Un tribunal iraquí emitió ayer una orden de arresto contra el presidente y los miembros del Alto Comité para el Referéndum de independencia de la región autónoma del Kurdistán iraquí, que se celebró el pasado 25 de septiembre a pesar del rechazo de Bagdad y del Tribunal Supremo de Irak.
El portavoz del Consejo Supremo de Justicia, el juez Abdelsatar Birqadar, explicó en un comunicado que “la orden fue emitida en respuesta a una denuncia presentada por el Consejo de Seguridad Nacional, tras la celebración de la cita electoral haciendo caso omiso de una orden (de suspensión) del Tribunal Supremo”.
Birqadar agregó que la decisión se tomó de acuerdo al artículo 329 de la Ley de sanciones.
Esta orden se produce un día después de que el primer ministro iraquí, Haidar al Abadi, asegurase que no debatiría con nadie sobre el referéndum celebrado en la región autónoma del Kurdistán iraquí ni dialogará, a no ser que se suspenda.
En una rueda de prensa en Bagdad, el gobernante iraquí agregó que que no se puede estar “con los brazos cruzados ante los intentos de deshacer la unidad del país, porque esto conducirá a más problemas”, en alusión a la consulta de autodeterminación del 25 de septiembre.
En tanto, el Ejército iraquí arrebató ayer por completo al grupo terrorista Estado Islámico (EI) la comarca de Al Hauiya, situada en el noreste del país.

Hackers norcoreanos robaron al parecer cientos de documentos clasificados de Corea del Sur, entre los que se cuenta un plan secreto surcoreano-estadunidense para acabar con la cúpula en torno al líder supremo Kim Jong-un e informaciones de instalaciones militares, informa ayer el diario The Korea Times.
Mientras tanto, Estados Unidos volvió a hacer una demostración de fuerza con ejercicios durante la noche del martes de dos bombarderos de largo alcance escoltados por primera vez por aviones japoneses y surcoreanos cerca de la península coreana. En la maniobra se simuló un ataque con misiles, indicó Corea del Sur.
El ataque de los hackers se habría producido en septiembre de 2016 contra un centro de cómputo del Ministerio de Defensa en Seúl. El ministerio había informado del incidente en mayo de este año, pero según las revelaciones actuales del diputado Rhee Cheol-hee, del gubernamental Partido Democrático de Corea del Sur, fue mucho más grave de lo que se había reconocido hasta ahora.
En tanto, el envenenamiento de Kim Jong-nam, el hermanastro del Kim jong-Un, fue ensayado dos días antes, según se demostró ayer en el proceso contra las dos presuntas autoras, dos mujeres de Vietnam y de Indonesia.

El candidato opositor a gobernador por la región sureña venezolana de Apure, José Gregorio Montilla, resultó herido durante un ataque que sufrió en actos proselitistas para las elecciones regionales del domingo, informó ayer su partido.
Montilla realizaba un recorrido por Apure cuando sufrió un ataque con piedras que le provocó una herida en la cabeza.
El secretario general de Acción Democrática (AD), el diputado Henry Ramos Allup, acusó a grupos paramilitares y funcionarios de la Guardia Nacional (policía militarizada) de haber perpetrado el ataque.
Ramos dijo que los colectivos armados y agentes de la Guardia Nacional están “pagados” por el gobernador de Apure y candidato a la reelección, el oficialista Ramón Carrizales.
En su cuenta de Twitter, Ramos dijo que Montilla está fuera de peligro, pero que tuvo que ser suturado en la cabeza por la herida.
La campaña electoral termina este jueves. En las elecciones del domingo, en las que se elegirá a 23 gobernadores regionales, la oposición tiene el reto de revertir el actual panorama, en el que el oficialismo controla 20 de 23 gobernaciones.
En tanto, cinco magistrados venezolanos que estaban asilados en la embajada chilena en Caracas abandonaron la representación diplomática y buscarán llegar a Chile, confirmó ayer el canciller, Heraldo Muñoz.

El Tribunal Supremo de la India afirmó ayer que mantener sexo en el matrimonio cuando la esposa tiene menos de 18 años es constitutivo de un delito de violación, al estar consumándose un acto sexual con una menor.
El Supremo dictó sentencia después de que la organización Pensamiento Independiente llevara al máximo tribunal una contradicción existente en la legislación de la India, país en el que legalmente no están permitidos los matrimonios de menores.
Por un lado, la ley considera que cualquier acto sexual con una menor de 18 años (no establece límite para los varones) con o sin consentimiento es constitutivo de un delito de violación y por otra parte hacía una excepción a este punto permitiendo relaciones dentro del matrimonio y siempre que la esposa tuviera al menos 15 años.
“El Supremo dijo que diferenciar entre menores solo sobre la base de que haya un matrimonio no es posible”, indicó Vikram Srivastava, responsable de Pensamiento Independiente.
Srivastava indicó que el máximo tribunal tuvo en cuenta la amplia y consolidada legislación de protección de menores y señaló que la excepción relacionada con el matrimonio iba en contra de ello.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala rechazó ayer dos solicitudes de antejuicio (desafuero) presentadas en contra del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, y una contra 107 diputados del Parlamento.
El pleno del Supremo analizó este miércoles las dos peticiones de desafuero contra Morales, entre ellas una por el “bono extraordinario de responsabilidad” que recibió del Ministerio de la Defensa desde diciembre y que posteriormente devolvió.
La Corte también rechazó la solicitud de desafuero contra los 107 diputados que aprobaron el 13 de septiembre pasado reformas al Código Penal en materia del delito de financiación electoral ilícito y de conmutación de penas de cientos de delitos, aunque luego se vieron obligados a retirarlas.
El antejuicio contra el presidente por el caso de los bonos había sido solicitado por la Fiscalía el pasado 28 de septiembre por haber cobrado, desde diciembre de 2016 a agosto de 2017, 50 mil quetzales (6 mil 858 dólares) mensuales, un total de 450 mil (unos 62 mil dólares) que luego devolvió presionado por la Contraloría de Cuentas.

Partidarios de la oposición en Kenia reivindicaron ayer reformas electorales en las calles, entre enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, un día después de que su líder, Raila Odinga, renunciara a presentarse a los comicios presidenciales del día 26.
Kenia contiene el aliento a la espera de que la Comisión Electoral del país se pronuncie sobre si esas elecciones serán anuladas después de que Odinga dijese el martes que retiraba su candidatura al no atender ese organismo sus exigencias.
En respuesta, cientos de sus seguidores salieron ayer a las calles, principalmente en Kisumu (oeste del país) y la capital, donde se repitieron episodios violentos en los que kenianos tiraron piedras y quemaron neumáticos y la policía respondió con gases lacrimógenos y tiros al aire para dispersarlos.
Los opositores kenianos denunciaron que la autoridad electoral no haya establecido mecanismos para corregir las irregularidades detectadas por el Tribunal Supremo, que canceló el resultado de los comicios celebrados el pasado agosto, cuando el presidente Uhuru Kenyatta fue reelegido.

Con Leonardo Curzio, María Amparo Casar y Ricardo Raphael, por la libertad de expresión.

Tiempos hubo en que los azules se decían miembros del “partido de la gente decente”. Hoy, habiendo quedado atrás la “brega de eternidades” a la que se refería Manuel Gómez Morín, el PAN ha probado las mieles del poder y los buenos modos están olvidados.
Hace apenas un mes, Luisa María Calderón, hermana de Felipe, comparó a Ricardo Anaya con Andrés Manuel López Obrador, lo que dentro del panismo constituye una ofensa mayor que otra comparación que también le endilgó la Cocoa al presidente del PAN, a quien equiparó con Adolfo Hitler. Lo anterior, grave para cualquiera, no lo es tanto en Acción Nacional, partido fundado, entre otros personajes, por varios admiradores del führer y propagandistas del régimen nazi.
Doña Luisa María declaró que en el PAN “ya no hay libertad, no hay imparcialidad y no hay certidumbre”. Sin embargo, en varias épocas se marginó o excluyó a quienes defendían opiniones diferentes a las que sostenía la dirección. Baste recordar que a principios de los años sesenta resultaron segregados quienes intentaron convertir al PAN en un partido democristiano, lo que finalmente consumó la dirección auriazul en 1998, precisamente cuando Felipe Calderón encabezaba el comité ejecutivo nacional. Si fuera necesario abundar, está el caso de José Ángel Conchello, expulsado en 1978; el del Foro Doctrinario, con el cual abandonaron el PAN militantes tan distinguidos como José González Torres, Pablo Emilio Madero, Jesús González Schmall, Bernardo Bátiz o Jorge Eugenio Ortiz Gallegos; o, para no ir más lejos, la grosera defenestración de Manuel Espino a manos de Felipe Calderón.
Por su parte, Margarita Zavala se erigió en mentora cuando declaró a Pascal Beltrán del Río que ella le daba “clases de autonomía, de independencia y de oposición” a Ricardo Anaya. El siempre gris José Luis Luege le entró a la cargada contra el líder azul, al que acusó de “autócrata” y de ser “como el Espíritu Santo, como un dios” al que los militantes no pueden ver –¿por odioso?–, pues “está siempre metido en su búnker” y “sin avisarle a nadie aparece con Alejandra Barrales firmando (sic) un frente”.
Fernando Herrera, coordinador de la bancada del PAN, se refirió a la pandilla calderonista como “los corderos del PRI”, pero lo que desató una feroz andanada de improperios fue una declaración de Ernesto Ruffo, quien dijo que con la salida de Margarita Zavala se iba “la pus” (así, en femenino, quizá por consideración de género). El ex gobernador de Baja California no fue muy lejos por la respuesta, pues Javier Lozano, siempre dispuesto a embestir, desató la feria de adjetivos (¿o eran sustantivos?) al decir que Anaya era “mentiroso” y “traidor” y que Ruffo venía a ser el “fiscal carnal” del primero “para dejarlo impune de sus excesos y actos de corrupción”.
Salvador Vega, secretario de la Función Pública durante el sexenio calderoniano y hoy senador, llamó a Ruffo “doblemente cobarde. Primero por insultar a una mujer y, segundo, por no tener pantalones”. Luego, dirigiéndose a Ruffo, siguió: “Y si te refieres a nosotros los senadores y quieres hablar de pus, pus chingas a tu madre” (¡ejem!). Por su parte, el también senador Jorge Lavalle le llamó a Ruffo “tipejo” y “patán” e incluso amenazó con llegar a los terrenos del Marqués de Queensberry, pues dijo: “Si te veo en el grupo no dudes que te meta un madrazo”.
En fin, un espectáculo que refleja fielmente la degradación en que está sumida la política mexicana, al menos gran parte de ella, pues en Chetumal, el senador y ex gobernador priista de Quintana Roo, Félix González Canto, se encontró con Julián Ricalde Magaña, secretario quintanarroense de Desarrollo Social, a quien le asestó una bofetada al tiempo que le gritaba: “¡A mí me respeta, pendejo!”, a lo que el agredido respondió con un “A mí no me pegas”, y le asestó un par de jabs al senador, quien tomó una silla para corresponder al púgil, pero éste se le adelantó para colocar otro par de golpes en el rostro del ex gobernador, quien salió del salón como el caballo blanco del corrido, con la boca sangrando.
En suma, entramos a una época en que las controversias políticas se dirimen con insultos y golpes. Quizá por eso El Bronco, al ir a registrarse como candidato independiente, llevó en su séquito a Julio César Chávez. No fueran a armarse los trompones.

La semana pasada, y tras casi 18 años al aire, desapareció el espacio radiofónico matutino de noticias y análisis encabezado por Leonardo Curzio dentro de la programación de Radio Mil. De manera inesperada –Curzio fue puesto en una disyuntiva sin solución aceptable posible para él– si quería mantener su noticiero, debía acabar de inmediato con la “tertulia política” de los jueves, una mesa de discusión donde él y dos analistas y académicos reconocidos –María Amparo Casar y Ricardo Raphael–, analizaban el fondo, no siempre evidente, de los eventos políticos.
Para hacer bien su tarea, para hacer claro lo obscuro o hacer evidente lo que está escondido, Curzio y sus colegas tenían, por fuerza, que incomodar a quienes deliberadamente buscan que sus segundas intenciones o errores no salgan a la luz. De ahí la sospecha de que alguien en la estructura de poder decidiera acabar con ese espacio que intentar dejar en claro ciertas partes obscuras del discurso y de la conducta del poder.
En realidad, en México no hay una “temporada de censura” propiamente dicha; lo que hay son temporadas donde esta vieja práctica, que viene desde la época colonial, se acentúa. Una de esas temporadas es la actual, la de la lucha por la presidencia.
Y hablando de temporadas, en México la cacería de quienes ofrecen a nivel local noticias e interpretaciones que son incómodas para el poder, ya se convirtió en permanente. La organización internacional Article 19 reporta que entre 2000 y 2017, suman 111 los periodistas cuya muerte, se presume, está relacionada con su actividad profesional, (https://twitter.com/article19mex). Obviamente, los poderes que buscan acallar con violencia extrema a los medios públicos, incluyen tanto al formal como al fáctico. ¿Cuántos de los asesinatos y desapariciones de comunicadores son obra del crimen organizado y cuántos son de alcaldes o gobernadores? No lo sabemos, pues la gran mayoría de esos crímenes permanecen impunes.
La censura extrema en México –asesinar al informador incómodo– es hoy la más evidente e indignante, pero hay otra más sutil, más extendida, y que es tan o más efectiva que la violencia: la que se ejerce por la vía de dar o retirar la publicidad del gobierno a los medios, y que, a veces, también es empleada por la empresa privada, (recuérdese el Excélsior de Scherer). En el primer año de la presente administración el gasto en publicidad federal fue de 7 mil 119 millones de pesos (Article 19 y Fundar, El gasto en publicidad oficial del gobierno federal 2014 México, julio 2015, p. 5). Sumados gobiernos federal y estatal, el monto ascendió a 12 mil millones (WAN-INFRA, Comprando complacencia: publicidad oficial y censura indirecta en México, París: 2014, p. 3). Es de suponerse que durante la campaña presidencial por venir –el pico de la temporada–, esa suma suba y mucho. Con tal cantidad de dinero, se puede dar vida o muerte a un medio, sea de prensa, de radio o de televisión.
Hasta ahora, gobierno y crimen organizado no han usado la violencia extrema contra comunicadores con audiencia de nivel nacional y contactos internacionales, pero sí los han silenciado o les han reducido su espacio de manera notable. Ejemplos conspicuos y anteriores al que aquí se comenta, son el de José Gutiérrez Vivó (Monitor de la mañana) y, sobre todo, el de Carmen Aristegui.
En las grandes urbes y para el caso de comunicadores a nivel nacional y con contactos con medios internacionales, los censores no se han atrevido a usar la violencia, pues les causaría un problema mayor al que pretenden resolver. Para ello se han valido de los concesionarios. Tras el reportaje de investigación que ligaba una propiedad de la familia presidencial –la “Casa Blanca”– con un poderoso contratista de obra pública, el concesionario de la estación donde se producía el noticiero de Aristegui, le pidió que sacara de su equipo a varios de los colaboradores, sabiendo de antemano que la respuesta de la periodista sería negativa: se fueron todos. La misma fórmula se empleó con Curzio y con el mismo resultado.
En el caso de Aristegui se adujo que sus colaboradores habían usado sin autorización el nombre de la empresa, en el de Curzio que el rating del programa de análisis era bajo, pero es obvio que lo que molestó al poder fue que María Amparo y Ricardo Raphael pusieron en claro que un supuesto gesto de altruismo del PRI no era tal, sino una maniobra para obtener más ventajas electorales de las que ya tiene. En efecto, al proponer renunciar a los cuantiosos recursos públicos que hoy se dan a los partidos y al suprimir a legisladores plurinominales, el PRI, como partido en el poder, podría recurrir a recursos privados –legales e ilegales– más a todos los programas sociales del gobierno federal y, además, tendría la sobre representación en el congreso que hoy le impide la fórmula de los legisladores plurinominales. Todo lo anterior quedó en claro en la tertulia que, por eso, fue la última.
La censura en México tiene, por lo menos, un origen colonial. Ni la independencia ni el marco legal republicano y supuestamente democrático han logrado eliminarla. Por ahora no queda más camino para combatirla que aumentar el reclamo en su contra –interno e internacional– hasta hacerla, en la práctica, contraproducente para los censores.

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Los sismos y los huracanes que han dejado miles de damnificados en la Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y el Estado de México, además de la extraordinaria solidaridad ciudadana que rebasó al gobierno federal en las primeras horas de estos fenómenos naturales y que ha generado una excelente solidaridad nacional e internacional, ha desencadenado debates sobre la configuración del sistema político mexicano, entre otros temas relevantes los que se refieren al financiamiento de los partidos políticos y al sistema de representación política, sobre lo cual conviene hacer algunas reflexiones.
1.- El sistema de partido único y luego hegemónico que se configuró después de la Revolución Mexicana, a partir de 1929 con la fundación del Partido Nacional Revolucionario, luego Partido de la Revolución Mexicana en 1938 y después Partido Revolucionario Institucional en 1946, se prolongó durante medio siglo bajo el modelo de un sistema de representación de mayoría relativa en donde el partido que ganaba en los distritos electorales ostentaba casi la totalidad de la Cámara Federal de Diputados, y aunque otros partidos obtuviesen votos efectivos de ciudadanos no tenían representantes en esa proporción. Ante ello, el régimen cerrado se abrió muy poco a poco con los diputados de partido en 1963 con un porcentaje de acceso del 2.5 por ciento y luego en 1972 con el 1.5 por ciento.
2.- Las luchas del movimiento obrero, de los ferrocarrileros, del magisterio a fines de los años cincuenta, de movimientos populares como el de Guerrero en 1960, de la guerrilla a principios de los años 70, los movimientos estudiantiles –especialmente el de 1968– y el de 1971, los cuales fueron severamente reprimidos, son los que incubaron la apertura forzada del régimen político que llegó a su agotamiento electoral cuando en 1976 sólo hubo un candidato presidencial, el del PRI. Por ello, el régimen se vio obligado a abrir el sistema de representación política cerrado a unos cuantos diputados de partido para entrar muy incipientemente al sistema de representación proporcional mediante una reforma política en 1979, al ampliar el número de los integrantes de la Cámara de Diputados de 300 que había de mayoría relativa adicionando 100 de representación proporcional para constituirla en 400 y luego en 1986 se amplió a 200 para integrar el Poder Legislativo federal en 500 legisladores.
3.- La representación proporcional en México es un avance de la pluralidad política frente al régimen político autoritario, significa que los ciudadanos a través de los partidos políticos y ahora por sí mismos sus votos recibidos cuenten y se reflejen en la representación en el Congreso de la Unión y en todos los órganos de representación política colegiada como los Congresos locales y los Ayuntamientos, por ello, en estos momentos de emergencia nacional que reclama la solidaridad de todos, entre ellos los partidos políticos, el PRI ha propuesto suprimir los diputados de representación proporcional, lo cual significaría una regresión a un sistema cerrado autoritario, emulando el sistema de representación de Estados Unidos e Inglaterra que tienen un sistema de representación de mayoría relativa en donde las minorías no tienen lugar.
4.- En cuanto al financiamiento a los partidos políticos, algunos se han visto obligados a regresar parte del mismo para los damnificados, esto no lo han hecho por convicción sino por la presión social. Lo más adecuado es que inmediatamente todos los poderes públicos –gobierno federal, senadores, diputados federales, gobernadores, diputados y magistrados locales– se hubiesen reducido sus percepciones cuando menos a la mitad y suprimido todos los gastos superficiales y de representación, pero no lo hicieron, no quisieron sacrificar sus privilegios por los damnificados. Aprovechar la reacción natural contra los desacreditados partidos políticos, para proponer como parte ya de nuestro sistema político-electoral que se suprima el financiamiento público para adoptar exclusivamente el financiamiento privado es emular el sistema de Estados Unidos, es abrir la puerta legal para que los que tienen dinero controlen las elecciones y todo el poder político, es abrir la puerta a la cancelación de la democracia.

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La forma como se dirimió la lucha entre Margarita Zavala y Ricardo Anaya por el poder, se dio en un cuadrilátero tricolor. Anaya salió campante tras la renuncia de Zavala del partido, y la forma como los más cercanos apoyadores de ésta optaron por no seguirle los pasos. Fue una decisión inteligente. Afuera son nada, y dentro pueden conformar una corriente política que busque su espacio de poder. Así son los partidos, y muchos enemigos de Anaya lo entendieron cabalmente. Las cosas no pararán ahí, sin embargo, y no sería extraño que hubiera una purga. No hemos terminado de ver las cosas en el PAN. En alguna medida, porque detrás de varios de los protagonistas del conflicto, hay fuerzas superiores que los respaldan. Lo paradójico es que son priistas y se encuentran en la cima del poder.
Anaya tiene el apoyo del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien es uno de los principales consejeros del presidente Enrique Peña Nieto. La relación entre ellos data del Pacto por México, del que Videgaray fue el arquitecto principal –junto con el actual secretario de Educación, Aurelio Nuño–, y trabajó con el líder del PAN para que las reformas de Peña Nieto, con la excepción de la fiscal, pasaran con el voto azul. Anaya tiene en Videgaray a su principal aliado en el equipo compacto del presidente, aunque no le alcanzó para hablar con Peña Nieto después de las elecciones en el Estado de México y Coahuila, en donde el entendimiento que tenían los dos, se rompió.
Peña Nieto dejó de creer en Anaya, y no fueron pocas las veces que en su intimidad política comentó que lo había traicionado al incumplir acuerdos. Videgaray no ha podido –o querido– restablecer la relación entre los dos, ni logró evitar que el presidente ordenara atacar a Anaya por todos los flancos. La vanguardia del ataque la lleva el líder del PRI, Enrique Ochoa, pero es desde la Secretaría de Gobernación que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, donde se ha procesado buena parte de la información que los panistas o los órganos de inteligencia financiera del gobierno, han aportado para que sea filtrada a la prensa.
Ante el quiebre de la comunicación con Los Pinos, Anaya se fugó hacia delante, endureciendo su posición crítica contra el gobierno. En Los Pinos y Bucareli lo mantienen como un blanco a tirar, y se prevé que información comprometedora adicional sobre él, termine en los medios. Pero la historia de Anaya y sus apoyos dentro del equipo de Peña Nieto, son sólo una cara de lo que sucede en el PAN. Otra cara tiene que ver con la señora Zavala y los apoyos inconfesables que está recibiendo.
El 27 de julio pasado, en este mismo espacio se reveló someramente la existencia de una relación entre la señora Zavala y el ex presidente Carlos Salinas. “Fuera del PRI, de acuerdo con priistas y panistas, ha establecido relación con Margarita Zavala, aspirante a la candidatura azul, y ha estado trabajando con algunos ex jerarcas del PRI para ir construyendo una oposición al dedazo de Peña Nieto en la sucesión presidencial”, se apuntó en ese momento dentro de un texto sobre la influencia que ejercía Salinas dentro del gobierno peñista y sus intenciones para 2018. Zavala desmintió en este espacio la información. “Es totalmente falso”, dijo en una breve conversación telefónica. “No he recibido ningún tipo de respaldo de Salinas”. La relacion es inconfesable, pero es real. A la información originalmente aportada por fuentes priistas y panistas, se han añadido nuevos detalles sobre ese respaldo, que incluye el financiamiento de una estructura paralela cuyos recursos no son fáciles de rastrear hacia ella o hacia Salinas.
No se sabe todavía cómo se dio el encuentro entre Zavala y Salinas, si hubo en efecto necesidad de un téte-a-téte, o quien fue el articulador de tal respaldo. La señora Zavala habia tenido conocimiento de Salinas de primera mano hace años, porque cuando llegó a la Presidencia, pactó con Diego Fernández de Cevallos y Carlos Castillo Pereza –mentor de ella y de su esposo Felipe Calderón-, los jefes reales del PAN en aquellos años para que a cambio de reconocimientos electorales –el primero de varios, la primera gubernatura del PAN en su historia, en Baja California, que le fue entregada a Ernesto Ruffo contra la oposición del presidente del PRI, Luis Donald Colosio–, apoyarían todo su programa de reconstrucción de la economía hacia un modelo neoliberal.
Fernández de Cevallos sigue siendo un hombre muy cercano a Salinas, como también lo es el senador Roberto Gil, cercano a la dupla Calderón-Zavala. Lo que no está claro, en absoluto, es para quién está jugando el ex presidente. Se sabe a quien no desea en Los Pinos, Andrés Manuel López Obrador, quien dice en privado que a quien realmente quiere investigar es a Calderón, a quien nunca dejó de llamar “usurpador” durante su sexenio.
Pensar que Salinas está construyendo el Plan B de Peña Nieto para la sucesión presidencial, no es algo que cuadre, por las diferencias que tiene con varios miembros de su gabinete y la distancia que tiene hoy en día con Los Pinos. Puede estar jugando sus propias cartas, que hoy, con el rencor de Peña Nieto contra Anaya, se unan intereses electorales en la figura de la señora Zavala, y Salinas, una de las figuras detrás de ella.

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