaciones sindicales y la titularidad de los contratos colectivos. Sin embargo, para que todo esto se volviera realidad y las reformas empezaran a funcionar, se requería completar la tarea y llevar a cabo una compleja reforma a las leyes de la materia, en especial a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Para ello, se dio el plazo de un año, el cual está por vencerse si consideramos el calendario de sesiones del Congreso.
Debe señalarse que esta reforma constitucional se propuso en un contexto en el que el Estado mexicano estaba a punto de firmar el TPP (Tratado Transpacífico), un acuerdo comercial de grandes dimensiones en el que participarían doce países de Asia y América, incluyendo Estados Unidos. Según la información disponible y las opiniones de diversos actores que participaron en el debate, la iniciativa presidencial fue resultado de una presión muy fuerte, a nivel internacional, que ejercieron organismos como la OIT, sindicatos y defensores de los derechos laborales de algunos de los países  socios del Transpacífico. Fue de alguna manera, una condición que plantearon ante sus gobiernos y parlamentos para aceptar la incorporación de México a ese gran acuerdo económico.
Pero, como se sabe, la vida da muchas vueltas. El TPP fue repudiado por el presidente Donald Trump en los primeros meses de 2017. Después, se abrió la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y luego el país entró en la etapa electoral con vistas al 2018. Bajo estas nuevas condiciones, completamente distintas a las que había cuando Peña Nieto presentó la iniciativa, el gobierno y la representación de los grandes empresarios decidieron torcer la ruta original.
Debido a ello, los debates parlamentarios de las leyes reglamentarias se han venido posponiendo. Peor aún, según diversas fuentes, hay una negociación secreta entre la Secretaría del Trabajo y algunas organizaciones empresariales con el objetivo de presentar al Congreso una propuesta que pretende echar para atrás el espíritu y la sustancia del nuevo mandato constitucional. Preparan una contrarreforma elaborada por los abogados más inescrupulosos del medio laboral, aquellos que siempre han defendido los contratos de protección.  Los principales objetivos de esta confabulación son: que el organismo descentralizado encargado del registro de los sindicatos y los contratos sea tripartito, abriendo el espacio otra vez al viejo modelo de control: gobierno-empresarios-líderes sindicales del viejo corporativismo y ahora administradores de los contratos de protección. También pretenden colar, de contrabando, pues no tiene que ver con las nuevas disposiciones constitucionales, una reforma a la ley para facilitar (todavía más) la subcontratación, una de las prácticas más perjudiciales para los derechos de los trabajadores; y para colmo, se proponen también burlar el derecho al voto secreto establecido en la nueva redacción del artículo 123.
Frente a esta pretensión, un amplio grupo compuesto por los abogados laboralistas más destacados del país que no responden a los intereses del gobierno; la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Nueva Central de Trabajadores (NCT) y otros sindicatos independientes; académicos y especialistas connotados en cuestiones laborales; y organizaciones sociales y civiles diversas como el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC, han formado un Observatorio Laboral que se ha pronunciado, en primer lugar,  para exigir  que se dé a conocer el proyecto de los abogados patronales y la Secretaría del Trabajo, y que se organice un amplio debate abierto y público para redactar la nueva LFT.
El Observatorio exige que las leyes secundarias sean congruentes con los principios fundamentales de la reforma constitucional. Insistirá también en que el Senado ratifique el Convenio 98 de la OIT, sobre negociación colectiva y libertad sindical que entró en vigor desde 1951 pero que el gobierno mexicano se ha negado a respaldar para proteger a los dirigentes sindicales charros que nunca han sido elegidos por los trabajadores.
Estamos a unos meses de que se venza el plazo previsto en la reforma constitucional para que el Congreso apruebe las nuevas leyes reglamentarias y aparentemente no hay nadie que se ocupe del asunto. ¿Se prepara un auténtico albazo legislativo y una aprobación al vapor de una nueva Ley Federal del Trabajo cocinada en algún cuarto oscuro de la Secretaría del Trabajo? ¿O simplemente el gobierno y el Congreso han sido rebasados por los acontecimientos y la carga legislativa? Si es así, ¿buscarán el diálogo y ampliar los tiempos legales para redactar una iniciativa que refleje adecuadamente el texto constitucional aprobado? ¿Cuál es la posición de los partidos de oposición frente a este problema?
Veinticuatro de febrero de 2017: el Observatorio Laboral se ha propuesto que esa fecha se recuerde como el día en que se inició una verdadera transformación de la vida laboral y, en consecuencia,  se frene una de las maniobras gatopardistas más monstruosas del gobierno mexicano y sus aliados patronales: cambiar de fondo la Constitución para que todo, en la ley reglamentaria, siga igual. El Observatorio Laboral tiene como objetivos que los diputados y senadores no  actúen solos, exigirá transparencia, un  trabajo legislativo incluyente, rendición de cuentas, y que se atiendan las propuestas del  sector más representativo del mundo laboral. Seguiremos informando…

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Dos personas armadas abrieron fuego ayer contra la sede del Canal 10 de televisión de Cancún, en el este de México, y se investiga si el móvil está relacionado con las actividades periodísticas de la televisora, informó la Fiscalía.
En el ataque, en el que se hicieron seis disparos desde el estacionamiento hacia la recepción del canal, un empleado resultó herido por esquirlas de bala en la espalda, pero se encuentra fuera de peligro.
“Una de las principales líneas de investigación está relacionada con las actividades profesionales de dicho medio de comunicación”, dijo el fiscal general del estado de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech.
Pech afirmó, no obstante, que por el momento no hay suficientes indicios que permitan determinar si fue un ataque derivado de la labor periodística de Canal 10.
La jefa de información de la televisora, Patricia Vázquez, dijo que los atacantes fueron dos personas que iban a pie. “Dispararon su arma, seis disparos en las instalaciones, directamente en recepción”, afirmó. “No sabemos cuál es el móvil”.
Después de la agresión la policía encontró el arma abandonada a unos 200 metros, pero los atacantes lograron huir.
Cancún, uno de los destinos turísticos más importantes de México, ha sufrido en los últimos meses un incremento de la violencia, incluido en enero un ataque contra la sede de la Fiscalía que dejó cuatro muertos. La violencia se atribuye grupos dedicados a la venta de drogas.
“He pedido a todas las fuerzas policíacas que investiguen a fondo y mandemos el mensaje claro de que vamos a detener a quien lo hizo y no vamos a permitir que afecten a nuestra gente de medios de comunicación”, dijo el gobernador, Carlos Joaquín González.
México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo, con asesinatos de periodistas, ataques contra medios de comunicación y amenazas que obligan a muchos medios a la autocensura.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) inició carpeta de investigación por el homicidio de Sergio Sandoval Valencia, gerente de proyectos de la siderúrgica Arcelor Mittal, ejecutado ayer por la mañana.
Luego de condenar los hechos ocurridos en esta ciudad, el gobierno estatal ordenó a la PGJ realizar las investigaciones correspondientes a través de la Fiscalía Regional, para dar con los responsables del asesinato y llevarlos ante la justicia.
Personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen llegó al lugar del crimen para iniciar las diligencias y hacer el levantamiento del cuerpo de la víctima, que presentaba heridas por proyectil de arma de fuego.
De acuerdo con reportes policiacos, Sandoval Valencia viajaba a bordo de una camioneta propiedad de la empresa Arcelor Mittal, cuando dos sujetos lo interceptaron e intentaron despojarlo de la unidad.
Al resistirse, el conductor fue agredido con disparos de arma de fuego que le provocaron la muerte instantánea. Personal de la Dirección de Investigación y Análisis realiza las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos.
Mientras tanto, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con autoridades municipales y federales, reforzó la vigilancia con patrullajes y filtros de revisión de vehículos para dar con el paradero de los asesinos.
“En Michoacán somos más los que queremos vivir en paz y armonía, por lo que quienes se empeñan en quebrantar la ley serán perseguidos hasta las últimas consecuencias y castigados conforme a derecho”, reiteró el gobierno de Silvano Aureoles.

Cuatro cuerpos calcinados fueron localizados este martes dentro de una camioneta incinerada en el municipio de Bocoyna, en la Sierra Tarahumara, informó la Fiscalía General del Estado en la zona occidente.
Los cadáveres se encontraban a la altura del kilómetro 70 más 300 del tramo carretero San Juanito-Bocoyna.
“Personal del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), acudieron al lugar del hallazgo donde tuvieron a la vista un vehículo GMC de la línea Jimmy, modelo aproximado 2000, totalmente quemado”, estableció la FGE en un comunicado.
Las cuatro víctimas son hombres, a quienes no se les pudieron apreciar características debido a los daños provocados por efecto del fuego.
“Personal de Servicios Periciales de la FGE embalaron casquillos percutidos de armas de fuego calibres 7.62 x 39 y .223, del interior del vehículo, evidencias balísticas que serán analizadas como parte de la investigación”, agregó la FGE.

Incendian tres viviendas

Un grupo armado incendió anoche tres viviendas en el seccional de Álvaro Obregón, conocido como Rubio, en el Municipio de Cuauhtémoc.
La Policía Municipal informó que recibió una denuncia en el número 911 sobre una conflagración en un domicilio, por lo que se trasladaron elementos municipales y estatales a la comunidad.
“Al arribar se percatan de que eran tres domicilios incendiados”, indicó la corporación.
Las casas atacadas se encuentran en las calles Mina y Obregón; Ojinaga y Octava; y Aldama y Octava.
“Todas ellas con pintas con aerosol”, añadió la autoridad.
El fuego fue sofocado por bomberos. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que un grupo de agentes se encuentra en el seccional.
Hasta el momento, no hay reporte de personas heridas. En los mismos hechos, un hombre fue privado de la libertad.

El presunto feminicida de dos mujeres con quienes tenía una relación sentimental –en 2014 y 2016–, fue detenido este martes en Guatemala y la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX) informó que solicitará su traslado inmediato a la Ciudad de México para entregarlo a la justicia.
Jorge Humberto Martínez Cortés, El Matanovias, de 39 años, fue detenido por elementos de la Interpol este martes en Livingston, municipio de Izabal, en el país centroamericano.
La dependencia capitalina, mediante su homóloga, la Procuraduría General de la República (PGR), solicitó la emisión de una ficha roja para buscar al imputado en los 192 países afiliados a la Interpol, luego de conocerse su probable participación en la muerte de dos de sus parejas sentimentales.
Así, inició acciones de colaboración con la Policía Federal Ministerial e Interpol México para la localización y captura del individuo.
La PGJ-CDMX informó en un comunicado que se coordinará de inmediato con la Policía Federal Ministerial, la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales y la Interpol, las acciones tendientes para lograr una deportación contralada y ejecutar la orden de aprehensión en contra del imputado.
Una vez asegurado, será puesto a disposición del juez requirente, para generar la audiencia inicial del procedimiento penal.
De acuerdo con reportes periodísticos, el 21 de septiembre de 2014, Martínez Cortés asesinó a Yank Kyung Jun Borrego por estrangulamiento. Se conocieron en un bar. Él trabajaba como bar tender en distintos antros de la zona Roma-Condesa. Dos semanas antes de su muerte, ella se mudó a vivir con él. Este dijo a la familia de la joven de 21 años que se había suicidado en su casa colgándose del cuello.
El cuerpo de Campira Camorlinga Alanis, de 31 años, fue hallado el 31 de diciembre de 2016 en el sillón de su casa, donde tenían apenas dos semanas de vivir juntos. Tenía un golpe en la cabeza y signos de asfixia, aunque el asesino le infringió otras heridas para que pareciera un suicidio. Cámaras de videovigilancia de alrededor captaron a Jorge Huberto salir del domicilio con una mochila.
Otra de sus novias, Adriana, denunció que en 2011, cuando tenía una relación con Martínez Cortés, éste intentó matarla a golpes, pero ella escapó.
Un año antes, estuvo preso en el Reclusorio Norte por el delito de robo. Fue sentenciado a cuatro años de prisión, pero logró su libertad bajo caución.
El pasado 7 de septiembre, cuatro asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales exigieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) que declare la Alerta por Violencia de Género (AVG) en la Ciudad de México y notifique de la misma al gobierno de Miguel Ángel Mancera.
En la solicitud argumentaron el evidente incremento en las cifras de feminicidios, violaciones sexuales, desaparición y trata de mujeres en la capital de 2016 a la fecha y la negativa de PGJ-CDMX de investigar con perspectiva de género, amén de la reticencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ-CDMX) para reclasificar los homicidios como feminicidios.

Un policía en activo de nombre Ernesto V., de aproximadamente 40 años de edad, fue hallado sin vida con lesiones de bala en la colonia Nueva España de esta ciudad, por lo que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado inició una Carpeta de Investigación con relación a los hechos registrados la madrugada de este martes.
Según informes de la Subprocuraduría de Justicia de Zamora, alrededor de las 03:30 horas de este día, elementos policiales fueron informados sobre detonaciones de arma de fuego en la colonia Nueva España, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar donde hallaron sin vida al elemento policiaco quien se encontraba a bordo de un vehículo.
Por lo anterior, personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen se apersonó sobre la calle Napoli para realizar la recolección de indicios y se dispuso el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense.

Estados Unidos volvió ayer a autorizar la entrada de refugiados al país, que llevaba 120 días paralizada, pero ordenó reforzar el escrutinio de sus solicitudes y excluyó del proceso a los ciudadanos de 11 naciones no identificadas, cuyas peticiones se verán retrasadas durante al menos tres meses.
El presidente estadunidense, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva que autoriza a su gobierno reanudar el procesamiento de solicitudes de refugiados, el mismo día en que caducaba el plazo de 120 días impuesto en un veto migratorio que entró en vigor en junio.
“Reanudar de forma general” la entrada de refugiados “es coherente con la seguridad y el bienestar de Estados Unidos”, dijo en su decreto Trump, que desde su campaña electoral insistió en que entre los solicitantes de refugio podrían ocultarse terroristas.
La paralización de la entrada de refugiados durante 120 días, un plazo que expiró ayer, tenía como objetivo declarado el dar tiempo al gobierno para revisar el proceso de trámite de las solicitudes de refugio en Estados Unidos, que de por sí ya es muy estricto y puede durar años.
Como resultado de esa revisión, el gobierno de Trump anunció ayer que aplicará nuevas medidas de seguridad, que incluyen la recolección de más datos biográficos de los solicitantes de refugio, y un mayor escrutinio de su historial en las redes sociales, para compararlo con las historias que presentan en sus solicitudes.
“Estas medidas mejoradas de escrutinio son esenciales para la seguridad de Estados Unidos”, aseguró en un comunicado la secretaria interina de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Elaine Duke.
Al margen de ese proceso quedarán los refugiados de 11 países, que Estados Unidos no ha querido identificar y que pueden “presentar potencialmente un mayor riesgo” para el país, según un documento firmado por Duke; el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y el director de Inteligencia Nacional, Dan Coats.
La lista de esos países supuestamente amenazantes comenzó a elaborarse tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y se actualizó por última vez en 2015, según el documento.

Guerra de Trump y senador domina reunión republicana sobre plan fiscal

La guerra de descalificaciones mutuas entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el senador Bob Corker dominó ayer el ambiente previo y posterior al almuerzo que los republicanos celebraron en el Capitolio para abordar el plan fiscal del mandatario.
Los dos, Trump y Corker, asistieron al almuerzo a puerta cerrada y se fueron sin hacer declaraciones a los periodistas tras la guerra dialéctica que iniciaron a primera hora del día.
Enfrentados desde hace tiempo, ayer Corker aconsejó a Trump mantenerse al margen de la elaboración del plan fiscal y dejarlo en manos de “los profesionales”, una sugerencia a la que el mandatario respondió con insultos al senador republicano en su cuenta de Twitter.
Corker, actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, no se quedó callado tras los insultos y cuestionó la capacidad de Trump para gobernar, además de acusar al presidente de “degradar” a Estados Unidos.
Por otro lado, un hombre fue detenido ayer por arrojar banderas rusas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras se dirigía a un almuerzo con senadores republicanos en el Congreso en Washington para abordar sus planes de reforma fiscal.
El manifestante, identificado como Ryan Clayton, de 36 años, lanzó las banderas, en las que figuraba escrita la palabra “Trump”, al gritó de “¡Trump es traición!”.
Así también, el Partido Demócrata de Estados Unidos y la campaña de su ex candidata presidencial Hillary Clinton financiaron la investigación que se filtró después de los pasados comicios a la Casa Blanca sobre los posibles vínculos entre Trump y el Kremlin, según informó ayer The Washington Post.
El rotativo capitalino, que cita fuentes conocedoras del asunto bajo condición de anonimato, publicó que el Partido Demócrata y la campaña de Clinton contrataron a través del abogado Marc E. Elias los servicios de la firma Fusion GPS de Washington para dicha investigación.
En tanto, Estados Unidos acusó ayer a Rusia de apoyar el uso de armas químicas contra “mujeres y niños” por parte del régimen sirio de Bachar al Assad, después de que Moscú vetara en el Consejo de Seguridad de la ONU una prolongación del mandato del grupo de expertos que investigan ese tipo de ataques en Siria.

El XIX Congreso del Partido Comunista Chino (PCch) encumbró ayer a su secretario general, Xi Jinping, al mismo nivel de liderazgo histórico que el fundador de la República Popular China, Mao Tse-tung.
Al concluir el Congreso del PCCh, que sesionó durante los últimos siete días en Pekín, los casi 2 mil 300 delegados votaron por unanimidad a favor de la propuesta de incluir en los estatutos del partido el “pensamiento de Xi Jinping para la nueva era del socialismo con características chinas”.
Después de Mao Tse-tung, el “Gran Timonel”, y el reformista de la economía china Deng Xiaoping, Xi Jinping es el tercer líder del PCCh cuyo nombre ha ingresado en los estatutos del partido. Sin embargo, de Deng solo se incluyeron sus “teorías” mientras que Xi, al igual que Mao, ocupa un lugar en los estatutos por su “pensamiento”, una categoría de mayor rango en la ideología comunista.
Los “pensamientos de Xi Jinping” deben servir como “faro” para los 89 millones de miembros del partido, según acordaron los delegados en una resolución. Esos pensamientos constituyen un “plan de acción para el partido en su conjunto y para todos los chinos en su aspiración a lograr el gran ascenso de la nación china”.
La visión de China como potencia mundial económica y también militar, que ha presentado el líder del partido y jefe de Estado chino, “es el sueño más grande del pueblo chino desde comienzos de la nueva era”, señala la resolución.
El congreso del PCCh, que solo se celebra cada cinco años, también incorporó a los estatutos la supremacía absoluta del partido sobre la sociedad, la economía y el ejército. La resolución subraya que “el partido ejerce un papel rector integral sobre todos los proyectos en cualquier parte del país”. Asimismo, el partido ejerce el mando total sobre las Fuerzas Armadas, agrega el documento.
La ampliación de los estatutos también refleja el reforzamiento del papel del Estado en la economía del país. Xi Jinping, de 64 años, se ha propuesto resolver la contradicción entre “el desarrollo desequilibrado e inadecuado” de su país y la creciente necesidad de la población de mejorar sus condiciones de vida.

Los medios griegos mantienen desde ayer una nueva huelga de 48 horas, la segunda en un mes, en protesta contra el estancamiento en las negociaciones entre el gobierno y los patronos para salvar la caja de pensiones complementarias y seguro médico de este sector (EDOEAP).
“Los trabajadores en los medios no exigimos privilegios, sino igualdad (con los demás trabajadores). La combinación de la intransigencia y la táctica obstruccionista de los empresarios y la actitud indecisa del gobierno no nos deja más alternativa que la huelga”, señala en un comunicado el sindicato de periodistas de Atenas.
La huelga comenzó a las seis de la mañana de ayer y discurrirá hasta la misma hora del jueves.
EDOEAP, fundada en 1968, actualmente se sostiene exclusivamente a través de cotizaciones de los trabajadores del sector.
Hasta septiembre del año pasado el 20 por ciento de los ingresos por publicidad de los medios iba a parar a las arcas de esta caja, un instrumento de financiación que se eliminó por exigencia de los acreedores.