Silvia Garduño / Agencia Reforma

Ciudad de México

La embajadora Olga Pellicer calificó de inusual que el gobierno de México haya optado por no reconocer la elección para la integración de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.
Afirmó que esa postura contradice los principios tradicionales de política exterior.
“El ‘desconocimiento’ de la acción interna de un gobierno es una práctica poco frecuente en las relaciones internacionales. Ese desconocimiento puede ocurrir cuando tal acción tiene consecuencias directas en la soberanía o integridad territorial de otro Estado. No es el caso con la Asamblea Constituyente”, indicó.
En un comunicado, la Cancillería indicó el domingo que el gobierno mexicano no reconoce los comicios porque fueron contrarios a los principios democráticos, no se apegan a la Constitución venezolana y profundizan la crisis en ese país, además de que condenó las muertes ocurridas durante las manifestaciones.
“En realidad sería menos ambivalente el desconocimiento del gobierno de Venezuela y el rompimiento de relaciones diplomáticas. Sin embargo, esa sería una decisión que va en contra de principios tradicionales de la política exterior de México. Tales principios no son los que orientan la política exterior desde hace ya algún tiempo”, señaló Pellicer, académica del ITAM.
En entrevista por escrito, lamentó que en días pasados las secretarías de Hacienda y de Relaciones Exteriores emitieran un comunicado conjunto en el que advirtieron que el Gobierno de México actuaría “en consecuencia” respecto de las sanciones que anunció el Gobierno estadounidense en contra de 13 funcionarios y ex funcionarios venezolanos.
“Es lamentable, entre muchas otras cosas, por el descuido en la redacción. El mal uso de una coma en el párrafo redactado por Hacienda nos coloca en situación de subordinación a lo que hace el Gobierno de Trump. No sé si fue error o eso querían decir. Sería deseable que se aclare”, señaló.
La política exterior, apuntó Pellicer, entra en aguas pantanosas cuando se actúa fuera de marcos establecidos por normas internacionales.
“Las declaraciones sobre Venezuela han sufrido de falta de rigor. Comportarnos dentro de normas jurídicas claras fue, en otra época, fortaleza de la política exterior”, dijo.

Rolando Herrera / Agencia Reforma

Ciudad de México

El Paso Exprés de Cuernavaca fue cerrado ayer a la altura del kilómetro 93, como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en la zona.
La madrugada del lunes, autoridades de Protección Civil de Morelos y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ordenaron el cierre de la vía.
Vecinos de la colonia Chipitlán habían reportado un incremento en el nivel de cauce de más de 5 metros en la barranca Santo Cristo, pues aseguraron que la tubería se volvió a tapar.
“A las 23:15 horas quedó restringido el tránsito vehicular sobre el Paso Express por advertirse riegos a la altura de la zona donde se registró el socavón”, señaló el gobierno del estado en un comunicado.
La lluvia que cayó durante la noche del domingo y la madrugada del lunes generó acumulación de agua en la barranca Santo Cristo, y como medida preventiva se pidió la restricción vehicular.
Protección Civil señaló que se privilegiaría la seguridad de los vecinos y de los automovilistas.
Con el apoyo de otras instancias, los vehículos fueron desviados por vías alternas, mientras se valoraban las condiciones para la circulación por la vialidad, que fue reabierta pasadas las 2:00 horas.
Karin Abudd, líder vecinal de la colonia Chipitlán, aseguró que el muro de contención de la vía volvió a colapsarse y el tubo que había sido colocado para encauzar el agua fue expulsado.
La colona, quien vive a un lado de la vía, informó que dos días de lluvia moderada fueron suficientes para exhibir la ineficacia de las autoridades, quienes siguen sin calcular correctamente el nivel del caudal de la barranca Santo Cristo.
“Dos días con un poco de lluvia y esto ha desbordado, el tercer día, que es hoy, vuelve a llover y yo le aseguro que la naturaleza va a mover todo el sistema, incluso con ellos allá arriba y toda la cantidad de vehículos y de grúas y de peso que está arriba del Paso Exprés”, dijo.
La SCT emitió ayer un comunicado en el que aseguró que el muro de contención no fue fracturado.
“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informa que continúan los trabajos para destapar la tubería en el km 93+750 del Paso Exprés de Cuernavaca y que no se ha registrado un nuevo colapso del muro ni fue expulsado ningún tubo a consecuencia de las lluvias registradas en los últimos dos días en la capital morelense”, indicó.
Abudd señaló que las autoridades estatales y federales han sido incapaces de calcular de manera correcta el nivel del afluente de la barranca, al cual recientemente, y como consecuencia del impacto por la construcción del Paso Exprés, le añadieron descargas de aguas negras.
“Ceagua (Comisión Estatal de Agua) y Conagua aceptaron que al cauce natural del arroyo le aumentaran las descargas que vienen de la avenida Morelos, la parte alta de la avenida Morelos, donde está el arroyo del pollo, del lado donde está Bugambilias.
“Entonces, esta nueva recogida hace punto de crisis en este punto de Chipitlán y ahí la condición, el cauce del arroyo, no permite desahogar tal cantidad de agua”, señaló.

Se culpan SCT y constructoras

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) culpó al consorcio constructor del Paso Exprés de no ejecutar con profesionalismo la obra encomendada.
La dependencia alegó que el consorcio nunca solicitó hacer reparaciones en el kilómetro 93 y en el drenaje del lugar, sino que solo pidieron un cambio del proyecto ejecutivo.
“La obligación de una empresa contratada para una obra no se extingue en la acción de opinar o proponer, sino con la esencia de ejecutar con profesionalismo y funcionalidad la obra en cuestión”, reclamó la SCT.
A su vez, en un comunicado las empresas Epccor y Aldesem se desmarcaron del diseño del proyecto ejecutivo y confiaron que su responsabilidad quedará aclarada con la investigación en curso.
“El alcance de nuestro contrato en el Paso Exprés contemplaba exclusivamente la ejecución de los trabajos especificados, no incluyendo el diseño del proyecto.
“Hemos ejecutado los trabajos de acuerdo a los lineamientos y con los materiales especificados en el proyecto e instrucciones concretas recibidas”, indicó el consorcio constructor.

 

Claudia Guerrero / Agencia Reforma

Ciudad de México

A menos de 10 días del arranque de las mesas temáticas de la XX Asamblea Nacional del PRI, militantes circularon un proyecto de reforma a sus Estatutos que abre las puertas a “candidatos simpatizantes”.
En un documento de 61 páginas, membretado con el logotipo del PRI y de la XX Asamblea Nacional, se plantean modificaciones para que los ciudadanos que no militen en el tricolor puedan ser postulados por ese partido.
“Los simpatizantes tendrán los siguientes derechos: Participar en los procesos internos de selección y postulación de candidatos, cuando así lo apruebe el Consejo Político correspondiente y lo prevea la convocatoria”, refiere la propuesta de redacción del artículo 24.
En un apartado previo se establece que los “simpatizantes” tendrán derecho a voto, por candidatos o dirigentes de partido, cuando las convocatorias respectivas así lo consideren.
En el artículo 23 se define que los simpatizantes son ciudadanos que ejercen sus derechos cívicos políticos electorales en congruencia con lo dispuesto en la Declaración de Principios y Programa de Acción.
“En los actuales tiempos, en los que el partido no tiene la condición de ser hegemónico, sino de convivir en pluripartidismo, está obligado a atender el principio siguiente: sin la militancia no ganamos, pero tampoco solo con ella”, indica el documento.
En el proyecto de redacción no se incluyen propuestas sobre los artículos más polémicos que contienen los requisitos y candados para la elección de dirigentes y candidatos, incluido el presidencial.
Sin embargo, en el apartado de justicia partidaria se reconoce textualmente la personalidad jurídica de los “candidatos simpatizantes” para interponer un proceso disciplinario, ya que ellos mismos también estarán sujetos a las mismas reglas.
“Se prevé expresamente la legitimación procesal de los miembros, simpatizantes o candidatos simpatizantes”, señala.
Por otro lado, se agrega un artículo 9 bis para detallar que, tratándose de candidatos a cargos de elección popular, postulados por una coalición, se aplicarán las normas del partido político al que esté afiliado el candidato propuesto.
En un artículo previo, se contempla la posibilidad de que el PRI participe en gobiernos de coalición, a propuesta del Presidente de la República.
Para ello, el CEN sólo deberá informarlo al Consejo Político Nacional.
En materia de combate a la corrupción, el proyecto plantea modificaciones a la estructura del Comité Ejecutivo Nacional e incluso ajustes en las causales de expulsión.
A diferencia de los Estatutos vigentes, la redacción sugerida señala que sólo se podrá sacar de las filas del PRI a quien haya incurrido en un delito grave o haya sido sentenciado.

 

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México / Tapachula

Los titulares de Defensa y Marina, Salvador Cienfuegos y Francisco Soberón, firmaron un memorándum de entendimiento en materias de seguridad y defensa con el Ejército de Nicaragua.
“La firma del documento tiene como objeto establecer las bases mediante las cuales se mantenga una relación institucional, con el fin de hacer frente a las amenazas trasnacionales y factores de riesgo”, informaron las dependencias en un comunicado.
Durante el evento, en la ciudad de Managua, Cienfuegos y Soberón fueron condecorados con la “Orden del Ejército de Nicaragua”.

Refuerza Ejército la frontera sur

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha incrementado los patrullajes en la frontera con Guatemala ante la presencia de cultivos de amapola y mariguana en el vecino país.
Fernando Romero Ruan, vocero de la 36 Zona Militar con sede en Tapachula, resaltó que existe coordinación con autoridades guatemaltecas para llevar a cabo operativos conjuntos dos veces por mes en la región serrana de la frontera.
De enero a la fecha, agregó, se han realizado reconocimientos aéreos y terrestres en el lado mexicano de las faldas del volcán Tacaná sin que hasta ahora se hayan detectado plantíos.
“Hemos tenido bastantes coincidencias en ese sentido, hemos intercambiado información de inteligencia para llevar acabo la detención de delincuentes así como evitar el tráfico de enervantes, eso ha sido favorable para todos nosotros”, expresó el Mayor de la Fuerza Aérea.
En los operativos en la zona fronteriza y costa, abundó, se han decomisado mil 218 kilogramos de cocaína, 403 de mariguana y destruido nueve plantíos de esta planta.
Además se han detenido a 22 personas, decomisado un autobús, siete armas, una granada, dos cargadores y 16 cartuchos útiles.
En las acciones han participado de manera coordinada otras dependencias como la Marina, Policía Federal, PGR, INM, SAT, corporaciones de la Secretaría de Seguridad de Chiapas y municipales.

De los 211 mil internos registrados en octubre de 2016 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al menos cuatro de cada 10 reclusos fueron detenidos sin una orden de aprehensión ni en un periodo corto después haber cometido el supuesto crimen.
Así lo revela la primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) que mide las condiciones de precariedad en los centros penitenciarios, dijo ayer durante la presentación el titular del Inegi, Julio Santaella.
“Intuíamos las condiciones de precariedad de la vida penitenciaria, pero ahora por primera vez las hemos medido”, destacó.
De los 211 mil internos en prisiones federales, estatales o municipales, el 20 por ciento fue detenido en la calle y el 21.5 por ciento fue sacado de algún lugar privado, en ambos casos sin que hubiera una orden de aprehensión.
En tanto, el 25.5 por ciento fue arrestado inmediatamente después de cometer el presunto delito y el 13 por ciento durante la comisión del mismo, lo que se conoce como detención en flagrancia y que organizaciones como Amnistía Internacional han criticado por considerar que permite detenciones arbitrarias.
Sólo el 13.1 por ciento, es decir, 27 mil 600 personas de las 211 mil presas, fueron capturadas luego que un juez lo ordenara.
Un tercio de las detenciones las realizó la Policía Ministerial, otro tercio agentes municipales y el resto, elementos estatales, federales, Ejército, la Marina u otra autoridad.
Al momento de su detención, el 75.6 por ciento de los reos reconoce que sufrió violencia psicológica, como ser incomunicados, desvestidos o amenazados con el levantamiento de cargos falsos; mientras que 63.8 por ciento recibió algún daño físico, como golpes con puños u otros objetos, descargas eléctricas o violencia sexual.
La ENPOL, para la cual el Inegi visitó 338 centros penitenciarios en las 32 entidades federativas, revela también que el 24.3 por ciento de los encuestados reconoció que fue presionado o amenazado para declararse culpable. (Agencia Reforma / CDMX).

Agencia Proceso

Mexicali / Xalapa

El periodista Luciano Rivera, director de la revista Dictamen y accionista del canal de televisión por cable CNR (176), donde también era conductor del sistema de noticieros, fue asesinado la madrugada de este lunes.
De acuerdo con reportes de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado, los hechos ocurrieron alrededor de la 01:40, cuando en el bar La Antigua de Playas de Rosarito, ubicado en el boulevard Benito Juárez y calle Guadalupe Victoria, un grupo de sujetos agredió al comunicador y uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó directamente a la cara.
De acuerdo con testigos, los agresores huyeron en un taxi rumbo al libramiento vial que conduce a Tijuana.
Minutos después del ataque, en esa misma vialidad agentes municipales detuvieron un taxi cuyo conductor tenía en su poder un arma de fuego calibre 9 mm.
El bar La Antigua está situado en el área turística de Playas de Rosarito, donde se han registrado varias muertes desde diciembre de 2016, cuando la alcaldesa panista Mirna Rincón asumió el cargo.
Según cifras oficiales, desde el año 2000, en México han sido asesinados 126 periodistas, entre ellos la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, Regina Martínez, y el fotógrafo colaborador de esta empresa, Rubén Espinosa; 20 están desaparecidos, y 51 medios de comunicación han sufrido atentados.

Y periodistas de Veracruz claman justicia a dos años del multihomicidio en la Narvarte

Medio centenar de colegas y amigos del fotoperiodista de Proceso y Cuartoscuro, Rubén Espinosa, salieron a las calles de Xalapa a protestar por su segundo aniversario luctuoso, y a fustigar la indolencia e indiferencia de las autoridades ante el multihomicidio de la colonia Narvarte, en donde se privó de la vida a Becerril y cuatro mujeres, entre ellas la activista cultural, Nadia Vera.
Una enorme lona de seis metros de largo por tres de ancho realizada por AVC Noticias –donde trabajó Espinosa- y por la Red Veracruzana de Periodistas, con el lema #2añosSinRuben, #ImpunidadMata y el rostro de Rubén Espinosa en medio de la imagen, sirvió como telón para la marcha silenciosa de amigos, estudiantes de humanidades y colegas periodistas de “Rubencillo”.
Un poco antes, en la Plaza Lerdo –rebautizada por periodistas como Plaza Regina Martínez–, el colectivo Voz Alterna y su vocera Norma Trujillo, reprocharon que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) no ha querido investigar las amenazas y hostigamiento que Rubén Espinosa tuvo por parte de empleados del gobierno de Javier Duarte días antes de exiliarse de Veracruz el 11 de junio del 2016, es decir, seis semanas antes de ser asesinado.
Trujillo recordó que Rubén Espinosa denunció públicamente una persecución en su contra por parte del mismo gobierno, las cuales nacieron desde las protestas magisteriales y el violento desalojo en el centro histórico de Xalapa que Rubén documentó en septiembre del 2013.
Por separado, la organización Artículo 19 y la defensoría para los asesinatos de Espinosa y Nadia Vera han recriminado que en el departamento de Luis Saviñón, en la colonia Narvarte, donde ocurrió el quíntuple homicidio, hay una quinta huella de una bota ensangrentada que no pertenece a Espinosa, ni a ninguna de las tres personas detenidas, por lo que se presume que hubo un cuarto participante en el homicidio que ni la PGJCDMX, la PGR y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) han querido investigar.
Tampoco se ha ahondado en el uso de datos e internet que tuvo el celular de Espinosa y que ocurrió dos horas después de que la procuraduría capitalina estimara la muerte del fotoperiodista de Proceso, Cuartoscuro y AVC Noticias.
En la protesta, amigos y colegas de Rubén colocaron flores, carteles y lonas con el rostro del fotoperiodista en la plaza Regina Martínez, afuera del Palacio de Gobierno y en su explanada, para recordarle al gobierno de Veracruz, a caro de Miguel Ángel Yunes Linares, al de la Ciudad de México, a cargo de Miguel Ángel Mancera y al de la república de Enrique Peña Nieto que hace dos años ocurrió un multihomicidio en la colonia Narvarte y el crimen continúa impune, gracias a la indiferencia total de las autoridades.
Con la puesta en prisión del ex gobernador veracruzano, Javier Duarte y de su Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, colectivos de periodistas y amigos de Espinosa han exigido que se investigue a ambos políticos veracruzanos por su probable responsabilidad por omisiones o por complicidad, de 19 periodistas asesinados en territorio veracruzano.
La protesta por el quíntuple homicidio de Nadia Vera, Mile Martín, Yesenia Quiroz, Olivia Negrete y Rubén Espinosa también se replicó en el Puerto de Veracruz con la colocación de carteles exigiendo justicia y de imágenes tomadas por Espinosa.
En redes sociales, periodistas de toda la entidad y amigos cercanos a Rubén Espinosa y a Nadia Vera también condenaron la impunidad en que se encuentra el crimen de la colonia Narvarte y la indiferencia de la FEADLE.
Una vez concluida la protesta, reporteros de diversos medios locales recordaron a Rubén como el compañero solidario, el fotoperiodista que siempre gustaba de cubrir los movimientos sociales y rehuía el acercamiento con políticos, también rechazaba el embute y las prebendas del aparato gubernamental, y en cambio siempre aceptaba la cobertura de campamentos en zonas ecológicas para manifestarse contra la instalación de una hidroeléctrica o ilustrar la brutalidad policiaca en los desalojos del movimiento magisterial.

 

César Martínez / Agencia Reforma

Ciudad de México

Encabezada por el obispo Ramón Castro Castro, y el rector de la UAEM, Jesús Vera Jiménez, ayer inició la llamada Marcha por Morelos que busca exigir a la Secretaría de Gobernación su intervención ante la inseguridad y la corrupción que prevalece en la entidad.
“La entidad está sumida en la peor crisis de seguridad que haya vivido en su historia. Los números de las propias autoridades así lo confirman”, reprochó el poeta y activista Javier Sicilia en un posicionamiento que leyó antes de que iniciara la movilización.
La marcha, que fue convocada por el denominado Frente Amplio Morelense (FAM), salió de La Paloma de la Paz, en Cuernavaca.
Siete horas después, aproximadamente, el grupo de inconformes con la gestión del gobernador Graco Ramírez hizo un alto en la localidad de Tres Marías, donde pasó la noche en la preparatoria comunitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
El grupo prevé entregar al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, un documento con seis planteamientos.
Entre estos puntos destacan la revisión de la estrategia de seguridad pública, la cual consideran un fracaso; castigar a funcionarios que han participado en actos de corrupción, investigar a los responsables del socavón en el Paso Exprés, y resolver lo más pronto posible el rescate financiero de la UAEM.
La demanda también está suscrita por el presidente municipal de Cuernavaca y ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, quien acudió al inicio de la movilización, pero no la acompañó en su recorrido.
Hoy, el contingente reanudará temprano la caminata hasta un punto intermedio, para que el miércoles lleguen en vehículos a la caseta de cobro en la Ciudad de México.
Ese mismo día caminarán hasta San Jerónimo, donde serán recibidos en una casa religiosa, para que finalmente, el jueves, lleguen en una marcha hasta la avenida Bucareli, donde están las oficinas centrales que dirige Miguel Ángel Osorio Chong.

 

La Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía otorgó permisos a la empresa Eólica de Oaxaca SAPI de CV filial de la transnacional EDF Energies Nouvelle, sin consulta de por medio, con lo que violó los derechos de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo.
Por esta razón, la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales AC (ProDESC) interpuso un amparo para solicitar la protección de la justicia federal ante los Juzgados de Distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca.
De igual forma, recurrirán a la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, Victoria Tauli, para denunciar que el Estado mexicano en lugar de garantizar certeza jurídica para la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, violó sus derechos a la libre determinación, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado que se encuentra establecido en la Declaración de las Naciones Unidas.
De acuerdo con los más altos estándares de derechos humanos el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado se debe garantizar en las etapas preliminares de los proyectos
A través de un comunicado, ProDESC precisó que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó la autorización en tiempo récord porque la empresa solicitó el permiso el 27 de abril de 2017 y se le autorizó el 29 de junio con el número de resolución RES/1219/2017. (Agencia Proceso /?Oaxaca).

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impartió capacitación a servidores públicos de las 32 entidades federativas del país sobre el riesgo en que desarrollan su labor los periodistas y defensores de derechos humanos en el país.
En un comunicado, el organismo subrayó que dicha capacitación tiene el objetivo de sensibilizar a las personas que conformarán las unidades de protección para personas que integran ambos colectivos.
En un comunicado destacó que ante el incremento en la violencia contra periodistas y comunicadores, así como en perjuicio de defensores de derechos humanos, deben articularse y coordinarse esfuerzos y capacidades para lograr su abatimiento y prevención con un compromiso real, eficiente y oportuno.
En este sentido, puntualizó, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, se ha pronunciado en diversas ocasiones en favor de generar una política pública integral de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que propicie un entorno adecuado para el desarrollo de sus labores y permita brindarles una protección real, digna y pertinente, con independencia de su lugar de residencia, género, origen étnico preferencia u orientación sexual o ámbito en que lleven a cabo sus actividades.
Durante el curso, en el que participaron instructores colombianos, el Quinto Visitador General, Édgar Corzo Sosa, así como visitadoras adjuntas de la CNDH, comentaron el contexto en que ejercen su labor las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas, de conformidad con el contenido de las Recomendaciones Generales 24 y 25 de la CNDH publicadas en 2016. (Agencia Proceso /?CDMX).

Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Procuraduría General de la República y el Ejército capturaron este lunes en el Fraccionamiento Real Esmeralda, en Atizapán, Estado de México, a Nahúm Abraham Sicairos Montalvo, El Quinceañero, presunto operador y mano derecha de Dámaso López Serrano, El Mini Lic.
El operativo de captura ocurrió apenas cinco días después de que el hijo del capo Dámaso López Núñez se entregara a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en la frontera de Caléxico y Mexicali.
De acuerdo con informes federales, El Quinceañero fue detenido alrededor de las 4:00 horas en el inmueble de Palma Río 22, y poco después de las 7:00 fue trasladado a la sede de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Informes extraoficiales indican que durante el operativo también fue detenido un lugarteniente de Sicairos.
El Mini Lic, hijo del capo Dámaso López Núñez, El Licenciado, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, acordó su arresto con autoridades de la DEA, y se entregó el miércoles pasado en la Garita de Caléxico, California.
El ahijado de Joaquín El Chapo Guzmán siempre hizo ostentación de dinero, mujeres, armas y droga en las redes sociales y manifestó su devoción por Jesús Malverde, el considerado santo de los narcotraficantes.

Busca EU la extradición

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que Nahúm Abraham Sicairos Montalvo, El Quinceañero, fue capturado con base en una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, por diversos delitos de narcotráfico.
De acuerdo con la dependencia, el presunto operador de Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, fue detenido por la Agencia de Investigación Criminal y el Ejército por un mandato de extradición que deriva de una orden de captura de la Corte Federal del Distrito Sur de California con sede en San Diego.
En esa orden, “El Quinceañero” es acusado de asociación delictuosa para distribuir e importar drogas en diversas modalidades.
En un comunicado, la PGR detalló que la orden de captura contra Sicairos fue girada en Estados Unidos desde el 19 de agosto de 2016 y desde entonces también la Interpol emitió una ficha roja en su contra para ser buscado en más de 190 países.
En el operativo de esta madrugada en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, añadió la dependencia, las fuerzas federales también capturaron a un lugarteniente de “El Quinceañero”, identificado como Filiberto, y aseguraron un kilo de cristal y 20 dosis de la misma sustancia.
Los dos sospechosos están rindiendo declaración en las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y en las próximas horas serán puestos a disposición de un juez federal.