La ocupación hotelera en Acapulco alcanzó ayer 93.6 por ciento, la más alta en las dos primeras semanas de la temporada vacacional.
Mientras que los tres destinos del Triángulo del Sol registraron en su conjunto 93.3 puntos de ocupación hotelera.
La Secretaría de Turismo estatal informó que de las tres zonas turísticas de Acapulco, la Dorada obtuvo el puntaje más alto con 96.7 por ciento, le siguió la Tradicional con 90.4 puntos y la Diamante con 86.7 puntos.
Ayer las condiciones climatológicas fueron óptimas para los visitantes, con ligeros nublados pero mayormente soleado durante el día, con una temperatura de 31 grados centígrados.
En las playas Condesa e Icacos el oleaje fue fuerte debido al fenómeno Mar de Fondo, pero en El Morro y Papagayo el mar calmado permitió a los bañistas nadar y divertirtse.
En el reporte del aforo vehicular de la Policía Federal se indicó que en la caseta de La Venta, a las 11 de la mañana entraban por minuto a Acapulco seis vehículos y salían 12 con dirección a Chilpancingo.
A las 2 de la tarde, el reporte era de 14 vehículos que entraban a Acapulco por 30 que salían.
Por sólo una décima, Ixtapa-Zihuatanejo superó la ocupación hotelera de Acapulco al registrar 93.7 por ciento.
Desglosado, el Centro Integralmente Planeado Ixtapa repuntó con 95.2 por ciento y Zihuatanejo logró 82.6 puntos.
Las playas con más movimiento fueron la Linda y La Isla en Ixtapa, y Las Gatas y La Ropa en Zihuatanejo.
En comparación con el día sábado, el movimiento en los muelles del destino fue menor, pero sin dejar de reflejar buenos resultados para los balnearios que utilizan estos embarcaderos para cruzar a los turistas.
En el éxodo de automóviles particulares en la carretera federal Lázaro Cárdenas-Zihuatanejo se vieron placas de los estados de Michoacán, Guanajuato y Querétaro.
La temperatura alcanzó los 32 grados centígrados, clima propicio para que los visitantes llenaran los puestos semifijos de nieves, raspados y aguas para refrescarse ante el intenso calor.
Otros tantos se refrescaban en el mar en la bahía de Zihuatanejo y en el litoral de Ixtapa.
En la ciudad de Taxco la ocupación fue de 86 por ciento.

 

Por cuatro días la familia Sandoval Caballero, de la Ciudad de México, estuvo en Acapulco y sólo uno de esos lo ocuparon para salir de su hotel en la zona Diamante.
Ayer, para “recordar viejos tiempos”, los integrantes de la familia fueron a la playa Papagayo antes de partir a su destino de origen.
Los Sandoval Caballero contaron que por seguridad decidieron contratar un paquete todo incluido, pero que ayer irían a la playa, por ello decidieron rentar una carpa a pocos metros del mar.
De un color azul desgastado por el sol y sujetada en cada esquina por cintas del mismo material, la carpa les daba espacio a los visitantes para colocar dos mesas y mojar sus pies sin pararse.
En la playa Papagayo no se registró alto oleaje como en otras playas de la zona Diamante, “apenas podíamos meternos allá en Revolcadero y aquí podemos estar sentados con el mar a los pies”, dijo el señor Manuel Sandoval, que salpicaba con sus pies el agua de mar, lo que molestó a su esposa: “no hagas eso, ya le cayó arena al hielo y a la niña”.
Después de llevar a su hija al mar para quitarle la arena, Don Manuel regresó a la carpa.
Por su parte, una de las integrantes de la familia, Hilda Caballero, dijo que desde que llegaron estuvieron en un hotel de la zona Diamante y sólo se metieron a las albercas: “mi papá los cuidó a los grandes y mi mamá se quedaba con nosotros en las albercas, extrañábamos una playa llena y con el ruido de todos los demás, después de la tranquilidad del hotel quisimos pasar aquí”.
Indicó que desde las vacaciones de Semana Santa reservaron para el verano, y reconoció que por temor no venían desde hace cuatro años.
Dijo que consultaron a meseros y personal del hotel y ellos les dieron confianza de salir; “no más allá de la Costera, nos insistieron, que estaríamos seguros, que cerca de la bandera porque es donde hacen su base los policías”.
“La verdad es que extrañábamos a nuestros paisanos chilangos, por eso estamos aquí, para aclimatarnos, porque aquí nos dijeron que vienen más y queríamos revivir los tiempos de cuando éramos recién casados”, concluyó su esposo.

Un nada sorprendente forcejeo entre el gobierno del estado y la Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero (UPOEG) se ha estado desarrollando en las últimas semanas. El gobernador, Héctor Astudillo Flores, ha hablado en varias ocasiones del necesario desarme de esta organización ciudadana armada, mientras que el líder de ésta, Bruno Plácido Valerio, ha plantado una rotunda negativa. Esta confrontación puede llegar a límites indeseables y requiere mucha atención y lucidez para ser resuelta. A mi juicio, hay dos salidas a esta confrontación: una, la de la fuerza y dos, la del diálogo. Afortunadamente, el comandante de la Novena Región Militar, general Germán Javier Jiménez Mendoza, se ha manifestado por la vía de la negociación y el diálogo.
Hay que considerar que la UPOEG no es la única organización ciudadana armada. Si bien es la de mayor importancia en el estado, las hay en diversas regiones de la entidad, lo cual hace más complejo el panorama. Y siguen apareciendo más agrupaciones de autodefensas como es el caso de la Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero que integraron siete ejidos de la sierra de Zihuatanejo y Coyuca de Catalán. Y, muy probablemente seguirán apareciendo otras más si las condiciones de inseguridad no cambian.
Según el gobierno, todas estas organizaciones no tienen el soporte de la Ley 701 y quedan inexorablemente en la ilegalidad, por lo que tienen que ser desarmadas. En principio, tiene razón, pero las cosas no son tan sencillas como lo deseara el mismo gobierno. Es necesario hacer algunas consideraciones para encontrar un camino razonable y resolver este problema, desde las causas mismas que activaron la aparición de grupos de autodefensa.
Hay que comenzar por reconocer que fue la incapacidad y la omisión de las autoridades lo que dio pie a la aparición de todos estos grupos de autodefensa. Por lo mismo, hay que intervenir ante esa incapacidad, que es endémica e institucional. El primer promotor de las autodefensas ha sido el gobierno mismo con sus omisiones. Ni las policías ni las fuerzas armadas han podido garantizar la seguridad y tal parece que a corto plazo no tienen condiciones para hacerlo. Si el gobierno quiere desarmar a las autodefensas, tiene que garantizar la seguridad que no ha dado hasta ahora.
Hay que señalar que da la impresión de que al gobierno le preocupan más las autodefensas que los cárteles de la droga y las demás organizaciones criminales. Como van las cosas, no vemos para cuando éstas queden desarmadas y desactivadas. Las así llamadas estrategias de seguridad en el país no muestran resultados favorables. Se parecen a la actuación de los bomberos que sólo apagan incendios donde se detectan contextos de emergencia.
El argumento de que las autodefensas están fuera de la Ley 701 que regula a las policías comunitarias pertenecientes a los pueblos indígenas, ha servido para poner de manifiesto que están fuera de la ley. En sí, el argumento es razonable, porque así está previsto en la ley. Pero, ¿no será esta la oportunidad para pensar una ley específica que llene el vacío que ha habido siempre en la estrategia oficial de seguridad? ¿Por qué los diputados locales no se quiebran un poco la cabeza para legislar a favor de la seguridad de las comunidades con policías propias y con un necesario sentido comunitario? Hay que tomar en cuenta que la mayoría de los grupos de autodefensas que han surgido no son policías comunitarias porque no se sujetan a las autoridades comunitarias ni a los mecanismos de toma de decisiones de las comunidades.
Hay que pensar que los pueblos no indígenas y mestizos requieren sus propios mecanismos de seguridad ya que ni las policías municipales ni las estatales han tenido la capacidad de garantizarles seguridad. Al respecto, hay que apelar a la propuesta del cuarto nivel de gobierno en los niveles comunitarios, donde haya una participación ciudadana y puedan tomarse decisiones comunitarias relacionadas con todos los temas, sobre todo en lo que tiene que ver con la paz y con la seguridad.
Como puede verse, el problema es estructural. Las comunidades locales no tienen el reconocimiento y las facultades legales que requieren para hacer su parte en una verdadera estrategia de seguridad y donde sus intereses se hagan valer, más allá de los intereses de los gobiernos municipales y del estatal. Las comunidades locales no son consultadas ni tomadas en cuanta para tantas decisiones que les han estado afectando. No se reconoce el potencial que tienen las comunidades para resolver este y muchos problemas más.
Por lo mismo, hay que plantear la necesidad de legislar para que los pueblos y las comunidades participen y colaboren en una verdadera estrategia de seguridad que recoja sus aportes y sus potencialidades. En este contexto, podrían visualizarse policías comunitarias para pueblos no indígenas. Estas serían policías institucionales que dependieran de las autoridades comunitarias, organizadas en redes y no de líderes extraños a la institucionalidad comunitaria.
Lo que hay que descartar, por el momento, es la opción de desarmar a las autodefensas por la fuerza. Se vendría un conflicto social y político de gran tamaño. Hay que pensar en soluciones de fondo y de largo alcance, que beneficien a la sociedad y, desde luego, a nuestros gobiernos fortaleciendo el Estado de derecho, tan deteriorado entre nosotros.

Cuauhtémoc Cárdenas es un icono de la democracia en México. Hemos tenido muchos acuerdos y algunos desencuentros, siempre en un marco de respeto y afecto. En ese contexto van estas líneas.
Su texto del sábado en La Jornada sobre la posición de México ante Venezuela contiene varias imprecisiones que me parecen incompatibles con otras posiciones que ha manifestado a propósito de otros países, incluyendo el nuestro, y sobre todo, omisas en relación a los acontecimientos de ayer en aquel país. Las resumo, reconociendo que, en efecto, puede uno pensar que  asociar a México a las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios venezolanos por violaciones a los derechos humanos y/o corrupción no es la mejor manera de defender la democracia en Venezuela. La postura mexicana ha vuelto a ser congruente: defender la democracia representativa y el respeto a los derechos humanos en Venezuela como lo haría en cualquier otro país, incluyendo México.
El primer error de Cárdenas, y de los intelectuales que firman un manifiesto análogo en el mismo periódico, es considerar que una postura de esta naturaleza rompe con la tradición de política exterior mexicana. Al contrario. México, desde los años 70, ha adoptado actitudes de severa crítica a gobiernos dictatoriales, racistas o agresivos. Lo hizo con Chile después del golpe de Estado de Pinochet. Lo hizo cuando rompió relaciones con la dictadura de Somoza en Nicaragua, en 1979, ayudando abiertamente al Frente Sandinista en su lucha contra el genocida. México invocó muchos principios para justificar sus actos, pero claramente tomó partido: a favor de las fuerzas opositoras a la dictadura. Durante varias décadas se opuso al régimen del apartheid en Sudáfrica, y votó a favor de sanciones en la ONU. Ni qué decir de la Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador en 1981, cuando le reconoció al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional el carácter de fuerza política representativa. La diferencia con Cárdenas y sus colegas puede ser que ellos consideran que, en los casos que acabo de mencionar, se trataba de auténticas dictaduras mientras en Venezuela (y Cuba) se trata de regímenes que no pueden ser considerados como tales.
Segunda imprecisión: México, junto con otros países desde hace varias décadas ha considerado que el principio de no intervención debe subordinarse a otros principios de valor jurídico universal como el respeto a los derechos humanos, la defensa colectiva de la democracia, la paz y la seguridad mundiales y el combate a ciertos regímenes especialmente odiosos.
Tercera imprecisión: Cárdenas parece pensar que la única razón por la cual México adoptaría una postura crítica frente a la dictadura de Nicolás Maduro, a la represión, al golpe de Estado que significa la elección de la Asamblea Constituyente, es por alinearse con EU. Que no existen intereses mexicanos propios para adoptar estas posturas. Falso. Primero, porque México ha suscrito –con Venezuela– una gran cantidad de instrumentos jurídicos regionales e internacionales sobre los cuales descansa su postura actual: la Carta de Bogotá, el llamado Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos, y sobre todo la Carta Democrática Interamericana. Estos documentos nos obligan a las posiciones que hemos adoptado; no hacerlo equivale a traicionar esos instrumentos o la adhesión de México a los mismos. La Carta Democrática Interamericana en particular es muy específica. La violación de normas constitucionales en cualquier país de América Latina debe detonar un mecanismo de censura y sanciones contra el país que así procede.
Cuarto error: Venezuela no tiene por qué plegarse a los designios del imperio o de México o de cualquier otro país. Falso. Tiene que plegarse a la letra y el espíritu de los instrumentos internacionales que ha firmado. Maduro ha dicho que retira a su país de la OEA, y que denuncia la Carta de Bogotá, pero ese es un proceso que tarda dos años. Ha expulsado a miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero sigue siendo vigente el Pacto de San José y la Comisión y la Corte para su país. Entonces, Venezuela sí tiene obligaciones muy específicas.
La última imprecisión de Cuauhtémoc es la que me parece más grave. Sin la movilización y la unidad de las fuerzas de los sectores pro democráticos dentro de México es imposible avanzar. Pero también sin el apoyo de sectores externos: aliados, fuerzas afines u organismos internacionales. Cuauhtémoc llamó a que hubiera observadores internacionales en las elecciones del 94; su partido, o varios de sus correligionarios, acudieron a la OEA y a la CIDH para denunciar el fraude electoral. Ahora mismo los sectores más radicales de la izquierda mexicana siguen apelando al GIEI y a instancias análogas para casos como Tlatlaya sin ruborizarse. Sin embargo, ¿con qué cara se pide eso para México sin exigir lo mismo para otros países? ¿Qué no tiene más fuerza la exigencia de sectores opositores en México al solicitar la intervención de organismos como la CIDH,  el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Amnistía Internacional o Human Rights Watch en México si también se pide en otras partes de América Latina? La mejor ancla contra los retrocesos en esta materia en México son los acuerdos internacionales que se han suscrito.
Creo que sí hay imprecisiones en el texto de Cárdenas, pero celebro la posibilidad de debatirlos con él de esta manera indirecta y espero que respetuosa.

La historia del dinero sucio en las campañas políticas es uno de los capítulos menos explorados, aunque muy hablados, de la gubernatura de Javier Duarte, quien se ufanaba, a principios del año pasado, de haber invertido 2 mil 500 millones de pesos en los estados y candidatos que le dijeron desde la Ciudad de México. Ese, pensaba, era su seguro de vida política, pero se le fue agotando. El 5 de junio tuvo una primera llamada de atención sobre lo que podría venírsele, pero siguió con la esperanza de que su amigo Peña Nieto lo protegería siempre.

Javier Duarte sintió por primera vez el frío presidencial el 5 de junio del año pasado, cuando cerca de las seis de la tarde, policías federales le arrebataron a sus policías al senador Fernando Yunes, hijo del actual gobernador de Veracruz, a quien habían detenido en un retén. La acción federal, en violación de la autonomía estatal, era el colofón de horas de presión del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que lo liberara. Cinco veces le llamó a Duarte, quien se negaba a soltarlo. “¡Es senador, cabrón, suéltalo!”, dijo Duarte aquella tarde que le había gritado el secretario. Poco después, cuando le informaron que les habían quitado al senador, comentó: “Ya nos abandonó el águila”.
“Águila” es como llaman muchos políticos al presidente de la República en turno, en referencia al ave en el escudo de la bandera nacional. Duarte nunca pensó, antes de ese día, que el presidente Enrique Peña Nieto le quitara su apoyo. Peña Nieto frenó varias veces al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que le pedía actuar en su contra por el desorden financiero y la corrupción en el estado. También rechazó la reiterada petición del ex líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, para que lo obligara a solicitar licencia, para tratar de salvar la elección. Peña Nieto, por el contrario, lo respaldó y le entregó la elección, con la promesa de Duarte de entregar la victoria.
Por varios años, Duarte recibió una sobredotación de recursos presupuestales que entregaba en los estados y a los candidatos que le indicaran en la Ciudad de México. Una parte de esos recursos salían de una cuenta de la llamada Modernización Educativa, que entraban a través del presupuesto estatal de educación. Esa cuenta era discrecional y funcionaba desde la Secretaría de Finanzas. Con recursos de esa cuenta, de acuerdo con personas que conocieron sus movimientos, se financió parte de la campaña de Duarte para la diputación federal y, posteriormente, para la de su campaña a gobernador.
No hay ninguna estimación sobre cuánto dinero salió de Modernización Educativa para campañas políticas, porque quien manejaba la dispersión de recursos era el propio Duarte. De esa cuenta salió dinero para un gran número de estados, e incluso llegó a utilizar como correo del dinero sucio a Moisés Manzur, su socio y presunto cómplice de corrupción. Duarte no era ajeno a combinar operación política con sus relaciones personales. Por ejemplo, utilizó a Francisco Valencia, dueño de Vinísimo, que frecuentaba el gobernador con sus novias y a quien nombró director la Comisión de Agua, como el enlace con el PRD. Una de las campañas que recibió dinero veracruzano, según ex funcionarios veracruzanos, fue la de Silvano Aureoles, para la gubernatura de Michoacán.
“Duarte le daba a todos, en todos lados”, dijo una persona que lo conoció bien. Nadie se escapaba, ni siquiera Morena. El enlace con ese partido era Gabriel Deantes, subsecretario de Administración y Finanzas, aunque sólo en la parte económica, pues la política se la dejaba al actual presidente de la Fundación Colosio, José Murat, y a Erick Lagos, quien era secretario general de Gobierno. Pero las reuniones más delicadas las encabezaba directamente Duarte. En dos ocasiones habló en la Ciudad de México con el jefe de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y en dos, en su propio departamento en Polanco, con el operador del dos veces candidato presidencial y actual delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal –una de ellas tras anunciarse la alianza PAN-PRD para la gubernatura de Veracruz a finales de 2015.
Una de las razones, si no la principal, para que Duarte le garantizara a Peña Nieto que ganaría la elección, era por su confianza en la compra de opositores. Así lo había hecho en las elecciones intermedias de 2015, donde los candidatos priistas habían arrasado. Por esos resultados, siempre pensó que el presidente le permitiría ungir a Alberto Silva, dos veces director de Comunicación Social, diputado local y secretario de Desarrollo Social, como candidato del PRI, pero Videgaray –siempre lo responsabilizó Duarte–, impuso al senador Héctor Yunes. Aún con la molestia de Duarte, inyectó mil millones de pesos, decía, en la campaña del priista. El senador ha negado que le hayan dado dinero, pero hay testigos de que cuando menos, 250 millones de pesos, en una caja de huevo, fueron colocados por el propio Yunes en la cajuela de su auto tras recibirlos en la casa de Duarte.
La historia del dinero sucio en las campañas políticas es uno de los capítulos menos explorados, aunque muy hablados, de la gubernatura de Duarte, quien se ufanaba, a principios del año pasado, de haber invertido 2 mil 500 millones de pesos en los estados y candidatos que le dijeron desde la Ciudad de México. Ese, pensaba, era su seguro de vida política, pero se le fue agotando. El 5 de junio tuvo una primera llamada de atención sobre lo que podría venírsele, pero siguió con la esperanza de que su amigo Peña Nieto lo protegería siempre. Así lo hizo, en efecto, hasta que dejó de hacerlo.

Nota: En la columna del viernes, “2018: el factor Salinas”, se apunta que el ex presidente Carlos Salinas se acercó a Margarita Zavala, precandidata del PAN a la Presidencia, para apoyarla. La señora Zavala aseguró a este espacio que es falso, y que ella no ha recibido ningún tipo de respaldo de Salinas. El dato, para el contexto, fue aportado por dos fuentes de alto nivel, por separado, del PAN.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

Tras el escándalo ocasionado por el socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, el Congreso pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) los contratos y convenios celebrados para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Con el respaldo de todas las bancadas, incluidos los legisladores del PRI, la Comisión Permanente demandó a la dependencia que instruya al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para que entregue la información, pero acompañada de todos los datos sobre el avance físico de la obra.
Diputados y senadores también demandaron que se rindan cuentas sobre el origen y destino de los recursos financieros relacionados con la polémica obra.
A propuesta de la bancada del PAN en el Senado, el Congreso solicitó información sobre los compromisos adquiridos con empresas, dependencias, entidades e instituciones de educación superior, para cumplir con el “Estándar de Datos para Contrataciones Abiertas” para transparentar licitaciones y para la implementación y ejecución de contratos.
La información tendrá que ser entregada al Congreso en un plazo no mayor de 30 días naturales, que comenzaron a correr el pasado 26 de julio, cuando la resolución fue votada por el pleno de la Comisión Permanente.
En el dictamen, los legisladores recordaron que la construcción del NAICM está considerada como la mayor obra pública que se realizará en décadas en el país.
Señalaron que el importe de recursos públicos que se destinará a esa obra y a su integración urbana representan una de las mayores inversiones concentradas.
Refirieron que el 28 de octubre de 2015 el Presidente Enrique Peña Nieto asumió el compromiso de que la obra sería el primer proyecto en aplicar el estándar de datos para las contrataciones abiertas.
De acuerdo con el GACM, hasta febrero de este año se habían comprometido 115 millones de dólares, lo que equivale a 65 por ciento del valor del proyecto.
Detallaron que ese gasto comprende la construcción de dos pistas y la cimentación de la torre de control, el centro de transporte terrestre y el edificio terminal.
“Para finales del presente año se habrán licitado 20 proyectos más que, sumados a las realizados anteriormente, equivalen a cerca del 85 por ciento del valor total estimado del proyecto”, indicaron.
Por otro lado, detallaron que el Presupuesto de Egresos de la Federación apenas ha asignado 17 mil 871 millones de pesos de inversión en el NAICM, que requerirá de más de 107 mil 800 millones de pesos de recursos públicos.
El Congreso aseguró que, ante los montos de inversión, la transparencia es la mejor arma para combatir la corrupción.

Ignoró la SCT alerta de constructoras del Paso Exprés

Al menos 9 meses antes de que se formara el fatal socavón en el Paso Exprés en Cuernavaca –que causó 2 muertes el 12 de julio–, la SCT ignoró la petición de las constructoras de arreglar ese tramo.
Conforme documentos a los que tuvo acceso Grupo Reforma, la SCT recibió dos propuestas de reparación del drenaje del kilómetro 93 del Paso Exprés y en la zona aledaña donde se presentaban desbordamientos de aguas.
Desde el 29 de septiembre de 2016, el consorcio constructor integrado por Epccor y Aldesem propuso fortalecer el tubo de desagüe con un encamisado metálico y cemento; a la vez, realizar una perforación para desfogar el agua que se acumulaba en el punto.
Dicha propuesta se hizo como alternativa a una obra de mayor calado que ofrecía la empresa, pero que la SCT no admitía debido a que implicaría detener la circulación en la autopista.
“En virtud de que la ampliación de la obra mencionada implica realizar excavaciones del orden de 12.0 metros sobre la autopista actual, situación que afecta a la circulación al tener que reducirla a un solo carril, le sugerimos se haga un encamisado metálico por el interior del tubo existente y se rellene con lechada de cemento en espacio entre el tubo metálico y el interior del tubo existente y en la ampliación mantener el tubo metálico”, dice el oficio firmado por David Rodríguez, superintendente de obra del consorcio.
El oficio fue dirigido a Josué Robles Rodríguez, residente de obra II de Carreteras Federales del Centro SCT Morelos.
“Es necesario incrementar el gasto de la obra. Está pendiente se defina si se realiza una perforación dirigida para desfogar el agua que se acumula a un lado”, precisa el documento.
El consorcio anexó con el oficio un CD y una imagen que explicaba el encamisado metálico propuesto para la obra del kilómetro 93+857.
La SCT no dio ninguna respuesta a dicho oficio.
Un mes después, el Subsecretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua de Morelos, Juan Anguiano, presentó en un oficio resultados de un estudio hidrológico en el kilómetro 93 del Paso Exprés, donde sugería reemplazar el tubo por uno del doble de diámetro que el existente para mejorar el desagüe o bien abrir una alcantarilla y perfilar una pendiente.
En el oficio del 31 de octubre de 2016 y dirigido al delegado de la SCT, José Luis Alarcón, el funcionario estatal advierte que vecinos de Chipitlán pedían ampliar la alcantarilla de la barranca que cruza el libramiento  donde escurrían aguas negras y pluviales.
La SCT tampoco respondió a esta propuesta.

 

Ulises Díaz / Agencia Reforma

Ciudad de México

Para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), México tiene definido muy claros los objetivos para negociar a la ofensiva y la defensiva, dijo Moisés Kalach, presidente del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI).
Al momento, se conocen las condiciones mínimas que se requieren para que México no abandone las negociaciones, que son que no se coloquen aranceles ni se pongan restricciones al comercio, según dictó el Presidente Enrique Peña Nieto al inicio de este año.
Pero la estrategia a la ofensiva, es decir aquellas condiciones ideales que los negociadores mexicanos desearían obtener, no se han hecho y no se harán públicas para evitar entorpecer el proceso de negociación, explicó el principal negociador de la iniciativa privara (IP).
“Decir que no se aceptarán aranceles suena defensivo pero también es ofensivo, es no dejar que nuestras exportaciones sufran.
“Creo que los lineamientos tienen un tiempo, hay una lista de temas ofensivos y defensivos en el sector privado, entiendo perfectamente que también el Gobierno la tiene, pero para esos temas no es momento ahora de revelarlos”, explicó en entrevista con Reforma.
De manera general, adelantó que hay una lista de temas pendientes que quedaron luego del trazado del TLC original, tal como el sector agropecuario, que quieren cambios y ampliaciones, y estos se atenderán.
También señaló que han cambiado algunas cosas desde que se hizo el pronunciamiento original del Ejecutivo, por lo cual han habido cambios tanto en la esfera pública como en la privada y ahora el proceso ya es institucional, lo cual significa que avanza con fechas, acuerdos establecidos y respecto a quién negocia con quién.
“Hay que tener paciencia para revelar los temas y prioridades conforme avanza la negociación, pero sí hay matrices de ofensa y defensa, y sabemos por dónde navegar en ellas”, precisó.
“Estamos de acuerdo que no se revelen posiciones de sectores específicos o temas, de aquí a que empiece la negociación y cuando esté en proceso tampoco se hará”, dijo.
Esto se hace, según explicó, para evitar que se creen expectativas, se revele una postura o se aborde un tema de manera prejuiciada o presionada por factores externos.
“Hablar de temas de negociación debilita la posición de México, porque presupone adoptar una posición antes de llegar a la mesa.
“Ni siquiera sabemos cómo estarán los saques de la negociación por parte del Gobierno estadounidense o canadiense, así que es un poco previo decir por dónde nos vamos a ir. Hacerlo podría debilitar la estrategia de negociación”, indicó.

EFE

Ciudad de México

Cientos de venezolanos se manifestaron ayer en la Ciudad de México en contra de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de su país, rodeados por militantes de grupos sociales mexicanos que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro.
Frente a la embajada de Venezuela, en el residencial Polanco, los ciudadanos venezolanos rechazaron la jornada electoral en el país suramericano y se manifestaron en favor de lo que llamaron en carteles como la “restitución del hilo constitucional”.
“Estoy a favor de la libertad de un país, estoy en contra de la Constituyente; estoy a favor del cambio de Gobierno”, dijo a EFE el actor venezolano Alejandro Nones, quien participa en La Piloto, telenovela que se transmite en “Las estrellas” de Televisa.
El venezolano Miguel Aponte, un empleado de telecomunicaciones con pocos días de haber llegado comisionado a México por su empresa, comentó a EFE que llegó a la embajada a apoyar “a la mayoría de los venezolanos que están en contra de la Constituyente, que lo que quiere es cercenar todos los poderes del pueblo venezolano”.
Aponte comentó su sorpresa de que los mexicanos que los rodeaban se manifestaron a favor del presidente de Venezuela y de las elecciones cuando “Maduro se la pasa todo el tiempo hablando mal de México”.
María Eugenia Campo Orozco, con nueve años de residir en México, dijo a EFE que esta manifestación es para mostrar “nuestra oposición en contra del fraude constituyente” y lamentó que haya mexicanos engañados sobre lo que ocurre en Venezuela.
La manifestación se vio rodeada por varios cientos de mexicanos pertenecientes a grupos sociales que trataron de callarlos con consignas por Maduro, a favor de las elecciones y que los calificaron como miembros de la “derecha venezolana”.
Entre las consignas coreadas por los cientos de venezolanos como “no me da la gana una dictadura igualita a la cubana”, los mexicanos les gritaban “Maduro, Maduro” y “váyanse para Miami”.
A la embajada llegaron decenas de miembros de organizaciones sociales como el Frente Popular Francisco Villa, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, el Sindicato Mexicano de Electricista (SME) además de militantes que respaldan a Maduro.
Estas organizaciones han venido “a apoyar el proceso electoral en el país sudamericano”, aseguró el dirigente de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, el mexicano Pedro Gellert.
Un centenar de policías y antimotines de la Secretaría de Protección y Vialidad de la Ciudad de México, se presentaron en la calle de la embajada y se ubicaron entre ambos grupos para impedir roces físicos que pudieran derivar en violencia.

Dzohara Limón / Agencia Reforma

Toluca

El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) resolvió que no habrá recuento voto por voto de las elecciones a gobernador del pasado 4 de junio y anuló sólo 79 de las 6 mil 196 casillas impugnadas por los partidos políticos mediante 21 juicios de inconformidad.
La decisión del TEEM representa la nulidad de 24 mil 243 votos en la entidad, por lo que se modificaron los resultados consignados en 32 actas de cómputo distrital de los comicios.
Horacio Duarte, dirigente estatal de Morena, aseguró que la decisión fue tomada con la intención de cerrarle el paso a la candidata de Morena, Delfina Gómez.
“Vamos a recurrir está resolución a través de un juicio de revisión constitucional ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recordando que todavía el proceso electoral tiene muchas etapas.
“Después de que resuelva la Sala Superior, entonces podrá el Consejo General del IEEM entrar a la calificación y, en su caso, a la entrega de la Constancia de Mayoría de la elección a gobernador, esto tendrá que suceder antes del 16 de agosto”, advirtió Duarte.
Tras lamentar la actitud de los magistrados del TEEM, Gómez aseguró que no cumplieron con el objetivo de dar claridad y transparencia en el proceso electoral.
“De verdad están jugando mucho la situación de mesura de los ciudadanos y yo nada más les pido a los ciudadanos que tengan confianza en nosotros, nosotros vamos a seguir luchando y en próximas fechas vamos a llevar a cabo unas acciones que no afecten a la ciudadanía”, aseveró Gómez.
Duarte aseguró además que una vez agotados los medios de impugnación locales y, de no recibir una respuesta favorable a sus reclamos partidistas, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para seguir insistiendo con el recuento total de los votos.
“La ley con mucha claridad establece que cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al número de votos nulos debe de haber recuento total”, explicó Duarte.
“En el Estado de México la diferencia total entre el primero y el segundo es de 2.8, mientras que los votos nulos son del 3.8, los magistrados hoy ni siquiera entraron a valorar esa consideración”, acusó.
Los inconformes tienen cuatro días para presentar el Juicio de Revisión Constitucional.

Protesta Delfina a las afueras del TEEM

Luego de la resolución del Tribunal, el campamento que los simpatizantes de Morena mantenían afuera de la dependencia fue levantado.
Gómez anunció además que prevé solicitar que los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México sean sometidos a juicio político o que renuncien a su cargo debido a que se han comportado con arbitrariedad.
La ex abanderada de Morena al gobierno del Estado de México señaló que fue totalmente arbitraria la decisión de los magistrados electorales locales de anular un número tan bajo de casillas.

La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) ha provocado una explotación excesiva, destrucción de casas y desaparición de cerros en el oriente del Estado de México, de donde se extrae una parte de los 63 millones de metros cúbicos de material que requiere el acondicionamiento de las pistas.
En Tezoyuca, una mina de tezontle de unas 30 hectáreas ha puesto en riesgo a cerca de 40 casas que quedaron a medio metro de las excavaciones de hasta 50 metros de profundidad, a pesar de que la ley estipula al menos 20 metros de distancia y taludes de 60 grados de inclinación.
“Desde hace dos años comenzó la explotación excesiva del Cerro el Tezoyo, han usado hasta dinamita y les han clausurado varias veces, pero casi inmediatamente la vuelven a abrir”, dijo el profesor universitario César Ramos, cuya casa quedó a medio metro del precipicio.
Un decreto presidencial de 1966, firmado por el Presidente Gustavo Díaz Ordaz, expropió este terreno para obtener material para la autopista Peñón-Texcoco, pero ahora es explotada por el particular René Martínez Moncayo, dueño de las compañías Martínez Villegas S.A. de C.V. y Grupo Marvin S.A. de C.V.
En un video en poder de este diario, Martínez Moncayo afirma ante pobladores que es amigo del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador mexiquense, Eruviel Ávila.
En el marco de la disputa por la obra, la casa de la señora Angélica González de Lucio fue baleada después de una reunión con representantes de la minera y el Alcalde priista Carlos Ramos Rodríguez, a quienes habitantes le exigieron frenar la explotación.
En San Luis Tecuahutitlán, municipio de Temascalapa, los pobladores han detenido por ahora la devastación del cerro Tlaltepeque y exigen la destitución de los delegados municipales y del Consejo de Participación Ciudadana, quienes dieron las autorizaciones.
Pobladores de Tecuahutitlán, agrupados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que exigen la preservación de flora y fauna, denunciaron que en febrero llegó un grupo de choque apoyado por el propio comisariado ejidal.
“Hasta ahora no han quitado a las autoridades y va haber represión”, dijo uno de ellos. Hasta ese lugar llegaron este viernes 28 por la noche unos 30 activistas por los Derechos Humanos e instalaron casas de campaña al pie del cerro, rojo en la cima por la explotación de tezontle.
En Santa María Maquixco El Alto, un poblado cercano, pobladores acusan que sus autoridades ejidales están dejando que los empresarios dirijan a su criterio las asambleas para ofrecer pagos raquíticos por el arrendamiento de tierras de uso común. En ese poblado se constató el inicio de la devastación de especies de flora y fauna y de vestigios arqueológicos en dos cerros.
Grupo REFORMA comprobó la existencia de minas que surten al NAICM en los municipios de Acolman, Axapusco, Cocotitlán, Otumba, Nopaltepec, San Martín de las Pirámides, Temamatla, Temascalapa, Tlalmanalco y Tezoyuca. Aunque pobladores afirman que en todo el oriente mexiquense se han abierto minas especialmente para la terminal aérea. (Agencia Reforma / CDMX).