Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Productores del campo aglutinados en la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales denunciaron, en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el fracaso e irregularidades de las políticas y programas destinados al campo por parte del gobierno federal.
Después de una reunión con funcionarios de la dependencia, en conferencia de prensa denunciaron a la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; a la directora general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), María Luisa Albores González, y al delegado de los programas federales en la entidad, Iván Hernández Díaz de mentirle a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con respecto a las afectaciones que dejó el huracán John en Costa Chica.
En la conferencia de prensa, los dirigentes de la organización, que tiene presencia en las ocho regiones del estado, reprocharon en un documento al que dieron lectura que existen cuando menos 12 mil familias que no fueron beneficiadas con programas federales tras las afectaciones de los huracanes Otis y John.
Además, de acuerdo con la dirigencia de la organización, este año el gobierno de Guerrero solo invertirá 270 millones de pesos para el campo, cuando desde la federación reciben 400 millones.
Reprocharon que por la ineficiencia de los funcionarios, en el caso del Programa para el Bienestar ahora se han reavivado problemas con el padrón de beneficiarios, “se sigue entregando una sola fórmula, sin considerar la diversidad de suelos y cultivos, y siguen cerradas la puertas a los abonos orgánicos, no obstante el compromiso de campaña presidencial, de que el 30 por ciento del presupuesto sería para bioinsumos, así como la ausencia de acompañamiento técnico”.
Asimismo, aseguraron que en Producción para el Bienestar aún existen muchos productos que no son beneficiados ni cubren los requisitos.
La agrupación refiere que en el programa Sembrando Vida, tras el huracán Otis, la coordinadora logró que se ampliara a más núcleos agrarios, sin embargo, consideran que en este programa requiere de un golpe de timón “que mediante una evaluación social participativa, erradique corruptelas, simulaciones, ineficiencia y falta de profesionalismo de los operadores gubernamentales”.
Además, indican los dirigentes, que frente a las afectaciones del huracán John se lograron compromisos con la presidenta Claudia Sheinbaum, “pero los funcionarios responsables no acataron sus instrucciones, dejando un mal sabor de boca a 12 mil familias de Costa Chica, puesto que los afectados siguen esperando la ayuda.
La Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales refiere que en los créditos Cosechando Soberanía, “siendo el crédito el principal componente de la nueva estrategia para el campo del gobierno federal, evaluamos que actualmente se encuentra desfasada del inminente inicio de siembras y con muchos vacíos en su puesta en marcha”.
Indican que por ello será difícil que en este año se eche a andar tal como se ha anunciado, por lo que proponen a Sader y al Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) considerar la operación crediticia al presente ciclo agrícola, como una prueba piloto, priorizando a pequeños grupos de productores “sobrevivientes del neoliberalismo, de ejidos y comunidades con vocación productiva en los cultivos elegibles”.
Asimismo, proponen articular los grupos de crédito de manera sectorial, integrando todos los eslabones de la cadena productiva. Así como constituir los grupos de crédito en cooperativas de producción y transformación que a la postre impulsen “un gran movimiento de integración de cooperativas que con herramientas crediticias, tecnologías, agroecológicas y el acompañamiento institucional promuevan la soberanía alimentaria y el desarrollo integral del campo”.
También piden la “alineación” de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro) y ayuntamientos, a las estrategias de soberanía alimentaria, semillas mejoradas híbridas y criollas; rehabilitación de distritos y unidades de riego, así como transparencia y concurrencia de recursos públicos.
La conferencia de prensa fue encabezada por los dirigentes de la agrupación Margarita Pérez y Arquímedes Sandoval y el asesor Arturo García Jiménez.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes de la cooperativa Unión de Comunidades Indígenas de la Montaña, que aglutina a unos 4 mil productores de café de seis municipios de la Montaña y Costa Chica, denunciaron amenazas de desalojo de integrantes del Comisariado Ejidal de San Luis Acatlán de un terreno de dos hectáreas, que han ocupado desde hace más de 30 años.
Un representante de la agrupación, Félix Galeana Neri informó ayer por teléfono que el representante de los ejidatarios, Fernando Salmerón Ortega les dio un plazo de 72 horas que vencen este sábado para que desalojen el terreno, de lo contrario entrará a echarlos.
Galeana Neri pidió la intervención de autoridades de los gobiernos federal y estatal para evitar el desalojo, porque dijo que se podrían generar una confrontación.
Explicó que los integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Montaña, cuyos integrantes son productores de café, están en posesión del terreno, ubicado a la Salida de San Luis Acatlán desde 1995.
Informó que el predio lo compraron al ejidatario Héctor Rivera Luna y que cuentan con todos los documentos que los acredita como propietarios.
Explicó que hace tres años el entonces comisariado ejidal les advirtió por primera vez de que serían desalojado para ampliar las instalaciones del centro de salud de la cabecera municipal, “tanto insistió que nosotros le dijimos que le cederíamos una fracción de 40 por 15 metros cuadrados pero no aceptó, dijo que era muy poquito”.
Añadió que recientemente entró un nuevo comisariado ejidal, Fernando Salmerón Ortega, con quien platicaron en agosto del año pasado y le pidieron un acta de posesión a nombre de la Unión de Comunidades Indígenas de la Montaña para garantizar que siguieran en posesión del terreno, les dijo que sí pero nunca se las dio.
El representante de la agrupación informó que le mostraron los documentos, planos y escritura del predio, pero no aceptó entregarles el acta.
“Ahora, aún con esa documentación quieren despojarnos con el argumento de que en 1992, cuando se puso en marcha el Procede se incluyó el terreno en la carpeta básica ni en el plano definitivo, por lo que el terreno pertenece al ejido”, les dijo.
Galeana Neri declaró que, sin embargo, cuentan con documentos que comprueban que ellos compraron en 70 mil pesos el terreno.
Incluso dijo que los integrantes de la organización cooperaron con uno y dos kilogramos de café para reunir la cantidad.
Pese a ello, añadió que hace dos meses se enteraron de que los ejidatarios iban a entrar a desalojarlos, por lo que el 26 de marzo fueron a levantar los postes caídos para reforzar la cerca.
Contó que ese día uno ejidatario se acercó los cuestionó que quién les dio permiso de entrar.
Agregó que el 11 de abril en una reunión los ejidatarios acordaron despojarlos del terreno y enviaron oficios a tres personas que están ocupando la tierra con permiso de los miembros de la organización.
Indicó que en el documento les dieron 72 horas para que desocupen el predio y que este plazo se vence este sábado.
El representante de la organización llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que estén pendientes porque se podría generar una confrontación entre los ejidatarios y los integrantes de la Unión.
Informó que ésta cuenta con 4 mil agremiados de los municipios de Iliatenco, San Luis Acatlán, Malinaltepec, Santa Cruz del Rincón, Metlatónoc y Cochoapa el Grande.

Madres de familia de la secundaria técnica 311 Leyes de Reforma, de la colonia Fermín Rabadán, mantuvieron por quinto día un plantón y la toma de la Administración Fiscal, para exigir la reposición de tres docentes y la destitución del supervisor Paulino Tavira Román.
Luego de una reunión entre una comisión de madres de familia y el delegado de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en la zona Norte, Severiano Jacinto Gómez, se acordó el levantamiento de la protesta, con el ofrecimiento de que este lunes se nombrará un enlace de la escuela con la supervisión escolar, se nombrará a un trabajador administrativo y se retomarán las clases.
Un grupo de 20 madres de familia tomó la oficina de recaudación de Finanzas del gobierno estatal, desde el lunes, y este viernes retiraron su protesta, cerca de las 2 de la tarde, luego de que una comisión se reunió en Chilpancingo con el delegado regional de la SEG y otras autoridades educativas.
Al inicio de su protesta, las madres de familia exigían la reinstalación de la directora destituida Carina Camarillo Piedra, la reposición de tres profesores y la destitución del supervisor escolar, Paulino Tavira.
En declaraciones ofrecidas poco antes de las 8 de la noche de este viernes, el delegado de la SEG, Severiano Jacinto, informó que en la reunión con una comisión de madres inconformes, acordaron que este lunes se reanudan labores con el grupo de seis docentes y administrativos que se han seguido presentando, además de que ese día van a presentar a un administrativo y a un enlace, que estará coordinado con la jefa de departamento de Secundarias Técnicas, Ana Otila Gallardo Molina.
Dijo que este enlace permanecerá hasta concluir este ciclo escolar y que para el siguiente ciclo escolar 2025-2026 se hizo el compromiso que, mediante la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), se repondrán los tres docentes que hacen falta en la escuela.
En las declaraciones ofrecidas, el funcionario de la SEG informó que el lunes él acudirá a la secundaria técnica a presentar, con oficio en mano, al enlace y al administrativo, con lo que se espera que se reanuden las clases que estaban suspendidas desde hace tres meses.
Por su parte, dijo Severiano Jacinto que las madres de familia y el delegado de la colonia Fermín Rabadán, Jorge Julián Gómez, se comprometieron a liberar las oficinas de Finanzas y Administración, que tomaron durante cinco días consecutivos.
En tanto, el otro grupo de 11 docentes y administrativos, agremiados a la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con los que se generó el conflicto con la directora destituida Carina Camarillo y un grupo de padres de familia desde septiembre, se mantienen concentrados en la supervisión. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Alina Navarrete Fernández / Israel Flores

Chilpancingo / Ciudad Altamirano

Trabajadores administrativos y maestros de la Universidad Tecnológica del Mar, con sede en Marquelia, se confrontaron con pobladores por el cierre de las instalaciones, debido a un conflicto laboral.
Mientras que la Universidad Tecnológica de Tierra Caliente, ubicada en el municipio de Pungarabato, pese a que está en paro, emitió su convocatoria para las fichas de ingreso al próximo cuatrimestre y sólo ha tenido 16 solicitudes.
En Marquelia, desde febrero el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Mar (Stutmar) emplazó a huelga a la Rectoría, que encabeza Edith Solano Ruiz, pero la protesta no se concretó, a pesar de la falta de atención de las autoridades.
Este viernes, un representante del Primer Tribunal Laboral, con sede en Acapulco, acudió a las instalaciones, ubicadas en la Barra de Tecoanapa, para dar fe del inicio de la huelga y colocar las banderas rojinegras, pero integrantes de la sección 76 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), que aglutina a trabajadores de la escuela, así como pobladores, les impidieron el acceso.
Al lugar llegaron agentes de las policías municipal y estatal, por la confrontación entre los dos grupos, pero los primeros, al no haber condiciones para instalar la huelga, se retiraron.
El Stutmar emplazó a huelga a la escuela, para exigir respeto al contraro colectivo de trabajo, también plazas de maestros y administrativas; presupuesto para equipos, eventos deportivos y culturales.
No obstante, los integrantes del SUSPEG y los pobladores acusan al Stutmar de buscar sólo beneficios personales, así como de tratar de afectar a los estudiantes, que no han tenido clases regulares debido al conflicto laboral.
Los suspegistas y pobladores lograron impedir que estallara la huelga. El pasado 13 de mayo, el Stutmar emitió un comunicado para exigir la intervención del gobierno del estado y se deslindó “de cualquier forma de protesta o acción ilegal” que afecte las actividades universitarias.

En Tierra Caliente, la institución vio mermada su imagen social, dice la directora

Desde que la Universidad Tecnológica de Tierra Caliente inició con la apertura de fichas para nuevo ingreso, en total 16 personas han solicitado su ingreso para el próximo ciclo escolar, que empezaría en agosto.
La directora de Servicios Escolares, Elodia Hernández, confirmó que hasta esta fecha 16 personas han solicitado su ingreso a las diferentes carreras que se ofrecen, al parecer, debido a los constantes paros y manifestaciones.
Dijo que la universidad ha visto mermada su imagen social, por los conflictos que se han presentado la escuela con el estallamiento de la huelga y que, aunado a esto, el plantel está cerrado y no se pueden recibir las nuevas solicitudes.
Confirmó que, en caso de que no se resuelva el problema, podría perderse incluso el cuatrimestre, considerando que podría extenderse el conflicto interno; sin embargo, lo que más les preocupa es lo que podría suceder el siguiente ciclo escolar, debido a la pobre captación de alumnos.
Dijo que también se encuentran parados varios trámites, correspondientes a la titulación de los alumnos, entre otros documentos, debido a que no se pueda avanzar por el cierre de las oficinas.
La Tecnológica de Tierra Caliente se encuentra cerrada desde el 2 de mayo, por un grupo de maestros sindicalizados, que exigen la firma del contrato colectivo de trabajo.
Esta huelga se llevó a votación, con todo el personal, con la presencia de funcionarios del tribunal laboral. En asamblea se confirmó el deseo de los maestros, con 19 votos a favor y 17 en contra, de continuar con la huelga.
Abordado al respecto, el profesor Dimas Brito Rivas, secretario de la sección 78 del SUSPEG, que son del grupo que apoya a la rectora Zaira Gama, dijo que ellos votaron por el regreso a clases para no afectar a los alumnos.
Agregó que ellos consideran injusto el movimiento y que quienes se encuentran en huelga han logrado algunos privilegios, a través de manifestaciones anteriores, lo cual lo considero un abuso.
El gobierno estatal, a la fecha, no ha logrado algún acuerdo para reabrir la universidad, y no existe diálogo, después de cinco mesas de trabajo que se establecieron durante el año.

El Gabinete de Seguridad del gobierno federal reportó el cumplimento de dos órdenes de aprehensión en Acapulco contra dos personas acusadas por el delito de homicidio.
En el reporte de actividades relevantes correspondientes al 15 de mayo, el gabinete mostró que el cumplimiento de las órdenes en Acapulco se hicieron en distintos hechos por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.
“En Acapulco, en diferentes eventos, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Fiscalía General de la República ejecutaron dos órdenes de aprehensión en contra de dos sujetos, ambos acusados por el delito de homicidio” indicó el gabinete.
No brindó mayor información sobre los detenidos. Respecto a los trabajos contra la producción y tráfico de drogas, el gabinete informó que en Guerrero, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Oaxaca se hizo la destrucción de plantíos de amapola y de mariguana.
“En Chihuahua, Durango, Sinaloa, Oaxaca y Guerrero, elementos del Ejército Mexicano destruyeron 165 plantíos de amapola en 11 hectáreas y 35 plantíos de marihuana en tres hectáreas”, detalló el gabinete. (Juan Luis Altamirano Uruñuela).

 

Seis de los siete aspirantes al cargo de coordinador de Protección Civil presentaron sus propuestas de trabajo ante los regidores de la Comisión de Protección Civil, que sesionó la mañana de ayer en la sala de Cabildo en una reunión privada.
Entre los que se registraron están el ahora encargado de despacho de la coordinación de Protección Civil, Efrén Valdez Ramírez; el ex secretario de Protección Civil del estado en el gobierno de Héctor Astudillo, Carlos César Mayares Salvador; el ex director de Protección Civil, Melquiades Olmedo Montes; el arquitecto Máximo Martínez Reyes; el bombero Guillermo Villanueva Gallardo, y la maestra en gestión de riesgos, Celia Ramírez Aguirre.
Otro que también se registró, pero no acudió a la sesión de la Comisión, fue Jorge Edson Vargas Vázquez, por lo que quedó descalificado.
A la sesión asistió como invitada la alcaldesa Abelina López Rodríguez, de acuerdo con una publicación en su red social de Facebook.
Detalló que los aspirantes presentaron sus propuestas de trabajo y tuvo la oportunidad de saludar al doctor Octavio Adolfo Klimek Alcaraz, colaborador de El Sur.
La presidenta de la Comisión de Protecicón Civil, la regidora morenista Sofía Corona Mijangos dijo: “se inscribieron siete, pero se presentaron seis, la otra persona no llegó, mando su curriculum, pero queda descalificado y tuvimos entrevista con los seis participantes y estuvieron regidores que no pertenecen a la comisión”.
“Nosotros mandamos una propuesta a presidencia que salió de la Comisión, nosotros solamente decidimos una propuesta, eso es algo que se va a decidir es la propuesta de nosotros, pero al final del día la presidenta es quien decidira”, respondió la regidora.
La regidora no quiso proporcionar el nombre de la persona que eligieron por unanimidad los ediles y dijo que el nombre se le envió a la alcaldesa y que ella decidirá.
Al insistirle para saber el nombre de la propuesta que eligió la comisión, la regidora, respondió que posteriormente se daría a conocer, que no fue un dictamen, sino una propuesta a la presidenta, pero “no como dictamen y la próxima semana ya tendremos a nuestro coordinador de Protección Civil”.
Trascendió que la Comisión había elegido a Guillermo Villanueva, sin que se pudiera confimar de forma oficial, porque los ediles de la comisión dijeron que la alcaldesa decidirá. (Aurora Harrison).