El presidente municipal suplente de Chilpancingo, Jesús Tejeda Vargas, tomó posesión ante una comisión de diputados locales, síndicos y regidores. Ante ellos, prometió atender la falta de servicios, y en una sesión de Cabildo privada se aprobó la sustitución del secretario de Finanzas y Administración.
El evento protocolario fue en la sala de Cabildo en el Ayuntamiento de Chilpancingo, donde Tejeda Vargas indicó que la obligación de las autoridades es brindar servicios públicos a la ciudadanía, como es la atención al problema de la basura, los baches y el alumbrado público, “vengo a hacer ese compromiso”.
Resaltó que “daré mi tiempo, emoción y cariño, para que Chilpancingo vuelva a estar como estaba antes, tenemos problemas pero con la voluntad política de todos los actores llegaremos a acuerdos”.
El alcalde suplente añadió que el Ayuntamiento que empieza no les va a fallar: “Por el bien de Chilpancingo, ¡Vamos por Chilpancingo!”.
La comisión de diputados priistas que acudió a la toma de posesión fueron los priistas Isabel Rodríguez Córdoba, Ricardo Moreno Arcos, Víctor Manuel Martínez Toledo y del PVEM, María Luisa Vargas Mejía.
En su intervención, Víctor Manuel Martínez Toledo, informó que por instrucciones de la presidencia de la mesa Directiva del Congreso local, se autoriza a Marco Antonio Leyva Mena licencia indefinida para separarse del cargo como presidente municipal de Chilpancingo, y se llamó a Jesús Tejeda, su suplente, para asumir el cargo como alcalde.
Al finalizar el evento, en conferencia de prensa. Jesús Tejeda Vargas informó que buscará que la administración sea más eficiente para dar resultados, “hay problemas, no lo podemos negar”.
Indicó que se hará una evaluación de los trabajos de cada área, porque es importante saber el estado en el que se encuentran, porque es un plazo “muy corto” nueve meses, por lo que si las personas que están no han dado resultado buscarán a nuevas, para “refrescar la administración”.
El alcalde suplente informó que habría un cambio, que presentaría a la secretaria de Finanzas, Elizabeth Vega Abarca, porque es un área que no debe estar parada.
Dijo que si el órgano investigador considera que es necesario hacer una auditoría que intervenga.
Además indicó que buscará un lugar para el destino final de la basura de Chilpancingo: “esta administración se compromete en tener un destino final permanente” para que no se continúe con el problema.
Aseveró que habló con los alcalde perredistas, el de Eduardo Neri (Zumpango), Pablo Higuera Fuentes, y con el de Tixtla, Hossein Nabor Guillén, para llegar a acuerdos en cuanto al problema de la basura: “yo creo que en la vida nada es difícil, el diálogo es importante y llegar a una negociación, porque a todos nos conviene”.
En cuanto a la participación económica, aseguró que el gobernador Héctor Astudillo Flores no dejará solo al Ayuntamiento de Chilpancingo, para garantizar el pago y prestaciones de los trabajadores.
Por otra parte dijo que “no vine a cortar cabezas, o a una cacería de brujas”, sino a enterarse del estado financiero y de trabajo, los cuales serán evaluados.
En cuestión de la seguridad manifestó que es necesario que se retomen operativos que se han dejado de hacer.
El alcalde suplente expresó que la basura se está recogiendo y es depositada en Zumpango, porque se llegó a un acuerdo con Pablo Higuera Fuentes para que ahí se colocara.
Manifestó que antes de que tomará protesta para asumir el cargo como alcalde de Chilpancingo, el gobernador priista, Héctor Astudillo Flores dialogó con él y asumió el compromiso de ayudarle.

Jesús Tejeda Vargas informó que el gobernador le dijo que le ayudaría a resolver el problema de la basura, “el gobernador se suma para solucionar el problema”.
Tejeda Vargas rindió protesta el martes en el Congreso luego de que el pleno autorizó la licencia indefinida para separarse del cargo y funciones al ahora alcalde con licencia Marco Antonio Leyva Mena, solicitud que presentó después de que el poder Legislativo dio entrada a una demanda de revocación de mandato en su contra.
El alcalde suplente nació el 22 de diciembre de 1958, fue presidente del patronato de la Feria de Navidad y Año Nuevo de San Mateo en el 2010, en la administración del actual gobernador, Héctor Astudillo Flores.
También es empresario ferretero y transportista, integrante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación Chilpancingo. De acuerdo con información que aparece en su perfil de Facebook, es presidente de la Organización Gestora de Ayuda Ciudadana de Chilpancingo, y es egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Sustituyen al Secretario de Finanzas y Administración

El cambio fue aprobado por unanimidad antes de las 2 de la tarde en una sesión de Cabildo a la que no se permitió el acceso de reporteros, y donde Elizabeth Vega Abarca tomó protesta. Suplirá a Héctor Avilés García.
Vega Abarca fue en 1999 gerente estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Guerrero; del 2002 al 2009 laboró en la Auditoría General del Estado (AGE). Se desempeñó como tesorera del Ayuntamiento capitalino. Y se desempeñaba como subsecretaria de Promoción y Vinculación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Además en la sesión iban a comparecer el secretario de Finanzas, Héctor Avilez García; el secretario de Servicios Públicos, Jose Lluvias Tenorio, el subsecretario de Planeación, Karlo Misael López Domínguez, El secretario de Recursos Naturales y Ecología, Alejandro Zepeda Castorena, para que presentaran un informe físico-financiero de las inversiones y acciones que se han implementado para resolver el problema de la recolección y tiradero de los residuos sólidos (basura). La comparecencia sólo la hizo Héctor Avilés y los demás quedaron pendientes.

La Secretaría General de Gobierno clasificó como reservados por dos años los contratos y convenios otorgados para capacitación en el tema de género o violencia de género de 2016 y 2017, que la Ley General de Acceso a la Información Pública reconoce como los documentos básicos que autoridades deben poner a disposición de la población y mantenerla actualizada.
En respuesta a la solicitud de información 00383617 declaró que se recopiló y seanalizó la información de oficio requerida, pero “determinó, con fundamento en los artículos 114 fracción II y V, numeral 1 y 127 de la ley 207 de Transparencia que dicha información es considerada reservada”.
Estimó que la divulgación de información relacionada con la prestación de servicios de capacitación de la materia, “podría obstruir o causar perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos contra las mujeres, podría derivar en comprometer la seguridad pública del estado y sus municipios, se propone que permanezca con este carácter por dos años, la información que obra en los archivos del gobierno del estado”.
La solicitud de información consiste en “todos los contratos y convenios otorgados por capacitación en el tema de género o violencia de género en 2016 y 2017, especificando nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos”.
En estos términos está redactada la fracción 27 del Artículo 70 de la Ley General, que detalla las obligaciones comunes de transparencia para la federación y entidades federativas, que deben estar a disposición del público y mantenerse actualizadas: temas, documentos y políticas como mínimos.
Terminado el plazo para responder a la solicitud del 27 de junio, la titular de la Subsecretaría de Coordinación y Enlace de Organizaciones Sociales solicitó el 23 de agosto una prórroga, debido a que estaba en proceso de recopilación.
La oficina de Coordinación y Enlace confirmó que con la Coordinación General de Fortalecimiento Municipal la Subsecretaría se encarga del Programa Estatal de Formación con Perspectiva de Género y Derechos Humanos en los municipios de Guerrero, pero no le corresponde el procedimiento que “involucra el aprovechamiento de bienes y servicios, o recursos públicos”, y habría que solicitarla al área correspondiente.
Una vez reunida la información, los documentos indican que el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría General de Gobierno, votó por unanimidad clasificarla como reservada durante dos años, sin explicar de fondo los riesgos que implicaría hacerla pública.
El comité que firmó por unanimidad el acuerdo está integrado por el subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos, Jorge Zubiel de los Santos Barrila como presidente, y la directora de la Unidad de Transparencia y Asistencia, Mariana Contreras Soto como secretaria técnica.
Como vocales, la subsecretaria de Coordinación y Enlace de Organizaciones Sociales, María Adela Herrera de la O, la directora de consultoría y apoyo técnico, Ofelia Hernández Maganda, la coordinadora Técnica del Sistema Estatal de Registro Civil, María Inés Huerta Pegueros, la delegada administrativa y vocal Lourdes Leyva Pérez, y el director del Registro Público de la Propiedad, Ignacio López Badillo.

Organizaciones integradas al movimiento M18, que promueve las aspiraciones presidenciales del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, exigieron el esclarecimiento del asesinato del ex presidente del PRD en Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo, y su familia.
En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), líderes de organizaciones y ex militantes de partidos no descartaron que el homicidio de Ranferi Hernández pueda ser un mensaje para los que apoyan a López Obrador y su partido.
Engels López, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos “José Dolores López Domínguez”, dijo al respecto que “nos encontramos en el escenario político, en el sentido que 2018 puede ser el parteaguas y el cambio de la historia si gana López Obrador”.
Consideró que “por eso sostenemos que  sí pueda tener intentar la intimidación, no es la primera vez en la vida; ya se ha hecho  en muchas ocasiones. Estados Unidos tiene un modelo específico para detener, torturar, desaparecer líderes en el escenario político nacional, lo tenemos aquí enfrente, el gobierno no quiere imponer este tipo der situaciones, ir eliminando a través de la historia a distintos líderes, pueden tener la lógica: van muy rápido, pero queremos un cambio de modelo económico”.
El ex secretario de Desarrollo Rural de Guerrero y ex delegado de la Secretaría de Educación Pública en Guerrero, Ramón Cárdenas Villareal, dijo que por ahora no han tenido reuniones ni con el gobernador, Héctor Astudillo ni con el fiscal General del Estado, Xavier Olea, pero pidió atención al fenómeno.
“Estaremos pendientes con los compañeros, que nos definan la ruta a seguir, estaremos apoyando las decisiones que ellos si creen esta conveniencia de reunirse con Xavier Olea, con el gobernador Héctor Astudillo, respaldaremos”, dijo.
Benito Mirón, del Movimiento Nacional Organizado Aquí Estamos (Monae) y ex diputado federal del PRD, aseguró que el de Ranferi es un “crimen de estado, crimen político más; destacaría  la participación del compañero en la matanza de Aguas Blancas, él era parte de la lucha, queremos esclarecimiento de ese crimen. Ese entonces él tuvo que salir exiliado del país por las amenazas que recibía constantemente por los Figueroa que todavía andan por allí, estuvo exiliado en Francia sin poder regresar al país hasta 2001”.
Dijo que la participación política de quien fuera asesinado el sábado en la noche, antes de llegar a Ahuacotzingo, pocos kilómetros después de Chilapa, junto a su esposa, suegra y chofer, fue importante: “en 1994, cuando el movimiento Zapatista el compañero fue clave, con el frente amplio para la construcción de la liberación nacional, junto con Rocío Mesino (otra activista asesinada)”.
“No es solo Guerrero, se está creando un clima perverso, una advertencia para  tratar de alejar a la gente del próximo proceso electoral del 2018. Está desprestigiado el modelo económico. Todo este trabajo que se viene haciendo afecta intereses. Nosotros lo clasificamos como un crimen de estado, un aspecto de carácter político que va mucho más allá de Guerrero”, señaló.
Max Correa, de la Central Campesina Cardenista, coincidió que las condiciones en el país son de persecución hacia los luchadores sociales y a quienes no están de acuerdo con el sistema político actual. “Se ha generado un ambiente de persecución, no sólo en Guerrero, es Michoacán, Baja California, Veracruz, Chiapas”.
“La salida fácil para atender estos temas es que en esas regiones donde suceden estos acontecimientos opera el crimen organizado, y esa es la salida fácil para tratar de desviar el motivo de fondo lo que implica una conducta del estado mexicano, de desaparición de dirigentes, asesinato a luchadores sociales, vemos que esto se va a incrementar rumbo al 2018. Están en juego no solo la presidencia, está en disputa el destino de nuestro país”.
Hernández Acevedo formaba parte del grupo de ex perredistas, ex funcionarios, que apoyan a López Obrador.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes Alfonso Ramírez, de El Barzón y Yolanda González, del Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI.

Con una jornada de dos días de actividades denominadas El Rocío de La Esperanza, los integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) de Atoyac y organizaciones sociales de la entidad conmemoraron el cuarto aniversario luctuoso de la líder de la OCSS, Rocío Mesino quien fue asesinada cuando atendía un comedor comunitario para voluntarios en trabajos por los daños de las tormentas Ingrid y Manuel en 2013 en Mexcaltepec, en la sierra de Pie de la Cuesta en Atoyac.
En la plaza comunitaria de esa comunidad las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos resaltaron la lucha de Rocío Mesino y develaron una placa así como también exhibieron mantas hechas por mujeres que bordaron a mano pensamientos en el kiosco de la localidad.
Asimismo, en el puente de Mexcaltepec donde fue asesinada la luchadora social se pintó un mural por el colectivo de artistas Tekuanes y Mujeres Violetas AC, luego hicieron una ofrenda floral en el lugar donde fue abatida y el cronista Víctor Cardona Galindo compartió una reseña. Ahí se pidió a los tres órdenes de gobierno que esclarezcan este asesinato.
Al evento asistieron los dirigentes de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de México (Afadem), Julio Mata Montiel y Tita Radilla Martínez, además el dirigente nacional de trabajadores de la educación, Gonzalo Villagrán, el vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega, la defensora de los derechos humanos y viuda de Armando Chavarría, Martha Obezo Cázares, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, Israel Jiménez Martínez, del Frente de Defensa Popular Francisco Villa asistió Clemencia Guevara Tejedor y la abogada Natalia Pérez de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
En el kiosco se leyó la biografía de Rocío Mesino quien nació en la comunidad de El Escorpión el 21 de enero de 1974,  estudió en la comunidad de Agua Fría y San Juan de la Flores, en la sierra de Atoyac. Fundó junto con   su padre Hilario Mesino y su hermano Miguel Ángel Mesino la OCSS,  con esta acción exigían atención al campo y justicia por la masacre de los 17 campesinos en Aguas Blancas en Coyuca de Benítez.
Por su parte, Martha Obezo dijo sentirse conmovida y comprometida de estar en la comunidad y en lugar donde perdió la vida Rocío Mesino, “como  el fuerte rayo del sol llevamos la invaluable figura de Rocío Mesino, la llevamos en el corazón y la refrendamos en la lucha diaria por justicia en reclamos por su  infausto asesinato así como el de los 43 estudiantes desaparecidos, nuestros cariño entrañable para sus padres que representan la reserva moral de la sociedad”.
Dijo que la figura de Rocío Mesino es hoy una bandera, un estandarte como lo es la OCSS por su profundo arraigo en la lucha en la Costa Grande y el estado de Guerrero, “son un ejemplo también para la lucha social en el país, aquellos los que no renunciamos  en seguir en la lucha para que un día esta sociedad sea más justa e igualitaria, para que no existan crímenes atroces como el de Ranferi Hernández Acevedo, su esposa y suegra una mujer de 94 años y su chofer, para que el gobierno ya no siga asesinando luchadores  sociales, para que el pensamiento de avanzada y progresista no siga siendo aniquilado, para que tengamos de verdad paz y derecho a una vida digna”.
“Si la justica no es pronta ni expedita no es justicia, si tenemos que peregrinar como los padres de los 43, como don Hilario, doña Alicia (madre de Rocío) y como los familiares de Ranferi Hernández que acaba de ser asesinado… (y a ocho años) que asesinaron a mi compañero, Armando Chavarría Barrera, pues entonces no es justicia, pero no nos van a desanimar, vamos a continuar hasta lograr que se establezca el estado de derecho, hasta obtener verdad y justicia”.

Basta de los crímenes de Estado y de impunidad: vocero de los 43

Asimismo, Melitón Ortega declaró que padres de los 43 estudiantes desaparecidos estaban presentes  porque no pueden olvidar ni abandonar la lucha que día a día han dado los familiares de Rocío Mesino y los miembros de la OCSS.
Se pronunció porque se investigue y castigue a los responsables del crimen de Rocío, “como padres y madres de los 43 estamos haciendo acto de presencia porque queremos decirles que el dolor que sufren sus familiares también nosotros lo sentimos en carne propia, por eso venimos abrazar esta lucha, venimos a levantar la voz que queremos justicia y verdad, queremos que se esclarezcan los casos, decir desde aquí que ya basta de tanta impunidad de crímenes de Estado en contra luchadores sociales,”.
Dijo que los familiares de los 43 condenan y repudian el asesinato del luchador social Ranferi Hernández y acusaron que fue acribillado por manos del Estado.
Sostuvo que ellos seguirán abrazando otras luchas por transformar el país y exigir justicia, levantando la voz a nombre de Rocío, y agregó que no puede ser que un ciudadano que lucha por los demás, que defiende la educación, esté en contra de las mineras y crímenes y busque mejores condiciones sea ejecutado por el Estado mexicano.
Señaló que a más de tres años de la desaparición los normalistas han renunciado tres “procuradores (de la PGR) y que recientemente renunció otro más para que el gobierno diga ‘bueno ahí el que venga puede resolver el problema de los 43’”.
Insistió que se deben seguir las líneas de investigación que señalan que el Ejército mexicano fue el responsable de la desaparición de los normalistas y también ocultó todas las evidencias que fueron grabadas de las cámaras de C4 de Iguala.
Acusó que hoy el gobierno ha negado investigar al Ejército  para entregar esas evidencias, dijo que el gobierno debe investigar para saber quién dio la orden de desaparecer a los 43 normalistas.
Por su parte, la abogada Natalia Pérez mencionó que acompaña a la familia Mesino Mesino desde la época del terrorismo de estado mal denominado guerra sucia, la cual han sufrido muchas familias guerrerenses quienes han iniciado una lucha social, “lamentablemente desde la década de los 70 mucha de la gente se ha visto obligada a responder frente a esta política de terrorismo de estado, que no es más que una política para seguir atropellando y seguir manteniendo la desigualdad profunda con los beneficios económicos políticos y sociales para unos cuantos”.
Añadió que se solidarizan con la familia Mesino y con las miles de víctimas que ha dejado esta guerra desde la década de los 70, “por eso hoy más que nunca se hace necesaria la cuestión social, donde los jóvenes y adultos mantengamos esta exigencia de justicia que nos ha quedado claro que no va llegar del Estado… me queda decir que no están solos, muchas otras organizaciones que seguramente ustedes ya tienen identificadas (los respaldan), vamos a seguir con la lucha desde la Ciudad de México y tengan certeza que esto no acaba hasta que no acabe la violencia de Estado.

El gobierno es cómplice del asesinato de Rocío, dice su padre

Hilario Mesino exigió justicia con la voz quebrada por el llanto. Denunció que a cuatro años del asesinato de su hija Rocío no hay avances en la investigación, “esto quiere decir que el gobierno es cómplice de su asesinato, el gobierno le tiene miedo a que el pueblo se organice porque cuando lo hace para defender sus derechos ellos (los del gobierno) van a comenzar a temblar, porque ellos de ahí viven, de la desgracia del pueblo”.
Pidió que se esclarezca el asesinato de su hija y el de su hijo  Miguel Ángel Mesino, así como el caso del asesinato del compañero Ranferi Hernández Acevedo.
Al final los asistentes se trasladaron al puente donde se pintó un mural con la imagen Rocío y la llama de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa con la figura de un jaguar.

El promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio dijo que los gobernantes afirman que nadie puede estar por encima de la ley, lo que significa sometimiento, “no podemos estar sometidos bajo las leyes”, si se busca regular la convivencia.
Ayer fue invitado a la sesión semanal de la organización de empresarios mayoritariamente priistas, Grupo ACA, donde expuso que gente infiltrada desde “algunas instituciones” se mete en las organizaciones ciudadanas de seguridad para confrontar y hacer creer a la sociedad que los modelos de seguridad ciudadanos no sirven, lo que llamó “guerrillas institucionalizadas”.
En declaraciones respondió al gobernador Héctor Astudillo Flores que debe de señalar los nombres de los grupos que actúan fuera de la ley y que perdieron su esencia, “hay que dar nombres, de dónde, quiénes son, porque no podemos generalizar a todos, porque no todos tienen la misma conducta, hay que esperar en qué zona y en qué pueblo, porque nosotros no somos autodefensa, somos sistema de justicia y seguridad ciudadana”.
En su participación y al contestar a los empresarios planteó que la frase “nadie puede estar por encima de la ley” es esclavizadora, y que ante la inseguridad suma esclavos.
Afirmó que la UPOEG ha construido en las comunidades indígenas ciudadanos que contribuyen a su sociedad, y desde donde debe residir el poder “de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo”. Pero ello no significa que los indígenas quieran hacer un gobierno paralelo, precisó.
Dijo que no comparte que los empresarios a quienes se refirió como “gente con dinero”, presionen a los pobres con la ayuda de delincuentes para que les vendan sus tierras, como en el caso de la zona de Barra Vieja (en Acapulco), donde la UPOEG tiene presencia desde diciembre de 2016.
Dijo que está en poblados de 58 municipios donde se quiere imponer proyectos de extracción de sus recursos naturales.
Criticó que la centralización del gobierno “nos llevará al fracaso”, como la seguridad que se mantiene de manera vertical, y que los gobiernos del estado y los municipios no hacen nada sin antes tener una orden del gobierno federal.
Expresó que la Ley 701 no sólo aborda el reconocimiento de los policías comunitarios, sino que reconoce derechos de las comunidades indígenas.
Dijo que la creación de otros grupos de autodefensa en el estado se ampara bajo la bandera de la Policía Comunitaria.
Negó vínculos con grupos delictivos, y afirmó que la UPOEG es transparente, que está en un proceso de cambios donde quien decida ser policía debe tener un acta de su comunidad como respaldo, y el consejo es el que toma las decisiones.
Afirmó que se tuvo que armar a la población en un principio porque de lo contrario los delincuentes los matarían.
Plácido Valerio negó que la UPOEG esté detrás de los ataques a los policías comunitarios del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) de los días 28 de septiembre y 13 de octubre que dejaron tres ciudadanos de esa organización muertos y otro civil.
Dijo que no puede buscar un diálogo con esa organización “que sube información de confrontación permanente, que son comentarios sin fundamentos”, pero se le insistió y cedió “nosotros dialogamos con todos”.
Llamó a que antes de incriminar a la UPOEG con grupos delictivos se tiene que investigar de dónde viene la información, por que es “muy fácil echarle la culpa al primero que ven al frente”.
El dirigente afirmó que antes de que los grupos de policías ciudadanos desaparezcan las autoridades deben de tener una alternativa de seguridad.
El FUSDEG de Tierra Colorada es una organización de vecinos armados que se separaron de la UPOEG, porque denunciaron vínculos de grupos del crimen organizado con Bruno Plácido, y fue desaparecido del corredor desde Chilpancingo hacia Acapulco (donde tenía presencia), y ahora sólo opera en esa localidad del municipio de Juan R. Escudero.
Bruno Plácido consideró que la disputa del poder en las elecciones del año 2018 será a costa de lo que sea, en referencia  a los asesinatos de los dirigentes políticos asesinados en este año.
Sin querer opinar directamente del caso del ex dirigente perredista y luchador social, Ranferi Hernández Acevedo asesinado el domingo con su esposa, su suegra y chofer, Plácido Valerio expresó,  “un representante se va a ganar la elección a costa de lo que sea, y muestra de eso es que hay varios muertos de los diferentes partidos, y eso que aún no inician las campañas”.
Lamentó que todos los políticos están ofreciendo el mismo proyecto de siempre, “la promesa, la mentira, la compra, la oferta. Y nadie está haciendo un programa para evitar la compra de votos”, además tampoco hay un cambio de actitud y todos los candidatos ofrecen dinero, porque los políticos “quieren ganar el poder sin principios”.
En declaraciones nuevamente el dirigente dijo que no entregó a los responsables de la masacre del 9 de junio en San Pedro Cacahuatepec, porque la Fiscalía General del Estado no los investigó antes.
Ese día un grupo de policías de la UPOEG irrumpió en cuatro casas donde fueron asesinadas siete personas, entre ellos un bebé y un niño pequeño, y por las que hay cuatro detenidos con detención preventiva de un año y cinco meses, y faltan de liberarse otras siete órdenes de arresto.
Afirmó que los detenidos por la Fiscalía no son quienes participaron en la masacre, pero no quiso abundar del tema.

Familiares de desaparecidos, la mayoría de víctimas de Chilapa, pidieron su inclusión en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) sin importar que tengan denuncias del fuero común, lo cual les dijeron que es poco posible.
Familiares de vecinos desaparecidos en la Montaña baja, la mayoría de Chilapa, e integrantes del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) se reunieron con un representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y trabajadores de ese organismo estatal que lleva el mismo nombre.
Exigieron la atención médica a las víctimas, de las que el secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos se comprometió que se les daría, pero no lo ha cumplido desde junio.
Después del encuentro defensores de derechos humanos, la CEAV y víctimas en la sala de maestrías de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), se plantearon las demandas urgentes para las familias, sobre todo porque no pueden acceder al Renavi lo que implica no tener los beneficios que necesitan, entre ellos salud, vivienda, educación, traslados y atención jurídica.
El organismo de derechos humanos solicitaron una reunión con la CEAV nacional en Chilpancingo, pues a las familias se les complica trasladarse a la Ciudad de México para las reuniones.
Al encuentro acudió un representante de la CEAV nacional, el médico Martín Nasif, el representante de la dependencia  estatal, médicos, psicólogos y un abogado.
Ahí el director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández expuso que tenía un documento donde se plasmaron las necesidades de las familias.
“Nosotros hemos hecho varias peticiones en la Ciudad de México, precisamente para que la gente pudiera tener la atención médica que requiere… hay muchas víctimas indirectas que no estaban enfermas antes de que desaparecieran a su familiar, después de que desaparece pues prácticamente a muchos de ellos les salen enfermedades, los que estaban enfermos prácticamente se agravan, se agudiza”, informó el defensor de derechos humanos.
Fueron con el comisionado nacional de Protección Social de Salud para plantear la necesidad de caravanas médicas para  la atención de las víctimas indirectas de desapariciónm y para las familias desplazadas por la violencia, pero no pudo concretarse a pesar de que se habló con el secretario de Salud.
Dijo que  le entregaron una lista de la gente registrada, y se les prometió que se iban a poner en contacto, pero que no se ha hecho.
Denunció que el personal médico de los hospitales públicos no está preparado para atender a víctimas de desaparición.
Entre las víctimas hay nahuablantes, y no hay hay psicólogos que hablen la lengua, y eso entorpece la comunicación al momento de darles la atención psicológica. Ante lo que pidió una estrategia para resolver este problema.
El médico de la CEAV nacional dijo que se debe de tomar en cuenta que el personal que atiende a las víctimas debe de tener la sensibilidad de atenderlos, y en el idioma que hablen.
La demanda principal de las víctimas fue la inscripción al Renavi, como lo marca la Ley General  de Víctimas, independientemente de que tengan o no una denuncia del fuero federal, porque el registro es un requisito indispensable para acceder a los derechos que marca la ley.
Pidieron que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga los casos para que sean los encargados de la investigación, ya que la mayoría de desaparecidos y  homicidios son cometidos por integrantes de grupos de la delincuencia organizada, que es un delito federal, y pidieron que los trámites los pague la CEAV.
Además la mayoría de las víctimas indirectas que integran el colectivo son indígenas y campesinas, y las personas desaparecidas, la mayoría, eran el sustento económico y sostén de la casa, ante lo que se demanda que sean apoyadas para restaurar sus viviendas que han sido abandonadas luego de la desaparición de su familiar y están en deterioro.
El abogado Eder Rosas Manrique demandó la inclusión al Renavi que es una petición que se hace en otros estados, que han tratado de verificar las carpetas de investigación o de averiguaciones previas para determinar sí pueden ser consideradas federales.
Recalcó que la ley establece dos situaciones, los ámbitos estatales y los federales, y que sólo las víctimas de los delitos federales pueden acceder al Renavi.
Lamentó que han intentado hacer las gestiones para trasladar del fuero común al federal pero no se ha podido porque no se cumplen los requisitos.
Indicó que a quienes tenían demanda federal les llenarían el oficio para ingresarlos al Renavi, pero las víctimas reprocharon que han hecho muchas veces el procedimiento y siempre se los rechazan.
En la reunión tres familiares se quejaron de que tienen una demanda federal, y pese a eso han hecho el trámite diversas ocasiones y desconocen por qué no son aceptados.
El personal de la CEAV tomó nota del número de averiguación para verificarlo y saber el motivo.
“Yo creo que aquí hay que buscar una alternativa más práctica, es muy difícil que se pueda presentar una denuncia a nivel local y mucho más a nivel federal, ustedes saben que la gente que es testigo de los diferentes hechos, obviamente nunca quiere hablar y a nosotros nos preocupa que las autoridades  eludan su responsabilidad con esos pretextos, ahora ustedes deberían de estar al día con lo que se publica en los medios y saben que la CEAV local siempre ha argumentado que no tiene recursos, los 9 millones que les dan les alcanzan apenas para cubrir a su plantilla de trabajadores”, expuso Olivares Hernández.
Recalcó que la otra alternativa para acceder a recursos económicos es que  el gobernador Héctor Astudillo Flores firme un convenio con  la CEAV federal, para que le preste dinero y el siguiente año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le retenga el recurso, pero se lo regrese a la CEAV nacional, una propuesta que el gobernador no quiere firmar.
Una alternativa más es que colectivamente pudieran las familias interponer una queja, lo que tomaría cerca de medio año para saber si se emite una recomendación, que podría ser posible pero es desgastante.
Del servicio de salud para las víctimas el personal dijo que van a coordinarse con la Secretaría de Salud para hacer “una verdadera jornada médica”, que identifique las necesidades de salud, las que se necesiten de especialidad remitirlas a los hospitales  regionales o federales.
Sin embargo para acceder a gastos de traslados o viáticos también es necesario que las familias estén en el Registro Nacional.
Tanto las víctimas como el Centro Morelos no se fueron satisfechos de la reunión que sostuvieron, pues su principal candado para acceder a los apoyos es que sus denuncias no son del ámbito federal, y el estado no tiene dinero para apoyarlos.

La tarde de ayer ocurrió una balacera en la transitada avenida Lázaro Cárdenas frente al café Punta del Cielo y el hotel Ombú, cerca de la tienda Office Depot en la colonia Haciendita I en Chilpancingo.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que a la una de la tarde recibieron el reporte de una balacera en esta avenida.
Al lugar llegaron policías municipales y estatales quienes encontraron una motoneta Italika negra abandonada en el carril norte-sur de la vialidad.
Una versión indicó que hombres armados a bordo de un vehículo Mazda azul atacaron a un hombre que iba en una motoneta, mientras que otra versión señaló que el motociclista era el atacante.
Después del ataque policías estatales y ministeriales hicieron un operativo para detener a los presuntos agresores pero no los hallaron.
El hecho causó miedo de los automovilistas y transeúntes que pasaban por la avenida.
Al lugar llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) quienes hicieron las diligencias y la motoneta fue trasladada a un corralón particular.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que luego de ser identificados los dos cuerpos de los tripulantes de la avioneta que desapareció desde el 1º de septiembre, éstos fueron entregados a sus familiares.
Se informó que los familiares reconocieron los cuerpos al encontrar las pertenencias como identificación del Instituto Nacional Electoral (INE), licencia de piloto, prendas de vestir, tarjetas bancarias, extensible de reloj, cartera y trabajos de odontología en los cuerpos.
Los cuerpos son de Hugo Alfredo Acuña de 23 años quien era instructor y de Fernando Rivera García de 20 años quien era estudiante de la Escuela de Aviación México.  La avioneta Cessna matrícula XB-MZN de la Escuela de Aviación México fue localizada el domingo pasado en El Zapote en la sierra de Coyuca de Benítez.

Nueve cuerpos sin identificar  que permanecieron más de dos años en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala fueron inhumados en el Cementerio Forense Estatal en el fraccionamiento Villas del Sol al poniente de Chilpancingo, con esto suman 145 cadáveres depositados en este lugar.
Los cuerpos fueron depositados en las gavetas del cementerio, y cuentan con pruebas de ADN para que sean identificados por sus familiares.
Un brigadista del Servicio Médico Forense (Semefo) informó que a las 10:30 de la mañana peritos del Ministerio Público (MP) y brigadistas de Iguala llegaron a las instalaciones del Semefo de Chilpancingo y después de una hora partieron en caravana al Cementerio Forense Estatal para depositar los cuerpos en las gavetas.
Los brigadistas con trajes blancos sacaron los cuerpos en bolsas blancas, cada una tiene una carpeta de investigación y los depositaron en gavetas del nicho que corresponde a la región Norte.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó en un boletín de prensa que los nueve cuerpos están relacionados con seis carpetas de investigación.
Señaló que la acción es de acuerdo a los protocolos homologados de necropsia para personas no identificadas, “realizando el depósito, resguardo y posible identificación de familiares, los requisitos jurídicos técnicos y científicos para su inhumación”.
“Cada uno se deposita en una gaveta individual para garantizar su conservación, como lo establecen los protocolos de identificación forense”, concluyó el comunicado difundido por la Fiscalía.

El titular de la Secretaría de Salud estatal (Ssa), Carlos de la Peña Pintos señaló que el presupuesto para la construcción del hospital de Chilapa, que se había suspendido, fue insuficiente para su culminación, y se necesitan 40 millones de pesos para ponerlo en funcionamiento.
“Ya debería estar, pero así nos lo entregaron, por eso necesitamos los 40 millones de pesos”, dijo. La mañana de este miércoles, el funcionario participó en la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en el estacionamiento de la Ssa en Chilpancingo, e informó que en el estado se han detectado 75 nuevos casos.
En declaraciones a los reporteros, De la Peña Pintos subrayó que el edificio del hospital general de Chilapa fue entregado en un 50 por ciento, por lo que sólo está terminada la obra por fuera, y falta el equipamiento. “Está pagado y se aplicó el recurso, pero fue insuficiente y por eso no se terminó”, agregó el funcionario.
Recordó que para no dejar a los pacientes sin atención, se rentó un edificio completo que pronto estará funcionando; un reportero le preguntó sobre el descontento de los trabajadores, que señalan que no esta diseñado adecuadamente para la atención de los pacientes, “ahorita platicamos”, dijo, pero se fue sin responder.
El incremento de casos de cáncer de mama

En la consulta al concluir el acto protocolario que encabezó, De la Peña Pintos detalló que el incremento en casos de cáncer de mama se ha dado en Acapulco e Iguala.
Indició que el primer municipio registra un aumento ante la cantidad de población que tiene, mientras que en el segundo el aumento se debe a que las mujeres no se hacen la exploración.
Informó que hasta octubre se han registrado 60 muertes de mujeres a consecuencia de este padecimiento, mientras que el año pasado fueron 103. Indicó que hay 75 casos nuevos, detectados en 60 mil mastografías que aplicó el sector Salud.
Dijo que el cáncer de mama es un problema que va en aumento, y uno de los factores principales que lo propician es el cambio de hábitos alimenticios, por lo que invitó a adoptar una dieta más natural, que aporte de nutrientes al cuerpo.
Señaló que si el cáncer es detectado a tiempo hay 90 por ciento de posibilidades de controlarlo, por lo que insistió en la importancia de la autoexploración.
El funcionario estatal explicó que esta enfermedad representa un reto para todos, ya que en promedio, en el estado se han registrado 126 muertes por año.
Destacó que se reforzó la infraestructura médica del sector Salud para continuar la búsqueda de políticas públicas que ayuden a mejorar la atención y la calidad de detección del padecimiento, que si se localiza en la primera fase puede ser curado en su totalidad.
En el lugar se ubicaron tres unidades móviles para practicar mastografías a mujeres mayores de 40 años, exploración de mamas a mujeres de 25 años en adelante, y estudios de Papanicolaou a mujeres de 25 a 34 años, así como prueba de Virus del Papiloma Humano a mujeres de 35 a 64.