El gobierno brasileño modificó un decreto que eliminaba las protecciones a una reserva natural en el Amazonas tras recibir críticas de grupos ambientalistas.
Sin embargo, el cambio deja todavía sin designación de reserva una zona rica en oro y cobre que se encuentra en los estados norteños de Pará y Amapa.
Según una información del diario español La Vanguardia, hace unos días se anunció que la Reserva Nacional del Cobre y sus Asociados, donde la minería estaba prohibida desde 1984, quedaba desprotegida por una orden firmada por el presidente de Brasil, Michel Temer.
La medida provocó la oposición de activistas y grupos ambientales, como WWF-Brasil, que señaló que esta acción podría dañar la biodiversidad y los pueblos indígenas.
Temer informó que no se permitirá la minería en zonas indígenas o de conservación dentro de la antigua reserva y aseguró que el nuevo decreto permitirá reprimir la minería ilegal y a la vez habilitar la zona para su práctica legal.
La filial brasileña del Fondo Mundial para la Naturaleza anunció en un comunicado que la acción del gobierno expresa la necesidad de protección de la zona, pero que aún persiste el peligro de daño ambiental. (Staff / Agencia Reforma / Sao Paulo).

En la presentación del informe Falsas sospechas: Detenciones arbitrarias por la policía en México, elaborado por Amnistía Internacional (AI), dos de los asistentes al acto alzaron la voz para denunciar que fueron objeto de una detención política, y otro más para decir que al menos 20 personas han desaparecido en la colonia Cerro del Cuatro en este año.
En su informe, AI subraya que la combinación de cuerpos de policía sin la capacitación adecuada, un sistema judicial deficiente y una impunidad generalizada fomentan la tortura, los asesinatos y las desapariciones forzadas.
Además, menciona que en México la policía detiene arbitrariamente de forma rutinaria a las personas para extorsionarlas. A la vez, es frecuente que los agentes fabriquen pruebas para demostrar que están combatiendo la delincuencia, o para castigar activistas de derechos humanos.
Tania Reneaum explicó que “la policía parece estar deteniendo a personas sin más motivo que fingir que está actuando para hacer frente a la delincuencia. En última instancia, con esto no se consigue nada, más que poner a todas las personas en el país en peligro de sufrir violaciones de derechos humanos tales como tortura y otros malos tratos”.
También mencionó que, con su informe, AI hace tres aportaciones: “La primera de ellas, es el rigor de la investigación y de las recomendaciones; la segunda, la manera en que los aproxima e interpela sobre la confianza ciudadana hacia las personas que operan el sistema de justicia penal, y la tercera aportación es que nos entrega evidencia empírica sobre la forma de actuación de las autoridades”.
Precisó que entre 2016 y mayo de 2017 fueron entrevistadas 25 personas que se desempeñaron o aún laboran en la operación del sistema de justicia penal. “Los funcionarios de distintas zonas geográficas del país, nos dieron su testimonio y en ocasiones, sin sorprenderse de que estamos haciendo una investigación sobre detenciones arbitrarias, asumían con un dejo de naturalidad que era una práctica cotidiana en el sistema de justicia penal”.
Prosigue: “Encontramos relatos de policías ministeriales que nos describen la falta de preparación, la indignidad de sus salarios, la precariedad de las condiciones laborales; las historias nos enfrentan al contrasentido de un estado que han hecho del sistema de justicia penal su herramienta favorita para resolver prácticamente todos los problemas sociales”.
AI recomendó que los operadores de justicia reciban salarios dignos, prestaciones sociales que correspondan al trabajo desempeñado y que cuenten con los materiales necesarios para sus labores.
Las violaciones a los derechos humanos más frecuentes al momento de la detención son: no informar de qué se les acusa, nula identificación de la autoridad aprehensora, y no poner a disposición de manera inmediata al arrestado ante la autoridad. Incluso, los informes policiales carecen de datos importantes como el nombre de los aprehensores, lugar, día, hora, circunstancias, y motivos.
La Comisión Nacional Derechos Humanos (CNDH) mencionó que el año pasado las detenciones arbitrarias ocuparon el cuarto lugar en materia de violaciones de derechos humanos. Asimismo, informó que de 2006 a 2015 recibió más de 10 mil quejas por detenciones arbitrarias.
La CNDH también reportó que en México hay 250 mil personas en prisión, de éstas más de 95 mil están en espera de una resolución judicial. En ese sentido, AI “recomienda al Congreso de la Unión eliminar de la Constitución y de las leyes la figura de la prisión preventiva oficiosa, dejando la decisión sobre su adopción, en la determinación  individualizada que hagan los jueces”.
En el informe de AI que fue hecho público previamente en la Ciudad de México, también se presentan seis casos que ilustran las violaciones de derechos humanos derivadas de una detención arbitraria.

Detención política y
desapariciones

El primero en alzar la voz tras concluir la presentación del informe de AI fue el profesor Plácido Rodríguez Perales, quien aseguró haber sido presidente municipal en Ahuacatlán, Nayarit, así como profesor de una secundaria. Sin embargo, en 2007 fue detenido por presuntamente transportar droga.
Dijo que su encarcelamiento es una venganza del ex gobernador panista Emilio González Márquez, cuando se opuso a la construcción de un fraccionamiento Villa Fontana —propiedad de Valente Aguirre, amigo del ex mandatario—, donde se registró la depredación de un área verde.
Mostró un documento que emitió la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) en que se confirma que le fabricaron delitos y que su detención fue ilegal.
Después tomó la palabra el sacerdote Alberto Ruiz, quien informó que este domingo se oficiará una misa para pedir por los desaparecidos. Explicó que en este año, en la colonia Cerro del Cuatro ya suman 20 casos, mientras que en 2016 fueron 15.

El plan anunciado hace un año por el presidente Enrique Nieto para reducir los homicidios dolosos en los municipios más violentos del país falló: en 33 de los 50 municipios seleccionados originalmente en la estrategia especial, aumentó el número de averiguaciones previas o carpetas de investigación por asesinatos.
Por ejemplo, Tijuana pasó de tener 629 homicidios dolosos en los 10 meses anteriores a la estrategia (noviembre 2015 a agosto de 2016) a mil 67 en los 10 meses posteriores (septiembre 2016 a junio 2017), lo que significó un aumento de 69 por ciento.
En el mismo caso se encuentra Cancún, que sumó 76 carpetas de investigación los 10 meses antes de la estrategia, y 126 en los primeros 10 meses de ésta.
El número total de averiguaciones previas por homicidio doloso en los 50 municipios seleccionados aumentó 21 por ciento en el periodo de análisis, de acuerdo con un conteo realizado por Grupo Reforma.
“No hay tal estrategia. No se hizo ninguna estrategia puntual para bajar el homicidio en estos 50 municipios”, lamentó la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera.
“Creemos que donde bajó o subió fue por comportamiento del crimen, no por una respuesta de las autoridades”, añadió.
Hace exactamente un año, durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), Peña Nieto ordenó poner en marcha la estrategia en los 50 municipios. Entre los municipios donde aumentaron los homicidios se ubican Ecatepec, Nezahualcóyotl y Naucalpan, en el Estado de México; así como Iztapalapa, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, en Ciudad de México.
También en Guadalupe y Juárez en Nuevo León; además de Chilpancingo, Puebla, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, León, Celaya, Manzanillo, Fresnillo, Mexicali, Ensenada, Juárez, Culiacán, Hermosillo y La Paz.
Entre los 17 municipios que redujeron la violencia están Chimalhuacán, Tlalnepantla, Valle de Chalco, Tecámac e Iguala. (Antonio Baranda / Agencia Reforma / Ciudad de México).

Agencia Reforma / Redacción

Ciudad de México

El Gobierno de Donald Trump aún no ha respondido a México si aceptará la ayuda que el País le ofrece para atender a los afectados por Harvey en Texas.
México expresó su total solidaridad con el pueblo y el Gobierno estadounidense y se ofreció a prestar ayuda y cooperar a raíz de la llegada del otrora huracán el pasado viernes a la costa del Golfo.
En un comunicado al Washington Post, un portavoz del Departamento de Estado estadounidense confirmó que aún no se ha aceptado la ayuda, pero no la descartó.
“Es común durante huracanes y otros eventos climáticos significativos que el Gobierno de los Estados Unidos esté en estrecho contacto con vecinos y socios en la región para compartir datos y cooperar, según sea necesario y apropiado.
“Si surge una necesidad de asistencia, trabajaremos con nuestros socios, incluyendo México, para determinar la mejor manera de avanzar”, indicó.
México prestó ayuda en 2005 después de que el huracán “Katrina” golpeara la costa del Golfo de México. Soldados del Ejército mexicano sirvieron comidas, distribuyeron suministros y llevaron a cabo consultas médicas.
Si la Administración Trump aceptará o no la ayuda, eso aún no se sabe.
La oferta deja a Trump en una posición incómoda, pues si la acepta podría ser acusado de hipocresía por su postura hostil hacia México.
Pero si se niega, puede ser percibido como soberbio en momentos en que los texanos sufren.
De hecho, en momentos en que Texas y Luisiana sufren la devastación de Harvey, Trump se ha dedicado a atacar a México en Twitter.
En el comunicado, la Cancillería aprovecho para expresar su solidaridad con Estados Unidos por el huracán devenido en tormenta tropical.
Asegura el gobierno de Houston que no detendrá a indocumentados que huyen del huracán

Funcionarios de la ciudad de Houston, en el estado norteamericano de Texas, trataron de disminuir los temores de quienes viven ilegalmente allí de ser arrestados por violar las leyes migratorias mientras huyen de Harvey.
“¡El rumor de que estamos pidiendo papeles migratorios es FALSO!”, escribió hoy el alcalde de Houston, Sylvester Turner, en su perfil de Facebook. “¡Este rumor NO es verdad! NO preguntaremos el estatus migratorio ni le pediremos papeles a nadie que busque refugio”, aseguró.
Al menos 5 mil 500 personas se encontraban en refugios en la ciudad de Texas, mientras que se espera que 30 mil más busquen refugio temporal después de que la tormenta generara fuertes inundaciones debido a las lluvias generadas por Harvey como huracán.
Los funcionarios de migraciones de Estados Unidos han protagonizado intentos muy publicitados de arrestar a personas sin visas válidas desde que el presidente estadounidense Donald Trump asumió el cargo en enero.
El ICE, por su parte, dijo que iba a trasladar a inmigrantes detenidos de un centro en Port Isabel, Texas, cerca de la frontera mexicana, a otros centros como precaución. (Con información de DPA / Washington).

Representantes de organizaciones no gubernamentales, empresariales, académicos y líderes de opinión dieron a conocer el “dictamen ciudadano” para reformar el diseño de la Fiscalía General de la República (FGR) aprobada en febrero de 2014. Leyó el documento Abel Barrera, de Tlachinollan

Jorge Carrasco Araizaga / Agencia Proceso

Ciudad de México

Más de 200 organizaciones sociales propondrán al Congreso de la Unión reformas constitucionales para crear una Fiscalía General de la República (FGR) “autónoma, capaz e independiente” y que se detenga la designación del actual titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes Castillo, como el primer titular de la nueva dependencia que sustituirá a lo que ahora la Procuraduría General de la República.
Agrupadas en el colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, las organizaciones no gubernamentales, empresariales, académicos y líderes de opinión se concentraron el martes en el Ángel de la Independencia para dar a conocer el “dictamen ciudadano” que reforme el diseño de la FGR aprobada en febrero de 2014 y que prevé “el pase automático” del titular de la PGR a la FGR para un periodo de nueve años.
“Estamos convencidos de que el país requiere propuestas técnicamente sólidas, políticamente viables y con amplio respaldo social. Por eso entregaremos este proyecto ciudadano de dictamen al Congreso en los próximos días y pugnaremos porque nuestra propuesta sea discutida en un formato de parlamento abierto, de cara a la sociedad”, expuso Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en la declaración conjunta.
Las violaciones graves a los derechos humanos, la corrupción rampante, el crimen organizado y la lacerante impunidad, como expresiones de la injusticia México, tienen un denominador común: la ausencia de una fiscalía autónoma, capaz e independiente, expresó Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO) al anunciar la presentación del dictamen ciudadano ante el Congreso.
El documento recoge las nueve iniciativas que han presentado distintos partidos en el Congreso para reformar el artículo 102 de la Constitución en relación con la creación y funcionamiento de la FGR; fue elaborado durante meses por los colectivos #VamosPorMás y #PorUnaFiscalíaQueSirva, y convocó a cientos de organizaciones de diferentes ámbitos en todo el país.
Las organizaciones proponen modificar los requisitos de elegibilidad del fiscal general, entre ellos no haber sido candidato u ocupado algún cargo de elección popular en los últimos cuatro años. También buscan reducir de nueve a seis años sin prórroga la duración en el cargo.
Asimismo, pretenden modificar el procedimiento en la elección del fiscal, la integración de una comisión honoraria de designaciones y la creación de dos fiscalías especializadas, la de Derechos Humanos y una de Asuntos Internos, que se sumarían a las de Delitos Electorales y Combate a la Corrupción ahora previstas.
El PRI, con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como su aliado, requiere sólo de tres votos más para lograr la mayoría simple en el Senado y mantener el actual esquema de la FGR, incluida la designación de Cervantes como su titular.

Agencia Proceso

Ciudad de México

El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, señaló que su homólogo panista, Ricardo Anaya, está equivocado “porque ha establecido una supuesta guerra donde no la hay; obviamente los partidos políticos en un democracia competimos por el voto de la ciudadanía, por su confianza, por su participación, pero no es de esa manera en la que se participa en democracia, no es en un establecimiento de un lenguaje hostil y de una declaración de guerra.
“Nosotros por supuesto que no aceptamos ninguno de sus pronunciamientos, parece más un ‘niño llorón’ que está desesperado por tratar de encontrar una cortina de humo que le permita salir de un cuestionamiento muy atinado, que hacen los medios de comunicación sobre el origen de su enriquecimiento inexplicable”, agregó.
En entrevista con Radio Fórmula, el líder nacional priista detalló que en su declaración 3de3 del presidente nacional del PAN, presentada en noviembre de 2015, “señala con toda puntualidad a un funcionario con ingresos medios, que no tiene muchas propiedades, que tiene incluso créditos hipotecarios y que ha recibido sus bienes por donación, que no tiene ingresos por actividades industriales, empresariales o comerciales; esa parte de su patrimonio está declarada en ceros, él señala que solo tiene ingresos por su actividad como funcionario público”.
Añadió que de esa manera dice que tiene ingresos aproximados a los 100 mil pesos mensuales como funcionario público.
Ochoa Reza señaló que en cuanto al listado de bienes patrimoniales, Anaya declara que tiene una casa que recibió en donación, que su familia tiene algunas casas y bienes que reciben en donación, unos locales, pero no reportan ingresos por esos bienes y no se ve de ninguna manera terreno alguno como el que hoy está en boca de todos, y que está siendo cuestionado, “que simplemente no ha encontrado manera de aclarar”.

 

Gabriela Hernández / Agencia Proceso

Puebla, Puebla

En una carta dirigida al procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, el ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle pidió ser investigado en torno a la presunta red de espionaje que opera en el estado.
“En uso de mis derechos civiles, solicito su intervención para que, conforme a sus facultades, proceda a investigar o a ordenar sea investigada, cualquier posible relación del que esto escribe, con los supuestos hechos de espionaje que, se han mencionado públicamente, han sido denunciados ante la Procuraduría General de la República”, dice en el escrito, que distribuyó a los medios de comunicación.
El también aspirante a la candidatura presidencial del PAN señala haber tenido conocimiento de la rueda de prensa ocurrida en el Senado, en la cual el legislador de Morena Miguel Barbosa y otras personas denunciaron la existencia de una red de espionaje, e incluso una lista de personas afectadas.
“En ese sentido, le manifiesto estar a su disposición para la práctica inmediata de cualquier entrevista, diligencia o investigación, suplicándole se turne esta petición a las áreas correspondientes”, concluye el escrito firmado por Moreno Valle y publicado en sus redes sociales.
Este lunes, ex colaboradores de un supuesto centro de espionaje que opera en Puebla a las órdenes del ex mandatario y del diputado federal Eukid Castañón presentaron una denuncia ante la PGR, instancia a la que además pidieron protección por considerar que están en riesgo sus vidas.

Agencia Proceso

Ciudad de México

La caída en la popularidad de Enrique Peña Nieto, a raíz de los escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto, mejora la probabilidad de que Andrés Manuel López Obrador llegue a la Presidencia en 2018, según un análisis realizado por la agencia calificadora Moody’s Investors Service.
En el informe América Latina: El riesgo político plantea grandes desafíos a las perspectivas regionales de crédito, dado a conocer hoy por la agencia con sede en Nueva York, afirmó:
“El presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha visto disminuir sus índices de aprobación debido en parte a acusaciones de corrupción. La impopularidad del presidente puede influir en las perspectivas electorales del PRI el próximo año. Esto último aumenta la probabilidad de una victoria del candidato centroizquierdista Andrés Manuel López Obrador, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que lidera las encuestas”.
Para Moody’s, López Obrador es conocido por su oposición a las reformas que se aprobaron durante la administración de Peña Nieto.
Sin embargo, de acuerdo con el reporte, al líder de Morena no le favorecería mucho la posible integración del Congreso, ya que no contaría con mayoría absoluta que apruebe el plan económico del político tabasqueño:
“A pesar de que es poco probable que una presidencia de López Obrador pueda revertir las reformas, ya que carecería de suficientes votos en el Congreso para hacerlo, su administración podría demorar la puesta en marcha de las reformas en curso, particularmente en el sector petrolero”.
La calificadora recordó que el PRI contó con el apoyo del PAN para impulsar el paquete de reformas, incluida la energética, que abrió el sector petrolero a la inversión del sector privado, idea en la que difiere López Obrador.
Según Moody’s, los países con niveles medianos o elevados de susceptibilidad a eventos de riesgo político incluyen a Venezuela y Argentina. Aunque el riesgo político es comparativamente más moderado en Brasil, Colombia, Perú, México y Chile.

Destaca el caso Odebrecht

Moody’s también destacó el caso de corrupción de Odebrecht, que comenzó en Brasil y alcanzó también a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Para la agencia calificadora, la corrupción de la petrolera brasileña “demuestra las debilidades institucionales presentes en algunos países. Como resultado de dicho escándalo generalizado, varios proyectos de infraestructura han sido cancelados o demorados, afectando adversamente no sólo a las entidades directamente involucradas, sino también a las condiciones económicas generales”.
Advirtió que el riesgo político en toda América Latina es un importante desafío para los emisores de la región, ya que potencialmente puede representar una amenaza para el crecimiento, las reformas políticas y las condiciones financieras.
“En Venezuela, el impacto crediticio del riesgo político es el más obvio y está conduciendo a una muy alta probabilidad de incumplimiento por parte del soberano y de la empresa petrolera estatal PDVSA. La intensificación de la crisis ha impulsado violentas protestas, fugas de capital y la destrucción de la capacidad productiva, resultando en la peor crisis económica de la historia de esta nación”.
Moody’s define el “riesgo político” como el riesgo de resultados políticos que den lugar a la aplicación de políticas que dañen la fortaleza económica o fiscal, debilitando la efectividad de las políticas y, por lo tanto, la fortaleza institucional.
Por tanto, acotó en su informe, “el riesgo político puede surgir de resultados de elecciones inesperados o transiciones de liderazgo; una relación contenciosa entre partidos políticos, o entre el Poder Ejecutivo y Legislativo/Judicial; y eventos geopolíticos.

Las últimas semanas han sido de críticas al “dedazo” en Morena en la Ciudad de México, de sorna del presunto verticalismo, de exageraciones absurdas que equiparan a Andrés Manuel López Obrador con viejos presidentes priistas y cosas así. Es bastante normal: los enemigos de Morena aprovecharán cualquier oportunidad para atacarlo. No me dirijo a ellos, sino a quienes dudan de buena fe, en el público y en la militancia, pues la duda es derecho de la inteligencia y no ofensa.
El comité de encuestas existe. Debe decirse. Existe, tiene una larga data y viene del que formara en su momento José Barberán, destacado científico cercano a la izquierda, que ya no está en este mundo pero encaminó un equipo original, del que se ha desprendido cierta continuidad, primero cerca de López Obrador –en los tiempos de la jefatura de gobierno– y ahora para todo Morena. Se trata de gente seria, discreta –que rara vez se presenta por nombre–, de la mayor confianza. La secrecía es fácil de explicar: por una parte, por paz personal: revelar sus nombres sería someterlos a grillas o acoso mediático. Por otra, para evitar el sabotaje político de este tipo de ejercicios.
El ejercicio es real y hay solvencia técnica del equipo –quien no quiera creerlo, no lo creerá–, pero el quid del asunto, lo verdaderamente político, está en la decisión sobre lo que debería medirse. Fue lo siguiente: conocimiento, identificación con Morena (1); opinión, percepción de honestidad (2); percepción de cercanía con la gente (3); si se creía que sería buena candidata o candidato, si se votaría por él o ella (4), y a quién se prefería como candidato de Morena (5). Ocho preguntas en total, aunque se agruparon en los cinco reactivos que señalo entre paréntesis. A partir de aquí todo es un poco más brumoso.

Tantas lecturas posibles

En los datos crudos, Claudia Sheinbaum gana en la mayoría de los reactivos, pero los datos crudos dicen poca cosa, pues todas las preguntas están subordinadas al universo de quienes conocen al candidato en cuestión, y siendo ella y Mario Delgado los menos conocidos, sus resultados se magnifican.
Si nos vamos a las estimaciones sobre la población total, la cosa cambia: de los cinco reactivos, Martí Batres ganaría en conocimiento y Sheinbaum en preferencia, pero habría empate en buena opinión (entre los tres), en percepción de cercanía con la gente (entre Batres y Ricardo Monreal) y en si se consideraba que serían buenos candidatos (entre los tres). Un batidillo incomprensible. Ahora, si se consideran puntitos y decimales dentro del margen de error, en las estimaciones Batres gana el reactivo de conocimiento, el de opinión y el de cercanía; Sheinbaum gana el referente a la consideración como buen candidato y el de preferencia. Evidentemente, esto no fue lo definitorio, sino que tuvieron que considerarse a) los negativos, o b) una sola pregunta.
Si se toman en cuenta las diferencias entre positivos y negativos, Sheinbaum habría ganado el reactivo de opinión, el de cercanía y el de percepción de buena candidata (obviamente, Batres seguiría ganando en conocimiento y Sheinbaum en preferencia). Y aquí hay algo por cuestionar, pues los negativos no definen si alguien es buen o mal candidato, aunque puedan ser una aproximación a la magnitud de ataques opositores posibles. No queda duda, por otro lado, de que esto sesga la encuesta en contra de los políticos profesionales –Batres y Monreal–, siempre en la mira de los medios y los enemigos de Morena.
Por otro lado, la pregunta más publicitada es la de preferencia: “¿A quién prefiere de candidato de Morena?”. ¿Qué habría sido si se hubiese utilizado, mejor, a quién prefiere como jefe de Gobierno? O, mejor, ¿que se hubieran realizado los típicos careos contra otros posibles aspirantes para definir quién sería el más competitivo (se supone que ese es el sentido de la encuesta)? Probablemente el resultado habría cambiado. Así como se hizo, se otorga excesivo peso a quienes no votarían por un candidato para definirlo. Y es bastante sintomático que por  sólo 10.7 por ciento dijo que votaría por Sheinbaum, pero la prefirió como candidata por Morena 15.9 por ciento; en tanto que a Batres y a Monreal los prefieren casi el mismo número de personas que votaría por ellos.
El asunto de la encuesta deja varias lecciones. La primera, que claramente hubo una definición política por disminuir las percepciones negativas, lo que benefició a Sheinbaum. Es una decisión válida y no hay que asustarse: cada partido define para qué mide. La segunda es que Morena está verde en su comunicación política y que quienes gestionaron el manejo de la encuesta pensaron que podrían brincarse la tormenta, en lugar de administrarla. La tercera, que aunque fuera por errores graves previos de Monreal –el peor, la negociación autónoma del presupuesto para su delegación, en perjuicio de Morena–, los delegados por López Obrador carecieron de tacto y comunicación, generando una desgarradura innecesaria. Así fuera en el estilo, se cobraron viejas cuentas, y Monreal tensó demasiado la liga. Pero aún hay tiempo de cicatrizar.

El pasado 15 de agosto se cumplieron 100 años del nacimiento de quien fuera arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero. Al asumir su cargo era un obispo muy conservador. Precisamente por eso se le nombró. En ese momento nadie podía pensar el cambio que después vivió.
El asesinato del padre jesuita Rutilio Grande, el 12 de marzo de 1977, que había conocido en el seminario de San José, en San Salvador, en ese entonces dirigido por los jesuitas, fue el principio de la transformación de su pensamiento y la manera de enfrentar su responsabilidad como obispo.
En protesta por ese asesinato, en manos de la organización neofascista los Escuadrones de la Muerte, monseñor Romero anuncia que en adelante no asistirá a ninguna ceremonia del gobierno y tampoco a reuniones con el presidente de la República, que era la costumbre, hasta que no se aclare la muerte del jesuita y sus dos acompañantes.
El domingo siguiente al asesinato, monseñor Romero suspende las misas en la arquidiócesis, para celebrarse sólo una a las afueras de la catedral de San Salvador concelebrada por 150 sacerdotes y con la asistencia de más de 100 mil personas. El obispo salvadoreño inicia entonces su proceso de cambio.
El 24 de marzo de 1980, mientras celebraba misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, en San Salvador, un francotirador le dispara desde la calle. La orden del asesinato viene del mayor Roberto D’Aubuisson, que después funda el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Él también es responsable intelectual de la muerte del padre Grande.
A la muerte de monseñor Romero pronto hay iniciativas para iniciar la causa de beatificación. Inicia el proceso, pero lo frena el papa Juan Pablo II de mentalidad conservadora y poco capaz, en su anticomunismo producto de su experiencia polaca, de entender la realidad de América Latina. En su visión monseñor Romero es un seguidor de la teología de la liberación y esto lo descalifica para los altares.
En el pontificado de Benedicto XVI, también conservador pero ilustrado, se retoma la causa que se acelera con la llegada del papa Francisco, hombre con sensibilidad y compromiso social que entiende muy bien lo que significa la figura de monseñor Romero, para la Iglesia católica de América Latina y también mundial.
Ahora el Papa está comprometido con la causa de beatificación del padre jesuita Rutilio Grande, el amigo de monseñor Romero. El sucesor de Pedro, en su viaje a México, en la reunión que tuvo con el equipo de gobierno de los jesuitas mexicanos les dijo que el proceso iba muy avanzado.
El 23 de mayo de 2015, monseñor Romero fue beatificado en una misa al aire libre en San Salvador a la que asistieron miles de simpatizantes de este personaje singular, admirable por su congruencia. La iglesia, en él, ponía como ejemplo a seguir a alguien asesinado por su lucha a favor de la paz y la justicia.
En 2018 se espera que monseñor Romero sea nombrado santo de la Iglesia católica. Hoy se sigue oyendo con fuerza una frase dirigida a los militares en su última homilía en la catedral de San Salvador, días antes de ser asesinado: “En nombre de Dios y de este pueblo sufrido… les pido, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión”.

Twitter: @RubenAguilar