El presidente de los industriales de la masa y la tortilla de Guerrero, Arcadio Castro Santos, denunció que la extorsión es un problema que no han erradicado las autoridades, pues derivado de la permanencia de este delito han cerrado al menos 200 tortillerías en Acapulco de mil 200 agremiadas a su organización en lo que va del año.
El representante de los molineros de la entidad reveló lo anterior al terminar la conferencia de prensa para presentar la Semana Guerrerense del Emprendedor a la que acudió como invitado, donde insistió en que la estrategia de seguridad implementada por las autoridades de los tres órdenes de gobierno no ha funcionado.
“No queremos calles pavimentadas, obras o puentes, sino que erradiquen la inseguridad. El alcalde (Evodio Velázquez Aguirre) sabe del problema, hicimos una manifestación grande cuando cerramos más de 800 tortillerías porque estaban matando a los compañeros, marchamos en una forma de protesta pacífica”, reprochó Castro Santos.
El líder no descartó que se realice otra manifestación si no disminuye la extorsión y exigió al alcalde que recorra nuevamente las calles y no sólo quede en el recuerdo, “como cuando pidió el voto para ser presidente de Acapulco”.
Castro Santos reiteró que los negocios afiliados a la organización que preside han cerrado fundamentalmente por problemas de extorsión y aseveró que el presidente municipal Evodio Velázquez no ayuda a erradicar el cobro de derecho de piso en Acapulco, principalmente en la zona de la periferia donde son más afectados.
“En Acapulco abren y cierran, cierran unas 200 tortillerías, vuelven a abrirlas por otro lado y así andan. Ojalá que quienes se dedican a delinquir se dediquen a trabajar y hablo por mi sector que ha sido muy golpeado, ojalá que nos dejen trabajar. Han sido más en la periferia porque son las más abandonadas por cuestiones de rondines policiacos”, dijo Arcadio Castro.
Comentó que hay mensajes de varias cámaras empresariales que reclaman seguridad, pero el gobierno municipal no ha respondido como esperaban.
“Esperábamos que el licenciado Evodio Velázquez erradicara estos temas que tanto nos afectan como empresarios, pero vemos que no ha podido y pedimos que ojalá pudieran entrar otras corporaciones policiacas a donde pudieran erradicar este problema. Tengo entendido que vienen alrededor de 400 policías federales, pero a qué vienen si los temas de la inseguridad no mejoran. Si vienen que mejoren las condiciones, si no, ¿a qué vienen?”, reclamó.
Señaló que los índices de inseguridad no han bajado.
“Mi llamado es que ojalá nos pudieran dar más seguridad, que haya rondines policiacos. Pero les pedimos que colaboren en darnos la seguridad como empresarios, como ciudadanos para trabajar en paz y la economía se reactive”, comentó.
Dijo que como sector empresarial están dispuestos a colaborar con el gobierno para mejorar las condiciones de seguridad, pues aseguró que no se irán del puerto como ya lo han hecho otros empresarios ante el temor de ser asesinados.
“Le hemos apostado a Acapulco, le hemos apostado a Guerrero, pero también como cámara empresarial le hacemos hincapié de que las condiciones mejoren”, enfatizó.
De la temporada de más baja ocupación del año, comentó que Acapulco está “despedazado económicamente” e indicó que como empresarios de la periferia se ven obligados a  pagar cuotas de las cuales no mencionó montos, aunque reprochó que las policías o los operativos no llegan a todos lados de la ciudad.
Señaló que hay temor entre los empresarios para hablar sobre la inseguridad que viven.
“Son muchos años de pesadillas, muchos años de cobro de derecho de piso, muchos años de extorsión, y creo que el presidente municipal no debe culpar a la del estado, no debe culpare a la federación, el gobierno de Evodio (Velázquez), es responsable de todo lo que pasa en Acapulco porque es su casa y conoce los problemas que había y él quiso ser el alcalde”, expresó.
“Lo que nosotros exigimos como cámaras empresariales es que nos responda con seguridad”, reiteró.

El Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), dispuso de 8 millones de pesos para negocios legalmente establecidos que fueron afectados tras el sismo de 7.1 grados del 19 de septiembre pasado en las regiones Norte y Tierra Caliente de Guerrero, y que serán a fondo perdido, informó el delegado de la Secretaría de Economía, Fernando Meléndez Cortés.
El funcionario ofreció una conferencia de prensa para presentar el programa de la Semana Guerrerense del Emprendedor que será del 16 al 20 de octubre y que fue convocado por esa dependencia del gobierno estatal.
“En coordinación con el gobierno del estado, logramos el primer gestión de un fondo del Inadem que son para la zona Norte y Tierra Caliente que fueron afectados por sismos, un monto mayor a 8 millones de pesos, estamos gestionando más. El grave problema es que muchas de las empresas a las que les queremos dar el beneficio no están legalmente constituidas, por tal situación muchos no van a tenerlo”, advirtió el funcionario federal en declaraciones al concluir la conferencia que se desarrolló en el salón Magallanes del hotel Elcano.
“Estamos buscando a que se llegue al mayor número de beneficiados porque sabemos la dificultad que se ha tenido y se están buscando los recursos”, dijo Meléndez Cortés, aunque aclaró que quienes carezcan de registro ante Hacienda o no cuenten con registro de empresa legalmente constituida no podrán acceder a los recursos.
Habló también que están buscando fuentes de financiamiento para empresas de las regiones Costa Chica, Acapulco, Centro y Costa Grande que fueron afectadas con el paso del huracán Max el 15 de septiembre pasado, para que les otorguen créditos con tasas preferenciales.
“Es la primera etapa dedicada a Tierra Caliente y la zona Norte y después de un censo, conformado en conjunto con la Sefodeco, se incluirán otras regiones de la entidad”, indicó.
Aclaró que los 8 millones de pesos serán entregados a las empresas legalmente establecidas de las regiones afectadas por los sismos y que cuentan con “posibilidades” de entregar los recursos a 800 empresas, pues al menos 500 están en Huitzuco.
Agregó que en las regiones donde serán entregados los recursos, de lo que no proporcionó una fecha, posee un 50 por ciento de las empresas informales, por lo que no podrán acceder a los recursos pues están destinados para el apoyo del comercio legalmente establecidos y que sean contribuyentes.
“Los recursos son para apoyo a empresarios que tuvieron daños en el negocio en la infraestructura e inventarios. Son más de 500 empresas tan solo en Huitzuco”, dijo.

Sin el apoyo del gobierno se realizará el Primer Concurso y Festival del Tamal el próximo sábado, evento que es impulsado por la Asociación de Mujeres Indígenas y Afromexicanas radicados en Acapulco.
En conferencia de prensa en el restaurante El Portón de Galerías Acapulco, la presidenta de la asociación Magdalena Valtierra García informó que el evento se desarrollará en la explanada de las fuentes interactivas del centro comercial La Isla, en la zona Diamante, a partir de las 5 de la tarde.
Explicó que la finalidad del festival es impulsar la gastronomía del estado en particular el tamal, que se elabora en los municipios indígenas de la Costa Chica y Montaña del estado, y para poder apoyar la economía de las mujeres.
La presidenta de la asociación indicó que en el país hay más de 500 variantes para elaborar los tamales, y tan solo en Guerrero hay poco más de cien formas.
La indígena amuzga recriminó la falta de apoyo de los gobiernos municipal y del estado, y dijo que a consecuencia de esta decisión, el premio al mejor tamal que se presente sólo se recibirá un reconocimiento y no habrá estímulo económico.
Ese día las personas que acudan podrán comprar las variantes de los tamales.
En la conferencia de prensa estuvo presente el coordinador de la Maestría en Ciencias Políticas del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados (IIEPA) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo ayer a los independentistas catalanes que no habrá mediación posible en su aspiración secesionista en un marco de desobediencia, aunque dejó la puerta abierta a dialogar la forma de mejorar el marco de convivencia “entre todos”.
Rajoy compareció ayer en el Congreso para dar su punto de vista sobre la situación en la región de Cataluña, horas después de enviar un requerimiento oficial al presidente de esa comunidad autónoma, Carles Puigdemont, para que aclare, con el lunes (16 de octubre) como límite, si el martes declaró la independencia en su Parlamento.
En el caso de que la respuesta sea positiva, da un segundo plazo, hasta el jueves 19, para que rectifique y vuelva a la legalidad, ya que en caso contrario llevará a la práctica el artículo 155 de la Constitución, que otorga al gobierno español la facultad de asumir directamente funciones desempeñadas por las autoridades autonómicas.
Puigdemont anunció este martes que asumía el mandato procedente del referéndum ilegal del 1 de octubre para declarar la independencia, aunque suspendió sus efectos para abrir paso el diálogo.
Según Rajoy, el derecho a decidir, invocado por los secesionistas, “no existe en un país democrático” y añadió que “ni un solo país del mundo” se ha podido tomar “mínimamente en serio” esa consulta del 1 de octubre, “que no resiste la más elemental prueba” de transparencia y neutralidad.
En su comparecencia ante los diputados, Rajoy aseguró que desea “fervientemente” que Puigdemont, “acierte en su respuesta” al requerimiento.
Esa respuesta del líder catalán “marcará el futuro de los acontecimientos” de los próximos días, en palabras del jefe del gobierno español, quien se comprometió a escuchar las aportaciones de todas las fuerzas parlamentarias en el contencioso catalán.
Les recordó a los diputados que “todos” tienen “la obligación de contribuir a mitigar con serenidad” una situación que los españoles están viviendo con “inquietud y zozobra”.
Rajoy reiteró que lo que tuvo lugar el pasado 1 de octubre fue una votación ilegal para “volar la Constitución, la unidad de España y el Estatuto de Cataluña” y que fracasó “rotundamente”.
Aseguró que, pese a todo, se puede dialogar de cuestiones como la calidad de los servicios públicos, de cómo financiarlos y de qué manera mejorar el marco de convivencia “entre todos”.
Pero advirtió de que “no es posible aceptar bajo la apariencia de un diálogo equívoco la imposición unilateral de puntos de vista que se saben imposibles de aceptar por una de las partes”.
Agradeció las numerosas ofertas de “mediadores” que ha recibido, pero les ha recordado que nada hay que acordar sobre lo que ya está establecido en la Constitución: la indivisibilidad de España y que la soberanía reside en el conjunto de los españoles.
Las palabras del presidente español fueron respaldadas por el Partido Socialista Obrero Español, el principal de la oposición, y los liberales de Ciudadanos, en las intervenciones posteriores de sus representantes parlamentarios.
Puigdemont dice a la CNN estar listo para un diálogo “sin condición previa”

El presidente del gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, se mostró ayer dispuesto a entablar un diálogo “sin condición previa” con las autoridades españolas para intentar acercar posiciones sobre Cataluña, según declaró a la cadena CNN.
“Estamos en un punto donde lo más importante es que no haya condición previa para sentarse y hablar, aceptar que tenemos que hablar, tenemos que hablar en las condiciones adecuadas”, dijo Puigdemont en una entrevista con ese medio estadunidense un día después de declarar la independencia de Cataluña y dejarla suspendida.
El presidente de la Generalitat (Ejecutivo catalán) opinó que la “relación entre España y Cataluña no funciona” y, por ello, abogó por abordar un diálogo entre representantes de ambas instituciones para intentar acercar posiciones.
Por otro lado, la Audiencia Nacional española ha citado de nuevo para el próximo 16 de octubre al jefe operativo de la policía regional de Cataluña y a los líderes de asociaciones independentistas, a los que investiga por un delito de sedición, informaron fuentes jurídicas.
Por su parte, los partidos catalanes escenificaron ayer en el Parlamento regional la misma división que existe a nivel nacional, en el día en el que Puigdemont, recibió el requerimiento del gobierno español para que confirme si el martes declaró la independencia.
En tanto la Unión Europea y los países miembros con más peso en el bloque respaldaron ayer la unidad de España frente al desafío separatista en Cataluña, cuyo jefe de gobierno regional declaró el martes una independencia unilateral “en diferido”.
Así también, el gobierno alemán rechazó ayer mediar y aseguró que no reconocerá la independencia catalana.
En el mismo sentido, Paraguay, Perú, Costa Rica, se pronunciaron por la unidad de España.

Los graves incendios que están afectando a California dejaron ya 21 muertos y 3 mil 500 edificios destruidos, según informaron las autoridades del estado norteamericano.
Entre los muertos se cuenta una pareja en el condado de Napa que había celebrado el año pasado su 75 aniversario de boda. Él tenía 100 años y ella 98. Las otras víctimas murieron en los condados de Sonoma y Mendocino.
El fuego ha dejado también más de 100 heridos y 20 mil evacuados. Según el “Washington Post” hay 180 desaparecidos, por lo que el número de muertos podría seguir subiendo.
Los bomberos están combatiendo 22 incendios en todo el estado y ya se han quemado unas 69 mil hectáreas. Los fuertes vientos han avivado las llamas durante días y se cree que ayer podrían aumentar de velocidad.
El gobernador de California, Jerry Brown, declaró la emergencia para varios condados del estado vinícola, entre ellos Napa y Sonoma.
El presidente Donald Trump aseguró que el gobierno federal está junto a los californianos. “Están pasando por mucho”, señaló en la Casa Blanca en la noche del martes. Octubre suele ser el mes con los peores incendios en California.

El congresista demócrata Al Green presentó ayer de manera formal ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los puntos en los que basa su solicitud para abrir un juicio político al presidente Donald Trump con miras a su destitución.
El representante tejano justificó su solicitud en el hecho de que, según dijo, Trump “ha socavado la integridad de su mandato”, lo que ha causado un “daño inmediato” a la sociedad estadunidense.
El congresista ya había avisado de su intención de presentar la solicitud de “impeachment” en mayo, esgrimiendo entonces que el mandatario había cometido un delito de obstrucción a la Justicia durante la investigación sobre la posible injerencia rusia en las elecciones de 2016 y los posible lazos de su campana con Moscú.
Ayer, sin embargo, Green dijo no creer necesario que el presidente haya cometido ningún acto delictivo para que pueda ser inhabilitado y acusó al mandatario de estar “avivando la máquina del odio de la ‘alt-right’”, término con el que se conoce a la ultraderecha alternativa que se nutre de rumores y medra en el ruido de internet. El congresista subrayó que el presidente “no es apto para el cargo”, por lo que invocó el Articulo 2 de la Constitución, relativo al proceso de destitución.
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió ayer a Estados Unidos que restablezca el programa DACA para jóvenes indocumentados llegados en la infancia y ofrezca una vía de regularización migratoria tanto a ellos como a otros grupos.
En tanto, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, calificó ayer de “basura” la propuesta migratoria que Trump envió el domingo al Congreso y en la que condiciona una solución para los “soñadores” con la construcción del muro con México.
La congresista ya reaccionó el domingo al plan de Trump para una reforma migratoria, pero ayer encabezó una rueda de prensa en el Congreso para mostrar el rechazo unánime de los legisladores demócratas, así como de líderes religiosos y empresariales.
Por otro lado, las autoridades rusas usaron el programa antivirus de la firma Kaspersky para piratear computadoras en todo el mundo y obtener información secreta de Estados Unidos, reveló ayer The Wall Street Journal.
Según fuentes oficiales no identificadas que conocen estas maniobras, una modificación en ese popular programa antivirus estaba buscando documentos que tenían leyendas como “top secret” y que podrían contener información confidencial del gobierno.

El Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU) embargó ayer bienes a la ex presidenta Dilma Rousseff y a otros antiguos miembros del Consejo de Administración de Petrobras para resarcir daños por 580 millones de dólares causados a la petrolera estatal por la compra de una refinería en Estados Unidos.
La decisión, para la que cabe recurso, fue tomada por el pleno del tribunal, formado por nueve magistrados, quienes dictaminaron este miércoles que el bloqueo será temporal y se extenderá por un año, señalaron fuentes del órgano fiscalizador.
El caso se refiere a la compra por parte de Petrobras de una refinería en Pasadena (Estados Unidos), que se inició en 2006, época en la que Rousseff ocupaba el cargo de ministra de la Presidencia en el Gobierno del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y además presidía el Consejo de Administración de la estatal.
De acuerdo el auto, la operación costó alrededor de mil 200 millones de dólares, un precio definido “en razón de criterios antieconómicos” por parte de los miembros del Consejo de Administración de entonces, señaló el tribunal.
Petrobras compró la mitad del capital de la refinería por 360 millones de dólares a la empresa belga Astra Oil, que un año antes había pagado 42.5 millones de dólares por la totalidad de la planta.
La petrolera tuvo que desembolsar otros 820 millones de dólares en 2012, con Rousseff ya como presidenta de Brasil, por la otra mitad del capital tal y como recogía una cláusula en el contrato de compra.
Por otro lado, la Corte Suprema de Brasil decidió ayer que la suspensión provisional de un mandato como medida cautelar en un proceso de un tribunal contra un senador o un diputado requiere de la previa aprobación del Congreso para su cumplimiento, con lo que evitó un choque de poderes con el Parlamento.
La decisión, tomada por 6 votos a favor y 5 en contra, confirma en la práctica que la inmunidad parlamentaria se sobrepone a cautelares de la máxima corte y favorece en especial al senador Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia, a quien una sala del Supremo ha suspendido cautelarmente de su escaño y obligado a pasar las noches en su casa por supuesta corrupción.